Ninguna responsabilidad penal pesa sobre las obras que ha ejecutado el alcalde de Chone, Eliécer Bravo, entre enero del 2004 y el 31 de agosto del 2005.
Así lo manifestó Mario Ríos Morales, director regional 3 de la Contraloría, tras la lectura que él hizo del borrador del informe de ingeniería.
El funcionario explicó que hace 50 días se inició una investigación in situ para verificar las denuncias de irregularidades en contrataciones públicas durante la gestión de Bravo.
Tras analizar 19 obras, Ríos Morales aseguró que no se determinaron ilegalidades.
No obstante, encontraron ciertas deficiencias en la construcción de centros deportivos en ese cantón manabita.
El monto del convenio (con la Secretaría Nacional de Deporte) es por más de 300.000 dólares.
Hubo cuatro contratos y las obras están bien ejecutadas.
No estamos observando la construcción sino las deficiencias, dijo Ríos al tiempo que puntualizó que no se ha determinado el delito de peculado.
A esa conclusión llegó, también, el alcalde de Chone.
Insistió en que no renunciará a su cargo y adelantó que hará uso de los cinco días que le confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para entregar las pruebas de descargo.
Ese anuncio, no obstante, no convenció a Gonzalo Aveiga, presidente de la Junta Cívica de Chone.
Después de haber escuchado el informe, creemos que es imposible desvanecer el criterio de la Contraloría.
Según Aveiga y Remigio Ponce (PRE), concejal opositor de Bravo, el borrador del informe técnico determinó una violación del artículo 64 de la Ley de Contratación Pública.
El alcalde no solo que debe ser destituido. Si la Contraloría hace lo correcto, debe enviarlo a la cárcel, manifestó el ex alcalde de Chone, Raúl Andrade.
El ente de control dijo que posterior a la presentación de las pruebas se elaborará otro informe que pasará a la Dirección de Responsabilidades.
Allí se adoptará la resolución definitiva.
Las amenazas de paro reviven
Cuatro provincias del país preparan paralizaciones contra el Gobierno por los incumplimientos de las actas de compromiso firmadas en diciembre pasado para obras de vialidad, agua potable, educación y salud.
Los prefectos de Tungurahua, Fernando Naranjo; Cotopaxi, César Umajinga; de Sucumbíos, Guillermo Muñoz; y de Orellana, Guadalupe Llori, concuerdan en que ya no aceptarán más promesas plasmadas en documentos que han dejado a nuestras provincias 30 años en el olvido y que han evitado manifestaciones con actas.
En el caso de Tungurahua, la paralización está prevista para el 6 de febrero próximo, una vez que el régimen no ha canalizado recursos por 3500.000 dólares para educación en este año; mientras que para vivienda, el compromiso gubernamental asciende a cuatro millones pendientes en el 2005, 16 millones para el 2006 y 6 millones para el 2007, los cuales deberán ser canalizados a través de la cartera de Vivienda.
Queda pendiente además la entrega de un crédito de 10800.000 dólares para las organizaciones seccionales, que provendrán del Banco del Estado, y 5176.000 para el canal de riego Píllaro.
Estos acuerdos fueron firmados el 18 de noviembre pasado
César Umajinga, de su parte, convocó a una asamblea provincial para el 16 de febrero, para decidir si posponen la medida de hecho para el 16 de marzo o la hacen inmediatamente, luego de que el Gobierno no ha destinado cerca de 20 millones de dólares para la construcción de los sistemas de riego y vial.
En el caso de Orellana, las obras en las carreteras Coca-Dayuma y Hollín-Loreto-Dayuma, valoradas en 15121.464 dólares, están suspendidas por falta de recursos. Según Guillermo Muñoz, los acuerdos firmados en diciembre pasado para evitar el paro petrolero no fueron respetados, por lo que anunció una movilización provincial para marzo.
Guadalupe Llori espera que Obras Públicas declare el estado de emergencia vial en Sucumbíos, aunque dio un plazo de 72 horas para que concreten la construcción de las carreteras Jivino Verde-Shushufindi y Lago Agrio-Cuyabeno y no de 30 días, como solicitó el ministro Derlis Palacios.
polémica del día
Los empresarios de Estados Unidos están preocupados por la legislación antimigrante
¿Cuál es la postura del Ecuador frente a la posible construcción de un muro en la frontera entre EE.UU. y México?
El canciller Carrión se ha sumado a la iniciativa del canciller de México para tratar en forma multilateral sobre la aprobación de una ley norteamericana que entre una de sus medidas contempla el muro. La ley se discutirá en un comité del Senado en febrero y se someterá a un debate.
¿Qué tipo de gestiones ha hecho ante el Gobierno de EE.UU. en este tema?
Los embajadores de los países que pertenecemos a este grupo estamos haciendo gestiones conjuntas para expresar a la Administración y a los legisladores norteamericanos nuestra preocupación por este tema.
Nos hemos reunido entre nosotros y hacemos gestiones individuales con congresistas. Pensamos que la Ley no debe contemplar aspectos restrictivos sino también la contribución de los migrantes a la economía de este país.
El crecimiento económico de EE.UU. se debe también a la presencia de millones de migrantes.
Los empresarios de este país han manifestado su preocupación por este tema. Todavía se debate esto en EE.UU. y habrá avances importantes sobre una nueva legislación menos policial y que incluya una regularización para los migrantes y sus oportunidades laborales.
¿Se ha reunido con la colonia ecuatoriana en EE.UU. para conocer su punto de vista sobre este tema?
Estuve la semana pasada en Nueva York y me reuní con los cónsules ecuatorianos en esa área. Mantengo contactos con las organizaciones de la colonia. Estamos trabajando en conjunto con los migrantes.
La reunión en Cartagena permitirá consensuar una postura con los otros países. Es importante que nos hayamos sumado a este iniciativa.
¿Se sabe cuántos ecuatorianos viven en EE.UU. en la actualidad?
El cálculo aproximado es de por lo menos dos millones de personas. Pero la migración ecuatoriana se ha producido desde hace por lo menos 60 años. Lo que no sabemos es cuántas personas están indocumentadas.
¿Cuáles son las rutas de la migración ilegal? ¿Es México la puerta de entrada de los ecuatorianos?
Creo que la migración no viene por tierra debido a que no se puede pasar por Panamá. Se hace por avión o barco a Centroamérica o México. Es una ruta peligrosa y difícil donde han muerto muchos compatriotas.
¿Entonces el muro podrá afectar la migración ilegal ecuatoriana?
Soy un convencido de que los muros electrónicos no pararán el proceso migratorio que es humano y socioeconómico.
Estas medidas volverán más peligroso y más ilegal el proceso, pero no lo detendrá. Se debe más bien negociar convenios internacionales que legalicen el flujo migratorio. Tiene que haber una globalización de seres humanos y no impedir la movilización de personas.
¿Qué opciones puede haber para evitar estas medidas?
La razón fundamental de este proceso migratorio es la falta de empleo en nuestro país. Hay que generar trabajo en el Ecuador.
Debemos crear fuentes de trabajo por medio de la exportación hacia el exterior.
En ese marco, los tratados de libre comercio con EE.UU. y Europa permitirán que se generen por lo menos 100 mil empleos que necesitamos en el Ecuador. Debemos crear situaciones de bienestar que desestimulen la migración.
¿Cree usted que se concrete la firma del TLC?
Se firmará siempre que sea beneficioso para el país. Acaba de llegar a Washington una misión sobre propiedad intelectual.Negociaremos en función del interés del Ecuador.
Más detalles
Duración Casi tres horas se extendió la lectura del borrador del informe del examen especial de ingeniería a varias obras ejecutadas por Eliécer Bravo entre enero del 2004 y agosto del 2005. La diligencia se cumplió en el auditorio de la Contraloría General del Estado, en Quito.
El informe El director regional 3 de la Contraloría, Mario Ríos, manifestó que el estudio consta de más de 100 fojas. En esos escritos se analiza la contratación o ejecución de 19 obras públicas.
OBSERVACIONES
Gonzalo Aveiga, presidente de la Junta Cívica de Chone, dijo que estaba contento parcialmente con el estudio de Contraloría. Según Aveiga, el ente de control no consideró la denuncia de que se benefició a la compañía Cociasa con la subdivisión de los contratos.
Las medidas La Junta Cívica descartó más acciones de hecho; pero, dijo que la lucha continuará en el ámbito legal.
2.-Reformas a la Ley del Poder Judicial crean dudas legales
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) espera la notificación oficial del Congreso sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial.
El presidente del máximo tribunal de justicia, Jaime Velasco Dávila, dijo que no conoce sobre las reformas.
Entre las modificaciones que establece la nueva norma está dejar al titular de la CSJ sin sus potestades como juez, pues ya no tramitaría los procesos que se siguen en contra de los altos funcionarios del Estado que gozan de fuero de Corte Suprema.
El magistrado Alfonso Zambrano Pasquel, quien integra la III Sala de lo Penal de la CSJ, dijo que el retiro de las potestades jurisdiccionales al presidente de la Corte ya había sido propuesto con anterioridad, para que las causas penales sean tratadas solo por salas especializadas.
Pero el Congreso aprobó también una transitoria, según la cual los plazos y términos que habían transcurrido mientras la Corte estuvo disuelta, dejaron de correr, lo que significa que la prescripción de algunas causas penales quedó suspendida.
Sobre este tema, Zambrano Pasquel puso dos reparos: el primero, que la ley no puede tener carácter retroactivo; y el segundo, que el principio llamado indubio pro reo (la duda es a favor del detenido) obliga a aplicar las normas que sean más beneficiosas para el sindicado.
Sin embargo, para el penalista Rodrigo Buchelli es posible la retroactividad de la ley en este caso, ya que hubo un vacío debido a la disolución de la CSJ.
Al analizar el segundo reparo de Zambrano, Buchelli consideró que no se afecta el indubio pro reo, pues no hay contradicción legal sino negación de justicia producida por la situación política.
Ante las dudas, diputados de varias bancadas aceptaron que no existe un sustento claro que les permita aprobar una reforma retroactiva.
Para Ernesto Valle (PRE), la disposición reconoció la validez de la Corte presidida por Guillermo Castro; él también cree que el Congreso dejó en el limbo el tema de los plazos y términos que no fueron conocidos por la anterior CSJ, debido a que no existe el argumento legal para aprobar la disposición transitoria de la ley.
Vicente Taiano (Prian) también acepta que es discutible la retroactividad que aprobó el Congreso en este caso, pero afirmó que si hay dudas sobre su aplicación, el Congreso podría aprobar una ley interpretativa.
CSJ, en sesión
La CSJ envió ayer dos ternas de titulares y dos de suplentes para que el Congreso integre el Tribunal Constitucional (TC).
doce nombres Las ternas principales están conformadas por Santiago Estrella, Berenice Pólit, Tarquino Orellana; y Santiago Velásquez, Julio R. Moscoso y Patricio Secaira. Los suplentes son Carmen Salgado, José Julio Benítez, Wilson Vallejo; y Lenín Arroyo, Luis Galarza y Luis Costales.
concurso para el cnj Hasta el cierre de esta edición, se receptaron cuatro impugnaciones en contra de los 47 candidatos a la representación de la Corte en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
El voto socialcristiano en contra de Carlos
González pone en riesgo alianza con ID
El bloque legislativo del Partido Social Cristiano (PSC) decidió que votará a favor de que se autorice el enjuiciamiento penal por injurias contra el socialdemócrata Carlos González (ID).
Pese a ello, los diputados del partido no temen que su decisión dañe irreparablemente las relaciones parlamentarias que mantienen con la Izquierda Democrática (ID).
Tras una reunión con el vicepresidente del partido, Xavier Neira, que se produjo en las oficinas del PSC el martes, todos los diputados resolvieron respaldarlo en su demanda contra González, quien lo acusó públicamente de manejar el 8% del tráfico de llamadas internacionales de Guayaquil.
El criterio que prevaleció es la solidaridad con un compañero de partido, asumiendo que la demanda que presentó es de carácter particular, sin que el resultado de la misma afecte al partido.
Varios diputados del PSC aceptan que el caso podría afectar la relación con el bloque de la ID, ya que el partido estaría obligado a votar por el enjuiciamiento, pese a no tener el suficiente respaldo del Congreso para concretarse.
Confían en que los votos no alcancen para aprobar el pedido que hiciera el presidente de la CSJ, Jaime Velasco.
González pidió que su caso sea conocido por el Congreso el próximo miércoles, pero independientemente del caso similar que pesa contra el independiente Édgar Ortiz (ex Prian).
la forma de sumar votos.
Dado el interés de Xavier Neira para que el Congreso autorice el enjuiciamiento penal de Carlos González (ID), el PSC podría intentar un acercamiento con el Prian y con los roldosistas.
En las conversaciones no participarían directamente diputados de la bancada socialcristiana, pero a través de terceros se intentaría vincular los casos de Édgar Ortiz y la roldosista Denny Cevallos, con el de González.
Ayer los diputados del PSC y del Prian negaron que Neira se haya reunido con la jefa del bloque del Prian, Silka Sánchez.
No obstante, un diputado de la ID, que quiso mantener su nombre en reserva, dijo que la reunión se produjo en el hotel Marriott.
La intención de un acercamiento con el Prian es garantizarse los votos del bloque para permitir el enjuiciamiento de González, a cambio de los 25 votos socialcristianos para también enjuiciar a Ortiz, originalmente demandado por el Prian.
Pero esta misma fórmula podría aplicarse con el PRE, en el sentido contrario, ya que la diputada Denny Cevallos fue acusada de falsificación de documentos.
El Comité no favorece a É. Ortiz
Por dos ocasiones consecutivas el Comité de Excusas no ha contado con el quórum para sesionar y avocar conocimiento del pedido de la CSJ para enjuiciar a González y Ortiz.
Los criterios, en cada caso, son diferentes, pero el organismo emitiría un informe desfavorable sobre el diputado independiente.
Ayer el Comité debía reunirse pero a la sesión solo asistieron su titular, Hugo Ruiz (ID) y Ricardo Ulcuango (PK), lo cual les impidió tomar decisiones. No asistieron los diputados Silka Sánchez (Prian), Carlos Kure (PRE) y Pascual Del Cioppo (PSC).
El Comité requiere una reunión para iniciar el análisis de los pedidos, tras lo cual los diputados decidirán si respaldan o no los informes.
En el caso de González, se emitirá uno en el que se sugerirá no aceptar su enjuiciamiento. Este sería respaldado por Ruiz, Ulcuango y Carlos Kure.
Pero en el caso de Ortiz, la sugerencia sería autorizar su enjuiciamiento, tendencia que han mantenido Ruiz, Ulcuango, Sánchez, y que posiblemente la respalde Del Cioppo.
Así lo manifestó Mario Ríos Morales, director regional 3 de la Contraloría, tras la lectura que él hizo del borrador del informe de ingeniería.
El funcionario explicó que hace 50 días se inició una investigación in situ para verificar las denuncias de irregularidades en contrataciones públicas durante la gestión de Bravo.
Tras analizar 19 obras, Ríos Morales aseguró que no se determinaron ilegalidades.
No obstante, encontraron ciertas deficiencias en la construcción de centros deportivos en ese cantón manabita.
El monto del convenio (con la Secretaría Nacional de Deporte) es por más de 300.000 dólares.
Hubo cuatro contratos y las obras están bien ejecutadas.
No estamos observando la construcción sino las deficiencias, dijo Ríos al tiempo que puntualizó que no se ha determinado el delito de peculado.
A esa conclusión llegó, también, el alcalde de Chone.
Insistió en que no renunciará a su cargo y adelantó que hará uso de los cinco días que le confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para entregar las pruebas de descargo.
Ese anuncio, no obstante, no convenció a Gonzalo Aveiga, presidente de la Junta Cívica de Chone.
Después de haber escuchado el informe, creemos que es imposible desvanecer el criterio de la Contraloría.
Según Aveiga y Remigio Ponce (PRE), concejal opositor de Bravo, el borrador del informe técnico determinó una violación del artículo 64 de la Ley de Contratación Pública.
El alcalde no solo que debe ser destituido. Si la Contraloría hace lo correcto, debe enviarlo a la cárcel, manifestó el ex alcalde de Chone, Raúl Andrade.
El ente de control dijo que posterior a la presentación de las pruebas se elaborará otro informe que pasará a la Dirección de Responsabilidades.
Allí se adoptará la resolución definitiva.
Las amenazas de paro reviven
Cuatro provincias del país preparan paralizaciones contra el Gobierno por los incumplimientos de las actas de compromiso firmadas en diciembre pasado para obras de vialidad, agua potable, educación y salud.
Los prefectos de Tungurahua, Fernando Naranjo; Cotopaxi, César Umajinga; de Sucumbíos, Guillermo Muñoz; y de Orellana, Guadalupe Llori, concuerdan en que ya no aceptarán más promesas plasmadas en documentos que han dejado a nuestras provincias 30 años en el olvido y que han evitado manifestaciones con actas.
En el caso de Tungurahua, la paralización está prevista para el 6 de febrero próximo, una vez que el régimen no ha canalizado recursos por 3500.000 dólares para educación en este año; mientras que para vivienda, el compromiso gubernamental asciende a cuatro millones pendientes en el 2005, 16 millones para el 2006 y 6 millones para el 2007, los cuales deberán ser canalizados a través de la cartera de Vivienda.
Queda pendiente además la entrega de un crédito de 10800.000 dólares para las organizaciones seccionales, que provendrán del Banco del Estado, y 5176.000 para el canal de riego Píllaro.
Estos acuerdos fueron firmados el 18 de noviembre pasado
César Umajinga, de su parte, convocó a una asamblea provincial para el 16 de febrero, para decidir si posponen la medida de hecho para el 16 de marzo o la hacen inmediatamente, luego de que el Gobierno no ha destinado cerca de 20 millones de dólares para la construcción de los sistemas de riego y vial.
En el caso de Orellana, las obras en las carreteras Coca-Dayuma y Hollín-Loreto-Dayuma, valoradas en 15121.464 dólares, están suspendidas por falta de recursos. Según Guillermo Muñoz, los acuerdos firmados en diciembre pasado para evitar el paro petrolero no fueron respetados, por lo que anunció una movilización provincial para marzo.
Guadalupe Llori espera que Obras Públicas declare el estado de emergencia vial en Sucumbíos, aunque dio un plazo de 72 horas para que concreten la construcción de las carreteras Jivino Verde-Shushufindi y Lago Agrio-Cuyabeno y no de 30 días, como solicitó el ministro Derlis Palacios.
polémica del día
Los empresarios de Estados Unidos están preocupados por la legislación antimigrante
¿Cuál es la postura del Ecuador frente a la posible construcción de un muro en la frontera entre EE.UU. y México?
El canciller Carrión se ha sumado a la iniciativa del canciller de México para tratar en forma multilateral sobre la aprobación de una ley norteamericana que entre una de sus medidas contempla el muro. La ley se discutirá en un comité del Senado en febrero y se someterá a un debate.
¿Qué tipo de gestiones ha hecho ante el Gobierno de EE.UU. en este tema?
Los embajadores de los países que pertenecemos a este grupo estamos haciendo gestiones conjuntas para expresar a la Administración y a los legisladores norteamericanos nuestra preocupación por este tema.
Nos hemos reunido entre nosotros y hacemos gestiones individuales con congresistas. Pensamos que la Ley no debe contemplar aspectos restrictivos sino también la contribución de los migrantes a la economía de este país.
El crecimiento económico de EE.UU. se debe también a la presencia de millones de migrantes.
Los empresarios de este país han manifestado su preocupación por este tema. Todavía se debate esto en EE.UU. y habrá avances importantes sobre una nueva legislación menos policial y que incluya una regularización para los migrantes y sus oportunidades laborales.
¿Se ha reunido con la colonia ecuatoriana en EE.UU. para conocer su punto de vista sobre este tema?
Estuve la semana pasada en Nueva York y me reuní con los cónsules ecuatorianos en esa área. Mantengo contactos con las organizaciones de la colonia. Estamos trabajando en conjunto con los migrantes.
La reunión en Cartagena permitirá consensuar una postura con los otros países. Es importante que nos hayamos sumado a este iniciativa.
¿Se sabe cuántos ecuatorianos viven en EE.UU. en la actualidad?
El cálculo aproximado es de por lo menos dos millones de personas. Pero la migración ecuatoriana se ha producido desde hace por lo menos 60 años. Lo que no sabemos es cuántas personas están indocumentadas.
¿Cuáles son las rutas de la migración ilegal? ¿Es México la puerta de entrada de los ecuatorianos?
Creo que la migración no viene por tierra debido a que no se puede pasar por Panamá. Se hace por avión o barco a Centroamérica o México. Es una ruta peligrosa y difícil donde han muerto muchos compatriotas.
¿Entonces el muro podrá afectar la migración ilegal ecuatoriana?
Soy un convencido de que los muros electrónicos no pararán el proceso migratorio que es humano y socioeconómico.
Estas medidas volverán más peligroso y más ilegal el proceso, pero no lo detendrá. Se debe más bien negociar convenios internacionales que legalicen el flujo migratorio. Tiene que haber una globalización de seres humanos y no impedir la movilización de personas.
¿Qué opciones puede haber para evitar estas medidas?
La razón fundamental de este proceso migratorio es la falta de empleo en nuestro país. Hay que generar trabajo en el Ecuador.
Debemos crear fuentes de trabajo por medio de la exportación hacia el exterior.
En ese marco, los tratados de libre comercio con EE.UU. y Europa permitirán que se generen por lo menos 100 mil empleos que necesitamos en el Ecuador. Debemos crear situaciones de bienestar que desestimulen la migración.
¿Cree usted que se concrete la firma del TLC?
Se firmará siempre que sea beneficioso para el país. Acaba de llegar a Washington una misión sobre propiedad intelectual.Negociaremos en función del interés del Ecuador.
Más detalles
Duración Casi tres horas se extendió la lectura del borrador del informe del examen especial de ingeniería a varias obras ejecutadas por Eliécer Bravo entre enero del 2004 y agosto del 2005. La diligencia se cumplió en el auditorio de la Contraloría General del Estado, en Quito.
El informe El director regional 3 de la Contraloría, Mario Ríos, manifestó que el estudio consta de más de 100 fojas. En esos escritos se analiza la contratación o ejecución de 19 obras públicas.
OBSERVACIONES
Gonzalo Aveiga, presidente de la Junta Cívica de Chone, dijo que estaba contento parcialmente con el estudio de Contraloría. Según Aveiga, el ente de control no consideró la denuncia de que se benefició a la compañía Cociasa con la subdivisión de los contratos.
Las medidas La Junta Cívica descartó más acciones de hecho; pero, dijo que la lucha continuará en el ámbito legal.
2.-Reformas a la Ley del Poder Judicial crean dudas legales
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) espera la notificación oficial del Congreso sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial.
El presidente del máximo tribunal de justicia, Jaime Velasco Dávila, dijo que no conoce sobre las reformas.
Entre las modificaciones que establece la nueva norma está dejar al titular de la CSJ sin sus potestades como juez, pues ya no tramitaría los procesos que se siguen en contra de los altos funcionarios del Estado que gozan de fuero de Corte Suprema.
El magistrado Alfonso Zambrano Pasquel, quien integra la III Sala de lo Penal de la CSJ, dijo que el retiro de las potestades jurisdiccionales al presidente de la Corte ya había sido propuesto con anterioridad, para que las causas penales sean tratadas solo por salas especializadas.
Pero el Congreso aprobó también una transitoria, según la cual los plazos y términos que habían transcurrido mientras la Corte estuvo disuelta, dejaron de correr, lo que significa que la prescripción de algunas causas penales quedó suspendida.
Sobre este tema, Zambrano Pasquel puso dos reparos: el primero, que la ley no puede tener carácter retroactivo; y el segundo, que el principio llamado indubio pro reo (la duda es a favor del detenido) obliga a aplicar las normas que sean más beneficiosas para el sindicado.
Sin embargo, para el penalista Rodrigo Buchelli es posible la retroactividad de la ley en este caso, ya que hubo un vacío debido a la disolución de la CSJ.
Al analizar el segundo reparo de Zambrano, Buchelli consideró que no se afecta el indubio pro reo, pues no hay contradicción legal sino negación de justicia producida por la situación política.
Ante las dudas, diputados de varias bancadas aceptaron que no existe un sustento claro que les permita aprobar una reforma retroactiva.
Para Ernesto Valle (PRE), la disposición reconoció la validez de la Corte presidida por Guillermo Castro; él también cree que el Congreso dejó en el limbo el tema de los plazos y términos que no fueron conocidos por la anterior CSJ, debido a que no existe el argumento legal para aprobar la disposición transitoria de la ley.
Vicente Taiano (Prian) también acepta que es discutible la retroactividad que aprobó el Congreso en este caso, pero afirmó que si hay dudas sobre su aplicación, el Congreso podría aprobar una ley interpretativa.
CSJ, en sesión
La CSJ envió ayer dos ternas de titulares y dos de suplentes para que el Congreso integre el Tribunal Constitucional (TC).
doce nombres Las ternas principales están conformadas por Santiago Estrella, Berenice Pólit, Tarquino Orellana; y Santiago Velásquez, Julio R. Moscoso y Patricio Secaira. Los suplentes son Carmen Salgado, José Julio Benítez, Wilson Vallejo; y Lenín Arroyo, Luis Galarza y Luis Costales.
concurso para el cnj Hasta el cierre de esta edición, se receptaron cuatro impugnaciones en contra de los 47 candidatos a la representación de la Corte en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
El voto socialcristiano en contra de Carlos
González pone en riesgo alianza con ID
El bloque legislativo del Partido Social Cristiano (PSC) decidió que votará a favor de que se autorice el enjuiciamiento penal por injurias contra el socialdemócrata Carlos González (ID).
Pese a ello, los diputados del partido no temen que su decisión dañe irreparablemente las relaciones parlamentarias que mantienen con la Izquierda Democrática (ID).
Tras una reunión con el vicepresidente del partido, Xavier Neira, que se produjo en las oficinas del PSC el martes, todos los diputados resolvieron respaldarlo en su demanda contra González, quien lo acusó públicamente de manejar el 8% del tráfico de llamadas internacionales de Guayaquil.
El criterio que prevaleció es la solidaridad con un compañero de partido, asumiendo que la demanda que presentó es de carácter particular, sin que el resultado de la misma afecte al partido.
Varios diputados del PSC aceptan que el caso podría afectar la relación con el bloque de la ID, ya que el partido estaría obligado a votar por el enjuiciamiento, pese a no tener el suficiente respaldo del Congreso para concretarse.
Confían en que los votos no alcancen para aprobar el pedido que hiciera el presidente de la CSJ, Jaime Velasco.
González pidió que su caso sea conocido por el Congreso el próximo miércoles, pero independientemente del caso similar que pesa contra el independiente Édgar Ortiz (ex Prian).
la forma de sumar votos.
Dado el interés de Xavier Neira para que el Congreso autorice el enjuiciamiento penal de Carlos González (ID), el PSC podría intentar un acercamiento con el Prian y con los roldosistas.
En las conversaciones no participarían directamente diputados de la bancada socialcristiana, pero a través de terceros se intentaría vincular los casos de Édgar Ortiz y la roldosista Denny Cevallos, con el de González.
Ayer los diputados del PSC y del Prian negaron que Neira se haya reunido con la jefa del bloque del Prian, Silka Sánchez.
No obstante, un diputado de la ID, que quiso mantener su nombre en reserva, dijo que la reunión se produjo en el hotel Marriott.
La intención de un acercamiento con el Prian es garantizarse los votos del bloque para permitir el enjuiciamiento de González, a cambio de los 25 votos socialcristianos para también enjuiciar a Ortiz, originalmente demandado por el Prian.
Pero esta misma fórmula podría aplicarse con el PRE, en el sentido contrario, ya que la diputada Denny Cevallos fue acusada de falsificación de documentos.
El Comité no favorece a É. Ortiz
Por dos ocasiones consecutivas el Comité de Excusas no ha contado con el quórum para sesionar y avocar conocimiento del pedido de la CSJ para enjuiciar a González y Ortiz.
Los criterios, en cada caso, son diferentes, pero el organismo emitiría un informe desfavorable sobre el diputado independiente.
Ayer el Comité debía reunirse pero a la sesión solo asistieron su titular, Hugo Ruiz (ID) y Ricardo Ulcuango (PK), lo cual les impidió tomar decisiones. No asistieron los diputados Silka Sánchez (Prian), Carlos Kure (PRE) y Pascual Del Cioppo (PSC).
El Comité requiere una reunión para iniciar el análisis de los pedidos, tras lo cual los diputados decidirán si respaldan o no los informes.
En el caso de González, se emitirá uno en el que se sugerirá no aceptar su enjuiciamiento. Este sería respaldado por Ruiz, Ulcuango y Carlos Kure.
Pero en el caso de Ortiz, la sugerencia sería autorizar su enjuiciamiento, tendencia que han mantenido Ruiz, Ulcuango, Sánchez, y que posiblemente la respalde Del Cioppo.
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