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La ministra Coordinadora de Patrimonio Cultural, María Fernanda Espinosa, declinó ayer pronunciarse sobre la autorización oficial para que el consorcio petrolero Gran
Colombia inicie actividades de exploración en el Campo Marginal Armadillo (CMA), lo que pondría en peligro la supervivencia de 200 a 300 habitantes de los Pueblos Indígenas Aislados (PIA).
"Sobre los temas de las concesiones y demás, yo no soy la persona llamada a dar ninguna declaración. Existe un grupo interministerial de medidas cautelares que garantizan la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Nosotros, como ministerio de Patrimonio estamos encargados solo del proyecto Yasuní-
ITT", puntualizó Espinosa, al ser consultada por HOY sobre el tema.
Mientras tanto, la ex asambleísta constituyente y dirigente amazónica, Mónica Chuji, quien retornó el domingo de
Estados Unidos, donde asistió a la primera fase de conferencias del Foro Permanente de Naciones Unidas, dijo que la
Conaie entregó a James Anaya, Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y las Libertades Fundamentales, información que confirma la presencia de PIA en el campo Armadillo y el riesgo de que se produzca un genocidio si se da paso a la explotación petrolera en esa zona. Chuji dijo que habrá un pronunciamiento de Anaya , a quien también la Conaie le pidió que visite el país. (SH-MEVO)
Y-ITT: avanza diálogo con PNUD
Que los términos del fideicomiso que captaría los aportes internacionales para hacer realidad la iniciativa ecológica Yasuní-
ITT, ya fueron acordados con el PNUD y el documento está listo para la aprobación del presidente
Rafael Correa, informó ayer María Fernanda Espinosa, ministra de Patrimonio y coordinadora de la iniciativa verde. "Durante nuestra estancia en Cochabamba (
Bolivia), tuvimos la última videoconferencia con el PNUD y limpiamos la versión del fideicomiso que le será entregado al presidente para su aprobación hoy (ayer)", señaló la Ministra. Resaltó que se acordó con el organismo que las decisiones se tomarán luego de consensos o votos de mayoría, pero la dirimencia la ejercerá el Ecuador, a través del Jefe de Estado. Además, señaló que el proyecto será manejado por un directorio compuesto por tres representantes del Gobierno ecuatoriano, dos de los contribuyentes y uno de la sociedad civil. Este último, tendrá voz y voto. A la vez, Espinosa explicó que las contribuciones a cambio de mantener 850 millones de barriles bajo suelo, podrán concretarse cuando se cree el instrumento financiero, es decir el fideicomiso, que espera esté listo en un par de semanas. Además, precisó que, para que dichas contribuciones se hagan efectivas, se requiere un plazo de al menos un año. (SH)