Las zancadillas provinieron de varios sectores externos y de adentro de la función judicial.
UN PROCESO LLENO DE TROPIEZOS
El Consejo de la Judicatura, la Contraloría, la Fenaje, dos vocales de la CCCC y fuerzas políticas son acusadas de interferir en la elección de jueces
El proceso de selección de los 164 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estuvo lleno de obstáculos y presiones.
Durante los cinco meses (empezó el 6 de junio de 2005) que duró la fase de calificación de aspirantes a las 31 magistraturas, las presiones desde diferentes sectores fueron el "pan diario" de los cuatro miembros del Comité de Calificación.
Carlos Estarellas, presidente del Comité, acusa a la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales (Fenaje) de haber intentado ejercer presión para "imponer" a Marco Tulio Cordero como cuarto miembro del Comité. Esto sucedió a inicios de la conformación de esa instancia.
Cordero fue designado por una facción de los tribunales de honor de los Colegios de Abogados y se lo relacionó con la ex magistrada de la "Pichicorte", Angelita Albán, el presidente de la Fenaje, Luis Muñoz y el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Olmedo Castro. En rueda de prensa, este último anunció que Cordero había sido elegido por mayoría. Los otros dos negaron tener vinculación.
El caso es que el CNJ asignó a Cordero un vehículo con chofer y una oficina con secretaria, en el edificio donde funciona el Comité.
Este inconveniente provocó que se perdieran 23 días en la integración del organismo encargado de elegir a la nueva Corte Suprema.
Luego, dos comisionados suspendidos de la Comisión Anticorrupción (CCCC), Ricardo Vanegas y Rómulo López, provocaron más de un mes de retraso cuando denunciaron a la firma BDO Stern por un presunto conflicto de intereses.
Posteriormente, "cuando el Comité se aprestaba a firmar con las auditoras escogidas, Desorh e Inextec, en el CNJ nos dijeron que no tenían dinero", dice Estarellas. Según la Ley Orgánica de la Función Judicial reformada, el Consejo de la Judicatura debe proporcionar los recursos necesarios.
La Contraloría General del Estado también causó un retraso de una semana, cuando envió al Comité información incompleta y tardía sobre 11 postulantes que habían sido glosados.
Marco Albuja, veedor de la Red de Justicia, manifiesta que la Contraloría, a través de un examen al CNJ, "emitió criterios coincidentes cuando se juzgaba a un ex contralor (Alfredo Corral Borrero)".
En esos días se comentó que un tramo del examen se refería al manejo económico del Comité de Calificación.
Asimismo, pese a que la Ley dice que las actuaciones del Comité no serán susceptibles de amparo, varios candidatos que quedaron fuera del proceso presentaron estos recursos.
"En la capital, al momento, hay un amparo que podría retrasar el proceso", dice Estarellas, quien cataloga este hecho como una forma de presión. El veedor de las Asambleas Ciudadanas, Raúl Proaño, va más allá: habla de amenazas.
"La semana anterior, cuando se celebró la fiesta de los judiciales, un día empezó con serenata para los miembros del Comité, después hubo dos llamadas de amenaza de bomba", cuenta, y cree que esta es una forma de presión de la Fenaje.
Y aunque nadie lo reconoce abiertamente, hay quienes catalogan de injerencia de la Fenaje la calificación de José Robayo, miembro del CNJ, en representación de los empleados judiciales, designado por la "Pichicorte".
Proaño, quien ha seguido el proceso desde el inicio, afirma que también hay presiones políticas sobre el Comité, aunque no menciona a ninguna tienda partidista. Lo que sí quedó claro es que el Congreso no resistió la "tentación" de merodear por el Comité, cuando su titular, Wilfrido Lucero, militante de la Izquierda Democrática (ID), acudió a "respaldar" el proceso públicamente.
Según otros veedores que pidieron no ser identificados, personajes allegados a ese partido y otros que tenían marcada injerencia en la Corte anterior han tratado de ejercer presión.
Para no quedarse atrás en el afán de "entorpecer" el proceso, el CNJ retrasó el pago de los sueldos. "No pagan a tiempo o dosifican el presupuesto", dice Proaño. (MAR/AA)
AL CNJ LE QUEDA UN MES DE VIDA
Entre el 25 y 29 de noviembre deberá posesionarse la nueva Corte Suprema de Justicia. Inmediatamente tendrá que reestructurar la Judicatura
El contralor subrogante, Genaro Peña, reconoce que hubo errores en el primer informe de la Contraloría sobre las glosas impuestas a 11 candidatos a ser magistrados de la Suprema.
Señala que pudieron haber "inconsistencias" debido a que fueron revisadas alrededor de 40 mil fichas, antes de enviar la información al Comité. "Eso no quiere decir que la Contraloría, un organismo tan serio, estuvo dilatando el proceso a propósito", explica.
Sobre la coincidencia de tiempos en la realización de una auditoría al CNJ, que fue relacionada con el Comité de Calificación, en el momento en que se realizaban las audiencias de impugnación del ex contralor Alfredo Corral, Peña se mostró sorprendido.
En tono indignado dijo que le ha llamado la atención el que "alguien se haya atrevido a especular sobre esto". Considera que la eliminación de Corral del proceso de selección demostraría que la Contraloría no tuvo ninguna injerencia.
Ofendido, Peña exclama: "Rechazo, de llano en plano, comentarios que se pudieron hacer en este sentido, vengan de donde vinieren".
Otro de los organismos que ha sido acusado de interferir es el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Según el veedor Raúl Proaño, esto ha pasado porque sus integrantes tienen temor a perder sus puestos de trabajo.
La reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial establece que el CNJ deberá ser reestructurado por la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando entre en funciones.
El vocal de la Judicatura, Ramiro Aguilar del Pozo, advierte que, cuando llegue ese momento, la CSJ deberá tomar en cuenta que los actuales miembros provienen de colegios electorales. De esto se infiere que no deberían ser cambiados, pues los rige la Ley del CNJ, que prevé esa forma de integración.
Añade que esa normativa habla de "reestructuración", la misma que puede ser parcial o generar cambios administrativos, "pero no dice reestructuración total", subraya.
El actual Consejo de la Judicatura fue integrado en enero de este año, cuando estaba en funciones la Corte de facto presidida por el roldosista Guillermo Castro Dáger. Lo integran: Germánico Maya, José Robayo, Alejandro Carrión, Ramiro Aguilar, Felipe Granda Aguilar, Jacinto Bajaña y Jaime Rodríguez.
Maya fue designado en representación de las Cortes Superiores, Robayo por los funcionarios judiciales (Fenaje), Aguilar proviene de los Colegios de Abogados y Carrión fue nombrado por las facultades de Jurisprudencia. Cada uno de ellos formaba parte de una terna remitida por su respectivo ente electoral. Mientras que Granda, Rodríguez y Bajaña fueron designados directamente por la denominada "Pichicorte".
Tres de los siete vocales del CNJ también fueron "recomendados" por el Frente Cero Corrupción, que en esos días apoyaba a la "Pichicorte" y se había convertido en un "frente de choque" del ex presidente Lucio Gutiérrez.
En una carta dirigida el 17 de enero de este año (oficio 011-2004) a Castro Dáger, el director de esa agrupación, Oswaldo Gallo, mociona los nombres de Ramiro Aguilar, Alejandro Carrión, Germánico Maya, Mauro Robles y Marcial Alcívar, "para que sean considerados y, si es factible, elegidos". Los dos últimos no fueron tomados en cuenta por la "Pichicorte".
Maya dice no temer la próxima reestructuración de la Judicatura. "Cuando haya la nueva Corte Suprema entregaré mi renuncia, pero si las Cortes Superiores piden que me quede, lo pensaré..."
Este vocal recuerda haber cuestionado el proceso de calificación de jueces y de haberlo calificado de "inconstitucional", pero ahora lo respalda.
A su vez, el vocal Aguilar dice que en ningún momento el CNJ ha tratado de interferir en el proceso, ni en las resoluciones del Comité. Al anuncio de que no había fondos para firmar el contrato con las auditoras, justo el día en que eso debía concretarse, lo cataloga como un simple "hecho administrativo".
También Ricardo Vanegas y Rómulo López (comisionados suspendidos de la CCCC), en su momento, negaron haber intentado retrasar el proceso de elección de la nueva Corte Suprema. (MAR/AA)
"LOS ATAQUES A LA ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN VINIERON DE DIFERENTES SECTORES"
Carlos Estarellas, Pdte. - Comité de Calificación
"Indudablemente se han sentido presiones de todos lados. El escollo más grande fue cuando perdimos más de un mes en el caso de las auditoras. A la Corte irán los mejores y no sabemos quiénes serán porque no tenemos las calificaciones".
Bolívar Torres, miembro - Comité de Calificación
"El proceso se retrasó, no por culpa del Comité, sino por causas externas. El tema del presupuesto, de alguna manera, también demoró la designación. Ahí están los hechos, tendrán que juzgar quienes son los que, a la final, intentaron o trataron de que se retardara el proceso".
Alberto Adrianzén,- veedor de la CAN
"Muchos atrasos no son responsabilidad del Comité, algunos han sido causados por la falta de recursos económicos, hay una demora en los organismos correspondientes. Hay errores, pero el Comité ha actuado de forma transparente".
Marco Albuja, veedor - Red de justicia
"El Consejo Nacional de la Judicatura ha intentado amedrentar a los miembros del Comité durante el proceso. A esto se suman otras fuerzas que divergen del criterio de la mayoría de ecuatorianos (abogados independientes), que consideran válido al proceso de selección".
Gabriel Salvador, veedor Alianza Democrática
"Hubo presiones de la Asamblea de Ciudadanos por la Democracia, que quería echar abajo el proceso. La Contraloría entregó información falsa e incompleta. Dos vocales de la CCCC también interfirieron, los denunciamos y están suspendidos")
"NO TENEMOS NADA QUE VER EN EL RETRASO DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS"
Genaro Peña Ugalde, - contralor subrogante
"¿Quién puede suponer que la Contraloría, un organismo con trayectoria y profesionalismo, pueda tener la menor intención de acomodar cualquier circunstancia, peor advertir que aquello estaría condicionado a algún resultado? Eso es especular".
Ramiro Aguilar, vocal Consejo de la Judicatura
"El CNJ no ha tenido ningún afán de obstaculizar. El tema presupuestario fue un hecho administrativo que respondió a las exigencias legales del director ejecutivo del organismo (Olmedo Castro), responsable de hacer los egresos que sustentan el proceso de calificación".
Germánico Maya, vocal Consejo de la Judicatura
"No hemos obstaculizado el trabajo de los miembros del Comité; cuando ellos lo han pedido he estado presto para dar cualquier tipo de ayuda. A veces, las personas, en busca de notoriedad, lanzan piedras pretendiendo que alguien las devuelva".
Alejandro Carrión, vocal Consejo de la Judicatura
"No puede imputarse al CNJ un segundo de demora en la calificación de candidatos a magistrados. Hay que tener claro que el proceso fue diseñado en un momento de crisis y el Congreso no anticipó las vicisitudes que pudieran surgir en el desarrollo del mismo".
Rómulo López, vocal suspendido de la CCCC
"No conozco nada del asunto y tendría que oír lo que dicen quienes me cuestionan para poder opinar. Lo que hago es combatir la corrupción y atacar a los corruptos de cuello y corbata. Por eso he recibido ataques y amenazas".
DECISIONES POLÉMICAS DEL COMITÉ CALIFICADOR
De 86 impugnaciones, solo 17 postulantes fueron separados de la carrera hacia una magistratura de la Corte Suprema de Justicia
"Tengo la sensación de que las audiencias solo han cumplido una formalidad, para hacer creer que hay transparencia". Lo dice Carmen Cornejo, una de las personas que impugnó a Pilar Sacoto y Ramiro Suárez, quienes fueron calificados.
Ella acusó a la Sala Penal de la Corte Superior de Quito, que presidía Sacoto, de haber cambiado el delito de homicidio intencional (tipificado en el art. 457 del Código Penal), por el de mala práctica médica (no contemplado en ese cuerpo legal) al momento de emitir la sentencia contra dos médicos.
A su hija Laura, diagnosticada de meningitis bacteriana, se le suministró morfina, droga que estaría contraindicada para esos casos. Como resultado, la joven de 20 años falleció.
Cuando el caso llegó a la Corte Superior, su presidenta emitió auto de prescripción de la causa en favor de uno de los doctores. Sobre el otro dictó orden de prisión. Como se fugó el sindicado, el proceso se interrumpió.
Sacoto y Suárez, que formaban parte de la misma Sala, fueron calificados. El Comité consideró que no existe una legislación penal especializada que sancione la mala práctica médica, por "lo que debe restringirse a la actual normativa legal". Así, en la resolución unánime, negó la impugnación, pues estimó que no había suficientes pruebas.
Ramiro Suárez también fue cuestionado por María Geuna, quien lo acusó de "falta de probidad notoria, imparcialidad en el fallo por falta de sana crítica para administrar justicia".
Ella perdió un ojo a raíz de una intervención quirúrgica y actualmente está jubilada por invalidez. Sostiene que uno de los médicos que la operó obtuvo el título después del acto quirúrgico.
El caso fue a la misma Sala y no hubo sanción.
El Comité estimó que el candidato no estaba incurso en las causales que hablan de falta de probidad notoria y las otras acusaciones formuladas por Geuna. La negativa no fue unánime. Ketty Romoleroux salvó su voto, recomendó aceptar la impugnación y excluir a Suárez del proceso. (MAR/AA)
"PERLAS"
María Gabriela Alvear, estudiante de segundo año de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, consiguió excluir cuatro de los 11 postulantes señalados con glosas por la Contraloría General del Estado.
Alberto Reese logró que Héctor Rojas fuera separado del proceso de selección. Acusó al aspirante de no haber cumplido con la obligación de proporcionar oportunamente los alimentos a su hija ($2 mensuales). El vocal alterno de la CCCC y ex asesor legal de la AGD, Reinaldo Valarezo, quedó fuera por el presunto plagio del libro de un autor español. Lo impugnaron Edmundo Sánchez y Rómulo Salazar.
Tres impugnaciones en contra de José Robayo fueron negadas. Es vocal del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en representación de los funcionarios judiciales, agrupados en la Fenaje. Fue nombrado por la "Pichicorte".
PUNTO DE VISTA
DIFÍCIL BAJAR EL GATO DEL ÁRBOL
Es fácil trepar a un gato a la punta de un árbol, lo difícil es bajarlo. El proverbio hecho público por el anterior embajador de Alemania en el Ecuador, para ponderar las dificultades que afrontaríamos para recomponer el daño que la mayoría congresal del gutierrismo hizo al tumbar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se cumple a cabalidad.
El diplomático que dejó el Ecuador hace poco anticipó con ese refrán el duro camino que el país debía seguir para recomponer la institucionalidad, tras el burdo ataque al TC y a la Corte Suprema, por una mayoría de 52 diputados.
El informe de BLANCO Y NEGRO saca a la luz la serie de tropiezos, amenazas veladas y hasta adulos -serenata musical de por medio-, con los que ciertos sectores han intentado torpedear o influir en el trabajo del Comité Calificador.
Desde luego que la constitución misma de este organismo resultaba un hecho excepcional, ya que nada de eso se dice en la Constitución, en la que tampoco se menciona nada sobre la posibilidad de defenestrar a la Suprema como lo hizo el Congreso, cuando integró la Pichicorte.
Cinco meses después de los plazos previstos, de manera pausada y no exenta de contratiempos, el Comité está por cumplir su objetivo. Pero hay hechos que hay que repetirlos, para que no haya sorpresas cuando la Corte esté constituida. ¿Cómo se calificó a un miembro del CNJ que fue nombrado por la "Pichicorte"? ¿Es solo coincidencia que represente a la Fenaje? Todo hace pensar que el proverbio alemán tiene vigencia: es difícil bajar al gato del árbol. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
UN PROCESO LLENO DE TROPIEZOS
El Consejo de la Judicatura, la Contraloría, la Fenaje, dos vocales de la CCCC y fuerzas políticas son acusadas de interferir en la elección de jueces
El proceso de selección de los 164 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estuvo lleno de obstáculos y presiones.
Durante los cinco meses (empezó el 6 de junio de 2005) que duró la fase de calificación de aspirantes a las 31 magistraturas, las presiones desde diferentes sectores fueron el "pan diario" de los cuatro miembros del Comité de Calificación.
Carlos Estarellas, presidente del Comité, acusa a la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales (Fenaje) de haber intentado ejercer presión para "imponer" a Marco Tulio Cordero como cuarto miembro del Comité. Esto sucedió a inicios de la conformación de esa instancia.
Cordero fue designado por una facción de los tribunales de honor de los Colegios de Abogados y se lo relacionó con la ex magistrada de la "Pichicorte", Angelita Albán, el presidente de la Fenaje, Luis Muñoz y el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Olmedo Castro. En rueda de prensa, este último anunció que Cordero había sido elegido por mayoría. Los otros dos negaron tener vinculación.
El caso es que el CNJ asignó a Cordero un vehículo con chofer y una oficina con secretaria, en el edificio donde funciona el Comité.
Este inconveniente provocó que se perdieran 23 días en la integración del organismo encargado de elegir a la nueva Corte Suprema.
Luego, dos comisionados suspendidos de la Comisión Anticorrupción (CCCC), Ricardo Vanegas y Rómulo López, provocaron más de un mes de retraso cuando denunciaron a la firma BDO Stern por un presunto conflicto de intereses.
Posteriormente, "cuando el Comité se aprestaba a firmar con las auditoras escogidas, Desorh e Inextec, en el CNJ nos dijeron que no tenían dinero", dice Estarellas. Según la Ley Orgánica de la Función Judicial reformada, el Consejo de la Judicatura debe proporcionar los recursos necesarios.
La Contraloría General del Estado también causó un retraso de una semana, cuando envió al Comité información incompleta y tardía sobre 11 postulantes que habían sido glosados.
Marco Albuja, veedor de la Red de Justicia, manifiesta que la Contraloría, a través de un examen al CNJ, "emitió criterios coincidentes cuando se juzgaba a un ex contralor (Alfredo Corral Borrero)".
En esos días se comentó que un tramo del examen se refería al manejo económico del Comité de Calificación.
Asimismo, pese a que la Ley dice que las actuaciones del Comité no serán susceptibles de amparo, varios candidatos que quedaron fuera del proceso presentaron estos recursos.
"En la capital, al momento, hay un amparo que podría retrasar el proceso", dice Estarellas, quien cataloga este hecho como una forma de presión. El veedor de las Asambleas Ciudadanas, Raúl Proaño, va más allá: habla de amenazas.
"La semana anterior, cuando se celebró la fiesta de los judiciales, un día empezó con serenata para los miembros del Comité, después hubo dos llamadas de amenaza de bomba", cuenta, y cree que esta es una forma de presión de la Fenaje.
Y aunque nadie lo reconoce abiertamente, hay quienes catalogan de injerencia de la Fenaje la calificación de José Robayo, miembro del CNJ, en representación de los empleados judiciales, designado por la "Pichicorte".
Proaño, quien ha seguido el proceso desde el inicio, afirma que también hay presiones políticas sobre el Comité, aunque no menciona a ninguna tienda partidista. Lo que sí quedó claro es que el Congreso no resistió la "tentación" de merodear por el Comité, cuando su titular, Wilfrido Lucero, militante de la Izquierda Democrática (ID), acudió a "respaldar" el proceso públicamente.
Según otros veedores que pidieron no ser identificados, personajes allegados a ese partido y otros que tenían marcada injerencia en la Corte anterior han tratado de ejercer presión.
Para no quedarse atrás en el afán de "entorpecer" el proceso, el CNJ retrasó el pago de los sueldos. "No pagan a tiempo o dosifican el presupuesto", dice Proaño. (MAR/AA)
AL CNJ LE QUEDA UN MES DE VIDA
Entre el 25 y 29 de noviembre deberá posesionarse la nueva Corte Suprema de Justicia. Inmediatamente tendrá que reestructurar la Judicatura
El contralor subrogante, Genaro Peña, reconoce que hubo errores en el primer informe de la Contraloría sobre las glosas impuestas a 11 candidatos a ser magistrados de la Suprema.
Señala que pudieron haber "inconsistencias" debido a que fueron revisadas alrededor de 40 mil fichas, antes de enviar la información al Comité. "Eso no quiere decir que la Contraloría, un organismo tan serio, estuvo dilatando el proceso a propósito", explica.
Sobre la coincidencia de tiempos en la realización de una auditoría al CNJ, que fue relacionada con el Comité de Calificación, en el momento en que se realizaban las audiencias de impugnación del ex contralor Alfredo Corral, Peña se mostró sorprendido.
En tono indignado dijo que le ha llamado la atención el que "alguien se haya atrevido a especular sobre esto". Considera que la eliminación de Corral del proceso de selección demostraría que la Contraloría no tuvo ninguna injerencia.
Ofendido, Peña exclama: "Rechazo, de llano en plano, comentarios que se pudieron hacer en este sentido, vengan de donde vinieren".
Otro de los organismos que ha sido acusado de interferir es el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Según el veedor Raúl Proaño, esto ha pasado porque sus integrantes tienen temor a perder sus puestos de trabajo.
La reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial establece que el CNJ deberá ser reestructurado por la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando entre en funciones.
El vocal de la Judicatura, Ramiro Aguilar del Pozo, advierte que, cuando llegue ese momento, la CSJ deberá tomar en cuenta que los actuales miembros provienen de colegios electorales. De esto se infiere que no deberían ser cambiados, pues los rige la Ley del CNJ, que prevé esa forma de integración.
Añade que esa normativa habla de "reestructuración", la misma que puede ser parcial o generar cambios administrativos, "pero no dice reestructuración total", subraya.
El actual Consejo de la Judicatura fue integrado en enero de este año, cuando estaba en funciones la Corte de facto presidida por el roldosista Guillermo Castro Dáger. Lo integran: Germánico Maya, José Robayo, Alejandro Carrión, Ramiro Aguilar, Felipe Granda Aguilar, Jacinto Bajaña y Jaime Rodríguez.
Maya fue designado en representación de las Cortes Superiores, Robayo por los funcionarios judiciales (Fenaje), Aguilar proviene de los Colegios de Abogados y Carrión fue nombrado por las facultades de Jurisprudencia. Cada uno de ellos formaba parte de una terna remitida por su respectivo ente electoral. Mientras que Granda, Rodríguez y Bajaña fueron designados directamente por la denominada "Pichicorte".
Tres de los siete vocales del CNJ también fueron "recomendados" por el Frente Cero Corrupción, que en esos días apoyaba a la "Pichicorte" y se había convertido en un "frente de choque" del ex presidente Lucio Gutiérrez.
En una carta dirigida el 17 de enero de este año (oficio 011-2004) a Castro Dáger, el director de esa agrupación, Oswaldo Gallo, mociona los nombres de Ramiro Aguilar, Alejandro Carrión, Germánico Maya, Mauro Robles y Marcial Alcívar, "para que sean considerados y, si es factible, elegidos". Los dos últimos no fueron tomados en cuenta por la "Pichicorte".
Maya dice no temer la próxima reestructuración de la Judicatura. "Cuando haya la nueva Corte Suprema entregaré mi renuncia, pero si las Cortes Superiores piden que me quede, lo pensaré..."
Este vocal recuerda haber cuestionado el proceso de calificación de jueces y de haberlo calificado de "inconstitucional", pero ahora lo respalda.
A su vez, el vocal Aguilar dice que en ningún momento el CNJ ha tratado de interferir en el proceso, ni en las resoluciones del Comité. Al anuncio de que no había fondos para firmar el contrato con las auditoras, justo el día en que eso debía concretarse, lo cataloga como un simple "hecho administrativo".
También Ricardo Vanegas y Rómulo López (comisionados suspendidos de la CCCC), en su momento, negaron haber intentado retrasar el proceso de elección de la nueva Corte Suprema. (MAR/AA)
"LOS ATAQUES A LA ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN VINIERON DE DIFERENTES SECTORES"
Carlos Estarellas, Pdte. - Comité de Calificación
"Indudablemente se han sentido presiones de todos lados. El escollo más grande fue cuando perdimos más de un mes en el caso de las auditoras. A la Corte irán los mejores y no sabemos quiénes serán porque no tenemos las calificaciones".
Bolívar Torres, miembro - Comité de Calificación
"El proceso se retrasó, no por culpa del Comité, sino por causas externas. El tema del presupuesto, de alguna manera, también demoró la designación. Ahí están los hechos, tendrán que juzgar quienes son los que, a la final, intentaron o trataron de que se retardara el proceso".
Alberto Adrianzén,- veedor de la CAN
"Muchos atrasos no son responsabilidad del Comité, algunos han sido causados por la falta de recursos económicos, hay una demora en los organismos correspondientes. Hay errores, pero el Comité ha actuado de forma transparente".
Marco Albuja, veedor - Red de justicia
"El Consejo Nacional de la Judicatura ha intentado amedrentar a los miembros del Comité durante el proceso. A esto se suman otras fuerzas que divergen del criterio de la mayoría de ecuatorianos (abogados independientes), que consideran válido al proceso de selección".
Gabriel Salvador, veedor Alianza Democrática
"Hubo presiones de la Asamblea de Ciudadanos por la Democracia, que quería echar abajo el proceso. La Contraloría entregó información falsa e incompleta. Dos vocales de la CCCC también interfirieron, los denunciamos y están suspendidos")
"NO TENEMOS NADA QUE VER EN EL RETRASO DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS"
Genaro Peña Ugalde, - contralor subrogante
"¿Quién puede suponer que la Contraloría, un organismo con trayectoria y profesionalismo, pueda tener la menor intención de acomodar cualquier circunstancia, peor advertir que aquello estaría condicionado a algún resultado? Eso es especular".
Ramiro Aguilar, vocal Consejo de la Judicatura
"El CNJ no ha tenido ningún afán de obstaculizar. El tema presupuestario fue un hecho administrativo que respondió a las exigencias legales del director ejecutivo del organismo (Olmedo Castro), responsable de hacer los egresos que sustentan el proceso de calificación".
Germánico Maya, vocal Consejo de la Judicatura
"No hemos obstaculizado el trabajo de los miembros del Comité; cuando ellos lo han pedido he estado presto para dar cualquier tipo de ayuda. A veces, las personas, en busca de notoriedad, lanzan piedras pretendiendo que alguien las devuelva".
Alejandro Carrión, vocal Consejo de la Judicatura
"No puede imputarse al CNJ un segundo de demora en la calificación de candidatos a magistrados. Hay que tener claro que el proceso fue diseñado en un momento de crisis y el Congreso no anticipó las vicisitudes que pudieran surgir en el desarrollo del mismo".
Rómulo López, vocal suspendido de la CCCC
"No conozco nada del asunto y tendría que oír lo que dicen quienes me cuestionan para poder opinar. Lo que hago es combatir la corrupción y atacar a los corruptos de cuello y corbata. Por eso he recibido ataques y amenazas".
DECISIONES POLÉMICAS DEL COMITÉ CALIFICADOR
De 86 impugnaciones, solo 17 postulantes fueron separados de la carrera hacia una magistratura de la Corte Suprema de Justicia
"Tengo la sensación de que las audiencias solo han cumplido una formalidad, para hacer creer que hay transparencia". Lo dice Carmen Cornejo, una de las personas que impugnó a Pilar Sacoto y Ramiro Suárez, quienes fueron calificados.
Ella acusó a la Sala Penal de la Corte Superior de Quito, que presidía Sacoto, de haber cambiado el delito de homicidio intencional (tipificado en el art. 457 del Código Penal), por el de mala práctica médica (no contemplado en ese cuerpo legal) al momento de emitir la sentencia contra dos médicos.
A su hija Laura, diagnosticada de meningitis bacteriana, se le suministró morfina, droga que estaría contraindicada para esos casos. Como resultado, la joven de 20 años falleció.
Cuando el caso llegó a la Corte Superior, su presidenta emitió auto de prescripción de la causa en favor de uno de los doctores. Sobre el otro dictó orden de prisión. Como se fugó el sindicado, el proceso se interrumpió.
Sacoto y Suárez, que formaban parte de la misma Sala, fueron calificados. El Comité consideró que no existe una legislación penal especializada que sancione la mala práctica médica, por "lo que debe restringirse a la actual normativa legal". Así, en la resolución unánime, negó la impugnación, pues estimó que no había suficientes pruebas.
Ramiro Suárez también fue cuestionado por María Geuna, quien lo acusó de "falta de probidad notoria, imparcialidad en el fallo por falta de sana crítica para administrar justicia".
Ella perdió un ojo a raíz de una intervención quirúrgica y actualmente está jubilada por invalidez. Sostiene que uno de los médicos que la operó obtuvo el título después del acto quirúrgico.
El caso fue a la misma Sala y no hubo sanción.
El Comité estimó que el candidato no estaba incurso en las causales que hablan de falta de probidad notoria y las otras acusaciones formuladas por Geuna. La negativa no fue unánime. Ketty Romoleroux salvó su voto, recomendó aceptar la impugnación y excluir a Suárez del proceso. (MAR/AA)
"PERLAS"
María Gabriela Alvear, estudiante de segundo año de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, consiguió excluir cuatro de los 11 postulantes señalados con glosas por la Contraloría General del Estado.
Alberto Reese logró que Héctor Rojas fuera separado del proceso de selección. Acusó al aspirante de no haber cumplido con la obligación de proporcionar oportunamente los alimentos a su hija ($2 mensuales). El vocal alterno de la CCCC y ex asesor legal de la AGD, Reinaldo Valarezo, quedó fuera por el presunto plagio del libro de un autor español. Lo impugnaron Edmundo Sánchez y Rómulo Salazar.
Tres impugnaciones en contra de José Robayo fueron negadas. Es vocal del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en representación de los funcionarios judiciales, agrupados en la Fenaje. Fue nombrado por la "Pichicorte".
PUNTO DE VISTA
DIFÍCIL BAJAR EL GATO DEL ÁRBOL
Es fácil trepar a un gato a la punta de un árbol, lo difícil es bajarlo. El proverbio hecho público por el anterior embajador de Alemania en el Ecuador, para ponderar las dificultades que afrontaríamos para recomponer el daño que la mayoría congresal del gutierrismo hizo al tumbar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se cumple a cabalidad.
El diplomático que dejó el Ecuador hace poco anticipó con ese refrán el duro camino que el país debía seguir para recomponer la institucionalidad, tras el burdo ataque al TC y a la Corte Suprema, por una mayoría de 52 diputados.
El informe de BLANCO Y NEGRO saca a la luz la serie de tropiezos, amenazas veladas y hasta adulos -serenata musical de por medio-, con los que ciertos sectores han intentado torpedear o influir en el trabajo del Comité Calificador.
Desde luego que la constitución misma de este organismo resultaba un hecho excepcional, ya que nada de eso se dice en la Constitución, en la que tampoco se menciona nada sobre la posibilidad de defenestrar a la Suprema como lo hizo el Congreso, cuando integró la Pichicorte.
Cinco meses después de los plazos previstos, de manera pausada y no exenta de contratiempos, el Comité está por cumplir su objetivo. Pero hay hechos que hay que repetirlos, para que no haya sorpresas cuando la Corte esté constituida. ¿Cómo se calificó a un miembro del CNJ que fue nombrado por la "Pichicorte"? ¿Es solo coincidencia que represente a la Fenaje? Todo hace pensar que el proverbio alemán tiene vigencia: es difícil bajar al gato del árbol. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
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