Los organismos de control "se lavan las manos", pese a que se alertó del hecho. De igual forma, la Fiscalía retoma el caso, a los 11 meses de que se inició una indagación previa en contra de Cabrera, por parte del agente de El Oro, Francisco Quevedo, y que luego fue abandonada. Ahora 22 personas prófugas están con órdenes de prisión
Cuatro décadas en Notaría
Era conocido en el país como benefactor de "jugosos intereses"
Muy querido y respetado era "el doctor", "el abogadito" o "Cabrerita", tal como se conocía al notario Segundo de Machala y titular de la Federación de Notarios, José Cabrera Román.
Jurista de profesión hace 45 años y más conocido en el país como benefactor de "jugosos intereses" que por ocupar su cargo por cuatro décadas. Este personaje logró ser el custodio de cientos de millones de dólares de funcionarios, conocidos políticos y banqueros, y de miembros del Ejército y la Policía de todos los rangos.
Su muerte, el pasado 26 de octubre, sumió a sus clientes en la incertidumbre: por la devolución de sus dineros y por la clase de negocio que manejaba para cancelar puntualmente un 10% mensual por intereses.
Su negocio lo mantuvo por 20 años. Era manejado con hermetismo y paralelamente a sus funciones de notario en el mismo edificio donde funcionaba la Notaría (Ayacucho 1620 y Rocafuerte), a pocos pasos de la Procuraduría, La Corte Superior, el Municipio de Machala y la Fiscalía.
Según sus depositantes, en los últimos meses acceder a la "financiera fantasma" era muy difícil. Solo atendía a personas que venían de otras provincias y no de El Oro, y daba un papel con un turno para atender y entregar el dinero luego de un mes. "Sus secretarias pedían el 10% de comisión para acelerar el trámite", indica Norma Dueñas, una supuesta perjudicada.
Diez personas se encargaban del manejo de los depósitos y eran lideradas por la secretaria particular y compañera sentimental de Cabrera, Narcisa Anchundia. "Ella era déspota y no permitía que conversásemos, contemos dinero o hagamos ruido, y nos amenazaba con sacarnos del grupo", relató otro de los clientes.
"Cuando era la fecha de cobrar intereses, nos reunían en grupos en la terraza y nos daban el turno. Al llegar la hora, una de las secretarias cancelaba en efectivo la suma correspondiente y apuntaba en el pagaré la fecha del siguiente pago", explicó un antiguo cliente, Heriberto Mendoza. Antes se pagaba los intereses con cheques de los bancos Pichincha, del Austro y del Litoral y era Cabrera quien recibía los depósitos. En reportes bancarios de 2003 hay movimientos diarios de $800 mil.
Cuando empezó a pagar en efectivo, después de que los bancos cerraron sus cuentas, seis de las 10 personas actuaban como cajeras. "Demoraban hasta una hora en contar el dinero extraído de fajos de billetes de $5, $10 y $20", agrega Dueñas. Además, comentó que desde abril bajaron los intereses del 10% al 7% en septiembre, por falta de liquidez.
Una interrogante sobre el caso es el origen del negocio que los depositantes dijeron desconocer y que relacionaban con transacciones en bolsas internacionales y compra de bonos petroleros. Especialistas creen que no tienen relación con el caso y manejan otras dos teorías: la de lavado de dinero del narcotráfico y contrabando, y la piramidación de capitales.
En el primer caso y con resultados negativos, la DEA hizo una investigación entre 2001 y 2003. En el segundo, no comprobado, se habla de captación de recursos, de los que se extrae un porcentaje para pagar intereses e incrementarlo con nuevas captaciones. La tercera versión, sin pruebas, dice que cambiaba dólares por otras monedas donde ejercía el "chulco". (BMS)
Plata se esfuma en saqueo
Después de la muerte del notario José Cabrera, ocurrida el 25 de octubre, sus hijos, Carolina y José Manuel, intentaron mantener el negocio de la financiera ilegal, con normalidad; incluso llegaron a firmar varias letras de cambio. Sin embargo, un gran número de inversionistas pedía la devolución de sus dineros. Los reclamos crecían y, el miércoles 9 de noviembre, Carolina llamó a Óscar Granja, un empleado de la camaronera Orocamarón, de su propiedad, para que le ayude a entregar el dinero.
El jueves 10 y el viernes 11 de noviembre, desde las primeras horas de la mañana, las empleadas de Cabrera pagaron a los prestamistas. El dinero lo sacaban de los baños, cajones, anaqueles, gavetas y escritorios de una oficina del piso superior de la Notaría, donde funcionaba el negocio ilícito, mientras en las afueras del edificio, en los pasillos y en las oficinas, militares y policías resguardaban el lugar.
A las 16:00, comenzaron los primeros tropiezos y las empleadas del notario entraron en crisis, frente a los reclamos violentos de unos 50 acreedores. Ante los ruegos de las empleadas; los protestantes las dejaron salir del lugar, pero retuvieron a Granja, a quien le aseguraban que solo "saldría muerto".
Desde las 17:00, Granja reinició los pagos a quienes los uniformados les permitían entrar. A las 20:00 anunció que ya no había dinero en efectivo y que el lunes se reanudaría la devolución. Sin embargo, 70 personas, entre civiles, policías y militares, permanecían en la edificación. A partir de esa hora ingresó más personal del Ejército armado y uniformado con el pretexto de custodiar el lugar, según consta en las investigaciones.
A las 02:00 del sábado 12 de noviembre, ingresó otro grupo de militares con la excusa de realizar un patrullaje en la instalaciones, al tiempo que los acreedores que estaban adentro lograron abrir las puertas de la Notaría ubicada en el piso inferior, ahí encontraron más dinero y "a la fuerza" condujeron a Granja para que continuara pagando. Pero, sorpresivamente, dos uniformados tomaron la posta y comenzaron a devolver el dinero, en especial a sus compañeros. Todo esto se daba mientras Granja permanecía sentado en una butaca en un rincón de la oficina, por lo que aprovechó para escapar por un ventana trasera del edificio.
Mientras tanto, la muchedumbre que se encontraba en las afueras de la Notaría comenzó a protestar porque circuló la información de que unos 200 uniformados se llevaban el dinero. Ante ello, y al ver a la turba enfurecida que pretendía entrar a la Notaría, un grupo decidió salir bajándose por un árbol. Llegaron al patio de una vivienda y lograron escapar.
Los uniformados que se quedaron ayudaron a sacar la plata a las personas que habían cobrado. Es entonces cuando se descubre al policía Jorge Álvarez llevándose dinero.
En horas de la tarde de ese mismo día, el comandante de la Policía Milton Martínez, el fiscal y el gobernador de El Oro tomaron posesión de la Notaría y encontraron en la terraza de un local donde se jugaba billar, en el mismo edificio, una funda con dinero. Se desconoce el monto.
El fiscal ordenó que se requisara a todos los policías y al cabo Iván Bravo se le encuentra con $26 300. Él aseguró que el dinero se lo entregó un militar de apellido Cuasapas, para que lo ayude a sacar a cambio de una recompensa.
En la requisa dentro de la Notaría se encontró un uniforme militar con el apellido Enríquez, uno de la Policía de Tránsito de Machala y $370 mil. Al día siguiente, los hermanos Cabrera salieron el país y, dos días más tarde, deslindaron su responsabilidad.
La oficina quedó destrozada y ahora está bajo custodia policial. (MEC)
Perjudicados anuncian demanda internacional
Alfredo Palacio dijo que se investigará en todo nivel y no habrá espíritu de cuerpo
Unas 3 000 personas acudieron ayer a las instalaciones de la Feria Mundial del Banano de Machala para afinar una postura conjunta que presentarán en la demanda internacional contra el Estado.
Participaron perjudicados de Cabrera de todo el país. Se anunció que 4 350 personas constan en la lista del comité que lidera Paúl González. Según dijo, ellos representan depósitos de $92 millones. Al lugar acudió Jorge Zavala Egas, quien actuará como defensor.
Mostraron su inconformidad por el anuncio de la fiscal de enjuiciar a todos los que tenían dinero con el notario y pidieron explicaciones del por qué no inició acciones legales si ya conocía el caso.
Quieren que el Estado se responsabilice por las pérdidas de sus depósitos a través de los dineros y bienes incautados a Cabrera, sus hijos, y sus empleados.
En una carta, Carmita Gutiérrez, esposa del jefe de bloque de la ID, Jorge Sánchez, admitió ser una de las clientes de Cabrera y dijo que cuatro de sus hermanas pidieron hacer el depósito. Aclara: "No le conté a mi esposo el favor que hacía a mis hermanas". Sánchez dijo que el monto invertido por sus familiares sería de $70 mil. Agregó que prefirió hacer público el hecho antes de que se convierta en un caso de persecución política. (BMS/GFS)
Los militares eran los clientes favoritos
Para acceder al negocio se formaban grupos de hasta 10 personas
El comandante del Ala de Transporte n.º 11, Óscar Jácome y el subcomandante Pablo López, fueron relevados de sus funciones, luego de que se conoció la utilización de dos aviones (Sabreliner y Twin Otter) para el traslado de personal civil y militar a Machala, entre el 11 y 14 de noviembre, días del saqueo a la Notaría de Cabrera.
Además, un grupo de 11 uniformados afronta un consejo de disciplina y la separación de la institución, por haber protagonizado el incidente del saqueo, en el que presumiblemente se utilizaron armas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) para amedrentar a los empleados del ex notario.
Según declaraciones del jefe del Comando Conjunto, Manuel Zapater, en el negocio ilícito estarían involucrados alrededor de 6 000 uniformados, lo que representa el 20% del personal militar. Ellos serán identificados para colaborar con la investigación que realiza la justicia ordinaria.
Los militares y policías empezaron a conocer el negocio cuando permanecían en los destacamentos cercanos a Machala; luego se organizaron grupos e inclusive se formaban mini cooperativas, como en el caso de Guayaquil, en donde se reunían hasta 10 uniformados; cada uno entregaba un capital de $10 mil y aportaba con lo que podía cada semana en manos de un cajero, quien era el encargado de viajar a Machala y realizar la transacción de manera directa con José Cabrera. También participaban familiares y amigos. (PC)
Varios uniformados están involucrados en saqueo
En la lista constan los oficiales: Patricio González, Mario Miño, Fausto Rosas, Luis Llerena, Gustavo Espín, José Ochoa, Eduardo Granda, Francisco Moreno, Alfonso Espín, Ángel Zumba y el sargento Ariosto Rivera.
Rosas está en la lista de acreedores de Cabrera con una cuenta de $63 mil.
La investigación también incluye a los pasajeros, entre civiles y militares, que viajaron a Machala y de ahí a otras ciudades, entre el 11 y 14 de noviembre, a bordo de dos aeronaves. Ellos son: Pablo López (relevado del cargo), Oswaldo Espinosa, Fabián Duque, Carlos Córdova, Iván Bolaños, Carlos Sánchez, Byron Pardo, Luis Pérez, César Rivas, Kléber Sanmartín, Jorge Icaza, Germania Padilla, Wilson Romero, Manuel Córdova y Ana Lucía de Duque.
Los "peces gordos" están en las altas esferas
En la lista de acreedores del ex notario José Cabrera figura Nicolás Castro Patiño, candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien renunció, por el escándalo de haber depositado $15 mil.
Teodoro Cordero Jaramillo, presidente de la Corte de Justicia de Machala también apareció entre los depositantes, con el justificativo de que se trataba de un encargo de $15 mil de su hijo; sin embargo, de la información obtenida en el disco duro se desprende que habría hecho cinco depósitos que suman $85 mil. El miércoles por la noche renunció a sus funciones y en su reemplazo se nombró a Luis de los Reyes.
El gerente del Banco del Austro, Freddy Arévalo, también renunció a su puesto y la Superintendencia de Bancos investiga si captó dinero para vincularlo a la financiera ilegal de Cabrera.
Vicente Naranjo, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral señaló que conoció al ex notario por asuntos profesionales, que no peligra su cargo, pero admitió que invirtió recursos de su padre. El dinero depositado, aproximadamente $50 mil, logró recuperarlo la tarde del 11 de noviembre. Aseguró que no ha cometido ningún delito.
Milton Martínez, comandante de la Policía de El Oro, también invirtió con el notario y fue destituido por comandar el saqueo al edificio de la Notaría, entre el 11 y 12 de noviembre.
El alcalde de Machala, Carlos Falquez, también apareció vinculado a través de Miriam Aguilar Añazco, con un depósito de $30 mil. De igual forma Carlos Moncayo, hermano del alcalde de Quito, Paco Moncayo, pese a que negó ser parte del ilícito y manifestó estar dispuesto a una investigación.
Paúl González, presidente del Centro Agrícola de Machala, está al frente de la Junta de Acreedores y amenazó con enjuiciar al Estado para que los más de 27 000 depositantes recuperen su dinero.
Además, están comprometidos William Granda Montenegro, comandante de la Brigada 27 Bolívar; Paco Urrutia Ortega, ex comandante de la Policía; Norman Aguirre Carrión, concejal de Huaquillas; Ángel Aguinsaca, perito de la Corte Superior de Pichincha; Julio Aguilar Sánchez, ex alcalde del cantón Yantzaza; Gladis Carmona, esposa de José Gallardo Román, ex ministro de Defensa y ex candidato a la presidencia, entre otros. (PC)
Lista de policías involucrados llega a 539
La Jefatura de la entidad en El Oro pasó a manos de Ángel García
Un grupo de 539 policías está involucrado en el negocio del ex notario de Machala. De ellos, 68 son oficiales, 17 en servicio pasivo. Del personal de clase son 239 de servicio pasivo y el resto son de servicio activo.
Según el comandante de la Policía, José Vinueza, los involucrados están en un proceso de investigación que se inició los tribunales de disciplina, que culminarán el martes próximo, en los que se tiene que establecer el grado de involucramiento en el ilícito.
Aseguró que se ha depurado la lista y se conoce quiénes han invertido de los 37 mil efectivos que tiene la institución. Lo que le preocupa a Vinueza es que hay montos de $44 mil, por lo que es necesario investigar de dónde salió ese dinero. No descarta que sea un acumulado de varias personas.
Hasta el momento, son cinco policías que están procesados y dos que fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, básicamente por el operativo que se armó para retirar el dinero entre el 11 y 12 de noviembre. Los dos uniformados, a quienes se les encontró con $40 mil, están con orden de prisión.
Para el ministro de Gobierno (e), Galo Chiribiga, los jueces serán quienes determinen la responsabilidad de los implicados, pues hay una comisión para sancionar las infracciones y nadie puede imputarlas sino a través de una sentencia. Rechazó el pedido de que el Estado asuma las deudas y entregó la lista de acreedores a los medios de comunicación. (EC)
Dos agentes están detenidos por llevarse $40 mil
Los policías implicados son: Milton Martínez Chamorro, relevado de la Comandancia de El Oro, porque además alteró el parte informativo de los acontecimientos ocurridos durante el saqueo; Édison SanPedro, quien también fue retirado de sus funciones hasta concluir la investigación
Los cabos segundos Iván César Bravo y Jorge Álvarez Aguirre, detenidos a órdenes del juzgado Segundo de lo Penal de Machala.
Los policías Edi Martínez Sánchez, Freddy Salazar Palacios y Wéllinton Riofrío Urbina, quienes están siendo sometidos a un tribunal de disciplina, que decidirá el grado de culpabilidad y cuya sanción máxima es la baja. La defensa es individual.
Ángel García Argüello, asumió la Comandancia de El Oro, era director de Educación de la Policía. (EC)
Fiscalía reacciona un año después de conocer ilícito
Quevedo receptó las declaraciones de 32 altos funcionarios locales y del país
El proceso de investigación para determinar a los responsables del manejo ilegal de millones de dólares (se habla entre $400 millones y $1 000 millones) está a cargo de la Fiscalía.
Al respecto, la fiscal subrogante, Cecilia Armas, dispuso una indagación previa en contra del superintendente de Bancos, Alejandro Maldonado; de los representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; y del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), por no haber tomado acciones en el caso del ex notario de Machala. De igual forma, anunció que se iniciará un sumario administrativo en contra del fiscal de El Oro, Francisco Quevedo, a quien acusó de negligencia por no haber continuado con la indagación abierta en diciembre de 2004, en contra de José Cabrera.
Quevedo, por su parte, solicitó la prisión de 22 personas (prófugas) que trabajaban con Cabrera, lo cual fue acogido por el presidente de la Corte subrogante Luis de los Reyes, acusados de posible lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y estafa. La indagación también incluye a los hijos de Cabrera, José y Carolina, quienes salieron del país, por lo que se pidió su ubicación con fines de extradición, según el fiscal. (PC)
Cuatro décadas en Notaría
Era conocido en el país como benefactor de "jugosos intereses"
Muy querido y respetado era "el doctor", "el abogadito" o "Cabrerita", tal como se conocía al notario Segundo de Machala y titular de la Federación de Notarios, José Cabrera Román.
Jurista de profesión hace 45 años y más conocido en el país como benefactor de "jugosos intereses" que por ocupar su cargo por cuatro décadas. Este personaje logró ser el custodio de cientos de millones de dólares de funcionarios, conocidos políticos y banqueros, y de miembros del Ejército y la Policía de todos los rangos.
Su muerte, el pasado 26 de octubre, sumió a sus clientes en la incertidumbre: por la devolución de sus dineros y por la clase de negocio que manejaba para cancelar puntualmente un 10% mensual por intereses.
Su negocio lo mantuvo por 20 años. Era manejado con hermetismo y paralelamente a sus funciones de notario en el mismo edificio donde funcionaba la Notaría (Ayacucho 1620 y Rocafuerte), a pocos pasos de la Procuraduría, La Corte Superior, el Municipio de Machala y la Fiscalía.
Según sus depositantes, en los últimos meses acceder a la "financiera fantasma" era muy difícil. Solo atendía a personas que venían de otras provincias y no de El Oro, y daba un papel con un turno para atender y entregar el dinero luego de un mes. "Sus secretarias pedían el 10% de comisión para acelerar el trámite", indica Norma Dueñas, una supuesta perjudicada.
Diez personas se encargaban del manejo de los depósitos y eran lideradas por la secretaria particular y compañera sentimental de Cabrera, Narcisa Anchundia. "Ella era déspota y no permitía que conversásemos, contemos dinero o hagamos ruido, y nos amenazaba con sacarnos del grupo", relató otro de los clientes.
"Cuando era la fecha de cobrar intereses, nos reunían en grupos en la terraza y nos daban el turno. Al llegar la hora, una de las secretarias cancelaba en efectivo la suma correspondiente y apuntaba en el pagaré la fecha del siguiente pago", explicó un antiguo cliente, Heriberto Mendoza. Antes se pagaba los intereses con cheques de los bancos Pichincha, del Austro y del Litoral y era Cabrera quien recibía los depósitos. En reportes bancarios de 2003 hay movimientos diarios de $800 mil.
Cuando empezó a pagar en efectivo, después de que los bancos cerraron sus cuentas, seis de las 10 personas actuaban como cajeras. "Demoraban hasta una hora en contar el dinero extraído de fajos de billetes de $5, $10 y $20", agrega Dueñas. Además, comentó que desde abril bajaron los intereses del 10% al 7% en septiembre, por falta de liquidez.
Una interrogante sobre el caso es el origen del negocio que los depositantes dijeron desconocer y que relacionaban con transacciones en bolsas internacionales y compra de bonos petroleros. Especialistas creen que no tienen relación con el caso y manejan otras dos teorías: la de lavado de dinero del narcotráfico y contrabando, y la piramidación de capitales.
En el primer caso y con resultados negativos, la DEA hizo una investigación entre 2001 y 2003. En el segundo, no comprobado, se habla de captación de recursos, de los que se extrae un porcentaje para pagar intereses e incrementarlo con nuevas captaciones. La tercera versión, sin pruebas, dice que cambiaba dólares por otras monedas donde ejercía el "chulco". (BMS)
Plata se esfuma en saqueo
Después de la muerte del notario José Cabrera, ocurrida el 25 de octubre, sus hijos, Carolina y José Manuel, intentaron mantener el negocio de la financiera ilegal, con normalidad; incluso llegaron a firmar varias letras de cambio. Sin embargo, un gran número de inversionistas pedía la devolución de sus dineros. Los reclamos crecían y, el miércoles 9 de noviembre, Carolina llamó a Óscar Granja, un empleado de la camaronera Orocamarón, de su propiedad, para que le ayude a entregar el dinero.
El jueves 10 y el viernes 11 de noviembre, desde las primeras horas de la mañana, las empleadas de Cabrera pagaron a los prestamistas. El dinero lo sacaban de los baños, cajones, anaqueles, gavetas y escritorios de una oficina del piso superior de la Notaría, donde funcionaba el negocio ilícito, mientras en las afueras del edificio, en los pasillos y en las oficinas, militares y policías resguardaban el lugar.
A las 16:00, comenzaron los primeros tropiezos y las empleadas del notario entraron en crisis, frente a los reclamos violentos de unos 50 acreedores. Ante los ruegos de las empleadas; los protestantes las dejaron salir del lugar, pero retuvieron a Granja, a quien le aseguraban que solo "saldría muerto".
Desde las 17:00, Granja reinició los pagos a quienes los uniformados les permitían entrar. A las 20:00 anunció que ya no había dinero en efectivo y que el lunes se reanudaría la devolución. Sin embargo, 70 personas, entre civiles, policías y militares, permanecían en la edificación. A partir de esa hora ingresó más personal del Ejército armado y uniformado con el pretexto de custodiar el lugar, según consta en las investigaciones.
A las 02:00 del sábado 12 de noviembre, ingresó otro grupo de militares con la excusa de realizar un patrullaje en la instalaciones, al tiempo que los acreedores que estaban adentro lograron abrir las puertas de la Notaría ubicada en el piso inferior, ahí encontraron más dinero y "a la fuerza" condujeron a Granja para que continuara pagando. Pero, sorpresivamente, dos uniformados tomaron la posta y comenzaron a devolver el dinero, en especial a sus compañeros. Todo esto se daba mientras Granja permanecía sentado en una butaca en un rincón de la oficina, por lo que aprovechó para escapar por un ventana trasera del edificio.
Mientras tanto, la muchedumbre que se encontraba en las afueras de la Notaría comenzó a protestar porque circuló la información de que unos 200 uniformados se llevaban el dinero. Ante ello, y al ver a la turba enfurecida que pretendía entrar a la Notaría, un grupo decidió salir bajándose por un árbol. Llegaron al patio de una vivienda y lograron escapar.
Los uniformados que se quedaron ayudaron a sacar la plata a las personas que habían cobrado. Es entonces cuando se descubre al policía Jorge Álvarez llevándose dinero.
En horas de la tarde de ese mismo día, el comandante de la Policía Milton Martínez, el fiscal y el gobernador de El Oro tomaron posesión de la Notaría y encontraron en la terraza de un local donde se jugaba billar, en el mismo edificio, una funda con dinero. Se desconoce el monto.
El fiscal ordenó que se requisara a todos los policías y al cabo Iván Bravo se le encuentra con $26 300. Él aseguró que el dinero se lo entregó un militar de apellido Cuasapas, para que lo ayude a sacar a cambio de una recompensa.
En la requisa dentro de la Notaría se encontró un uniforme militar con el apellido Enríquez, uno de la Policía de Tránsito de Machala y $370 mil. Al día siguiente, los hermanos Cabrera salieron el país y, dos días más tarde, deslindaron su responsabilidad.
La oficina quedó destrozada y ahora está bajo custodia policial. (MEC)
Perjudicados anuncian demanda internacional
Alfredo Palacio dijo que se investigará en todo nivel y no habrá espíritu de cuerpo
Unas 3 000 personas acudieron ayer a las instalaciones de la Feria Mundial del Banano de Machala para afinar una postura conjunta que presentarán en la demanda internacional contra el Estado.
Participaron perjudicados de Cabrera de todo el país. Se anunció que 4 350 personas constan en la lista del comité que lidera Paúl González. Según dijo, ellos representan depósitos de $92 millones. Al lugar acudió Jorge Zavala Egas, quien actuará como defensor.
Mostraron su inconformidad por el anuncio de la fiscal de enjuiciar a todos los que tenían dinero con el notario y pidieron explicaciones del por qué no inició acciones legales si ya conocía el caso.
Quieren que el Estado se responsabilice por las pérdidas de sus depósitos a través de los dineros y bienes incautados a Cabrera, sus hijos, y sus empleados.
En una carta, Carmita Gutiérrez, esposa del jefe de bloque de la ID, Jorge Sánchez, admitió ser una de las clientes de Cabrera y dijo que cuatro de sus hermanas pidieron hacer el depósito. Aclara: "No le conté a mi esposo el favor que hacía a mis hermanas". Sánchez dijo que el monto invertido por sus familiares sería de $70 mil. Agregó que prefirió hacer público el hecho antes de que se convierta en un caso de persecución política. (BMS/GFS)
Los militares eran los clientes favoritos
Para acceder al negocio se formaban grupos de hasta 10 personas
El comandante del Ala de Transporte n.º 11, Óscar Jácome y el subcomandante Pablo López, fueron relevados de sus funciones, luego de que se conoció la utilización de dos aviones (Sabreliner y Twin Otter) para el traslado de personal civil y militar a Machala, entre el 11 y 14 de noviembre, días del saqueo a la Notaría de Cabrera.
Además, un grupo de 11 uniformados afronta un consejo de disciplina y la separación de la institución, por haber protagonizado el incidente del saqueo, en el que presumiblemente se utilizaron armas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) para amedrentar a los empleados del ex notario.
Según declaraciones del jefe del Comando Conjunto, Manuel Zapater, en el negocio ilícito estarían involucrados alrededor de 6 000 uniformados, lo que representa el 20% del personal militar. Ellos serán identificados para colaborar con la investigación que realiza la justicia ordinaria.
Los militares y policías empezaron a conocer el negocio cuando permanecían en los destacamentos cercanos a Machala; luego se organizaron grupos e inclusive se formaban mini cooperativas, como en el caso de Guayaquil, en donde se reunían hasta 10 uniformados; cada uno entregaba un capital de $10 mil y aportaba con lo que podía cada semana en manos de un cajero, quien era el encargado de viajar a Machala y realizar la transacción de manera directa con José Cabrera. También participaban familiares y amigos. (PC)
Varios uniformados están involucrados en saqueo
En la lista constan los oficiales: Patricio González, Mario Miño, Fausto Rosas, Luis Llerena, Gustavo Espín, José Ochoa, Eduardo Granda, Francisco Moreno, Alfonso Espín, Ángel Zumba y el sargento Ariosto Rivera.
Rosas está en la lista de acreedores de Cabrera con una cuenta de $63 mil.
La investigación también incluye a los pasajeros, entre civiles y militares, que viajaron a Machala y de ahí a otras ciudades, entre el 11 y 14 de noviembre, a bordo de dos aeronaves. Ellos son: Pablo López (relevado del cargo), Oswaldo Espinosa, Fabián Duque, Carlos Córdova, Iván Bolaños, Carlos Sánchez, Byron Pardo, Luis Pérez, César Rivas, Kléber Sanmartín, Jorge Icaza, Germania Padilla, Wilson Romero, Manuel Córdova y Ana Lucía de Duque.
Los "peces gordos" están en las altas esferas
En la lista de acreedores del ex notario José Cabrera figura Nicolás Castro Patiño, candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien renunció, por el escándalo de haber depositado $15 mil.
Teodoro Cordero Jaramillo, presidente de la Corte de Justicia de Machala también apareció entre los depositantes, con el justificativo de que se trataba de un encargo de $15 mil de su hijo; sin embargo, de la información obtenida en el disco duro se desprende que habría hecho cinco depósitos que suman $85 mil. El miércoles por la noche renunció a sus funciones y en su reemplazo se nombró a Luis de los Reyes.
El gerente del Banco del Austro, Freddy Arévalo, también renunció a su puesto y la Superintendencia de Bancos investiga si captó dinero para vincularlo a la financiera ilegal de Cabrera.
Vicente Naranjo, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral señaló que conoció al ex notario por asuntos profesionales, que no peligra su cargo, pero admitió que invirtió recursos de su padre. El dinero depositado, aproximadamente $50 mil, logró recuperarlo la tarde del 11 de noviembre. Aseguró que no ha cometido ningún delito.
Milton Martínez, comandante de la Policía de El Oro, también invirtió con el notario y fue destituido por comandar el saqueo al edificio de la Notaría, entre el 11 y 12 de noviembre.
El alcalde de Machala, Carlos Falquez, también apareció vinculado a través de Miriam Aguilar Añazco, con un depósito de $30 mil. De igual forma Carlos Moncayo, hermano del alcalde de Quito, Paco Moncayo, pese a que negó ser parte del ilícito y manifestó estar dispuesto a una investigación.
Paúl González, presidente del Centro Agrícola de Machala, está al frente de la Junta de Acreedores y amenazó con enjuiciar al Estado para que los más de 27 000 depositantes recuperen su dinero.
Además, están comprometidos William Granda Montenegro, comandante de la Brigada 27 Bolívar; Paco Urrutia Ortega, ex comandante de la Policía; Norman Aguirre Carrión, concejal de Huaquillas; Ángel Aguinsaca, perito de la Corte Superior de Pichincha; Julio Aguilar Sánchez, ex alcalde del cantón Yantzaza; Gladis Carmona, esposa de José Gallardo Román, ex ministro de Defensa y ex candidato a la presidencia, entre otros. (PC)
Lista de policías involucrados llega a 539
La Jefatura de la entidad en El Oro pasó a manos de Ángel García
Un grupo de 539 policías está involucrado en el negocio del ex notario de Machala. De ellos, 68 son oficiales, 17 en servicio pasivo. Del personal de clase son 239 de servicio pasivo y el resto son de servicio activo.
Según el comandante de la Policía, José Vinueza, los involucrados están en un proceso de investigación que se inició los tribunales de disciplina, que culminarán el martes próximo, en los que se tiene que establecer el grado de involucramiento en el ilícito.
Aseguró que se ha depurado la lista y se conoce quiénes han invertido de los 37 mil efectivos que tiene la institución. Lo que le preocupa a Vinueza es que hay montos de $44 mil, por lo que es necesario investigar de dónde salió ese dinero. No descarta que sea un acumulado de varias personas.
Hasta el momento, son cinco policías que están procesados y dos que fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, básicamente por el operativo que se armó para retirar el dinero entre el 11 y 12 de noviembre. Los dos uniformados, a quienes se les encontró con $40 mil, están con orden de prisión.
Para el ministro de Gobierno (e), Galo Chiribiga, los jueces serán quienes determinen la responsabilidad de los implicados, pues hay una comisión para sancionar las infracciones y nadie puede imputarlas sino a través de una sentencia. Rechazó el pedido de que el Estado asuma las deudas y entregó la lista de acreedores a los medios de comunicación. (EC)
Dos agentes están detenidos por llevarse $40 mil
Los policías implicados son: Milton Martínez Chamorro, relevado de la Comandancia de El Oro, porque además alteró el parte informativo de los acontecimientos ocurridos durante el saqueo; Édison SanPedro, quien también fue retirado de sus funciones hasta concluir la investigación
Los cabos segundos Iván César Bravo y Jorge Álvarez Aguirre, detenidos a órdenes del juzgado Segundo de lo Penal de Machala.
Los policías Edi Martínez Sánchez, Freddy Salazar Palacios y Wéllinton Riofrío Urbina, quienes están siendo sometidos a un tribunal de disciplina, que decidirá el grado de culpabilidad y cuya sanción máxima es la baja. La defensa es individual.
Ángel García Argüello, asumió la Comandancia de El Oro, era director de Educación de la Policía. (EC)
Fiscalía reacciona un año después de conocer ilícito
Quevedo receptó las declaraciones de 32 altos funcionarios locales y del país
El proceso de investigación para determinar a los responsables del manejo ilegal de millones de dólares (se habla entre $400 millones y $1 000 millones) está a cargo de la Fiscalía.
Al respecto, la fiscal subrogante, Cecilia Armas, dispuso una indagación previa en contra del superintendente de Bancos, Alejandro Maldonado; de los representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; y del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), por no haber tomado acciones en el caso del ex notario de Machala. De igual forma, anunció que se iniciará un sumario administrativo en contra del fiscal de El Oro, Francisco Quevedo, a quien acusó de negligencia por no haber continuado con la indagación abierta en diciembre de 2004, en contra de José Cabrera.
Quevedo, por su parte, solicitó la prisión de 22 personas (prófugas) que trabajaban con Cabrera, lo cual fue acogido por el presidente de la Corte subrogante Luis de los Reyes, acusados de posible lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y estafa. La indagación también incluye a los hijos de Cabrera, José y Carolina, quienes salieron del país, por lo que se pidió su ubicación con fines de extradición, según el fiscal. (PC)
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