Quito. 11.02.92. Las políticas de ajuste económico aplicadas
por los gobiernos de la región para hacer frente a la crisis,
han priorizado las cuentas financieras sobre las cuentas
sociales, sostiene el sombrío informe de la Asociación
Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, sobre la
situación de los derechos humanos en 1991.
El informe de ALDHU, en el caso del Ecuador, señala que en
1991 se denunciaron tres muertes bajo custodia policial, ocho
homicidios atribuidos a fuerzas de seguridad, tres desalojos
de tierras y 15 casos de tortura bajo custodia policial.
El informe sobre el contexto regional, establece que se
incrementó el número de pobres en un 3% en relación a 1990, lo
que significa la incorporación de 18 millones de personas a
las ya existentes. Tenemos pues 200 millones de personas a
quienes les es negado el ejercicio de sus derechos económicos,
sociales y culturales consagrados tanto en instrumentos
internacionales como en la mayoría de las constituciones
nacionales de los países del continente.
En aras del ajuste económico, se han sacrificado las
inversiones en salud, educación y asistencia. Ello ha
provocado la disminución de hasta un 40% del número de camas
en los hospitales, la supresión de los servicios de asistencia
sanitaria rural, la suspensión de abastecimiento de medicinas
y fármacos en los centros hospitalarios y la creciente
privatización de la salud.
El informe del ALDHU, que tiene su sede en Quito, condena que
durante 1991 aumentaron las muertes por enfermedades
prevenibles en un 16%, afectando especialmente a los niños.
Agrega que se ha incrementado la deserción escolar temprana,
se ha deteriorado la calidad de la educación pública, se ha
estancado la construcción de escuelas, especialmente rurales,
han disminuido proporcionalmente las plazas para maestros de
enseñanza primaria.
Amenazas a la paz
Por otro lado el informe de ALDHU, indica que en 1991, el
terrorismo, el narcotráfico y los grupos paramilitares
aumentaron su accionar, provocando la muerte de miles de seres
humanos.
Colombia, Nicaragua, Perú y Chile son los países más afectados
por el terrorismo. Mientras, el incremento de las actividades
del narcotráfico y la magnitud de sus negocios, especialmente
en la región andina, le han dado un gran poder de penetración
y corrupción de las instituciones alterando la paz y las
economías de los países.
Otro fenómeno grave que altera y amenaza la paz regional,
según ALDHU, lo constituye el accionar de los grupos
paramilitares o bandas armadas, que utilizan infraestructura,
inteligencia y recursos del Estado, para la comisión de hechos
delictivos que van desde la ejecución extrajudicial de
dirigentes sociales en Colombia, a masacres de campesinos en
Perú, hasta secuestros extorsivos en Argentina o asesinatos de
niños en Brasil.
El informe señala que estos grupos generalmente se componen de
policías y militares en actividad o retirados, que utilizan
experiencia operativa obtenida durante el ejercicio oficial de
sus funciones armadas, y la ponen al servicio de estas
acciones de terror.
Por otro lado, el sicariato, práctica de la realización de
homicidios por encargo, constituye una de las peores formas de
criminalidad, por cuanto emplea generalmente a jóvenes
marginales para la ejecución de homicidios premeditados. Su
práctica se ha extendido desde Colombia, verificándose también
su empleo en Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela.
Justicia lenta
La creciente crisis económica, con sus consecuencias de
empobrecimiento y marginalización social, ha provocado en la
población un sentimiento de frustración y descreimiento en la
democracia.
La dirigencia política aparece imposibilitada de ofrecer
soluciones viables y creíbles para hacer frente a los
problemas que aquejan a vastos sectores de la población. Es
preocupante la extensión del clientelismo como forma de
relacionamiento político entre candidatos a dignidades
públicas y los electores, debilitándose el juego democrático y
el rol programático que debe tener el vínculo entre la clase
política y la sociedad, reduciendo esta relación a términos
exclusivamente de oferta electorera, dando paso al
asentamiento de la demagogia y al populismo como expresiones
supremas del quehacer político.
Al descreimiento en la democracia, contribuye también la
crisis de la administración de justicia. En la mayoría de los
países de la región "tenemos una justicia lenta e ineficiente,
con procesos dilatados y formalistas, que en los hechos no
cumple con su cometido de solucionar los conflictos".
Los sectores marginalizados no tienen acceso a los mecanismos,
recursos e instancias judiciales, no se observa el principio
de la gratuidad ni de celeridad imprescindible para no
constituirse en una forma de denegación de justicia.
Esta desconfianza en la administración de justicia y la crisis
policial, conjugadas con la crisis económica y social, son
algunas de las causas que han llevado a una creciente
privatización de la seguridad ciudadana. Verdaderas empresas
privadas de seguridad han pasado a ejercer un rol que es y
debe ser privativo del Estado por cuanto una de sus
principales facultades y deberes es garantizar la seguridad y
controlar las armas.
El informe de ALDHU, subraya además que los sistemas penales
han sido y son uno de los enclaves permanentes de violaciones
de los derechos humanos en el continente. Los policías
dependen del poder político, no existen policías
técnico-judiciales que utilicen métodos modernos y científicos
de investigación y pesquisa. Se siguen empleando la tortura y
los apremios físicos como instrumento de interrogatorio para
los detenidos.
Las cárceles constituyen el peor segmente del sistema penal,
cuentan con un altísimo número de presos sin sentencia y
muchos sin abogados defensores. No existe posibilidad alguna
de clasificación o tratamiento. Los presos permanecen
hacinados en condiciones infrahumanas, delincuentes consumados
con primarios sin sentencia o menores con adultos. Son
frecuentes los homicidios o agresiones entre internos, las
violaciones de presos y el homosexualismo forzado, así como el
tráfico de drogas. En ese medio la rehabilitación no es
posible. Allí sólo se inician o se afianzan carreras
delictivas. (5A)
por los gobiernos de la región para hacer frente a la crisis,
han priorizado las cuentas financieras sobre las cuentas
sociales, sostiene el sombrío informe de la Asociación
Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, sobre la
situación de los derechos humanos en 1991.
El informe de ALDHU, en el caso del Ecuador, señala que en
1991 se denunciaron tres muertes bajo custodia policial, ocho
homicidios atribuidos a fuerzas de seguridad, tres desalojos
de tierras y 15 casos de tortura bajo custodia policial.
El informe sobre el contexto regional, establece que se
incrementó el número de pobres en un 3% en relación a 1990, lo
que significa la incorporación de 18 millones de personas a
las ya existentes. Tenemos pues 200 millones de personas a
quienes les es negado el ejercicio de sus derechos económicos,
sociales y culturales consagrados tanto en instrumentos
internacionales como en la mayoría de las constituciones
nacionales de los países del continente.
En aras del ajuste económico, se han sacrificado las
inversiones en salud, educación y asistencia. Ello ha
provocado la disminución de hasta un 40% del número de camas
en los hospitales, la supresión de los servicios de asistencia
sanitaria rural, la suspensión de abastecimiento de medicinas
y fármacos en los centros hospitalarios y la creciente
privatización de la salud.
El informe del ALDHU, que tiene su sede en Quito, condena que
durante 1991 aumentaron las muertes por enfermedades
prevenibles en un 16%, afectando especialmente a los niños.
Agrega que se ha incrementado la deserción escolar temprana,
se ha deteriorado la calidad de la educación pública, se ha
estancado la construcción de escuelas, especialmente rurales,
han disminuido proporcionalmente las plazas para maestros de
enseñanza primaria.
Amenazas a la paz
Por otro lado el informe de ALDHU, indica que en 1991, el
terrorismo, el narcotráfico y los grupos paramilitares
aumentaron su accionar, provocando la muerte de miles de seres
humanos.
Colombia, Nicaragua, Perú y Chile son los países más afectados
por el terrorismo. Mientras, el incremento de las actividades
del narcotráfico y la magnitud de sus negocios, especialmente
en la región andina, le han dado un gran poder de penetración
y corrupción de las instituciones alterando la paz y las
economías de los países.
Otro fenómeno grave que altera y amenaza la paz regional,
según ALDHU, lo constituye el accionar de los grupos
paramilitares o bandas armadas, que utilizan infraestructura,
inteligencia y recursos del Estado, para la comisión de hechos
delictivos que van desde la ejecución extrajudicial de
dirigentes sociales en Colombia, a masacres de campesinos en
Perú, hasta secuestros extorsivos en Argentina o asesinatos de
niños en Brasil.
El informe señala que estos grupos generalmente se componen de
policías y militares en actividad o retirados, que utilizan
experiencia operativa obtenida durante el ejercicio oficial de
sus funciones armadas, y la ponen al servicio de estas
acciones de terror.
Por otro lado, el sicariato, práctica de la realización de
homicidios por encargo, constituye una de las peores formas de
criminalidad, por cuanto emplea generalmente a jóvenes
marginales para la ejecución de homicidios premeditados. Su
práctica se ha extendido desde Colombia, verificándose también
su empleo en Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela.
Justicia lenta
La creciente crisis económica, con sus consecuencias de
empobrecimiento y marginalización social, ha provocado en la
población un sentimiento de frustración y descreimiento en la
democracia.
La dirigencia política aparece imposibilitada de ofrecer
soluciones viables y creíbles para hacer frente a los
problemas que aquejan a vastos sectores de la población. Es
preocupante la extensión del clientelismo como forma de
relacionamiento político entre candidatos a dignidades
públicas y los electores, debilitándose el juego democrático y
el rol programático que debe tener el vínculo entre la clase
política y la sociedad, reduciendo esta relación a términos
exclusivamente de oferta electorera, dando paso al
asentamiento de la demagogia y al populismo como expresiones
supremas del quehacer político.
Al descreimiento en la democracia, contribuye también la
crisis de la administración de justicia. En la mayoría de los
países de la región "tenemos una justicia lenta e ineficiente,
con procesos dilatados y formalistas, que en los hechos no
cumple con su cometido de solucionar los conflictos".
Los sectores marginalizados no tienen acceso a los mecanismos,
recursos e instancias judiciales, no se observa el principio
de la gratuidad ni de celeridad imprescindible para no
constituirse en una forma de denegación de justicia.
Esta desconfianza en la administración de justicia y la crisis
policial, conjugadas con la crisis económica y social, son
algunas de las causas que han llevado a una creciente
privatización de la seguridad ciudadana. Verdaderas empresas
privadas de seguridad han pasado a ejercer un rol que es y
debe ser privativo del Estado por cuanto una de sus
principales facultades y deberes es garantizar la seguridad y
controlar las armas.
El informe de ALDHU, subraya además que los sistemas penales
han sido y son uno de los enclaves permanentes de violaciones
de los derechos humanos en el continente. Los policías
dependen del poder político, no existen policías
técnico-judiciales que utilicen métodos modernos y científicos
de investigación y pesquisa. Se siguen empleando la tortura y
los apremios físicos como instrumento de interrogatorio para
los detenidos.
Las cárceles constituyen el peor segmente del sistema penal,
cuentan con un altísimo número de presos sin sentencia y
muchos sin abogados defensores. No existe posibilidad alguna
de clasificación o tratamiento. Los presos permanecen
hacinados en condiciones infrahumanas, delincuentes consumados
con primarios sin sentencia o menores con adultos. Son
frecuentes los homicidios o agresiones entre internos, las
violaciones de presos y el homosexualismo forzado, así como el
tráfico de drogas. En ese medio la rehabilitación no es
posible. Allí sólo se inician o se afianzan carreras
delictivas. (5A)
Más en el