Esta semana será clave para el interés del Gobierno de mejorar su imagen en momentos que el presidente Lucio Gutiérrez afronta un juicio político impulsado por el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, Pachakutik y el MPD.
En esa dirección, hoy, habrá una sesión de Gabinete donde se espera lanzar la tarjeta de salud, con la cual los aproximadamente 1 200 000 beneficiaros del bono solidario podrán recibir atención médica en cualquier hospital o casa de salud pública.
Este sistema entrará en funcionamiento en los próximos días. En la sesión de Gabinete, a las 16:00, también se coordinarán las acciones del Gobierno y sus funcionarios para articular la defensa del Presidente, dijo una fuente del Palacio.
Asimismo mañana Lucio Gutiérrez ofrecerá una conferencia en la Escuela Superior Politécnica del Ejército, Espe, cuya temática versa sobre El Ecuador y su visión de futuro, donde posiblemente se refiera al tema del juicio.
Mientras tanto, el Partido Social Cristiano y las otras fuerzas que promueven el juicio mantendrán reuniones con el fin de coordinar la conformación la comisión especialísima del Congreso que será encargada de elaborar un informe de admisibilidad para el juicio político. Se supone que dicha comisión estará lista a finales de esta semana.
Se ha calculado que el juicio iniciará dentro de 30 ó 45 días mínimo. Hasta que eso ocurra, cada sector tratará de afinar sus estrategias.
El Gobierno seguirá en su línea de acusar a la oposición de pretender romper la democracia y de proyectar la idea de que el socialcristiano León Febres Cordero lleva a delante este proceso en represalia por los intentos de cobrar las deudas de sus parientes con el Estado. La lógica de cada bando está en este informe.
Si fuera resolución
La renuncia
El artículo 167 establece que el Presidente dejará el cargo por renuncia aceptada por el Congreso; por incapacidad física o mental que le impida ejercer el cargo, legalmente comprobada y declarada por el Congreso, y por abandono del cargo, declarado por el Congreso.
Por siempre mayoría
En los tres casos, la resolución del Legislativo se adoptará con el voto de la mayoría de los diputados concurrentes a la sesión y no de las dos terceras partes (67).
El caso Bucaram
El ex presidente Abdalá Bucaram fue destituido mediante resolución, por incapacidad mental para gobernar.
Basta del quórum
Si el quórum es de 51 y si ese número de diputados está presente, la resolución se aprobará con 26 votos. Pero lo que está en trámite es el juicio.
Los ánimos van por el juicio
La Constitución prevé dos mecanismos para sacar del cargo al Presidente de la República, aunque con causales diferentes. Uno es mediante juicio político y otro a través de simple resolución, como se hizo contra Bucaram.
En el primer caso, que ha sido el escogido, el artículo 130, numeral 9, contempla que el Presidente solo podrá ser enjuiciado políticamente por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
La censura y destitución podrá resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, es decir, 67, pues 100 diputados conforman actualmente la Función Legislativa. La norma además señala que no será necesario enjuiciamiento penal para iniciar este proceso.
El Gobierno se victimiza con un golpe
Lucio Gutiérrez intenta hacer aparecer el juicio político en su contra como un arma de la oposición para desestabilizar la democracia.
Bajo esta táctica de defensa, ha logrado prender alertas hasta en los países vecinos que, por pedido del canciller Patricio Zuquilanda, se han comprometido a mediar en los enfrentamientos políticos.
La estrategia gubernamental ha sido criticada por opositores y formadores de opinión. No solo por las gestiones del Canciller durante la Cumbre de Río, el jueves pasado. Sino, por la equívoca percepción con la cual Gutiérrez, aparentemente, entiende al juicio.
El ex ministro de Gobierno de Jamil Mahuad, Vladimiro Álvarez, insiste en que el juicio político está perfectamente amparado en la Constitución y que, por lo tanto, la democracia no puede verse afectada.
Este un proceso fiscalizador al que la oposición tiene derecho a acceder dentro del juego político, puntualiza por su lado Marco Navas, jurista y catedrático universitario.
Para el Régimen, este principio legal, no tiene discusión. El viernes pasado, el propio subsecretario jurídico, Carlos Larrea, reconoció que el enjuiciamiento es recurso válido y que ante ello, el Gobierno no pone reparos. Sin embargo, pide que éste se enmarque dentro de las disposiciones legales.
Larrea recuerda que el enjuiciamiento político al Mandatario se debe dar por comisión de un delito. Para eso necesitamos que un juez competente, en este caso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo determine.
La exigencia del Régimen a este requisito aún no es el motivo de la verdadera polémica. Según el propio Larrea, el proceso como tal puede seguir su curso y, a medida que este avance, el criterio de la CJS deberá incluirse. Además, el Presidente cuenta con la certeza de que en el Congreso no hay los votos para destituirlo.
Entonces, ¿qué le preocupa al Presidente? La retaliación política del grupo económico de León Febres Cordero porque se les han cobrado las deudas, según el Gobierno.
En ese punto, fuentes del Palacio de Gobierno recuerdan que el propio líder socialcristiano decía que debemos aguantarnos a Gutiérrez dos años más. Pero que cuando se denunció a su yerno, Miguel Orellana, de robo de energía, decidió iniciar el juicio.
Los enfrentamientos políticos preocupan a Navas, a pesar de que asegura que el juicio político irá avanzando conforme se presenten las pruebas contundentes que acusen o absuelvan al Gobierno, como los informes de la Contraloría.
Álvarez, desde una perspectiva más política, asegura que el Gobierno hace mal en desesperarse. Conspiración es lo que Gutiérrez hizo el 21 de enero del 2000 y su trauma del golpismo le persigue. El juicio es un proceso que toma su tiempo y para llegar a los 67 votos de condena, hay que agotar muchas instancias.
Lejos de que Febres Cordero tenga o no una venganza personal, el ex Ministro censura el proselitismo que hizo Gutiérrez en la campaña. Es una respuesta muy irresponsable de él, decir que como Febres Cordero también actuó así en su gobierno, no tiene calidad moral para cuestionarlo.
Navas dice no defender para nada a Febres Cordero. Pero su alta votación le da la legitimidad para hacer oposición desde el Congreso.
El dato
La Constitución y las leyes orgánicas le garantizan al Régimen cierta tranquilidad, mientras la correlación de votos no cambie.
La minoría a la espera de la prueba reina
Los escenarios por fuera del Congreso que se le presentan a la coalición de organizaciones políticas de oposición al Gobierno para sacar del cargo al presidente Lucio Gutiérrez no son muy alentadores.
A juzgar por las declaraciones de diputados del PSC, ID, Pachakutik y MPD, que solicitaron el enjuiciamiento político del Jefe de Estado, el primer objetivo es llevar al banquillo a Gutiérrez para que responda por los supuestos delitos contra la seguridad del Estado y peculado.
Una vez ahí, pretenden presentar pruebas contundentes para arrastrar a los partidos que están en contra del juicio como el PRE y el Prian a destituir al Presidente.
Mientras eso no ocurra parece muy difícil convencer al Prian y al PRE porque ambas organizaciones ya han comprometido públicamente su negativa a sumarse al juicio y porque entienden que el juicio finalmente es una estrategia de Febres Cordero para construir su plataforma electoral.
A menos que aparezca alguna prueba de escándalo, que los acusadores hipotéticamente tienen bajo la manga, será muy difícil involucrar al PRE y al Prian.
En ese sentido la estrategia de Carondelet ha tenido cierto éxito. Consiste, básicamente, en hacer aparecer al juicio como una aventura personal de León Febres Cordero. Con esa fórmula incluso logra que la ID o Pachakutik, miren con cierto recelo a sus socios del juicio: los socialcristianos.
De otra parte, el Presidente aparentemente tiene las de ganar en este proceso político si se analiza el aparato jurídico. La Constitución, que según el criterio del socialcristiano Luis Fernando Torres, es excesivamente presidencialista, protege al Jefe de Estado.
La idea de plantear un enjuiciamiento penal en su contra se bloquea con la norma del artículo 130, numeral 10. Allí contempla que para esa acción se requiere la autorización previa del Congreso, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes (67 votos).
La Ley Orgánica de la Contraloría prevé que un eventual informe de ese organismo de control en el cual se establezcan presunciones de responsabilidad penal del Presidente por el delito de peculado, por la utilización indebida de recursos y bienes públicos durante la reciente campaña electoral, deberá pasar a la Fiscalía General y con esa base se puede emitir un dictamen fiscal y este pronunciamiento luego será remitido al juez competente, esto es al Presidente de la Corte Suprema, quien deberá solicitar la autorización del Congreso para iniciar el enjuiciamiento penal.
Pero en el caso de que los acusadores tomen como prueba el informe que pudiera emitir la Contraloría, por ser documento público, como colige el diputado Torres, el Gobierno y sus aliados en el Congreso (PRE y Prian) argumentarán que ese informe es politizado, como anticipó la legisladora Silka Sánchez, de la lista 7.
El contralor subrogante, Genaro Peña, fue acusado, hace más de un año, por el PRE y Prian, inclusive por la ID y Pachakutik, de responder a los intereses de los socialcristianos. Fue cuando el Congreso intentó infructuosamente elegir la terna para Contralor en reemplazo de Alfredo Corral, quien dejó el cargo el 31 de enero del 2003. Un informe de Contraloría tendría, entonces, un desprestigio natural.
El meollo
En la orilla opositora están convencidos de que para arrastrar al PRE y al Prian se necesita un escándalo mayor del Gobierno.
En esa dirección, hoy, habrá una sesión de Gabinete donde se espera lanzar la tarjeta de salud, con la cual los aproximadamente 1 200 000 beneficiaros del bono solidario podrán recibir atención médica en cualquier hospital o casa de salud pública.
Este sistema entrará en funcionamiento en los próximos días. En la sesión de Gabinete, a las 16:00, también se coordinarán las acciones del Gobierno y sus funcionarios para articular la defensa del Presidente, dijo una fuente del Palacio.
Asimismo mañana Lucio Gutiérrez ofrecerá una conferencia en la Escuela Superior Politécnica del Ejército, Espe, cuya temática versa sobre El Ecuador y su visión de futuro, donde posiblemente se refiera al tema del juicio.
Mientras tanto, el Partido Social Cristiano y las otras fuerzas que promueven el juicio mantendrán reuniones con el fin de coordinar la conformación la comisión especialísima del Congreso que será encargada de elaborar un informe de admisibilidad para el juicio político. Se supone que dicha comisión estará lista a finales de esta semana.
Se ha calculado que el juicio iniciará dentro de 30 ó 45 días mínimo. Hasta que eso ocurra, cada sector tratará de afinar sus estrategias.
El Gobierno seguirá en su línea de acusar a la oposición de pretender romper la democracia y de proyectar la idea de que el socialcristiano León Febres Cordero lleva a delante este proceso en represalia por los intentos de cobrar las deudas de sus parientes con el Estado. La lógica de cada bando está en este informe.
Si fuera resolución
La renuncia
El artículo 167 establece que el Presidente dejará el cargo por renuncia aceptada por el Congreso; por incapacidad física o mental que le impida ejercer el cargo, legalmente comprobada y declarada por el Congreso, y por abandono del cargo, declarado por el Congreso.
Por siempre mayoría
En los tres casos, la resolución del Legislativo se adoptará con el voto de la mayoría de los diputados concurrentes a la sesión y no de las dos terceras partes (67).
El caso Bucaram
El ex presidente Abdalá Bucaram fue destituido mediante resolución, por incapacidad mental para gobernar.
Basta del quórum
Si el quórum es de 51 y si ese número de diputados está presente, la resolución se aprobará con 26 votos. Pero lo que está en trámite es el juicio.
Los ánimos van por el juicio
La Constitución prevé dos mecanismos para sacar del cargo al Presidente de la República, aunque con causales diferentes. Uno es mediante juicio político y otro a través de simple resolución, como se hizo contra Bucaram.
En el primer caso, que ha sido el escogido, el artículo 130, numeral 9, contempla que el Presidente solo podrá ser enjuiciado políticamente por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
La censura y destitución podrá resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, es decir, 67, pues 100 diputados conforman actualmente la Función Legislativa. La norma además señala que no será necesario enjuiciamiento penal para iniciar este proceso.
El Gobierno se victimiza con un golpe
Lucio Gutiérrez intenta hacer aparecer el juicio político en su contra como un arma de la oposición para desestabilizar la democracia.
Bajo esta táctica de defensa, ha logrado prender alertas hasta en los países vecinos que, por pedido del canciller Patricio Zuquilanda, se han comprometido a mediar en los enfrentamientos políticos.
La estrategia gubernamental ha sido criticada por opositores y formadores de opinión. No solo por las gestiones del Canciller durante la Cumbre de Río, el jueves pasado. Sino, por la equívoca percepción con la cual Gutiérrez, aparentemente, entiende al juicio.
El ex ministro de Gobierno de Jamil Mahuad, Vladimiro Álvarez, insiste en que el juicio político está perfectamente amparado en la Constitución y que, por lo tanto, la democracia no puede verse afectada.
Este un proceso fiscalizador al que la oposición tiene derecho a acceder dentro del juego político, puntualiza por su lado Marco Navas, jurista y catedrático universitario.
Para el Régimen, este principio legal, no tiene discusión. El viernes pasado, el propio subsecretario jurídico, Carlos Larrea, reconoció que el enjuiciamiento es recurso válido y que ante ello, el Gobierno no pone reparos. Sin embargo, pide que éste se enmarque dentro de las disposiciones legales.
Larrea recuerda que el enjuiciamiento político al Mandatario se debe dar por comisión de un delito. Para eso necesitamos que un juez competente, en este caso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo determine.
La exigencia del Régimen a este requisito aún no es el motivo de la verdadera polémica. Según el propio Larrea, el proceso como tal puede seguir su curso y, a medida que este avance, el criterio de la CJS deberá incluirse. Además, el Presidente cuenta con la certeza de que en el Congreso no hay los votos para destituirlo.
Entonces, ¿qué le preocupa al Presidente? La retaliación política del grupo económico de León Febres Cordero porque se les han cobrado las deudas, según el Gobierno.
En ese punto, fuentes del Palacio de Gobierno recuerdan que el propio líder socialcristiano decía que debemos aguantarnos a Gutiérrez dos años más. Pero que cuando se denunció a su yerno, Miguel Orellana, de robo de energía, decidió iniciar el juicio.
Los enfrentamientos políticos preocupan a Navas, a pesar de que asegura que el juicio político irá avanzando conforme se presenten las pruebas contundentes que acusen o absuelvan al Gobierno, como los informes de la Contraloría.
Álvarez, desde una perspectiva más política, asegura que el Gobierno hace mal en desesperarse. Conspiración es lo que Gutiérrez hizo el 21 de enero del 2000 y su trauma del golpismo le persigue. El juicio es un proceso que toma su tiempo y para llegar a los 67 votos de condena, hay que agotar muchas instancias.
Lejos de que Febres Cordero tenga o no una venganza personal, el ex Ministro censura el proselitismo que hizo Gutiérrez en la campaña. Es una respuesta muy irresponsable de él, decir que como Febres Cordero también actuó así en su gobierno, no tiene calidad moral para cuestionarlo.
Navas dice no defender para nada a Febres Cordero. Pero su alta votación le da la legitimidad para hacer oposición desde el Congreso.
El dato
La Constitución y las leyes orgánicas le garantizan al Régimen cierta tranquilidad, mientras la correlación de votos no cambie.
La minoría a la espera de la prueba reina
Los escenarios por fuera del Congreso que se le presentan a la coalición de organizaciones políticas de oposición al Gobierno para sacar del cargo al presidente Lucio Gutiérrez no son muy alentadores.
A juzgar por las declaraciones de diputados del PSC, ID, Pachakutik y MPD, que solicitaron el enjuiciamiento político del Jefe de Estado, el primer objetivo es llevar al banquillo a Gutiérrez para que responda por los supuestos delitos contra la seguridad del Estado y peculado.
Una vez ahí, pretenden presentar pruebas contundentes para arrastrar a los partidos que están en contra del juicio como el PRE y el Prian a destituir al Presidente.
Mientras eso no ocurra parece muy difícil convencer al Prian y al PRE porque ambas organizaciones ya han comprometido públicamente su negativa a sumarse al juicio y porque entienden que el juicio finalmente es una estrategia de Febres Cordero para construir su plataforma electoral.
A menos que aparezca alguna prueba de escándalo, que los acusadores hipotéticamente tienen bajo la manga, será muy difícil involucrar al PRE y al Prian.
En ese sentido la estrategia de Carondelet ha tenido cierto éxito. Consiste, básicamente, en hacer aparecer al juicio como una aventura personal de León Febres Cordero. Con esa fórmula incluso logra que la ID o Pachakutik, miren con cierto recelo a sus socios del juicio: los socialcristianos.
De otra parte, el Presidente aparentemente tiene las de ganar en este proceso político si se analiza el aparato jurídico. La Constitución, que según el criterio del socialcristiano Luis Fernando Torres, es excesivamente presidencialista, protege al Jefe de Estado.
La idea de plantear un enjuiciamiento penal en su contra se bloquea con la norma del artículo 130, numeral 10. Allí contempla que para esa acción se requiere la autorización previa del Congreso, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes (67 votos).
La Ley Orgánica de la Contraloría prevé que un eventual informe de ese organismo de control en el cual se establezcan presunciones de responsabilidad penal del Presidente por el delito de peculado, por la utilización indebida de recursos y bienes públicos durante la reciente campaña electoral, deberá pasar a la Fiscalía General y con esa base se puede emitir un dictamen fiscal y este pronunciamiento luego será remitido al juez competente, esto es al Presidente de la Corte Suprema, quien deberá solicitar la autorización del Congreso para iniciar el enjuiciamiento penal.
Pero en el caso de que los acusadores tomen como prueba el informe que pudiera emitir la Contraloría, por ser documento público, como colige el diputado Torres, el Gobierno y sus aliados en el Congreso (PRE y Prian) argumentarán que ese informe es politizado, como anticipó la legisladora Silka Sánchez, de la lista 7.
El contralor subrogante, Genaro Peña, fue acusado, hace más de un año, por el PRE y Prian, inclusive por la ID y Pachakutik, de responder a los intereses de los socialcristianos. Fue cuando el Congreso intentó infructuosamente elegir la terna para Contralor en reemplazo de Alfredo Corral, quien dejó el cargo el 31 de enero del 2003. Un informe de Contraloría tendría, entonces, un desprestigio natural.
El meollo
En la orilla opositora están convencidos de que para arrastrar al PRE y al Prian se necesita un escándalo mayor del Gobierno.
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