La denuncia de la existencia de una central de inteligencia militar clandestina, que presuntamente operaba desde un local de fachada y tenía en la mira, entre otros, a los negociadores del Gobierno en las FARC, sacude la política colombiana.
Ese nuevo escándalo, revelado por la revista Semana.com, estalla cuando el país no conoce una sola condena por las escuchas ilegales de 2009 en el seno del desarticulado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Al tratarse de una conspiración, al parecer, urdida por unidades de inteligencia militar sin el consentimiento del Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos condenó el hecho y exigió una investigación a fondo del caso.
Santos lo atribuyó a fuerzas oscuras que quiere boicotear el proceso de paz con las FARC. Sin embargo, el presidente dijo que el uso de fachadas para realizar labores de inteligencia es lícito.
Ayer, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció el relevo del jefe de Inteligencia del Ejército, Mauricio Ricardo, y de Óscar Zuluaga, director de la Central de Inteligencia Técnica.
Tras una prolongada reunión con el fiscal general, Eduardo Montealegre, Pinzón dijo que ayer se abrió una investigación disciplinaria del caso. Al término de la próxima semana habrá un informe con los resultados.
Añadió que la Justicia Penal Militar ha abierto sus investigaciones preliminares, paralelas a la de la Fiscalía, que busca establecer si hubo extralimitación de funciones por parte de miembros de la inteligencia militar.
Según Semana, un capitán que pertenece al batallón de Inteligencia Técnica del Ejército Número 1 dirigió desde septiembre de 2012 un centro de interceptación en un local que funcionaba como restaurante y escuela de informática para hackers.
Los supuestos espías interceptaban correos electrónicos, bases de datos y comunicaciones por teléfono celular en programas de mensajería instantánea.
Entre ellos había militares y civiles reclutados en convenciones informáticas y, entre los blancos, un grupo de activistas y políticos de izquierda, como la exsenadora Piedad Córdoba y el representante a la Cámara Iván Cepeda.
También representantes del Gobierno en las conversaciones de paz con las FARC en Cuba: el jefe negociador, Humberto de la Calle; el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y el activista Alejandro Eder. Según El Tiempo, la Fiscalía y la Policía también fueron interceptadas. (EFE)
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