Quito. 5 ene 2001. Las autoridades económicas guardan total hermetismo
sobre el tema Filanbanco y su fortalecimiento.
Jefrey Franks, representante en Ecuador del Fondo Monetario Internacional
(FMI) se sumó al equipo de autoridades económicas y financieras que,
ayer, continuaron, por novena semana consecutiva, el análisis de la
capitalización del Filanbanco. También habría participado, vía telefónica
desde Washington, John Thornton, jefe de la misión técnica del organismo.
Su presencia, según dijeron fuentes oficiales, obedece a que uno de los
compromisos del Gobierno, en el marco de la Carta de Intención, suscrita
en abril de 1999, es el de "recapitalizar a los bancos viables, pero
descapitalizados de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), mediante
la emisión de bonos del Gobierno".
Así consta textualmente en el numeral 37 del VI capítulo de la Carta,
referente a la Restructuración del Sistema Financiero. La decisión sobre
si la operación se realiza o no, le corresponde al ministro de Economía,
Jorge Gallardo.
Una vez que el secretario de Estado lo haya decidido, hecho que ocurriría
en el transcurso de la próxima semana, deberá solicitar el visto bueno
del procurador del Estado, Ramón Jiménez y del Directorio del Banco
Central del Ecuador (BCE), tal como lo dispone la Ley de Administración
Financiera y Control (Loafic).
Henry Cucalón, secretario general de la Procuraduría, asegura que, hasta
ayer, la entidad no había receptado ningún pedido oficial en ese sentido:
"cuando llegue estudiaremos el caso para determinar si procede o no la
emisión".
Cucalón señala que, dada la importancia del tema, el pronunciamiento de
Jiménez no tardará más de 48 horas, aunque la misma ley le otorga un
plazo de 15 días para resolverlo.
El funcionario prefiere no comentar sobre la conveniencia o no de la
emisión, pues considera prudente esperar la solicitud de Gallardo, para
analizar los argumentos en que se basa su petición.
José Luis Icaza, presidente del Directorio del BCE, se negó, entre tanto,
a opinar sobre el caso Filanbanco mientras no llegue a su escritorio la
solicitud del Ministerio de Economía, por considerarlo "un tema muy
delicado".
En el referido capítulo VI de la Carta de Intención, el Gobierno también
se comprometió ante el FMI, el Banco Mundial y la Corporación Andina de
Fomento, organismos que financian el plan de fortalecimiento de la banca,
a aplicar una estrategia para restructurar y reformar al sector, al menor
costo fiscal.
El FMI también recomienda la adopción de medidas adicionales, para
permitir que los bancos puedan operar temporalmente con un capital
inferior al mínimo de 9%, a condición de que se sometan a planes de
recapitalización y rehabilitación, en el corto plazo, y aprobados por la
Superintendencia de Bancos.
Otra acción clave dentro de la Carta, que debió cumplirse en abril
pasado, es la ejecución de un plan integral de restructuración de las
deudas, que empresas y personas mantienen con el sistema financiero, a
fin de mejorar el flujo de caja del sector productivo y la calidad de los
activos. Este procedimiento no se ha cumplido en la banca estatizada, por
la ausencia de un mecanismo y reglamento adecuados, mientras la privada
ha impulsado acuerdos voluntarios con sus deudores.
Incautacion
- El presidente de la República, Gustavo Noboa, realizó una solicitud,
por escrito, a la ministra fiscal general, Mariana Yépez, para que se
incauten los bienes de quienes posean más del 6% del paquete accionario o
de los administradores que hayan incurrido en infracciones a la Ley
General de Instituciones del sistema financiero.
- Tal medida puede, según la Ley (artículo 167 de la Ley, reformado por
el artículo 30 de la Ley de Transformación Económica), adoptarla un juez
de lo Penal luego de recibir la denuncia de la Superintendencia de Bancos
referida a irregularidades en una institución financiera, o la excitativa
del Ministerio Público.
- Además, solicita que los bienes incautados sean entregados en depósito
provisional a la Agencia de Garantía de Depósitos.
- El capítulo VI de la Carta de Intención negociada por el Ecuador con el
Fondo Monetario Internacional destaca que la restructuración de la banca
es vital para respaldar la recuperación económica del país y la base de
una sólida gestión macroeconómica.
- El artículo 36 establece que, para diciembre de 2001, se deberán
redefinir los requisitos de capital, de conformidad con las normas de
Basilea; que se adecuarán las normas sobre calificación de préstamos y
constitución de reservas a las normas internacionales.
Banca privada sí restructura deudas
Fernando Vivero, presidente de la Asociación de Bancos Privados del
Ecuador (ABPE), califica como irresponsables las declaraciónes de Rolando
Lebed, vicepresidente de Mercadeo del Filanbanco, en las que asegura que
"los bancos privados también deben someterse a procesos de
recapitalización".
Vivero asegura que, durante 2000, las entidades agrupadas en el sistema
financiero privado se sometieron a las regulaciones dictadas por la
Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria, para garantizar el
fortalecimiento de su patrimonio y hacer mayores provisiones sobre los
activos de riesgo.
Acciones que le permiten al representante asegurar que la banca privada
está en capacidad de responder por las obligaciones con sus depositantes.
Vivero señala que luego de la crisis de 1999, los privados se han
esforzado para mejorar su patrimonio mediante tres acciones: ingreso de
dinero fresco, no retiro de utilidades e incremento de provisiones para
respaldar activos de riesgo.
Respecto del problema de la cartera vencida que, según Lebed, afecta a
toda la banca pública y privada, el titular de la ABPE advierte que sí
existe un reglamento para la restructuración de pasivos, que fue
elaborado por la Junta Bancaria, aunque resultó inaplicable.
No obstante, Vivero señala que los bancos privados impulsaron acuerdos
voluntarios con sus deudores, para reprogramar sus pasivos y sanear la
cartera vencida, gracias a lo cual el rubro que a diciembre de 1999
representaba el 25% del total de la cartera, a la fecha se habría
reducido al 10%.
Vivero indica que al contabilizar el índice de patrimonio con respecto a
los activos de riesgo, todas la entidades privadas están sobre el mínimo
del 9% exigido por Ley. (MEV) (Diario Hoy)
sobre el tema Filanbanco y su fortalecimiento.
Jefrey Franks, representante en Ecuador del Fondo Monetario Internacional
(FMI) se sumó al equipo de autoridades económicas y financieras que,
ayer, continuaron, por novena semana consecutiva, el análisis de la
capitalización del Filanbanco. También habría participado, vía telefónica
desde Washington, John Thornton, jefe de la misión técnica del organismo.
Su presencia, según dijeron fuentes oficiales, obedece a que uno de los
compromisos del Gobierno, en el marco de la Carta de Intención, suscrita
en abril de 1999, es el de "recapitalizar a los bancos viables, pero
descapitalizados de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), mediante
la emisión de bonos del Gobierno".
Así consta textualmente en el numeral 37 del VI capítulo de la Carta,
referente a la Restructuración del Sistema Financiero. La decisión sobre
si la operación se realiza o no, le corresponde al ministro de Economía,
Jorge Gallardo.
Una vez que el secretario de Estado lo haya decidido, hecho que ocurriría
en el transcurso de la próxima semana, deberá solicitar el visto bueno
del procurador del Estado, Ramón Jiménez y del Directorio del Banco
Central del Ecuador (BCE), tal como lo dispone la Ley de Administración
Financiera y Control (Loafic).
Henry Cucalón, secretario general de la Procuraduría, asegura que, hasta
ayer, la entidad no había receptado ningún pedido oficial en ese sentido:
"cuando llegue estudiaremos el caso para determinar si procede o no la
emisión".
Cucalón señala que, dada la importancia del tema, el pronunciamiento de
Jiménez no tardará más de 48 horas, aunque la misma ley le otorga un
plazo de 15 días para resolverlo.
El funcionario prefiere no comentar sobre la conveniencia o no de la
emisión, pues considera prudente esperar la solicitud de Gallardo, para
analizar los argumentos en que se basa su petición.
José Luis Icaza, presidente del Directorio del BCE, se negó, entre tanto,
a opinar sobre el caso Filanbanco mientras no llegue a su escritorio la
solicitud del Ministerio de Economía, por considerarlo "un tema muy
delicado".
En el referido capítulo VI de la Carta de Intención, el Gobierno también
se comprometió ante el FMI, el Banco Mundial y la Corporación Andina de
Fomento, organismos que financian el plan de fortalecimiento de la banca,
a aplicar una estrategia para restructurar y reformar al sector, al menor
costo fiscal.
El FMI también recomienda la adopción de medidas adicionales, para
permitir que los bancos puedan operar temporalmente con un capital
inferior al mínimo de 9%, a condición de que se sometan a planes de
recapitalización y rehabilitación, en el corto plazo, y aprobados por la
Superintendencia de Bancos.
Otra acción clave dentro de la Carta, que debió cumplirse en abril
pasado, es la ejecución de un plan integral de restructuración de las
deudas, que empresas y personas mantienen con el sistema financiero, a
fin de mejorar el flujo de caja del sector productivo y la calidad de los
activos. Este procedimiento no se ha cumplido en la banca estatizada, por
la ausencia de un mecanismo y reglamento adecuados, mientras la privada
ha impulsado acuerdos voluntarios con sus deudores.
Incautacion
- El presidente de la República, Gustavo Noboa, realizó una solicitud,
por escrito, a la ministra fiscal general, Mariana Yépez, para que se
incauten los bienes de quienes posean más del 6% del paquete accionario o
de los administradores que hayan incurrido en infracciones a la Ley
General de Instituciones del sistema financiero.
- Tal medida puede, según la Ley (artículo 167 de la Ley, reformado por
el artículo 30 de la Ley de Transformación Económica), adoptarla un juez
de lo Penal luego de recibir la denuncia de la Superintendencia de Bancos
referida a irregularidades en una institución financiera, o la excitativa
del Ministerio Público.
- Además, solicita que los bienes incautados sean entregados en depósito
provisional a la Agencia de Garantía de Depósitos.
- El capítulo VI de la Carta de Intención negociada por el Ecuador con el
Fondo Monetario Internacional destaca que la restructuración de la banca
es vital para respaldar la recuperación económica del país y la base de
una sólida gestión macroeconómica.
- El artículo 36 establece que, para diciembre de 2001, se deberán
redefinir los requisitos de capital, de conformidad con las normas de
Basilea; que se adecuarán las normas sobre calificación de préstamos y
constitución de reservas a las normas internacionales.
Banca privada sí restructura deudas
Fernando Vivero, presidente de la Asociación de Bancos Privados del
Ecuador (ABPE), califica como irresponsables las declaraciónes de Rolando
Lebed, vicepresidente de Mercadeo del Filanbanco, en las que asegura que
"los bancos privados también deben someterse a procesos de
recapitalización".
Vivero asegura que, durante 2000, las entidades agrupadas en el sistema
financiero privado se sometieron a las regulaciones dictadas por la
Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria, para garantizar el
fortalecimiento de su patrimonio y hacer mayores provisiones sobre los
activos de riesgo.
Acciones que le permiten al representante asegurar que la banca privada
está en capacidad de responder por las obligaciones con sus depositantes.
Vivero señala que luego de la crisis de 1999, los privados se han
esforzado para mejorar su patrimonio mediante tres acciones: ingreso de
dinero fresco, no retiro de utilidades e incremento de provisiones para
respaldar activos de riesgo.
Respecto del problema de la cartera vencida que, según Lebed, afecta a
toda la banca pública y privada, el titular de la ABPE advierte que sí
existe un reglamento para la restructuración de pasivos, que fue
elaborado por la Junta Bancaria, aunque resultó inaplicable.
No obstante, Vivero señala que los bancos privados impulsaron acuerdos
voluntarios con sus deudores, para reprogramar sus pasivos y sanear la
cartera vencida, gracias a lo cual el rubro que a diciembre de 1999
representaba el 25% del total de la cartera, a la fecha se habría
reducido al 10%.
Vivero indica que al contabilizar el índice de patrimonio con respecto a
los activos de riesgo, todas la entidades privadas están sobre el mínimo
del 9% exigido por Ley. (MEV) (Diario Hoy)
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