El juez cuarto de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano, dispuso la prohibición de enajenar los bienes de la gerenta de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, y del abogado de coactivas de la AGD, BolÃvar González. Ni Salgado ni González pueden vender ni imponer gravámenes a los bienes inmuebles y participaciones en compañÃas.
Mediante providencia emitida ayer a las 08:30, Altamirano no ordenó la prisión de Salgado y González, pero, en cambio, dio luz verde para que el fiscal Jorge Cano, de la Unidad de Delitos Financieros de la FiscalÃa, continuara con la sustanciación de la instrucción fiscal por presunto peculado, iniciada en contra de los dos funcionarios.
Como primer paso, Cano deberá notificar a los imputados de la instrucción que investiga si es que existen irregularidades en el pago de honorarios a González por concepto de la recuperación de cartera.
A partir de hoy, el fiscal dispone de 90 dÃas para recibir versiones sin juramento, recibir pruebas de descargo de parte de los acusados y disponer diligencias periciales, antes de emitir un dictamen acusatorio o de abstención.
Cano prefirió no pronunciarse respecto de la decisión del juez Altamirano, sin embargo, el presidente Gutiérrez sà lo hizo en dos ocasiones.
La primera vez sostuvo, suponiendo que sobre ellos pesaba una orden de detención, que cancelará a Salgado y que buscará algún técnico para reemplazarla. Luego, cuando conoció el dictamen exacto, señaló que se reunirá con el Directorio de la entidad para que "me recomienden cuál es la decisión más adecuada".
También defendió a Carlos Pólit, a quien la gerenta señala como uno de los interesados en buscar su salida. "El Gobierno se ha mantenido al margen del proceso y ha respetado la independencia de las funciones del Estado".
Salgado también habló del tema, tanto en Guayaquil como en Quito, y en ambas ocasiones desestimó la medida cautelar. "No se ha establecido la orden de prisión, que era la expectativa que muchos de los corruptos del paÃs estaban esperando", dijo, y se mostró confiada en que la justicia concluirá el proceso con la verificación de su inocencia, al mismo tiempo que ratificó ser vÃctima de una persecución de algunos funcionarios de la FiscalÃa y de la ContralorÃa.
"No les conviene enviarnos a la prisión porque se han dado cuenta de que cada vez que nos amenazan lo que logran es una mayor solidaridad de la población". (MAR, GC, NMCH)
Recuerdos de pesadilla que nacen en diciembre de 1998
La entrega de Filanbanco a la AGD marcó el inicio de la peor crisis económica del paÃs
La creación de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD), para custodiar el dinero de los ecuatorianos, paradójicamente marcó el comienzo de la peor crisis bancaria de Ecuador, por la que pocos han sido juzgados y menos aún sentenciados. Solo dos ex banqueros están en la cárcel, el ex propietario del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, y el ex dueño del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel.
Al dÃa siguiente de creada la AGD, en diciembre de 1998, ya debió hacerse cargo del mayor banco del paÃs, Filanbanco. Los ex accionistas privados, Roberto y William IsaÃas, lo entregaron al Estado después de haber solicitado créditos de liquidez al Banco Central por alrededor de $800 millones.
El siguiente año fue peor. La mañana del 8 de marzo de 1999, el entonces superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña, apareció en cadena nacional para anunciar que el dinero que la gente tenÃa en los bancos quedaba congelado. Esa medida fue vista como una estrategia para salvar al Banco del Progreso, que afrontaba una inminente quiebra y que de hecho, dÃas más tarde, cerró sus puertas.
Luego, como un castillo de naipes y a lo largo de ese año, cayó una veintena de instituciones financieras. Todas pasaron a manos de la AGD, que primero fue administrada por personas vinculadas con los ex accionistas privados de los bancos cerrados.
La pérdida calculada por la crisis bordeaba los $3 500 millones, aunque ahora la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, ha dicho que el perjuicio sobrepasó los $5 000 millones. (JT)
La ContralorÃa los acusa de peculado
El informe señala que Salgado favoreció a BolÃvar González
El fiscal Jorge Cano, de la Unidad de Delitos Financieros de la FiscalÃa, dictó la instrucción en contra de la gerenta de la AGD y del abogado de coactivas de la institución, fundamentándose en un informe de ContralorÃa. Este establece indicios de responsabilidad penal por peculado.
Según el documento, Wilma Salgado favoreció a BolÃvar González, porque "en contra de expresas disposiciones legales le concedió el contrato y el adéndum, por lo que se determina la existencia de indicios de responsabilidad penal". Se afirma, además, que los anticipos a González se efectuaron con recursos de la AGD y con dineros ingresados a esa institución para pagar a los acreedores del Banco del Progreso.
En el documento se precisa que el abogado de coactivas no justificó los gastos y/o inversiones efectuados con los anticipos recibidos.
También se acusa a González de recibir $4 129 391,30, cuando el contrato original establecÃa que la AGD no podÃa egresar valores superiores a $300 mil, sin que se presente evidencia sobre gastos o inversiones con tales recursos. (MAR)
"Organismo de control actúa de mala fe"
También ha cuestionado a altos funcionarios del Estado
Para la gerenta de la AGD hay un complot entre funcionarios de la ContralorÃa, FiscalÃa y el diputado y ex gerente de la AGD, Patricio Dávila, para perseguirla.
Según ha dicho, el fiscal Jorge Cano, quien inició el proceso en su contra, no actuó de la misma forma con Dávila, quien también tiene un informe de ContralorÃa con indicios de responsabilidad penal, durante su gestión en la AGD.
En un escrito presentado ante el juez cuarto de lo Penal, Vicente Altamirano, BolÃvar González, el abogado de coactivas de la AGD, defendió el cobro de honorarios efectuado por la recuperación de cartera, al señalar que fue cancelado con recursos privados de instituciones bancarias en saneamiento.
González aclaró, además, que las observaciones presentadas en el informe de ContralorÃa fueron debidamente contestadas y con las suficientes pruebas de descargo. Agregó que los funcionarios de la ContralorÃa "no se han dado el trabajo de leer dichos documentos". (MAR)
Siete gerentes en cinco años de vida
La Ley fue aprobada en el Congreso con apoyo del PSC y de la DP
La Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) se creó el 1º de diciembre de 1998, con el objetivo de recuperar el dinero de los depositantes de la banca cerrada, iniciar el proceso de saneamiento y liquidó las entidades.
El primer gerente de la AGD fue James McPherson. Su perÃodo duró desde 1º de diciembre de 1998 hasta el 20 de junio de 1999. Bruno Leone vino luego. Empezó su trabajo el 21 de junio y terminó el 29 de diciembre de 1999. Inició el proceso de saneamiento de los bancos Unión, Crédito, Bancomex, Solbanco y Popular.
Walter Valarezo fue el tercer gerente y Luis VillacÃs el cuarto, quien inició su perÃodo el 22 de marzo de 2000 y finalizó al 25 de junio de 2001. Fue acusado de supuesta vinculación con la entrega de bonos para capitalizar al Banco del PacÃfico.
Patricio Dávila la gerenció desde el 26 de junio de 2001 hasta el 16 de agosto de 2002, hasta que Oswaldo Tamariz lo sucedió en el cargo. El trabajó en la subasta de bienes y traspaso de las acciones de Emelec y Electroecuador a la AGD. Finalmente, Wilma Salgado asumió el cargo el 11 de marzo de 2003. (NMCH)
Abogados querÃan 20% de lo recuperado
Según la AGD, Dávila pagaba 50% de honorarios más gastos
La actual administración de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) asegura que los honorarios pagados a BolÃvar González, juez de coactivas, corresponden al 3% del total de la cartera recuperada y son mucho más bajos que los que se estaban pagando.
Lo demuestra por medio de un oficio, de enero de 2002, en donde el gerente general de la AGD, Patricio Dávila, ordena "reconocer al Juzgado de Coactiva el 50% de los honorarios más los gastos judiciales". El pago debÃa hacerse en efectivo.
Wilma Salgado ha sido cuestionada por la ContralorÃa por haber contratado los servicios de González sin un concurso previo.
Según la AGD, el concurso sà se realizó y las propuestas incluÃan el pago de honorarios hasta del 20% de lo recaudado. Este serÃa el caso de la empresa Auzenker y Asociados. Le siguen las ofertas de First City, que pedÃa el 15%, Thesis, el 12%, y HG Consultores, el 12%. (IGF)
PERFIL
Salgado, la consultora que pasa al trajÃn polÃtico
En su gestión inició las incautaciones y negoció con grandes deudores
La amplia y fácil sonrisa es una caracterÃstica de Wilma Salgado, la economista de 51 años, que el 11 de marzo cumplió un año al frente de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD), aunque a lo largo de estos 12 meses, también se ha revelado como una persona que polÃticamente sabe cómo manejarse.
Pese a sus diferencias con el presidente Gutiérrez, ha logrado captar apoyo de diversos sectores sociales, que en más de una ocasión han salido a la calle a respaldarla. Además, ha contado con el soporte de Pachakutik y de los movimientos sociales, por los cuales fue nombrada. Fuera de ellos, el PSC implÃcitamente la apuntala, al afirmar que están con la AGD mientras cobre las deudas.
Antes de su vinculación a la vida pública, Salgado fue docente en la Universidad Andina Simón BolÃvar, investigadora por 16 años del Banco Central y consultora de muchos años de Naciones Unidas y otras instituciones.
Está casada, tiene dos hijos, y estudios en las universidades Católica de Quito, Autónoma de México y Sorbona de Francia. (SL)
Mediante providencia emitida ayer a las 08:30, Altamirano no ordenó la prisión de Salgado y González, pero, en cambio, dio luz verde para que el fiscal Jorge Cano, de la Unidad de Delitos Financieros de la FiscalÃa, continuara con la sustanciación de la instrucción fiscal por presunto peculado, iniciada en contra de los dos funcionarios.
Como primer paso, Cano deberá notificar a los imputados de la instrucción que investiga si es que existen irregularidades en el pago de honorarios a González por concepto de la recuperación de cartera.
A partir de hoy, el fiscal dispone de 90 dÃas para recibir versiones sin juramento, recibir pruebas de descargo de parte de los acusados y disponer diligencias periciales, antes de emitir un dictamen acusatorio o de abstención.
Cano prefirió no pronunciarse respecto de la decisión del juez Altamirano, sin embargo, el presidente Gutiérrez sà lo hizo en dos ocasiones.
La primera vez sostuvo, suponiendo que sobre ellos pesaba una orden de detención, que cancelará a Salgado y que buscará algún técnico para reemplazarla. Luego, cuando conoció el dictamen exacto, señaló que se reunirá con el Directorio de la entidad para que "me recomienden cuál es la decisión más adecuada".
También defendió a Carlos Pólit, a quien la gerenta señala como uno de los interesados en buscar su salida. "El Gobierno se ha mantenido al margen del proceso y ha respetado la independencia de las funciones del Estado".
Salgado también habló del tema, tanto en Guayaquil como en Quito, y en ambas ocasiones desestimó la medida cautelar. "No se ha establecido la orden de prisión, que era la expectativa que muchos de los corruptos del paÃs estaban esperando", dijo, y se mostró confiada en que la justicia concluirá el proceso con la verificación de su inocencia, al mismo tiempo que ratificó ser vÃctima de una persecución de algunos funcionarios de la FiscalÃa y de la ContralorÃa.
"No les conviene enviarnos a la prisión porque se han dado cuenta de que cada vez que nos amenazan lo que logran es una mayor solidaridad de la población". (MAR, GC, NMCH)
Recuerdos de pesadilla que nacen en diciembre de 1998
La entrega de Filanbanco a la AGD marcó el inicio de la peor crisis económica del paÃs
La creación de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD), para custodiar el dinero de los ecuatorianos, paradójicamente marcó el comienzo de la peor crisis bancaria de Ecuador, por la que pocos han sido juzgados y menos aún sentenciados. Solo dos ex banqueros están en la cárcel, el ex propietario del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, y el ex dueño del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel.
Al dÃa siguiente de creada la AGD, en diciembre de 1998, ya debió hacerse cargo del mayor banco del paÃs, Filanbanco. Los ex accionistas privados, Roberto y William IsaÃas, lo entregaron al Estado después de haber solicitado créditos de liquidez al Banco Central por alrededor de $800 millones.
El siguiente año fue peor. La mañana del 8 de marzo de 1999, el entonces superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña, apareció en cadena nacional para anunciar que el dinero que la gente tenÃa en los bancos quedaba congelado. Esa medida fue vista como una estrategia para salvar al Banco del Progreso, que afrontaba una inminente quiebra y que de hecho, dÃas más tarde, cerró sus puertas.
Luego, como un castillo de naipes y a lo largo de ese año, cayó una veintena de instituciones financieras. Todas pasaron a manos de la AGD, que primero fue administrada por personas vinculadas con los ex accionistas privados de los bancos cerrados.
La pérdida calculada por la crisis bordeaba los $3 500 millones, aunque ahora la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, ha dicho que el perjuicio sobrepasó los $5 000 millones. (JT)
La ContralorÃa los acusa de peculado
El informe señala que Salgado favoreció a BolÃvar González
El fiscal Jorge Cano, de la Unidad de Delitos Financieros de la FiscalÃa, dictó la instrucción en contra de la gerenta de la AGD y del abogado de coactivas de la institución, fundamentándose en un informe de ContralorÃa. Este establece indicios de responsabilidad penal por peculado.
Según el documento, Wilma Salgado favoreció a BolÃvar González, porque "en contra de expresas disposiciones legales le concedió el contrato y el adéndum, por lo que se determina la existencia de indicios de responsabilidad penal". Se afirma, además, que los anticipos a González se efectuaron con recursos de la AGD y con dineros ingresados a esa institución para pagar a los acreedores del Banco del Progreso.
En el documento se precisa que el abogado de coactivas no justificó los gastos y/o inversiones efectuados con los anticipos recibidos.
También se acusa a González de recibir $4 129 391,30, cuando el contrato original establecÃa que la AGD no podÃa egresar valores superiores a $300 mil, sin que se presente evidencia sobre gastos o inversiones con tales recursos. (MAR)
"Organismo de control actúa de mala fe"
También ha cuestionado a altos funcionarios del Estado
Para la gerenta de la AGD hay un complot entre funcionarios de la ContralorÃa, FiscalÃa y el diputado y ex gerente de la AGD, Patricio Dávila, para perseguirla.
Según ha dicho, el fiscal Jorge Cano, quien inició el proceso en su contra, no actuó de la misma forma con Dávila, quien también tiene un informe de ContralorÃa con indicios de responsabilidad penal, durante su gestión en la AGD.
En un escrito presentado ante el juez cuarto de lo Penal, Vicente Altamirano, BolÃvar González, el abogado de coactivas de la AGD, defendió el cobro de honorarios efectuado por la recuperación de cartera, al señalar que fue cancelado con recursos privados de instituciones bancarias en saneamiento.
González aclaró, además, que las observaciones presentadas en el informe de ContralorÃa fueron debidamente contestadas y con las suficientes pruebas de descargo. Agregó que los funcionarios de la ContralorÃa "no se han dado el trabajo de leer dichos documentos". (MAR)
Siete gerentes en cinco años de vida
La Ley fue aprobada en el Congreso con apoyo del PSC y de la DP
La Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) se creó el 1º de diciembre de 1998, con el objetivo de recuperar el dinero de los depositantes de la banca cerrada, iniciar el proceso de saneamiento y liquidó las entidades.
El primer gerente de la AGD fue James McPherson. Su perÃodo duró desde 1º de diciembre de 1998 hasta el 20 de junio de 1999. Bruno Leone vino luego. Empezó su trabajo el 21 de junio y terminó el 29 de diciembre de 1999. Inició el proceso de saneamiento de los bancos Unión, Crédito, Bancomex, Solbanco y Popular.
Walter Valarezo fue el tercer gerente y Luis VillacÃs el cuarto, quien inició su perÃodo el 22 de marzo de 2000 y finalizó al 25 de junio de 2001. Fue acusado de supuesta vinculación con la entrega de bonos para capitalizar al Banco del PacÃfico.
Patricio Dávila la gerenció desde el 26 de junio de 2001 hasta el 16 de agosto de 2002, hasta que Oswaldo Tamariz lo sucedió en el cargo. El trabajó en la subasta de bienes y traspaso de las acciones de Emelec y Electroecuador a la AGD. Finalmente, Wilma Salgado asumió el cargo el 11 de marzo de 2003. (NMCH)
Abogados querÃan 20% de lo recuperado
Según la AGD, Dávila pagaba 50% de honorarios más gastos
La actual administración de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) asegura que los honorarios pagados a BolÃvar González, juez de coactivas, corresponden al 3% del total de la cartera recuperada y son mucho más bajos que los que se estaban pagando.
Lo demuestra por medio de un oficio, de enero de 2002, en donde el gerente general de la AGD, Patricio Dávila, ordena "reconocer al Juzgado de Coactiva el 50% de los honorarios más los gastos judiciales". El pago debÃa hacerse en efectivo.
Wilma Salgado ha sido cuestionada por la ContralorÃa por haber contratado los servicios de González sin un concurso previo.
Según la AGD, el concurso sà se realizó y las propuestas incluÃan el pago de honorarios hasta del 20% de lo recaudado. Este serÃa el caso de la empresa Auzenker y Asociados. Le siguen las ofertas de First City, que pedÃa el 15%, Thesis, el 12%, y HG Consultores, el 12%. (IGF)
PERFIL
Salgado, la consultora que pasa al trajÃn polÃtico
En su gestión inició las incautaciones y negoció con grandes deudores
La amplia y fácil sonrisa es una caracterÃstica de Wilma Salgado, la economista de 51 años, que el 11 de marzo cumplió un año al frente de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD), aunque a lo largo de estos 12 meses, también se ha revelado como una persona que polÃticamente sabe cómo manejarse.
Pese a sus diferencias con el presidente Gutiérrez, ha logrado captar apoyo de diversos sectores sociales, que en más de una ocasión han salido a la calle a respaldarla. Además, ha contado con el soporte de Pachakutik y de los movimientos sociales, por los cuales fue nombrada. Fuera de ellos, el PSC implÃcitamente la apuntala, al afirmar que están con la AGD mientras cobre las deudas.
Antes de su vinculación a la vida pública, Salgado fue docente en la Universidad Andina Simón BolÃvar, investigadora por 16 años del Banco Central y consultora de muchos años de Naciones Unidas y otras instituciones.
Está casada, tiene dos hijos, y estudios en las universidades Católica de Quito, Autónoma de México y Sorbona de Francia. (SL)
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