En cinco meses, este organismo ha tenido dos directivas. Dos sectores se acusan de actuar con ilegalidades. Las dos corrientes reproducen la fragmentación que se vive en los cuatro paÃses
Después del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina, en 2006, varios analistas vaticinaron el advenimiento de un proceso de desintegración paulatino en la región. ¿La razón? Los procesos polÃticos que viven los paÃses miembros han derivado en posiciones polÃticas incompatibles entre sà que, por los menos por ahora, avizoran una polarización en algunas instancias del sistema de integración.
Esa dinámica de contradicciones se ha vivido en estos dÃas en el Parlamento Andino (PA), que desde noviembre de 2009 ha debido pasar por dos elecciones internas sin que hasta ahora los dos sectores que han polarizado la correlación de fuerzas reconozcan la legitimidad de todo lo actuado por las respectivas mayorÃas.
Han sido cinco meses de cruces de acusaciones, amenazas de demandas, aclaraciones, impugnaciones y otras acciones que han detenido la labor permanente de una, de por sÃ, controvertida gestión.
Por eso, las reuniones de esta semana, correspondientes el perÃodo ordinario de este mes en la sede de Bogotá (Colombia), se muestran vitales para saber si la corriente que nombró una mesa directiva provisional, en marzo pasado, logra consolidar la tendencia o si los sectores en contraposición se neutralizan uno a otro.
Primer round. La disputa abierta empezó el 23 de noviembre pasado, dÃa de la convocatoria fijada por el parlamentario ecuatoriano Fausto Lupera, presidente del PA hasta ese entonces, para elegir la nueva directiva dentro de lo cual, según la normativa, correspondÃa entregar la Presidencia al Perú.
Aquel dÃa, nueve de los 20 integrantes del PA remitieron una carta a Lupera señalándole que no asistirÃan y por tanto le dejaban sin quórum. En la misiva se referieron a la advertencia de Lupera ante la mesa directiva y ante autoridades bolivianas, de que si Bolivia no se ponÃa al dÃa con las cuotas adeudadas al Parlamento Andino "se le privarÃa del derecho al voto". Criticaron a Lupera de que tres meses antes no haya reparado en esa mora cuando fue electo presidente, incluso con los votos bolivianos.
Antes, el 14 de septiembre de 2009, Lupera habÃa oficiado al canciller boliviano, David Choqueguanca, y al ministro de EconomÃa de ese paÃs, Luis Arce, para que extiendan sus buenos oficios para que de manera urgente se cancelen las cuotas de 2007, 2008 y 2009, recordando que el art. 102 del Reglamento del PA condiciona el derecho a voto al cumplimiento de esas obligaciones.
De hecho, en la sesión del 23 de noviembre se aplicó esa normativa, pero también el criterio de que el "número de votos debe ser igual al número de parlamentarios presentes con derecho a voto", según la interpretación que se hizo al art. 28 del Acuerdo de Cartagena. Es decir, con un quórum de ocho de 15 posibles, por los cinco votos bolivianos inhabilitados.
Ese dÃa, solo un parlamentario boliviano no habÃa llegado al Parlamento por encontrarse enfermo, a parte de los nueve que se excusaron. No obstante, en una certificación remitida por la SecretarÃa de Actas se contabilizan 11 presentes cuando la sesión se instaló solo con 10. Un error aparente de forma.
El 23 de noviembre, con cinco votos colombianos (al menos cuatro pro uribismo), dos ecuatorianos (opositores al correismo) y dos peruanos (lÃnea aprista) se eligió presidenta a la peruana Rosa Marina León y a dos vicepresidentes: Lupera (Ecuador) y Ãscar DarÃo Pérez (Colombia). También se encargó la Vicepresidencia por Bolivia a Paulo Bravo, quien se excusó y cuestionó el acto, porque consideró que se buscaba legitimar una "maniobra", en la cual el grupo de bolivianos no participó.
El grupo de los "nueve" impugnó la elección y la calificó de ilegal y arbitraria. En su impugnación, con copia a los congresos y senados de los cuatro paÃses, proclamaron la nulidad y exigieron una nueva elección, matizando el hecho de que esta solo se hizo con nueve votos, tras el retiro de la sesión del 23 del peruano Juan Mariátegui.
Segundo round. Marina León convocó para el 25 de marzo a un perÃodo ordinario, sin prever en la agenda elección alguna. A esa fecha, Bolivia se habÃa puesto al dÃa en sus cuotas y habÃa remitido la lista de cinco representantes designados por el Congreso de ese paÃs, cuatro afines al Gobierno de Evo Morales. Con esos votos y con la inclusión de dos parlamentarios que en noviembre estuvieron en el otro grupo, Luis Fernando Duque y la peruana Auriestela Obando (elegida por el Apra) se armó otra mayorÃa, frente al intento de la presidenta Rosa León de suspender la reunión.
Después de largas negociaciones, se llegó a un acuerdo polÃtico que dio nacimiento a una mesa directiva temporal, que encargó la Presidencia al colombiano Duque y las vicepresidencias a Obando (Perú), Patricio Zambrano (Ecuador) y Rebeca Delgado (Bolivia). Eso fue desconocido por el otro sector, que señaló una ilegalidad al no existir en la normativa del PA la figura de la mesa transitoria. (LB)
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Después del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina, en 2006, varios analistas vaticinaron el advenimiento de un proceso de desintegración paulatino en la región. ¿La razón? Los procesos polÃticos que viven los paÃses miembros han derivado en posiciones polÃticas incompatibles entre sà que, por los menos por ahora, avizoran una polarización en algunas instancias del sistema de integración.
Esa dinámica de contradicciones se ha vivido en estos dÃas en el Parlamento Andino (PA), que desde noviembre de 2009 ha debido pasar por dos elecciones internas sin que hasta ahora los dos sectores que han polarizado la correlación de fuerzas reconozcan la legitimidad de todo lo actuado por las respectivas mayorÃas.
Han sido cinco meses de cruces de acusaciones, amenazas de demandas, aclaraciones, impugnaciones y otras acciones que han detenido la labor permanente de una, de por sÃ, controvertida gestión.
Por eso, las reuniones de esta semana, correspondientes el perÃodo ordinario de este mes en la sede de Bogotá (Colombia), se muestran vitales para saber si la corriente que nombró una mesa directiva provisional, en marzo pasado, logra consolidar la tendencia o si los sectores en contraposición se neutralizan uno a otro.
Primer round. La disputa abierta empezó el 23 de noviembre pasado, dÃa de la convocatoria fijada por el parlamentario ecuatoriano Fausto Lupera, presidente del PA hasta ese entonces, para elegir la nueva directiva dentro de lo cual, según la normativa, correspondÃa entregar la Presidencia al Perú.
Aquel dÃa, nueve de los 20 integrantes del PA remitieron una carta a Lupera señalándole que no asistirÃan y por tanto le dejaban sin quórum. En la misiva se referieron a la advertencia de Lupera ante la mesa directiva y ante autoridades bolivianas, de que si Bolivia no se ponÃa al dÃa con las cuotas adeudadas al Parlamento Andino "se le privarÃa del derecho al voto". Criticaron a Lupera de que tres meses antes no haya reparado en esa mora cuando fue electo presidente, incluso con los votos bolivianos.
Antes, el 14 de septiembre de 2009, Lupera habÃa oficiado al canciller boliviano, David Choqueguanca, y al ministro de EconomÃa de ese paÃs, Luis Arce, para que extiendan sus buenos oficios para que de manera urgente se cancelen las cuotas de 2007, 2008 y 2009, recordando que el art. 102 del Reglamento del PA condiciona el derecho a voto al cumplimiento de esas obligaciones.
De hecho, en la sesión del 23 de noviembre se aplicó esa normativa, pero también el criterio de que el "número de votos debe ser igual al número de parlamentarios presentes con derecho a voto", según la interpretación que se hizo al art. 28 del Acuerdo de Cartagena. Es decir, con un quórum de ocho de 15 posibles, por los cinco votos bolivianos inhabilitados.
Ese dÃa, solo un parlamentario boliviano no habÃa llegado al Parlamento por encontrarse enfermo, a parte de los nueve que se excusaron. No obstante, en una certificación remitida por la SecretarÃa de Actas se contabilizan 11 presentes cuando la sesión se instaló solo con 10. Un error aparente de forma.
El 23 de noviembre, con cinco votos colombianos (al menos cuatro pro uribismo), dos ecuatorianos (opositores al correismo) y dos peruanos (lÃnea aprista) se eligió presidenta a la peruana Rosa Marina León y a dos vicepresidentes: Lupera (Ecuador) y Ãscar DarÃo Pérez (Colombia). También se encargó la Vicepresidencia por Bolivia a Paulo Bravo, quien se excusó y cuestionó el acto, porque consideró que se buscaba legitimar una "maniobra", en la cual el grupo de bolivianos no participó.
El grupo de los "nueve" impugnó la elección y la calificó de ilegal y arbitraria. En su impugnación, con copia a los congresos y senados de los cuatro paÃses, proclamaron la nulidad y exigieron una nueva elección, matizando el hecho de que esta solo se hizo con nueve votos, tras el retiro de la sesión del 23 del peruano Juan Mariátegui.
Segundo round. Marina León convocó para el 25 de marzo a un perÃodo ordinario, sin prever en la agenda elección alguna. A esa fecha, Bolivia se habÃa puesto al dÃa en sus cuotas y habÃa remitido la lista de cinco representantes designados por el Congreso de ese paÃs, cuatro afines al Gobierno de Evo Morales. Con esos votos y con la inclusión de dos parlamentarios que en noviembre estuvieron en el otro grupo, Luis Fernando Duque y la peruana Auriestela Obando (elegida por el Apra) se armó otra mayorÃa, frente al intento de la presidenta Rosa León de suspender la reunión.
Después de largas negociaciones, se llegó a un acuerdo polÃtico que dio nacimiento a una mesa directiva temporal, que encargó la Presidencia al colombiano Duque y las vicepresidencias a Obando (Perú), Patricio Zambrano (Ecuador) y Rebeca Delgado (Bolivia). Eso fue desconocido por el otro sector, que señaló una ilegalidad al no existir en la normativa del PA la figura de la mesa transitoria. (LB)
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