El fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, pidió hoy la "responsabilidad" judicial del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Freddy Padilla, ante la "masacre" que produjo el bombardeo colombiano contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de 2008.
Según Pesántez, Padilla realizó unas declaraciones en la revista Semana de Colombia en las que reivindicó, "para sí y para algún otro militar, el éxito de la masacre de Sucumbíos", (provincia amazónica de Ecuador), lo que supone que "si acepta su responsabilidad, tiene que responder procesalmente", recogió radio Sonorama.
"Así de simple. Aquí no hay ninguna especulación, no hay ningún cálculo de carácter político", afirmó el fiscal y recordó que la orden de prisión contra Padilla produjo que Colombia suspendiera una reunión con Ecuador en el marco de un proceso de diálogo directo para restaurar las relaciones diplomáticas.
A esa reunión, que se iba a celebrar en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, en el norte andino del país, el pasado viernes, se preveía la asistencia de Padilla, como integrante de la Comisión de Seguridad, pero tras el anuncio de la orden de prisión, Colombia suspendió el encuentro.
Quito rompió los lazos con Bogotá dos días después del operativo militar en Angostura, un enclave de la Amazonía ecuatoriana, donde la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían un campamento clandestino, por considerar el ataque como una violación a su soberanía territorial.
En ese operativo murieron al menos 26 personas, entre ellas el entonces número dos y portavoz internacional de la guerrilla, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", cuatro universitarios mexicanos y un ciudadano ecuatoriano.
Después del bombardeo, la justicia ecuatoriana comenzó una investigación en la que pidió prisión preventiva y la extradición del ex ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos por su participación intelectual en el operativo.
Por las mismas razones, el pasado 24 de septiembre, el juez tercero de lo penal de Sucumbíos, Francisco Revelo, ordenó la prisión de Padilla.
El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, calificó la medida de la Corte de Sucumbíos como una "agresión judicial", sin embargo, el Gobierno de Ecuador apuntó a la separación de poderes y aseguró que el proceso de diálogo "continúa".
Del mismo modo se pronunció hoy Pesántez, quien afirmó que la Justicia "actúa de forma independiente del Gobierno" y que Ecuador espera "reanudar relaciones con Colombia", pero precisó que "eso no significa que se sacrifique a la justicia".
"Aquí hay 25 muertos, entre ellos un ecuatoriano", aseveró y añadió que "si no coincide la orden de prisión dictada por el juez con la agenda de Ibarra, es lamentable, pero este es un Estado de Derecho y, al menos, la Fiscalía (y la Justicia) es totalmente autónoma". (EFE)
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Según Pesántez, Padilla realizó unas declaraciones en la revista Semana de Colombia en las que reivindicó, "para sí y para algún otro militar, el éxito de la masacre de Sucumbíos", (provincia amazónica de Ecuador), lo que supone que "si acepta su responsabilidad, tiene que responder procesalmente", recogió radio Sonorama.
"Así de simple. Aquí no hay ninguna especulación, no hay ningún cálculo de carácter político", afirmó el fiscal y recordó que la orden de prisión contra Padilla produjo que Colombia suspendiera una reunión con Ecuador en el marco de un proceso de diálogo directo para restaurar las relaciones diplomáticas.
A esa reunión, que se iba a celebrar en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, en el norte andino del país, el pasado viernes, se preveía la asistencia de Padilla, como integrante de la Comisión de Seguridad, pero tras el anuncio de la orden de prisión, Colombia suspendió el encuentro.
Quito rompió los lazos con Bogotá dos días después del operativo militar en Angostura, un enclave de la Amazonía ecuatoriana, donde la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían un campamento clandestino, por considerar el ataque como una violación a su soberanía territorial.
En ese operativo murieron al menos 26 personas, entre ellas el entonces número dos y portavoz internacional de la guerrilla, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", cuatro universitarios mexicanos y un ciudadano ecuatoriano.
Después del bombardeo, la justicia ecuatoriana comenzó una investigación en la que pidió prisión preventiva y la extradición del ex ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos por su participación intelectual en el operativo.
Por las mismas razones, el pasado 24 de septiembre, el juez tercero de lo penal de Sucumbíos, Francisco Revelo, ordenó la prisión de Padilla.
El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, calificó la medida de la Corte de Sucumbíos como una "agresión judicial", sin embargo, el Gobierno de Ecuador apuntó a la separación de poderes y aseguró que el proceso de diálogo "continúa".
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"Aquí hay 25 muertos, entre ellos un ecuatoriano", aseveró y añadió que "si no coincide la orden de prisión dictada por el juez con la agenda de Ibarra, es lamentable, pero este es un Estado de Derecho y, al menos, la Fiscalía (y la Justicia) es totalmente autónoma". (EFE)
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