Dos empresas quieren desarrollar el proyecto hidroeléctrico de Pichincha.
CONELEC REACTUALIZA EL PROYECTO TOACHI-PILATÓN
La firma argentina Impsa dice ser la legítima concesionaria de la obra porque su solicitud no fue atendida oportunamente
La puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón cumplió 10 años de retraso el pasado 30 de mayo. De haber estado en operación, habría generado 190 megavatios de energía, los cuales habrían servido para evitar las crisis eléctricas que afectan al país cada año.
También podría haber constituido un significativo ahorro al erario nacional porque el proyecto está concebido para colocar su máxima energía en el mercado cuando los precios son los más altos. Actualmente, el país importa de Colombia 250 megavatios, a un costo de $0,8 centavos el kilovatio hora.
El 30 de mayo de 1995, el Estado transfirió al Consejo Provincial de Pichincha las atribuciones para concesionar a la iniciativa privada el desarrollo del proyecto, al amparo de la Ley de Modernización. Para el 10 de octubre del año siguiente, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico le retiró esa facultad. Señala que solo el Estado, por intermedio del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), puede concesionar.
En enero de 1997, un decreto ejecutivo extinguió las atribuciones del Consejo Provincial.
Para febrero de ese mismo año, un nuevo decreto le restituyó esa facultad.
Transcurrieron ocho años sin que se concretara el proyecto, hasta que, el 2 de marzo de 2005, el Gobierno de Lucio Gutiérrez le quitó esa atribución y la otorgó al Conelec.
Once días después, esa institución invitó públicamente a empresas locales y extranjeras para que presentaran solicitudes de concesión. Únicamente lo hizo la firma argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. (Impsa). Esto se cumplió el 18 de marzo.
Su propuesta consiste en ser el concesionario para desarrollar, financiar, construir y operar comercialmente el proyecto, con una inversión privada de $300 millones.
Hasta el 15 de abril, Impsa completó la documentación requerida por el Conelec. Esta incluía el pago de $37 998,80 (a razón de $200 por megavatio) por concepto de potencia nominal declarada, y el envío de cartas del Banco Credit Suisse y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (argentino), como fuentes disponibles.
Para el 23 de mayo, luego de 50 días hábiles, el Conelec rechazó la solicitud de Impsa con el argumento de que esta no había entregado los documentos en los plazos previstos. La empresa alega que sí lo hizo y aduce que es concesionaria por un supuesto "silencio administrativo positivo del Conelec".
Para hacer respetar su postura, Impsa interpuso ante el Conelec un recurso extraordinario de revisión que aún no se resuelve. (AA-MAR)
González crea la empresa Hidrotoapi
El único accionista es el Consejo Provincial
El 19 de octubre pasado, el prefecto Ramiro González solicitó al Conelec la concesión para la empresa Hidrotoapi S.A. Esta fue registrada en la Superintendencia de Compañías el 6 de septiembre de 2005 y tiene como único accionista al Consejo Provincial de Pichincha.
María Rosa Fabara, abogada de Impsa, sostiene que el Conelec no puede dar la concesión a Hidrotoapi porque pertenece a un ente seccional del sector público (Prefectura), "por tanto el Estado se concesionaría a sí mismo". Además, el Conelec todavía no resuelve la impugnación, por lo que no puede dar la concesión a otra empresa. (AA)
Odebrecht tiene varios contratos del Estado
Quiere participar con la figura de socio estratégico
A diferencia de Impsa, que solicitó la concesión del proyecto Toachi-Pilatón al Conelec, la empresa brasileña Odebrecht quiere convertirse en socio estratégico de Hidrotoapi S.A.
Fernando Luiz Santos-Reis, director general de Odebrecht, manifiesta que esa firma está en capacidad de ejecutar proyectos hidroeléctricos, pues actualmente construye la presa San Francisco.
También tiene a su haber el proyecto Carrizal-Chone, el aeropuerto de Tena y el proyecto hidroeléctrico Baba (generación de 40 megavatios), que debía ser adjudicado ayer por parte del Cedegé. (AA-MAR)
IMPSA asume todo el riesgo de la inversión
La empresa cree que su competidora obligará al Estado a dar garantías
Alberto Oliveri, apoderado de Impsa, manifiesta que su propuesta es la conveniente para el Estado, porque implica asumir los riesgos de toda inversión privada.
Impsa plantea ser el concesionario para desarrollar, financiar, construir y operar comercialmente el proyecto Toachi-Pilatón, con una inversión privada de $300 millones.
Señala que esto no comprende ni recursos públicos ni se requiere el aval del Estado para la contratación del crédito. Es decir, Impsa aportará con su propio capital y financiamiento privado, "por lo que el Ecuador no asume deuda alguna ni compromete su presupuesto".
Oliveri destaca que su representada ha seguido el camino legal al presentarse a la invitación pública del Conelec, pues indica que ese organismo es el único ente público competente para concesionar o delegar a otros sectores de la economía la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.
Sobre la posibilidad de que Odebrecht pudiera asumir el desarrollo del proyecto, señala que este se haría bajo el esquema de "obra pública", ya que la empresa obligará al Estado a dar una garantía soberana, a través del Ministerio de Economía. "Seguramente el Estado deberá destinar recursos adicionales propios para completar el costo total del mismo".
Esto lo dice en relación a la propuesta de Odebrecht, que plantea financiar la obra mediante un crédito del banco brasileño BNDES, por $170 millones. El resto, es decir, los $130 restantes, debería ponerlos el Estado, según Oliveri.
Ante las acusaciones de que Impsa sería una empresa relacionada con el Gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez, Oliveri señala que, durante esa época, Odebrecht obtuvo la concesión de cinco proyectos. Cuatro tienen créditos del BNDES y en otro (Carrizal-Chone) se incluye la Corporación Andina de Fomento (CAF).
"Si nosotros hubiéramos sido gutierristas, el Proyecto Toachi-Pilatón se hubiera concesionado a Impsa y, con inversión privada, este momento ya estaría en construcción", dice.
A todo esto, la abogada de Impsa, María Rosa Fabara, exige respeto a la seguridad jurídica garantizada en el artículo 23 de la Constitución. Reitera que el Conelec no se pronunció sobre la concesión en el plazo de 30 días establecido en el Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la prestación del servicio de energía eléctrica.
De ahí que, al haber notificado 50 días después con la negativa de la concesión, se entiende que esta ya fue otorgada durante el lapso en el que no se pronunció.
"Impsa continuará realizando todas las acciones legales a fin de que se le reconozcan sus derechos", manifiesta. Esto impedirá que el Conelec otorgue la concesión a otro interesado. Hasta el momento, el otro es Hidrotoapi, del Consejo Provincial de Pichincha. (AA-MAR)
ODEBRECHT dice que no hay más endeudamiento
La firma actúa como "vehículo" de los préstamos brasileños para el Ecuador.
El director general de la constructora Odebrecht, Fernando Luiz Santos-Reis, indica que no ha presentado al Conelec ninguna solicitud de concesión del proyecto.
"Entendemos que la concesión la tiene el Consejo Provincial" ( a través de Hidrotoapi S.A.), por lo que esta firma se halla interesada en convertirse en socio estratégico, puntualiza.
Señala que Odebrechet tiene experiencia en el desarrollo de centrales hidroeléctricas, "el proyecto San Francisco lo demuestra".
Reis desestima que su propuesta implique endeudamiento público para el Estado ecuatoriano, con el fundamento de que Odebrecht únicamente constituye un "vehículo de operacionalización" de los créditos brasileños hacia nuestro país.
Señala que la empresa aportará el crédito brasileño, de $170 millones, como deuda privada e inversión de capital fresco.
Esto lo reafirma con la exhibición de documentos del Banco Central del Ecuador que registran como "crédito externo, sector privado" al préstamo otorgado por el BNDES para el proyecto San Francisco ($242 965 100).
También entrega a BLANCO Y NEGRO la copia del acta sobre el proyecto Toachi-Pilatón, suscrita entre Termopichincha S.A. e Impsa, el 22 de diciembre de 2004. A este documento se anexa un proyecto de convenio sumillado por las partes.
Entre otras cosas, en el capítulo "Condiciones previas" se establece que el presidente de la República derogará el Decreto Ejecutivo n.º 18 del 20 de febrero de 1997, que restituía al Consejo Provincial la facultad de desarrollar el proyecto. Esto se cumplió el 2 de marzo de 2005.
Además, el proyecto de convenio establecía la constitución de un fideicomiso mercantil, al que el Ministerio de Economía debía aportar $120 millones, "a ser desembolsados desde el cierre financiero hasta su agotamiento según el avance de la construcción de las obras..." Esto no llegó a concretarse.
Reis niega que su empresa haya resultado favorecida con concesiones durante el régimen de Gutiérrez. Aclara que el proyecto Carrizal-Chone fue adjudicado en el Gobierno del ex presidente Gustavo Noboa.
En el caso del aeropuerto del Tena, que fue concesionado a Odebrecht durante el gutierrismo, indica haberle manifestado al presidente Alfredo Palacio la voluntad de la empresa de retirarse del proyecto, pero el mandatario no aceptó.
Ante el dilema que tiene por el resolver el Conelec entre el recurso legal presentado por Impsa, que reclama la legitimidad de la concesión, y la solicitud de Hidrotoapi S.A. que también quiere ser concesionario, Reis dice que su empresa no tiene nada que ver.
"No nos cabe cuestionar, nunca se verá a Odebrecht peleándose en contra del Estado ni en contra de la soberanía ecuatoriana", dice Reis.
Así, reitera que su intención es asociarse con la empresa de la Prefectura, no reclamar la concesión. (AA-MAR)
Todos los caminos conducen a Odebrecht
El Prefecto de Pichincha, Ramiro González, asegura que el Ministerio de Economía y Finanzas ya dio el aval para el crédito
El Conelec todavía no emite una resolucióndefinitiva sobre las solicitudes de concesión, pero el Gobierno ya tiene avanzado el trámite del crédito del BNDES, que se viabilizará a través de Odebrecht.
El presidente Alfredo Palacio conversó sobre el tema con su homólogo Luiz Inácio "Lula" da Silva durante una reunión mantenida en Brasilia, varias semanas después de que hubiera asumido el poder.
El diálogo continuó en mayo, cuando el ex ministro de Economía, Rafael Correa, asistió a una cumbre de presidentes latinoamericanos y árabes, en representación de Palacio. Y se afianzó en agosto, en Quito, durante la visita del canciller brasileño, Celso Amorim. Todo esto lo refiere a BLANCO Y NEGRO el representante de Odebrecht, Fernando Reis.
Esto se refleja en varias cartas oficiales, cursadas entre Correa, Reis, Amorim, el ex canciller Antonio Parra y la actual ministra de Economía y Finanzas, Magdalena Barreiro.
De ellas se desprende la voluntad del Gobierno brasileño de otorgar el crédito por $170 millones. Esto es considerado un "préstamo de Gobierno a Gobierno", según la carta del 25 de julio enviada por Rafael Correa al embajador Sergio Florencio.
Luego, el 9 de agosto, Magdalena Barreiro propone al ex canciller, Antonio Parra, que se "formalice la intención de los Gobiernos mediante la suscripción de un protocolo económico o financiero y líneas de crédito..."
Esto, según el prefecto de Pichincha, Ramiro González, constituye el aval del Gobierno para este endeudamiento.
Para el 19 de septiembre, Luis Herrería envía un oficio al representante de Odebrecht, en el que acusa recibo de un informe enviado al presidente Palacio sobre el cumplimiento de "varios de los pasos requeridos para viabilizar el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón". En la misiva también se muestra complacido por el avance de los trámites.
Más adelante, el 6 de octubre, el secretario jurídico de la Presidencia, Roberto González, remite un memorando al primer mandatario, según el cual el Consejo Provincial de Pichincha puede conformar una compañía de economía mixta, según los artículos 35 al 37 del Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la prestación del servicio de energía eléctrica.
En el último párrafo concluye que sobre la base de la decisión del Conelec (aún no resuelve sobre los pedidos de concesión) y del Consejo Provincial, este podría desarrollar el proyecto; "sin perjuicio de las expectativas o eventuales derechos de Impsa que, en ningún, caso, son oponibles para el Consejo, ya que es una parte ajena a la controversia entre el Conelec e Impsa".
Todo esto conduciría a que finalmente el proyecto se ejecute como aspira el prefecto: una asociación estratégica entre Odebrecht e Hidrotoapi S.A.
Reis niega haberse movido en las más altas esferas gubernamentales, dice no conocer ni haber tratado a Herrería ni González.
Señala que al mandatario lo ha visto solo una vez, en el Brasil, durante una cena ofrecida por "Lula" en el marco de una cumbre. Allí también conoció al asesor Modesto Apolo, a quien le entregó una tarjeta personal. Desde entonces no los ha vuelto a ver, afirma Fernando Reis. (AA-MAR)
PUNTO DE VISTA
CONVENIENCIA Y LEGALIDAD
La historia del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón es la evidencia de la ausencia de planificación, los enredos burocráticos y el juego de intereses que han puesto al Ecuador al borde del colapso institucional.
A pesar de haber sido planificado 10 años atrás, hasta ahora el proyecto no puede ser ejecutado, y, como consecuencia, el país deja de contar con 190 megavatios de energía, que podrían evitar la amenaza de apagones que, año a año, se cierne sobre la nación.
El "entrampamiento", los intereses sectoriales y hasta el chantaje como aquel que ejercitó el coronel Gutiérrez, cuando en marzo pasado le quitó la atribución para concesionar al Consejo Provincial de Pichincha, por el hecho de que su titular cuestionaba al dictócrata, son la muestra de que aquí no importa siquiera la producción hidroeléctrica, sino el negocio.
Este informe de BLANCO y NEGRO, en el que se cuenta la historia del proyecto Toachi-Pilatón, bien podría ser también considerado argumento suficiente para aquellos que han empezado a señalar al Ecuador como un caso de Estado fallido, puesto que aquí nada funciona.
Y es que las decisiones sobre obras llamadas a mejorar la calidad de vida de la gente y contribuir a la generación de riquezas están sometidas al vaivén de la política, convertida en un juego de intereses particulares, y no al servicio de la gente como es la razón de ser de esa actividad.
Pero, al parecer, en este caso, las cartas están echadas, y el proyecto se ejecutará. ¿Cómo se lo hará? Que prime la conveniencia nacional y la legalidad. (TFF) (Blanco y Negro)
CONELEC REACTUALIZA EL PROYECTO TOACHI-PILATÓN
La firma argentina Impsa dice ser la legítima concesionaria de la obra porque su solicitud no fue atendida oportunamente
La puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón cumplió 10 años de retraso el pasado 30 de mayo. De haber estado en operación, habría generado 190 megavatios de energía, los cuales habrían servido para evitar las crisis eléctricas que afectan al país cada año.
También podría haber constituido un significativo ahorro al erario nacional porque el proyecto está concebido para colocar su máxima energía en el mercado cuando los precios son los más altos. Actualmente, el país importa de Colombia 250 megavatios, a un costo de $0,8 centavos el kilovatio hora.
El 30 de mayo de 1995, el Estado transfirió al Consejo Provincial de Pichincha las atribuciones para concesionar a la iniciativa privada el desarrollo del proyecto, al amparo de la Ley de Modernización. Para el 10 de octubre del año siguiente, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico le retiró esa facultad. Señala que solo el Estado, por intermedio del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), puede concesionar.
En enero de 1997, un decreto ejecutivo extinguió las atribuciones del Consejo Provincial.
Para febrero de ese mismo año, un nuevo decreto le restituyó esa facultad.
Transcurrieron ocho años sin que se concretara el proyecto, hasta que, el 2 de marzo de 2005, el Gobierno de Lucio Gutiérrez le quitó esa atribución y la otorgó al Conelec.
Once días después, esa institución invitó públicamente a empresas locales y extranjeras para que presentaran solicitudes de concesión. Únicamente lo hizo la firma argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. (Impsa). Esto se cumplió el 18 de marzo.
Su propuesta consiste en ser el concesionario para desarrollar, financiar, construir y operar comercialmente el proyecto, con una inversión privada de $300 millones.
Hasta el 15 de abril, Impsa completó la documentación requerida por el Conelec. Esta incluía el pago de $37 998,80 (a razón de $200 por megavatio) por concepto de potencia nominal declarada, y el envío de cartas del Banco Credit Suisse y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (argentino), como fuentes disponibles.
Para el 23 de mayo, luego de 50 días hábiles, el Conelec rechazó la solicitud de Impsa con el argumento de que esta no había entregado los documentos en los plazos previstos. La empresa alega que sí lo hizo y aduce que es concesionaria por un supuesto "silencio administrativo positivo del Conelec".
Para hacer respetar su postura, Impsa interpuso ante el Conelec un recurso extraordinario de revisión que aún no se resuelve. (AA-MAR)
González crea la empresa Hidrotoapi
El único accionista es el Consejo Provincial
El 19 de octubre pasado, el prefecto Ramiro González solicitó al Conelec la concesión para la empresa Hidrotoapi S.A. Esta fue registrada en la Superintendencia de Compañías el 6 de septiembre de 2005 y tiene como único accionista al Consejo Provincial de Pichincha.
María Rosa Fabara, abogada de Impsa, sostiene que el Conelec no puede dar la concesión a Hidrotoapi porque pertenece a un ente seccional del sector público (Prefectura), "por tanto el Estado se concesionaría a sí mismo". Además, el Conelec todavía no resuelve la impugnación, por lo que no puede dar la concesión a otra empresa. (AA)
Odebrecht tiene varios contratos del Estado
Quiere participar con la figura de socio estratégico
A diferencia de Impsa, que solicitó la concesión del proyecto Toachi-Pilatón al Conelec, la empresa brasileña Odebrecht quiere convertirse en socio estratégico de Hidrotoapi S.A.
Fernando Luiz Santos-Reis, director general de Odebrecht, manifiesta que esa firma está en capacidad de ejecutar proyectos hidroeléctricos, pues actualmente construye la presa San Francisco.
También tiene a su haber el proyecto Carrizal-Chone, el aeropuerto de Tena y el proyecto hidroeléctrico Baba (generación de 40 megavatios), que debía ser adjudicado ayer por parte del Cedegé. (AA-MAR)
IMPSA asume todo el riesgo de la inversión
La empresa cree que su competidora obligará al Estado a dar garantías
Alberto Oliveri, apoderado de Impsa, manifiesta que su propuesta es la conveniente para el Estado, porque implica asumir los riesgos de toda inversión privada.
Impsa plantea ser el concesionario para desarrollar, financiar, construir y operar comercialmente el proyecto Toachi-Pilatón, con una inversión privada de $300 millones.
Señala que esto no comprende ni recursos públicos ni se requiere el aval del Estado para la contratación del crédito. Es decir, Impsa aportará con su propio capital y financiamiento privado, "por lo que el Ecuador no asume deuda alguna ni compromete su presupuesto".
Oliveri destaca que su representada ha seguido el camino legal al presentarse a la invitación pública del Conelec, pues indica que ese organismo es el único ente público competente para concesionar o delegar a otros sectores de la economía la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.
Sobre la posibilidad de que Odebrecht pudiera asumir el desarrollo del proyecto, señala que este se haría bajo el esquema de "obra pública", ya que la empresa obligará al Estado a dar una garantía soberana, a través del Ministerio de Economía. "Seguramente el Estado deberá destinar recursos adicionales propios para completar el costo total del mismo".
Esto lo dice en relación a la propuesta de Odebrecht, que plantea financiar la obra mediante un crédito del banco brasileño BNDES, por $170 millones. El resto, es decir, los $130 restantes, debería ponerlos el Estado, según Oliveri.
Ante las acusaciones de que Impsa sería una empresa relacionada con el Gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez, Oliveri señala que, durante esa época, Odebrecht obtuvo la concesión de cinco proyectos. Cuatro tienen créditos del BNDES y en otro (Carrizal-Chone) se incluye la Corporación Andina de Fomento (CAF).
"Si nosotros hubiéramos sido gutierristas, el Proyecto Toachi-Pilatón se hubiera concesionado a Impsa y, con inversión privada, este momento ya estaría en construcción", dice.
A todo esto, la abogada de Impsa, María Rosa Fabara, exige respeto a la seguridad jurídica garantizada en el artículo 23 de la Constitución. Reitera que el Conelec no se pronunció sobre la concesión en el plazo de 30 días establecido en el Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la prestación del servicio de energía eléctrica.
De ahí que, al haber notificado 50 días después con la negativa de la concesión, se entiende que esta ya fue otorgada durante el lapso en el que no se pronunció.
"Impsa continuará realizando todas las acciones legales a fin de que se le reconozcan sus derechos", manifiesta. Esto impedirá que el Conelec otorgue la concesión a otro interesado. Hasta el momento, el otro es Hidrotoapi, del Consejo Provincial de Pichincha. (AA-MAR)
ODEBRECHT dice que no hay más endeudamiento
La firma actúa como "vehículo" de los préstamos brasileños para el Ecuador.
El director general de la constructora Odebrecht, Fernando Luiz Santos-Reis, indica que no ha presentado al Conelec ninguna solicitud de concesión del proyecto.
"Entendemos que la concesión la tiene el Consejo Provincial" ( a través de Hidrotoapi S.A.), por lo que esta firma se halla interesada en convertirse en socio estratégico, puntualiza.
Señala que Odebrechet tiene experiencia en el desarrollo de centrales hidroeléctricas, "el proyecto San Francisco lo demuestra".
Reis desestima que su propuesta implique endeudamiento público para el Estado ecuatoriano, con el fundamento de que Odebrecht únicamente constituye un "vehículo de operacionalización" de los créditos brasileños hacia nuestro país.
Señala que la empresa aportará el crédito brasileño, de $170 millones, como deuda privada e inversión de capital fresco.
Esto lo reafirma con la exhibición de documentos del Banco Central del Ecuador que registran como "crédito externo, sector privado" al préstamo otorgado por el BNDES para el proyecto San Francisco ($242 965 100).
También entrega a BLANCO Y NEGRO la copia del acta sobre el proyecto Toachi-Pilatón, suscrita entre Termopichincha S.A. e Impsa, el 22 de diciembre de 2004. A este documento se anexa un proyecto de convenio sumillado por las partes.
Entre otras cosas, en el capítulo "Condiciones previas" se establece que el presidente de la República derogará el Decreto Ejecutivo n.º 18 del 20 de febrero de 1997, que restituía al Consejo Provincial la facultad de desarrollar el proyecto. Esto se cumplió el 2 de marzo de 2005.
Además, el proyecto de convenio establecía la constitución de un fideicomiso mercantil, al que el Ministerio de Economía debía aportar $120 millones, "a ser desembolsados desde el cierre financiero hasta su agotamiento según el avance de la construcción de las obras..." Esto no llegó a concretarse.
Reis niega que su empresa haya resultado favorecida con concesiones durante el régimen de Gutiérrez. Aclara que el proyecto Carrizal-Chone fue adjudicado en el Gobierno del ex presidente Gustavo Noboa.
En el caso del aeropuerto del Tena, que fue concesionado a Odebrecht durante el gutierrismo, indica haberle manifestado al presidente Alfredo Palacio la voluntad de la empresa de retirarse del proyecto, pero el mandatario no aceptó.
Ante el dilema que tiene por el resolver el Conelec entre el recurso legal presentado por Impsa, que reclama la legitimidad de la concesión, y la solicitud de Hidrotoapi S.A. que también quiere ser concesionario, Reis dice que su empresa no tiene nada que ver.
"No nos cabe cuestionar, nunca se verá a Odebrecht peleándose en contra del Estado ni en contra de la soberanía ecuatoriana", dice Reis.
Así, reitera que su intención es asociarse con la empresa de la Prefectura, no reclamar la concesión. (AA-MAR)
Todos los caminos conducen a Odebrecht
El Prefecto de Pichincha, Ramiro González, asegura que el Ministerio de Economía y Finanzas ya dio el aval para el crédito
El Conelec todavía no emite una resolucióndefinitiva sobre las solicitudes de concesión, pero el Gobierno ya tiene avanzado el trámite del crédito del BNDES, que se viabilizará a través de Odebrecht.
El presidente Alfredo Palacio conversó sobre el tema con su homólogo Luiz Inácio "Lula" da Silva durante una reunión mantenida en Brasilia, varias semanas después de que hubiera asumido el poder.
El diálogo continuó en mayo, cuando el ex ministro de Economía, Rafael Correa, asistió a una cumbre de presidentes latinoamericanos y árabes, en representación de Palacio. Y se afianzó en agosto, en Quito, durante la visita del canciller brasileño, Celso Amorim. Todo esto lo refiere a BLANCO Y NEGRO el representante de Odebrecht, Fernando Reis.
Esto se refleja en varias cartas oficiales, cursadas entre Correa, Reis, Amorim, el ex canciller Antonio Parra y la actual ministra de Economía y Finanzas, Magdalena Barreiro.
De ellas se desprende la voluntad del Gobierno brasileño de otorgar el crédito por $170 millones. Esto es considerado un "préstamo de Gobierno a Gobierno", según la carta del 25 de julio enviada por Rafael Correa al embajador Sergio Florencio.
Luego, el 9 de agosto, Magdalena Barreiro propone al ex canciller, Antonio Parra, que se "formalice la intención de los Gobiernos mediante la suscripción de un protocolo económico o financiero y líneas de crédito..."
Esto, según el prefecto de Pichincha, Ramiro González, constituye el aval del Gobierno para este endeudamiento.
Para el 19 de septiembre, Luis Herrería envía un oficio al representante de Odebrecht, en el que acusa recibo de un informe enviado al presidente Palacio sobre el cumplimiento de "varios de los pasos requeridos para viabilizar el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón". En la misiva también se muestra complacido por el avance de los trámites.
Más adelante, el 6 de octubre, el secretario jurídico de la Presidencia, Roberto González, remite un memorando al primer mandatario, según el cual el Consejo Provincial de Pichincha puede conformar una compañía de economía mixta, según los artículos 35 al 37 del Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la prestación del servicio de energía eléctrica.
En el último párrafo concluye que sobre la base de la decisión del Conelec (aún no resuelve sobre los pedidos de concesión) y del Consejo Provincial, este podría desarrollar el proyecto; "sin perjuicio de las expectativas o eventuales derechos de Impsa que, en ningún, caso, son oponibles para el Consejo, ya que es una parte ajena a la controversia entre el Conelec e Impsa".
Todo esto conduciría a que finalmente el proyecto se ejecute como aspira el prefecto: una asociación estratégica entre Odebrecht e Hidrotoapi S.A.
Reis niega haberse movido en las más altas esferas gubernamentales, dice no conocer ni haber tratado a Herrería ni González.
Señala que al mandatario lo ha visto solo una vez, en el Brasil, durante una cena ofrecida por "Lula" en el marco de una cumbre. Allí también conoció al asesor Modesto Apolo, a quien le entregó una tarjeta personal. Desde entonces no los ha vuelto a ver, afirma Fernando Reis. (AA-MAR)
PUNTO DE VISTA
CONVENIENCIA Y LEGALIDAD
La historia del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón es la evidencia de la ausencia de planificación, los enredos burocráticos y el juego de intereses que han puesto al Ecuador al borde del colapso institucional.
A pesar de haber sido planificado 10 años atrás, hasta ahora el proyecto no puede ser ejecutado, y, como consecuencia, el país deja de contar con 190 megavatios de energía, que podrían evitar la amenaza de apagones que, año a año, se cierne sobre la nación.
El "entrampamiento", los intereses sectoriales y hasta el chantaje como aquel que ejercitó el coronel Gutiérrez, cuando en marzo pasado le quitó la atribución para concesionar al Consejo Provincial de Pichincha, por el hecho de que su titular cuestionaba al dictócrata, son la muestra de que aquí no importa siquiera la producción hidroeléctrica, sino el negocio.
Este informe de BLANCO y NEGRO, en el que se cuenta la historia del proyecto Toachi-Pilatón, bien podría ser también considerado argumento suficiente para aquellos que han empezado a señalar al Ecuador como un caso de Estado fallido, puesto que aquí nada funciona.
Y es que las decisiones sobre obras llamadas a mejorar la calidad de vida de la gente y contribuir a la generación de riquezas están sometidas al vaivén de la política, convertida en un juego de intereses particulares, y no al servicio de la gente como es la razón de ser de esa actividad.
Pero, al parecer, en este caso, las cartas están echadas, y el proyecto se ejecutará. ¿Cómo se lo hará? Que prime la conveniencia nacional y la legalidad. (TFF) (Blanco y Negro)
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