En el techo y en el ventanal de la casa aún quedan las huellas de dos disparos ocurridos una madrugada de enero de 2003. La persona que dormÃa en la habitación, una mujer de 75 años, se despertó por la rotura del vidrio del cuadro, que recibió uno de los impactos de bala. Un año y dos meses después, Teresa López lo muestra y cuenta con más calma: en esa habitación vivÃa una inquilina que se asustó ante el ataque y que personalmente avisó a la PolicÃa.
En el informe pericial se explica que los disparos se hicieron con una pistola de largo alcance que incluÃa silenciador. Las descargas salieron desde la esquina sur de su casa, ubicada en un barrio del norte de Quito.
Teresa López está convencida de que ella era el objetivo de los disparos, pues no era la primera vez que ocurrÃan ataques en su contra. La razón: desde hace cuatro años impulsa un proceso penal por la desaparición y muerte de su hermano, ElÃas López Pita, registrada entre el 6 y el 9 de noviembre de 2000, en el puente San MartÃn, en Baños, provincia de Tungurahua. Desde que empezó ese juicio, Teresa López ha soportado varias amenazas, que, según ella, pretenden hacerla desistir de su lucha porque se haga justicia en nombre de su hermano.
ElÃas López Pita, a la edad de 45 años, fue asesinado por un grupo de ocho policÃas que fueron sentenciados por la justicia civil por homicidio preterintencional, es decir, que no tuvieron intención de matarlo, pero ninguno tuvo una condena mayor de seis años. Los tres oficiales jefes a cargo de este grupo fueron absueltos: el coronel Juan Avila, comandante de la PolicÃa de Tungurahua; el teniente coronel Mario RamÃrez, jefe de la PolicÃa Judicial, y el mayor VÃctor Hernández, jefe operativo del grupo.
Teresa López dice que la justicia cojea y que no tuvo más camino que apelar la sentencia para que los policÃas fueran sancionados por homicidio y asesinato. El juicio empezó en diciembre de 2000 en Ambato, pero por la apelación es analizado por una sala de casación de la Corte Suprema de Justicia en Quito.
A ElÃas López lo detuvieron en el control de Zámbiza, a la salida norte de Ambato, cuando viajaba en un bus rumbo a Esmeraldas para hacer negocios con su familia. La PolicÃa no ha explicado cuáles fueron las razones para detenerlo, se ha conformado con dar la baja a los acusados y dejarlos a merced de la justicia ordinaria.
Si en esa época habrÃa estado vigente el Programa de protección de testigos, Luis ShinÃn no habrÃa sido asesinado. El fue el único testigo que declaró haber visto con vida a ElÃas López Pita. También desapareció y murió sin mayores explicaciones. Estuvo preso en el mismo lugar y durante los mismos dÃas que López Pita, tras su liberación y declaración fue baleado y arrojado a una quebrada en la vÃa Guaranda-EcheandÃa, desde donde milagrosamente fue rescatado con vida. Sin embargo, el hombre fue secuestrado del Hospital de Guaranda sin que hasta hoy se sepa dónde están sus restos.
Por su desaparición y muerte también se instauró un juicio en el que se acusó y se sentenció a los mismos policÃas procesados en el caso López. ShinÃn no tuvo un Estado protector y ágil que le garantizara la vida para que se descubriera la verdad sobre la muerte de ElÃas López. ShinÃn se quedó solo y la muerte le llegó a pesar de que la protección para vÃctimas y testigos rige desde la Constitución de 1998.
La lucha porque se haga justicia significó un cambio rotundo en la vida de la familia de Teresa López Pita, una maestra de Matemáticas, de 45 años. Su madre vive en Esmeraldas y hasta allá llegaron varias llamadas telefónicas que le auguraban su muerte y la de sus otros hijos. Gladis Pita tiene 72 años y lleva consigo la tragedia de haber perdido tres hijos, dos de ellos en accidentes de tránsito, y a ElÃas, de quien espera por lo menos encontrar los huesos para enterrarlos y cobijarles con flores. Más de una vez Gladis pidió a Teresa que dejara el juicio, que ya suficiente dolor habÃa en su vida como para cargar con otra muerte.
Pero Teresa López no dio su brazo a torcer y mediante la intervención de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligara al Estado a proteger a su madre, a la viuda de ElÃas López y al abogado Gino Cevallos, quien lleva la causa en Ambato. PretendÃan que el resguardo fuera de las FFAA, pero el Ministerio de Defensa contestó que esa función no le correspondÃa, asà que el trabajo estuvo a cargo de la propia PolicÃa. La protección de los tres terminó.
Pero para Teresa López, su esposo y sus tres hijos la custodia quedó en ofrecimientos, de modo que el juicio también fue un desafÃo a la muerte y tuvieron que aprender a vivir con el riesgo de lo que podÃa pasar. "Te vamos a dar donde más te duele", le dijeron más de una vez voces anónimas que llamaban a cualquier hora a su casa. Llamadas que generaron lágrimas, rabia, rebeldÃa y que a la vez les dieron madera para afrontar lo que se vino: robo de las placas de su auto, robo de un auto, intentos de detención por presuntas infracciones de tránsito, persecuciones en la calle, agresiones verbales.
Verónica, la hija mayor, una adolescente que pronto terminará la secundaria, dice que la fuerza de su madre es la suya, y que no le importa lo que digan las voces anónimas, "lo que importa es que no lo hagan". Sin embargo, más de una vez sintió un miedo profundo de que su madre corriera la misma suerte de su tÃo ElÃas.
La familia vive con códigos y reglas estrictas. Las puertas de la casa se cierran a las 19:00, quien se retrasa llama para saber qué pasó y en qué tiempo llega. El padre deja y retira a los chicos del colegio, no hay viajes nocturnos, las reuniones sociales están limitadas. (AR)
La protección policial y ayuda económica se incrementaron
La percepción general de los especialistas es que el tema no ha merecido suficiente atención social
En Ecuador no hay cifras que muestren cuántos juicios se han paralizado porque los testigos o las vÃctimas de los delitos no se presentaron a declarar por temor.
Entre jueces y abogados se comentan mucho las diferencias de los resultados de procesos judiciales en Ecuador con los de paÃses europeos o EEUU. Una jueza dice que los juicios por violencia, en general, se quedan "a medias en la fase indagatoria porque los testigos clave prefieren no emitir declaración o por lo menos se niegan a poner la cara por medio a represalia".
Por tanto, la percepción general es que son muchos los casos que se han estancado, un ejemplo de ello es la investigación penal que se inició por el crimen del dirigente sindical Saúl Cañar, en el año 2000.
Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), el juicio careció de testigos, nadie se presentó a declarar.
El Programa de Protección a VÃctimas y Testigos es un mandato constitucional que se creó para proteger a las personas que son clave en las investigaciones y cuyas vidas están en riesgo.
Un Consejo Superior formado por varias instituciones (FiscalÃa, Corte Suprema, Ejecutivo, ProcuradurÃa y Ministerio de Finanzas) evalúa los casos presentados por la Jefatura de Protección a VÃctimas y Testigos y define el tipo de asistencia que necesitan las personas.
La protección consiste en vigilancia policial o en ayuda económica. Se trata de balancear la necesidad de protección con los recursos disponibles: a una persona se puede vigilar durante las horas de entrada y salida de su casa, y a otra las 24 horas del dÃa. El gran limitante de la FiscalÃa es que la PolicÃa Judicial no cuenta con una unidad especÃfica. Ahora es solo un proyecto.
La ayuda económica también varÃa dependiendo del caso y se la entrega solamente por un año. Un ejemplo: la FiscalÃa ahora protege a una joven de 15 años que fue violada por su padre y que quedó embarazada. La menor salió de su hogar y está en otra ciudad. La ayuda anual es de $2 310, divididas en mensualidades de $192. Cuando nazca su hijo, recibirá $1 120 por un año. Para los casos en general, el programa prevé una ayuda $3 a $5 diarios, unos $150 al mes.
El director de PolÃtica Penal, Washington Pesántez, dice que los montos no son ideales y, sin embargo, son inferiores a las que el Estado invierte en preso (220 por mes). (AR/OP)
LA PROTECCION DE TESTIGOS
La advertencia fue clara: "Si no retira la denuncia, morirÃa igual que su esposo"
La FiscalÃa ayuda a una viuda y sus tres hijos menores de edad
Juan y Angélica eran una pareja común de la ciudad de Babahoyo, habitaban en su propia casa con sus cuatro hijos, sembrando y cosechando plátano y criando animales para vivir. Doce años de sus vidas llegaron uno tras otro sin más sorpresas que las enfermedades de los niños o la sequÃa que amenazaba con destruir los sembradÃos, hasta que en mayo del año pasado su vida se volvió un infierno: una asociación de moradores que se formó en su barriada decidió quitarles su terreno a la buena. Interpusieron un juicio por tenencia ilegal de tierras que finalmente perdió y, entonces, decidieron hacerlo a la mala.
Angélica y Juan vieron morir lentamente a su ganado, sus animales aparecÃan muertos porque el pasto que comÃan habÃa sido envenenado; lo mismo ocurrió con el perro y el gato de la casa. Después presenciaron la destrucción de su granero envuelto en llamas, tras un incendio provocado y cómo gente enfurecida destruÃa las cercas de su propiedad e intentaba también prenderle fuego a la casa.
Y entonces vino lo peor: la asociación los amenazó de muerte si es que no abandonaban el predio, pero Juan y Angélica se quedaron. La mujer, con su hija menor en brazos, vio cómo tres hombres asesinaron a su esposo a machetazos. Juan intentó defenderse, pero los asesinos eran más y estaban armados, la vÃctima quedó tendida a la entrada de su casa.
La mujer decidió denunciar al ministerio público su tragedia para que detuviera a los asesinos, pero al dÃa siguiente la amenaza llegó para ella: "Si no retiraba la denuncia, morirÃa igual que su esposo".
La viuda y sus cuatro hijos abandonaron su casa, los niños mayores (Manuel de 12 años, José, de 10, y Rita, de 9) emigraron a Guayaquil, mientras que Angélica con su hija de 5 meses se refugió en a la casa de un pariente cercano en Babaco.
Luego de la intervención del ministerio público en el caso, la familia se volvió a unir y recibió una ayuda económica que les ha permitido levantar otro ranchito en un barrio de la capital del Guayas. (AR)
El programa protege a 60 personas y 30 de ellas tienen resguardo policial
La Cedhu aspira a que el programa ayude a esclarecer varios casos
El 30 de enero de este año, el ministerio público empezó a aplicar su programa de protección a vÃctimas y testigos, mediante el Departamento de PolÃtica Penal. La Constitución de 1998 le encargó a la FiscalÃa esta tarea para fortalecer la aplicación de la justicia.
Sin embargo, el Estado no previó los recursos para que esta obligación se cumpliera. Además, solo cuatro años después del mandato se aprobó el reglamento bajo el cual funcionarÃa el programa.
El director de PolÃtica Penal, Washington Pesántez, dice que fue muy difÃcil empezar, pero ahora cuentan con una alternativa para garantizar la seguridad de vÃctimas y testigos involucrados en casos de delitos contra la vida.
Actualmente, 60 personas están bajo este régimen, 30 de ellas reciben ayuda económica porque tuvieron que dejar sus hogares y hasta sus ciudades. Las otras 30 tienen resguardo policial, porque el riesgo de ser atacadas es mayor. Se trata de personas involucradas en casos de conocimiento público, que han sido noticia para el paÃs.
La hermana Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de DDHH (Cedhu), ve con buenos ojos la implementación del programa. âMuchos casos se han quedado en la impunidad porque la gente no se atrevió a declarar por miedo a represalias. Esperemos que esta acción de la FiscalÃa ayude al esclarecimiento de los hechosâ.
Diego Zalamea, director del programa, cree que la gente tiene que conocer este derecho (a la protección) para que lo pueda usar. La oficina que dirige cuenta con un presupuesto de $25 mil, de los cuales $11 582 fueron destinados a quienes urgÃa dejar sus hogares, la mayorÃa, mujeres vÃctimas de violencia doméstica.
El artÃculo 1 del reglamento señala que âserán objeto del Programa de Protección y Asistencia las vÃctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, asà como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando requieran protección y asistenciaâ. Sin embargo, la protección no es gratuita, pues demanda de los favorecidos su participación activa en el esclarecimiento de los hechos. âLas vÃctimas -dice Pesántez- tienen que colaborar con la justiciaâ. (AR)
La protección no es gratuita. Demanda de los favorecidos participación activa para esclarecer los hechos.
¿Quién es quién en el Programa de Protección a VÃctimas y Testigos?
Testigo: quien presencia o tiene conocimiento directo o mediato sobre un hecho, cuya versión fue dada en la indagación previa, en la instrucción fiscal o rindió testimonio en el juicio.
VÃctima: es el sujeto pasivo del delito o la persona que sufre directamente los efectos.
Informante: quien sin poseer pruebas aporta informaciones, datos o versiones en la investigación preprocesal y procesal penal. Su protección no corresponde al programa.
Asistencia: aplicación del programa para atender al protegido y su entorno familiar. Se traduce en apoyo socio económico, sicológico, médico y demás acciones para satisfacer necesidades previamente evaluadas.
Riesgo: es la amenaza o el peligro que se cierne contra la vida o integridad de las personas que tienen la expectativa de acceder al programa.
Dónde acudir: Jefatura de Protección a VÃctimas y Testigos, calle Roca 631 y Amazonas, en Quito. Llamar al 2905 053.
En el informe pericial se explica que los disparos se hicieron con una pistola de largo alcance que incluÃa silenciador. Las descargas salieron desde la esquina sur de su casa, ubicada en un barrio del norte de Quito.
Teresa López está convencida de que ella era el objetivo de los disparos, pues no era la primera vez que ocurrÃan ataques en su contra. La razón: desde hace cuatro años impulsa un proceso penal por la desaparición y muerte de su hermano, ElÃas López Pita, registrada entre el 6 y el 9 de noviembre de 2000, en el puente San MartÃn, en Baños, provincia de Tungurahua. Desde que empezó ese juicio, Teresa López ha soportado varias amenazas, que, según ella, pretenden hacerla desistir de su lucha porque se haga justicia en nombre de su hermano.
ElÃas López Pita, a la edad de 45 años, fue asesinado por un grupo de ocho policÃas que fueron sentenciados por la justicia civil por homicidio preterintencional, es decir, que no tuvieron intención de matarlo, pero ninguno tuvo una condena mayor de seis años. Los tres oficiales jefes a cargo de este grupo fueron absueltos: el coronel Juan Avila, comandante de la PolicÃa de Tungurahua; el teniente coronel Mario RamÃrez, jefe de la PolicÃa Judicial, y el mayor VÃctor Hernández, jefe operativo del grupo.
Teresa López dice que la justicia cojea y que no tuvo más camino que apelar la sentencia para que los policÃas fueran sancionados por homicidio y asesinato. El juicio empezó en diciembre de 2000 en Ambato, pero por la apelación es analizado por una sala de casación de la Corte Suprema de Justicia en Quito.
A ElÃas López lo detuvieron en el control de Zámbiza, a la salida norte de Ambato, cuando viajaba en un bus rumbo a Esmeraldas para hacer negocios con su familia. La PolicÃa no ha explicado cuáles fueron las razones para detenerlo, se ha conformado con dar la baja a los acusados y dejarlos a merced de la justicia ordinaria.
Si en esa época habrÃa estado vigente el Programa de protección de testigos, Luis ShinÃn no habrÃa sido asesinado. El fue el único testigo que declaró haber visto con vida a ElÃas López Pita. También desapareció y murió sin mayores explicaciones. Estuvo preso en el mismo lugar y durante los mismos dÃas que López Pita, tras su liberación y declaración fue baleado y arrojado a una quebrada en la vÃa Guaranda-EcheandÃa, desde donde milagrosamente fue rescatado con vida. Sin embargo, el hombre fue secuestrado del Hospital de Guaranda sin que hasta hoy se sepa dónde están sus restos.
Por su desaparición y muerte también se instauró un juicio en el que se acusó y se sentenció a los mismos policÃas procesados en el caso López. ShinÃn no tuvo un Estado protector y ágil que le garantizara la vida para que se descubriera la verdad sobre la muerte de ElÃas López. ShinÃn se quedó solo y la muerte le llegó a pesar de que la protección para vÃctimas y testigos rige desde la Constitución de 1998.
La lucha porque se haga justicia significó un cambio rotundo en la vida de la familia de Teresa López Pita, una maestra de Matemáticas, de 45 años. Su madre vive en Esmeraldas y hasta allá llegaron varias llamadas telefónicas que le auguraban su muerte y la de sus otros hijos. Gladis Pita tiene 72 años y lleva consigo la tragedia de haber perdido tres hijos, dos de ellos en accidentes de tránsito, y a ElÃas, de quien espera por lo menos encontrar los huesos para enterrarlos y cobijarles con flores. Más de una vez Gladis pidió a Teresa que dejara el juicio, que ya suficiente dolor habÃa en su vida como para cargar con otra muerte.
Pero Teresa López no dio su brazo a torcer y mediante la intervención de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligara al Estado a proteger a su madre, a la viuda de ElÃas López y al abogado Gino Cevallos, quien lleva la causa en Ambato. PretendÃan que el resguardo fuera de las FFAA, pero el Ministerio de Defensa contestó que esa función no le correspondÃa, asà que el trabajo estuvo a cargo de la propia PolicÃa. La protección de los tres terminó.
Pero para Teresa López, su esposo y sus tres hijos la custodia quedó en ofrecimientos, de modo que el juicio también fue un desafÃo a la muerte y tuvieron que aprender a vivir con el riesgo de lo que podÃa pasar. "Te vamos a dar donde más te duele", le dijeron más de una vez voces anónimas que llamaban a cualquier hora a su casa. Llamadas que generaron lágrimas, rabia, rebeldÃa y que a la vez les dieron madera para afrontar lo que se vino: robo de las placas de su auto, robo de un auto, intentos de detención por presuntas infracciones de tránsito, persecuciones en la calle, agresiones verbales.
Verónica, la hija mayor, una adolescente que pronto terminará la secundaria, dice que la fuerza de su madre es la suya, y que no le importa lo que digan las voces anónimas, "lo que importa es que no lo hagan". Sin embargo, más de una vez sintió un miedo profundo de que su madre corriera la misma suerte de su tÃo ElÃas.
La familia vive con códigos y reglas estrictas. Las puertas de la casa se cierran a las 19:00, quien se retrasa llama para saber qué pasó y en qué tiempo llega. El padre deja y retira a los chicos del colegio, no hay viajes nocturnos, las reuniones sociales están limitadas. (AR)
La protección policial y ayuda económica se incrementaron
La percepción general de los especialistas es que el tema no ha merecido suficiente atención social
En Ecuador no hay cifras que muestren cuántos juicios se han paralizado porque los testigos o las vÃctimas de los delitos no se presentaron a declarar por temor.
Entre jueces y abogados se comentan mucho las diferencias de los resultados de procesos judiciales en Ecuador con los de paÃses europeos o EEUU. Una jueza dice que los juicios por violencia, en general, se quedan "a medias en la fase indagatoria porque los testigos clave prefieren no emitir declaración o por lo menos se niegan a poner la cara por medio a represalia".
Por tanto, la percepción general es que son muchos los casos que se han estancado, un ejemplo de ello es la investigación penal que se inició por el crimen del dirigente sindical Saúl Cañar, en el año 2000.
Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), el juicio careció de testigos, nadie se presentó a declarar.
El Programa de Protección a VÃctimas y Testigos es un mandato constitucional que se creó para proteger a las personas que son clave en las investigaciones y cuyas vidas están en riesgo.
Un Consejo Superior formado por varias instituciones (FiscalÃa, Corte Suprema, Ejecutivo, ProcuradurÃa y Ministerio de Finanzas) evalúa los casos presentados por la Jefatura de Protección a VÃctimas y Testigos y define el tipo de asistencia que necesitan las personas.
La protección consiste en vigilancia policial o en ayuda económica. Se trata de balancear la necesidad de protección con los recursos disponibles: a una persona se puede vigilar durante las horas de entrada y salida de su casa, y a otra las 24 horas del dÃa. El gran limitante de la FiscalÃa es que la PolicÃa Judicial no cuenta con una unidad especÃfica. Ahora es solo un proyecto.
La ayuda económica también varÃa dependiendo del caso y se la entrega solamente por un año. Un ejemplo: la FiscalÃa ahora protege a una joven de 15 años que fue violada por su padre y que quedó embarazada. La menor salió de su hogar y está en otra ciudad. La ayuda anual es de $2 310, divididas en mensualidades de $192. Cuando nazca su hijo, recibirá $1 120 por un año. Para los casos en general, el programa prevé una ayuda $3 a $5 diarios, unos $150 al mes.
El director de PolÃtica Penal, Washington Pesántez, dice que los montos no son ideales y, sin embargo, son inferiores a las que el Estado invierte en preso (220 por mes). (AR/OP)
LA PROTECCION DE TESTIGOS
La advertencia fue clara: "Si no retira la denuncia, morirÃa igual que su esposo"
La FiscalÃa ayuda a una viuda y sus tres hijos menores de edad
Juan y Angélica eran una pareja común de la ciudad de Babahoyo, habitaban en su propia casa con sus cuatro hijos, sembrando y cosechando plátano y criando animales para vivir. Doce años de sus vidas llegaron uno tras otro sin más sorpresas que las enfermedades de los niños o la sequÃa que amenazaba con destruir los sembradÃos, hasta que en mayo del año pasado su vida se volvió un infierno: una asociación de moradores que se formó en su barriada decidió quitarles su terreno a la buena. Interpusieron un juicio por tenencia ilegal de tierras que finalmente perdió y, entonces, decidieron hacerlo a la mala.
Angélica y Juan vieron morir lentamente a su ganado, sus animales aparecÃan muertos porque el pasto que comÃan habÃa sido envenenado; lo mismo ocurrió con el perro y el gato de la casa. Después presenciaron la destrucción de su granero envuelto en llamas, tras un incendio provocado y cómo gente enfurecida destruÃa las cercas de su propiedad e intentaba también prenderle fuego a la casa.
Y entonces vino lo peor: la asociación los amenazó de muerte si es que no abandonaban el predio, pero Juan y Angélica se quedaron. La mujer, con su hija menor en brazos, vio cómo tres hombres asesinaron a su esposo a machetazos. Juan intentó defenderse, pero los asesinos eran más y estaban armados, la vÃctima quedó tendida a la entrada de su casa.
La mujer decidió denunciar al ministerio público su tragedia para que detuviera a los asesinos, pero al dÃa siguiente la amenaza llegó para ella: "Si no retiraba la denuncia, morirÃa igual que su esposo".
La viuda y sus cuatro hijos abandonaron su casa, los niños mayores (Manuel de 12 años, José, de 10, y Rita, de 9) emigraron a Guayaquil, mientras que Angélica con su hija de 5 meses se refugió en a la casa de un pariente cercano en Babaco.
Luego de la intervención del ministerio público en el caso, la familia se volvió a unir y recibió una ayuda económica que les ha permitido levantar otro ranchito en un barrio de la capital del Guayas. (AR)
El programa protege a 60 personas y 30 de ellas tienen resguardo policial
La Cedhu aspira a que el programa ayude a esclarecer varios casos
El 30 de enero de este año, el ministerio público empezó a aplicar su programa de protección a vÃctimas y testigos, mediante el Departamento de PolÃtica Penal. La Constitución de 1998 le encargó a la FiscalÃa esta tarea para fortalecer la aplicación de la justicia.
Sin embargo, el Estado no previó los recursos para que esta obligación se cumpliera. Además, solo cuatro años después del mandato se aprobó el reglamento bajo el cual funcionarÃa el programa.
El director de PolÃtica Penal, Washington Pesántez, dice que fue muy difÃcil empezar, pero ahora cuentan con una alternativa para garantizar la seguridad de vÃctimas y testigos involucrados en casos de delitos contra la vida.
Actualmente, 60 personas están bajo este régimen, 30 de ellas reciben ayuda económica porque tuvieron que dejar sus hogares y hasta sus ciudades. Las otras 30 tienen resguardo policial, porque el riesgo de ser atacadas es mayor. Se trata de personas involucradas en casos de conocimiento público, que han sido noticia para el paÃs.
La hermana Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de DDHH (Cedhu), ve con buenos ojos la implementación del programa. âMuchos casos se han quedado en la impunidad porque la gente no se atrevió a declarar por miedo a represalias. Esperemos que esta acción de la FiscalÃa ayude al esclarecimiento de los hechosâ.
Diego Zalamea, director del programa, cree que la gente tiene que conocer este derecho (a la protección) para que lo pueda usar. La oficina que dirige cuenta con un presupuesto de $25 mil, de los cuales $11 582 fueron destinados a quienes urgÃa dejar sus hogares, la mayorÃa, mujeres vÃctimas de violencia doméstica.
El artÃculo 1 del reglamento señala que âserán objeto del Programa de Protección y Asistencia las vÃctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, asà como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando requieran protección y asistenciaâ. Sin embargo, la protección no es gratuita, pues demanda de los favorecidos su participación activa en el esclarecimiento de los hechos. âLas vÃctimas -dice Pesántez- tienen que colaborar con la justiciaâ. (AR)
La protección no es gratuita. Demanda de los favorecidos participación activa para esclarecer los hechos.
¿Quién es quién en el Programa de Protección a VÃctimas y Testigos?
Testigo: quien presencia o tiene conocimiento directo o mediato sobre un hecho, cuya versión fue dada en la indagación previa, en la instrucción fiscal o rindió testimonio en el juicio.
VÃctima: es el sujeto pasivo del delito o la persona que sufre directamente los efectos.
Informante: quien sin poseer pruebas aporta informaciones, datos o versiones en la investigación preprocesal y procesal penal. Su protección no corresponde al programa.
Asistencia: aplicación del programa para atender al protegido y su entorno familiar. Se traduce en apoyo socio económico, sicológico, médico y demás acciones para satisfacer necesidades previamente evaluadas.
Riesgo: es la amenaza o el peligro que se cierne contra la vida o integridad de las personas que tienen la expectativa de acceder al programa.
Dónde acudir: Jefatura de Protección a VÃctimas y Testigos, calle Roca 631 y Amazonas, en Quito. Llamar al 2905 053.
Más en el