La misiva se envió al presidente Rafael Correa este miércoles
La petición forma parte de una carta enviada por 34 organizaciones nacionales e internacionales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que solicite una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la compatibilidad de la nueva Ley de Comunicación con los estándares internacionales en materia de libertad de prensa y expresión.
La petición de la SIP forma parte de una carta que enviaron ayer 35 organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la libertad de prensa, nucleadas en la Red Global IFEX.
En la carta se considera que "esa Opinión Consultiva podría ser decisiva para otorgar definitivamente a la Ley de Comunicación del Ecuador de una legitimidad que ahora está en duda", a la luz de los artículos 19 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.
La Ley de Comunicación entró en vigencia el 14 de julio, pero se gestó en 2009 bajo los auspicios de Carondelet con la intención de regular a los medios de comunicación.
En todo el proceso, la SIP, a través del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, calificó a la nueva legislación de "ley mordaza", por establecer entes gubernamentales que tienen la potestad de controlar la propiedad de los medios, imponer censura directa e intromisión en los contenidos, definir quién puede o no se periodista y crear nuevos delitos de prensa que privilegian a las autoridades y funcionarios públicos por sobre los ciudadanos. Las opiniones consultivas a la CIDH solo pueden ser solicitadas por los estados firmantes de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
En cuanto a las organizaciones, estas expresan en la carta su preocupación por la Ley y las observaciones que los relatores de Libertad de Expresión y Opinión han hecho sobre la norma.
"Estas observaciones establecen, en lo esencial, que la normativa incumple los estándares internacionales de protección al derecho humano fundamental a la libre expresión y contiene graves restricciones para el pleno goce de esta libertad".
Específicamente, citan a Frank La Rue, de la Organización de Naciones Unidas y a Catalina Botero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. (CG)
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