La clase política reaccionó con unánime virulencia a la propuesta del Gobierno de lanzar una convocatoria a la Asamblea Constiyente. Los movimientos sociales apuntan sus forajidos dardos al Congreso, y el Gobierno aún intenta digerir los efectos del golpe que ha propinado.
Todas las miradas se dirigen al Tribunal Supremo Electoral cuyos vocales, nacidos de los partidos políticos, han adelantado ya sus criterios, aún sabiendo que son jueces electorales. La respuesta al pedido del presidente por lo pronto es no, aunque la decisión es extraoficial.
La magnitud de la respuesta partidista ha sido del tamaño de anteriores destituciones presidenciales: desde pedidos de renuncia, amenazas de juicio político y exigencias de adelanto de elecciones.
Al rebulicio de los partidos se sumaron, desde anoche, las organizaciones sociales, que gracias al Presidente obtuvieron el 50% de la representación nominal. El objetivo de quienes fueron el grueso del activismo de los forjidos es lograr la disolución del Congreso, al que consideran sin autoridad moral para defender el estado de Derecho.
El tema, sin embargo, aún permanece agazapado en los escenarios de los medios de comunicación y en los conciliábulos de los actores políticos y de los activistas sociales. Mientras se debate el futuro, y se habla en su nombre, el hombre y la mujer de la calle, el soberano, aún no se muestra interesado.
El espíritu de cuerpo en el Congreso contra el Presidente
Como en pocas ocasiones, los diputados tuvieron una posición unánime para rechazar la propuesta planteada ayer por el presidente, Alfredo Palacio, para convocar a una consulta popular con la que se autorice la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
Los miembros de los partidos en el Congreso esgrimieron ayer un conjunto de argumentos jurídicos y políticos para evitar que se produzca la consulta. En el fondo, varios de ellos admiten que el problema, además de la inconstitucionalidad del pedido, responde a que la Asamblea propuesta por Palacio reducirá dramáticamente el poder que por dos décadas han mantenido los partidos políticos por sobre las instituciones del sistema democrático.
El problema real que reconocen los partidos es que el estatuto electoral, planteado por el Ejecutivo, establece una serie de prohibiciones que reducen radicalmente la participación de los políticos experimentados en la posible nueva Asamblea. El resultado puesto en vigencia por la Asamblea se traduciría en una menor participación partidista.
El lunes en la noche el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, decidió suspender la agenda que estaba prevista para la sesión de ayer, para que las cuatro horas de debate se las dedique a la discusión sobre la propuesta presidencial.
Abrió el debate el socialcristiano Luis Fernando Torres, quien sorprendió incluso a sus coidearios cuando pidió la renuncia al primer mandatario. Al traidor hay que enseñarle a respetar la Constitución comentó.
Pero el jefe de bloque del PSC, Alfredo Serrano, tuvo que salir al paso de estas declaraciones y aclarar que fueron de carácter personal, ya que la posición del PSC es de prudencia antes de tomar una decisión que pueda afectar a Palacio.
El criterio del PSC es que la propuesta del Presidente viola la Constitución, ya que la reforma junto a varias leyes secundarias.
Inmediatamente, Ramiro Rivera (DP) complementó la posición de Torres, y formalizó su pedido de incluir una disposición transitoria en la Constitución, que permita adelantar las elecciones presidenciales y las de diputados, previstas para el próximo año.
Mientras los diputados hacían sus pronunciamientos, varios de ellos, en especial el jefe de bloque del PSC, Alfredo Serrano; el de la ID, Jorge Sánchez y Ramiro Rivera, iniciaban contactos con sus colegas de otros bloques. La intención era definir una posición de consenso y con ella presionar al TSE para que emita un pronunciamiento que archive el pedido del presidente.
Del lado del PRE fue Mario Touma quien a nombre del partido propuso que el Congreso estudie la posibilidad de enjuiciar políticamente al primer mandatario por haber violado la Constitución. También afirmó que su bloque respaldará la propuesta de Rivera para buscar el mecanismo que permita adelantar las elecciones.
Los legisladores del Prian fueron los que más tardaron en anunciar su posición, la que coincidió finalmente con el espíritu de cuerpo del momento.
La sorpresa durante el debate la dieron los diputados socialistas, quienes se refirieron en duros términos al primer mandatario y a sus asesores. Segundo Serrano aclaró que su bloque respalda una Asamblea, pero cuestionó el estatuto propuesto y afirmó que en caso de que se produzca una consulta, esta debería incluir también el adelanto de las elecciones.
Luis Villacís (MPD) y Antonio Posso (PK) compartieron argumentos y coincidieron en respaldar la Asamblea Constituyente pero sin el estatuto, ya que este es excluyente al imponer requisitos excesivamente rígidos para la elección. Sociedad Patriótica y los llamados independientes se sumaron al rechazo general. Los diputados discutirán hoy una resolución de Vicente Taiano (Prian), quien sugirió que el Congreso exhorte al TSE a negar el pedido del Ejecutivo por inconstitucional.
Los movimientos sociales salen a las calles para tumbar al Congreso
Organizaciones sociales de la capital iniciaron ayer movilizaciones en contra del Congreso y por una asamblea Constituyente, en el mismo sitio donde empezó la caída de Lucio Gutiérrez: la avenida de Los Shyris. Hasta el momento, son 117 las organizaciones sociales que respaldan el proceso. Estas van desde sindicatos a asambleas populares, identificadas con el movimiento de los forajidos.
Ayer un nuevo grupo llamado Clave Democrática organizó su primer plantón frente al Congreso. Durante cuatro horas, los voluntarios de esta organización se manifestaron en la calle. Para ayer a las 19:00 estaba prevista la primera concentración en la Tribuna de Los Shyris, convocada por las organizaciones bajo el eslogan: pite por la Asamblea. A la misma fueron convocadas asambleas de 12 barrios de la capital y de otras provincias
Un antecedente que deja dudas en su aplicación
El Gobierno, a través de varios asesores, aseguró que el antecedente jurídico utilizado por el Presidente de la República para convocar a Asamblea Constituyente, antes de una consulta, es el aplicado por el ex presidente interino Fabián Alarcón en la consulta celebrada el 25 de mayo de 1997 y que preguntó al pueblo si autorizaba o no la instalación de una Asamblea Nacional.
En el plebiscito, Fabián Alarcón consultó al pueblo sobre catorce temas.
Las preguntas relacionadas con la convocatoria e integración de la Asamblea y con el paso obligado por el Congreso de los resultados de la consulta, fueron las siguientes (se incluye los votos que lograron el sí):
3. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque a una Asamblea Nacional con el exclusivo propósito de que reforme la Constitución Política de la República? Sí: 64,58%
4. Al convocar a la Asamblea Nacional. ¿cuál de las siguientes alternativas escogería usted para su conformación?
a. Todos los miembros serán elegidos por voto popular
b. Una parte de sus miembros será elegida por votación popular y la otra por representantes de instituciones y organizaciones del Estado y de la sociedad civil?
La opción a) tuvo el 59,85%
13. ¿Esta usted de acuerdo que la Constitución Política contemple el principio de la revocatoria del mandato de quienes, habiendo sido elegidos por el voto popular, incumplan con las normas morales, legales y de eficiencia atinentes al ejercicio de sus funciones, de conformidad con la ley? Sí: 60,25%
14. ¿Dispone usted que el Congreso Nacional incorpore como reformas a la Constitución Política de la República el mandato de esta consulta, dentro del plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación de sus resultados oficiales o el registro oficial? Sí: 66,88%.
Damerval: se puede sin el Congreso
Según el art. 104 de la Constitución, el Presidente puede consultar lo que a él se le ocurra que puede interesar a la Nación, con una excepción: No puede consultar textos de reforma constitucional, lo que significa que sí puede consultar si se debe o no instalar una Asamblea Nacional (consulta que, por sí misma, no significa ni editar una nueva Constitución ni reformar la actual) a la que el pueblo es libre de negarse".
"El Presidente puede, incluso, presentarle al pueblo una nueva Constitución redactada por él y preguntarle si la aprueba o no. En consecuencia, es cierto que existe una norma expresa que falculta esta consulta sin necesidad de recurrir al Congreso y es el pueblo, el soberano, quien decide instalar la Asamblea Constituyente".
"El TSE no tiene facultad de oponerse a la consulta presidencial, y solo tiene facultad para fijar el día del acto electoral, y para realizar la consulta.
El Gobierno analiza su plan B
El Gobierno busca consolidar el planteamiento de una Asamblea Constituyente primero casa adentro. Por tal razón el gabinete convocado ayer tuvo como único tema la explicación de esta propuesta a los ministros y otros colaboradores.
Habló primero el confirmado secretario jurídico, Roberto González; posteriomente intervino el Presidente de la República. La reunión se dio hasta pasadas las 13:00 y duró alrededor de tres horas y media.
La preocupación por la situación política y las terminantes advertencias del Congreso y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra del Presidente frustraron el viaje del mandatario a Portoviejo. Se movilizaron en su lugar los ministros de Obras Públicas, Gobierno (e) y Agricultura a la capital de la provincia de Manabí, que se encuentra celebrando sus fiestas patronales.
Al terminar la reunión de gabinete, el ministro de Gobierno encargado, Galo Chiriboga, defendió el estatuto electoral presentado ayer y desechó la alternativa de que el Congreso pueda seguir un juicio político a Palacio, pues según el ministro no existe causal alguna para tal planteamiento.
Antes de iniciar la reunión, en cambio, el secretario González dejó claro que el Gobierno busca anclar su propuesta de llamar a una Constituyente vía consulta popular en un antecedente histórico reciente: la Asamblea de 1997.
Si el tribunal califica la consulta y el pueblo dice sí a la propuesta presidencial, los poderes constituidos deberían recoger esa legitimidad, tal como ocurrió en la época de Fabián Alarcón. En esa época el resultado de la consulta se incorporó a la Constitución.
El funcionario también planteó que la legitimidad del mandato popular sobre los poderes constituidos es clara. La legitimidad de las realidades históricas de la nación ubican soluciones que trascienden el tecnicismo puro de la norma jurídica.
No obstante, ¿qué ocurriría si la población le da la espalda al Presidente en la consulta sobre la Constituyente? En la mañana de ayer, el secretario de Comunicación, José Toledo, tuvo que dar una respuesta ante un requerimiento periodístico en Ecuavisa: El Presidente deja su cargo si le dicen que no, refirió el funcionario, que dejó claramente determinado que el Gobierno Nacional ya analiza un escenario en el que se acorta el mandato del Presidente.
A pesar de la declaración, Toledo dijo que existe un plan B o inclusive un plan C en caso de que el TSE no califique la consulta. El plan inmediato, según otras fuentes consultadas en Carondelet, consiste en hacer una convocatoria directa a la población y esperar su apoyo.
Las FF.AA. se quedan al margen
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, fue renunciado al menos dos veces ayer. Los rumores sobre su dimisión fueron desmentidas sistemáticamente por el funcionario.
Durante la tarde, Jarrín se vio obligado a emitir un pronunciamiento sobre la crisis institucional desatada tras la convocatoria a Asamblea del presidente Palacio.
El ministro, a nombre de las Fuerzas Armadas, dijo que la solución a los problemas políticos la tienen únicamente los sectores vinculados con la política. Con ello deslindó cualquier compromiso con sectores que según fuentes castrenses están pidiendo, nuevamente, el apoyo militar para un recambio presidencial.
Jarrín aseguró que cualquier resolución o dirimencia en el conflicto político debe ser resuelto en ese ámbito, al ser consultado respecto a la posibilidad de que el TSE rechace el pedido para la consulta popular o Palacio renuncie.
Según el secretario de Defensa, el jefe de Estado no ha realizado ninguna consulta al alto mando militar en este punto, así como tampoco Jarrín ha dado su opinión porque no es su función. Las FF.AA. no participan, no deciden como iniciativa.
Reconoció que antes los militares lo hicieron pero ahora esa regla no se aplica. Considera que el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones es lo que reforzará la democracia en el país.
En cuanto al retorno de Lucio Gutiérrez, reconoció que dispuso que el personal se concentre en las unidades por si la Policía requería apoyo.
Durante su comparencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional, el ministro Jarrín ratificó que la cartera que dirige no puede confirmar la existencia del Ejercito de Liberación Alfarista (ELA).
Los partidos en el TSE le dicen que no a la Asamblea
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Vicente Naranjo, fue el primero en pronunciarse de manera frontal en favor de la consulta popular.
Para el vocal de Pachakutik, el pedido del presidente Alfredo Palacio es pertinente. Vamos a apoyar el llamado a consulta popular en los términos que el mandatario lo ha pedido.
Pero fue el único apoyo en firme que ha obtenido la propuesta del Presidente. La sesión del pleno se instaló a las 17:00 para analizar el contenido del decreto Ejecutivo desde lo legal y constitucional, por lo que la intervención de Naranjo provocó críticas al interior.
Cada uno de los vocales son autónomos y responsables de sus actos y decisiones , sostuvo el presidente del TSE, Gilberto Vaca. Condenó los actos vandálicos producidos en la mañana, cuando un grupo de ciudadanos no identificados rompió algunos vidrios del organismo. No actuaremos bajo presión, menos su presidente, dijo.
El argumento de Naranjo se basa en el artículo 116 de la Ley de Elecciones por tener concordancia con el artículo 104 de la Constitución que facultaría al mandatario a solicitar que se llame a consulta popular cuando a su juicio se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país. En el caso de la Asamblea, cree que es un imperativo nacional donde el pueblo es el mandante.
Se abstuvo de adelantar criterios sobre el contenido que plantea la participación de 50 asambleístas propuestos por los partidos y movimientos políticos, pues el TSE no tiene la facultad para dar un juicio de valor sobre el contenido de las preguntas o de la consulta popular.
Hasta pasado el mediodía, parecía el único voto seguro en relación a los seis otros vocales del PSC, ID, PRE, Prian, Nuevo País y MPD que esperaban tomar una decisión a partir de las negociaciones en el Congreso.
El vocal del MPD que aparentemente seguía la misma línea se encontraba de viaje en México, pero estaba previsto que llegue para la sesión.
Guillermo González, de Nuevo País, aliado a los movimientos sociales y representante de la sociedad civil, reconoció el derecho del pueblo a pronunciarse, pero dijo que en su calidad de juez electoral debe cumplir con los mandatos de la Carta Magna.
Mientras que Ángela Albán, vocal del Prian, negó conocer de contactos realizados entre su partido y el Ejecutivo. Es una decisión netamente jurídica, basada en lo que dicen la Ley y la Constitución. Aclaró que la declaración de su coidearia, la diputada Silka Sánchez fue en el sentido de que se está estudiando el pedido de Palacio.
No descartó que la decisión pudiera tomarse inmediatamente o que el pleno decida enviar la petición hasta la Comisión Jurídica. Gilberto Vaca, del PSC, es partidario de que esta instancia emita su informe y se resuelva lo antes posible pero al amparo de la Constitución.
Pese a que la postura de su partido es de oposición, aseguró que sobre sus decisiones no existe influencia de ninguna naturaleza que no sea el análisis constitucional.
Cinco días demorará el análisis
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gilberto Vaca, aseguró ayer que en cinco días la comisión jurídica de ese organismo se pronunciará en torno al pedido de consulta popular para que el pueblo se pronuncie a favor o en contra de una Asamblea Constituyente.
El TSE debe analizar si la petición del primer mandatario es constitucional o no.
Como corresponde reglamentariamente se envió a la comisión jurídica del Tribunal para que este emita su informe; tan pronto lo haga, el Tribunal estará en capacidad de resolver.
Sin embargo, dijo, hay que aclarar que no solo hoy (ayer) en la mañana conocieron de este particular los vocales, y anoche hice llegar el texto del planteamiento del Ejecutivo.
Todas las miradas se dirigen al Tribunal Supremo Electoral cuyos vocales, nacidos de los partidos políticos, han adelantado ya sus criterios, aún sabiendo que son jueces electorales. La respuesta al pedido del presidente por lo pronto es no, aunque la decisión es extraoficial.
La magnitud de la respuesta partidista ha sido del tamaño de anteriores destituciones presidenciales: desde pedidos de renuncia, amenazas de juicio político y exigencias de adelanto de elecciones.
Al rebulicio de los partidos se sumaron, desde anoche, las organizaciones sociales, que gracias al Presidente obtuvieron el 50% de la representación nominal. El objetivo de quienes fueron el grueso del activismo de los forjidos es lograr la disolución del Congreso, al que consideran sin autoridad moral para defender el estado de Derecho.
El tema, sin embargo, aún permanece agazapado en los escenarios de los medios de comunicación y en los conciliábulos de los actores políticos y de los activistas sociales. Mientras se debate el futuro, y se habla en su nombre, el hombre y la mujer de la calle, el soberano, aún no se muestra interesado.
El espíritu de cuerpo en el Congreso contra el Presidente
Como en pocas ocasiones, los diputados tuvieron una posición unánime para rechazar la propuesta planteada ayer por el presidente, Alfredo Palacio, para convocar a una consulta popular con la que se autorice la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
Los miembros de los partidos en el Congreso esgrimieron ayer un conjunto de argumentos jurídicos y políticos para evitar que se produzca la consulta. En el fondo, varios de ellos admiten que el problema, además de la inconstitucionalidad del pedido, responde a que la Asamblea propuesta por Palacio reducirá dramáticamente el poder que por dos décadas han mantenido los partidos políticos por sobre las instituciones del sistema democrático.
El problema real que reconocen los partidos es que el estatuto electoral, planteado por el Ejecutivo, establece una serie de prohibiciones que reducen radicalmente la participación de los políticos experimentados en la posible nueva Asamblea. El resultado puesto en vigencia por la Asamblea se traduciría en una menor participación partidista.
El lunes en la noche el presidente del Congreso, Wilfrido Lucero, decidió suspender la agenda que estaba prevista para la sesión de ayer, para que las cuatro horas de debate se las dedique a la discusión sobre la propuesta presidencial.
Abrió el debate el socialcristiano Luis Fernando Torres, quien sorprendió incluso a sus coidearios cuando pidió la renuncia al primer mandatario. Al traidor hay que enseñarle a respetar la Constitución comentó.
Pero el jefe de bloque del PSC, Alfredo Serrano, tuvo que salir al paso de estas declaraciones y aclarar que fueron de carácter personal, ya que la posición del PSC es de prudencia antes de tomar una decisión que pueda afectar a Palacio.
El criterio del PSC es que la propuesta del Presidente viola la Constitución, ya que la reforma junto a varias leyes secundarias.
Inmediatamente, Ramiro Rivera (DP) complementó la posición de Torres, y formalizó su pedido de incluir una disposición transitoria en la Constitución, que permita adelantar las elecciones presidenciales y las de diputados, previstas para el próximo año.
Mientras los diputados hacían sus pronunciamientos, varios de ellos, en especial el jefe de bloque del PSC, Alfredo Serrano; el de la ID, Jorge Sánchez y Ramiro Rivera, iniciaban contactos con sus colegas de otros bloques. La intención era definir una posición de consenso y con ella presionar al TSE para que emita un pronunciamiento que archive el pedido del presidente.
Del lado del PRE fue Mario Touma quien a nombre del partido propuso que el Congreso estudie la posibilidad de enjuiciar políticamente al primer mandatario por haber violado la Constitución. También afirmó que su bloque respaldará la propuesta de Rivera para buscar el mecanismo que permita adelantar las elecciones.
Los legisladores del Prian fueron los que más tardaron en anunciar su posición, la que coincidió finalmente con el espíritu de cuerpo del momento.
La sorpresa durante el debate la dieron los diputados socialistas, quienes se refirieron en duros términos al primer mandatario y a sus asesores. Segundo Serrano aclaró que su bloque respalda una Asamblea, pero cuestionó el estatuto propuesto y afirmó que en caso de que se produzca una consulta, esta debería incluir también el adelanto de las elecciones.
Luis Villacís (MPD) y Antonio Posso (PK) compartieron argumentos y coincidieron en respaldar la Asamblea Constituyente pero sin el estatuto, ya que este es excluyente al imponer requisitos excesivamente rígidos para la elección. Sociedad Patriótica y los llamados independientes se sumaron al rechazo general. Los diputados discutirán hoy una resolución de Vicente Taiano (Prian), quien sugirió que el Congreso exhorte al TSE a negar el pedido del Ejecutivo por inconstitucional.
Los movimientos sociales salen a las calles para tumbar al Congreso
Organizaciones sociales de la capital iniciaron ayer movilizaciones en contra del Congreso y por una asamblea Constituyente, en el mismo sitio donde empezó la caída de Lucio Gutiérrez: la avenida de Los Shyris. Hasta el momento, son 117 las organizaciones sociales que respaldan el proceso. Estas van desde sindicatos a asambleas populares, identificadas con el movimiento de los forajidos.
Ayer un nuevo grupo llamado Clave Democrática organizó su primer plantón frente al Congreso. Durante cuatro horas, los voluntarios de esta organización se manifestaron en la calle. Para ayer a las 19:00 estaba prevista la primera concentración en la Tribuna de Los Shyris, convocada por las organizaciones bajo el eslogan: pite por la Asamblea. A la misma fueron convocadas asambleas de 12 barrios de la capital y de otras provincias
Un antecedente que deja dudas en su aplicación
El Gobierno, a través de varios asesores, aseguró que el antecedente jurídico utilizado por el Presidente de la República para convocar a Asamblea Constituyente, antes de una consulta, es el aplicado por el ex presidente interino Fabián Alarcón en la consulta celebrada el 25 de mayo de 1997 y que preguntó al pueblo si autorizaba o no la instalación de una Asamblea Nacional.
En el plebiscito, Fabián Alarcón consultó al pueblo sobre catorce temas.
Las preguntas relacionadas con la convocatoria e integración de la Asamblea y con el paso obligado por el Congreso de los resultados de la consulta, fueron las siguientes (se incluye los votos que lograron el sí):
3. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque a una Asamblea Nacional con el exclusivo propósito de que reforme la Constitución Política de la República? Sí: 64,58%
4. Al convocar a la Asamblea Nacional. ¿cuál de las siguientes alternativas escogería usted para su conformación?
a. Todos los miembros serán elegidos por voto popular
b. Una parte de sus miembros será elegida por votación popular y la otra por representantes de instituciones y organizaciones del Estado y de la sociedad civil?
La opción a) tuvo el 59,85%
13. ¿Esta usted de acuerdo que la Constitución Política contemple el principio de la revocatoria del mandato de quienes, habiendo sido elegidos por el voto popular, incumplan con las normas morales, legales y de eficiencia atinentes al ejercicio de sus funciones, de conformidad con la ley? Sí: 60,25%
14. ¿Dispone usted que el Congreso Nacional incorpore como reformas a la Constitución Política de la República el mandato de esta consulta, dentro del plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación de sus resultados oficiales o el registro oficial? Sí: 66,88%.
Damerval: se puede sin el Congreso
Según el art. 104 de la Constitución, el Presidente puede consultar lo que a él se le ocurra que puede interesar a la Nación, con una excepción: No puede consultar textos de reforma constitucional, lo que significa que sí puede consultar si se debe o no instalar una Asamblea Nacional (consulta que, por sí misma, no significa ni editar una nueva Constitución ni reformar la actual) a la que el pueblo es libre de negarse".
"El Presidente puede, incluso, presentarle al pueblo una nueva Constitución redactada por él y preguntarle si la aprueba o no. En consecuencia, es cierto que existe una norma expresa que falculta esta consulta sin necesidad de recurrir al Congreso y es el pueblo, el soberano, quien decide instalar la Asamblea Constituyente".
"El TSE no tiene facultad de oponerse a la consulta presidencial, y solo tiene facultad para fijar el día del acto electoral, y para realizar la consulta.
El Gobierno analiza su plan B
El Gobierno busca consolidar el planteamiento de una Asamblea Constituyente primero casa adentro. Por tal razón el gabinete convocado ayer tuvo como único tema la explicación de esta propuesta a los ministros y otros colaboradores.
Habló primero el confirmado secretario jurídico, Roberto González; posteriomente intervino el Presidente de la República. La reunión se dio hasta pasadas las 13:00 y duró alrededor de tres horas y media.
La preocupación por la situación política y las terminantes advertencias del Congreso y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra del Presidente frustraron el viaje del mandatario a Portoviejo. Se movilizaron en su lugar los ministros de Obras Públicas, Gobierno (e) y Agricultura a la capital de la provincia de Manabí, que se encuentra celebrando sus fiestas patronales.
Al terminar la reunión de gabinete, el ministro de Gobierno encargado, Galo Chiriboga, defendió el estatuto electoral presentado ayer y desechó la alternativa de que el Congreso pueda seguir un juicio político a Palacio, pues según el ministro no existe causal alguna para tal planteamiento.
Antes de iniciar la reunión, en cambio, el secretario González dejó claro que el Gobierno busca anclar su propuesta de llamar a una Constituyente vía consulta popular en un antecedente histórico reciente: la Asamblea de 1997.
Si el tribunal califica la consulta y el pueblo dice sí a la propuesta presidencial, los poderes constituidos deberían recoger esa legitimidad, tal como ocurrió en la época de Fabián Alarcón. En esa época el resultado de la consulta se incorporó a la Constitución.
El funcionario también planteó que la legitimidad del mandato popular sobre los poderes constituidos es clara. La legitimidad de las realidades históricas de la nación ubican soluciones que trascienden el tecnicismo puro de la norma jurídica.
No obstante, ¿qué ocurriría si la población le da la espalda al Presidente en la consulta sobre la Constituyente? En la mañana de ayer, el secretario de Comunicación, José Toledo, tuvo que dar una respuesta ante un requerimiento periodístico en Ecuavisa: El Presidente deja su cargo si le dicen que no, refirió el funcionario, que dejó claramente determinado que el Gobierno Nacional ya analiza un escenario en el que se acorta el mandato del Presidente.
A pesar de la declaración, Toledo dijo que existe un plan B o inclusive un plan C en caso de que el TSE no califique la consulta. El plan inmediato, según otras fuentes consultadas en Carondelet, consiste en hacer una convocatoria directa a la población y esperar su apoyo.
Las FF.AA. se quedan al margen
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, fue renunciado al menos dos veces ayer. Los rumores sobre su dimisión fueron desmentidas sistemáticamente por el funcionario.
Durante la tarde, Jarrín se vio obligado a emitir un pronunciamiento sobre la crisis institucional desatada tras la convocatoria a Asamblea del presidente Palacio.
El ministro, a nombre de las Fuerzas Armadas, dijo que la solución a los problemas políticos la tienen únicamente los sectores vinculados con la política. Con ello deslindó cualquier compromiso con sectores que según fuentes castrenses están pidiendo, nuevamente, el apoyo militar para un recambio presidencial.
Jarrín aseguró que cualquier resolución o dirimencia en el conflicto político debe ser resuelto en ese ámbito, al ser consultado respecto a la posibilidad de que el TSE rechace el pedido para la consulta popular o Palacio renuncie.
Según el secretario de Defensa, el jefe de Estado no ha realizado ninguna consulta al alto mando militar en este punto, así como tampoco Jarrín ha dado su opinión porque no es su función. Las FF.AA. no participan, no deciden como iniciativa.
Reconoció que antes los militares lo hicieron pero ahora esa regla no se aplica. Considera que el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones es lo que reforzará la democracia en el país.
En cuanto al retorno de Lucio Gutiérrez, reconoció que dispuso que el personal se concentre en las unidades por si la Policía requería apoyo.
Durante su comparencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional, el ministro Jarrín ratificó que la cartera que dirige no puede confirmar la existencia del Ejercito de Liberación Alfarista (ELA).
Los partidos en el TSE le dicen que no a la Asamblea
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Vicente Naranjo, fue el primero en pronunciarse de manera frontal en favor de la consulta popular.
Para el vocal de Pachakutik, el pedido del presidente Alfredo Palacio es pertinente. Vamos a apoyar el llamado a consulta popular en los términos que el mandatario lo ha pedido.
Pero fue el único apoyo en firme que ha obtenido la propuesta del Presidente. La sesión del pleno se instaló a las 17:00 para analizar el contenido del decreto Ejecutivo desde lo legal y constitucional, por lo que la intervención de Naranjo provocó críticas al interior.
Cada uno de los vocales son autónomos y responsables de sus actos y decisiones , sostuvo el presidente del TSE, Gilberto Vaca. Condenó los actos vandálicos producidos en la mañana, cuando un grupo de ciudadanos no identificados rompió algunos vidrios del organismo. No actuaremos bajo presión, menos su presidente, dijo.
El argumento de Naranjo se basa en el artículo 116 de la Ley de Elecciones por tener concordancia con el artículo 104 de la Constitución que facultaría al mandatario a solicitar que se llame a consulta popular cuando a su juicio se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país. En el caso de la Asamblea, cree que es un imperativo nacional donde el pueblo es el mandante.
Se abstuvo de adelantar criterios sobre el contenido que plantea la participación de 50 asambleístas propuestos por los partidos y movimientos políticos, pues el TSE no tiene la facultad para dar un juicio de valor sobre el contenido de las preguntas o de la consulta popular.
Hasta pasado el mediodía, parecía el único voto seguro en relación a los seis otros vocales del PSC, ID, PRE, Prian, Nuevo País y MPD que esperaban tomar una decisión a partir de las negociaciones en el Congreso.
El vocal del MPD que aparentemente seguía la misma línea se encontraba de viaje en México, pero estaba previsto que llegue para la sesión.
Guillermo González, de Nuevo País, aliado a los movimientos sociales y representante de la sociedad civil, reconoció el derecho del pueblo a pronunciarse, pero dijo que en su calidad de juez electoral debe cumplir con los mandatos de la Carta Magna.
Mientras que Ángela Albán, vocal del Prian, negó conocer de contactos realizados entre su partido y el Ejecutivo. Es una decisión netamente jurídica, basada en lo que dicen la Ley y la Constitución. Aclaró que la declaración de su coidearia, la diputada Silka Sánchez fue en el sentido de que se está estudiando el pedido de Palacio.
No descartó que la decisión pudiera tomarse inmediatamente o que el pleno decida enviar la petición hasta la Comisión Jurídica. Gilberto Vaca, del PSC, es partidario de que esta instancia emita su informe y se resuelva lo antes posible pero al amparo de la Constitución.
Pese a que la postura de su partido es de oposición, aseguró que sobre sus decisiones no existe influencia de ninguna naturaleza que no sea el análisis constitucional.
Cinco días demorará el análisis
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gilberto Vaca, aseguró ayer que en cinco días la comisión jurídica de ese organismo se pronunciará en torno al pedido de consulta popular para que el pueblo se pronuncie a favor o en contra de una Asamblea Constituyente.
El TSE debe analizar si la petición del primer mandatario es constitucional o no.
Como corresponde reglamentariamente se envió a la comisión jurídica del Tribunal para que este emita su informe; tan pronto lo haga, el Tribunal estará en capacidad de resolver.
Sin embargo, dijo, hay que aclarar que no solo hoy (ayer) en la mañana conocieron de este particular los vocales, y anoche hice llegar el texto del planteamiento del Ejecutivo.
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