Voceros de dos entidades responsables del orden público reconocen que la capacitación a militares y policÃas en las reinvindicaciones sociales son procesos que presentan pocos avances, pues las denuncias persisten
En los últimos 10 años, en el Ecuador se registraron 6 326 denuncias de violaciones de derechos humanos (DDHH) por parte de las fuerzas del orden, policÃas y militares, conforme muestran datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Este problema persiste aún y las estrategias para controlarlo están en ciernes, según evidencian las direcciones de Derechos Humanos de los ministerios de Gobierno y Defensa.
En el caso del Ministerio de Defensa (Midena), hay un proceso reciente del reconocimiento de los DDHH.
En 1999, esta SecretarÃa de Estado creó una sección para recabar violaciones a los principios humanos en la Dirección JurÃdica; pero, solo en casos que iban en contra del personal militar. "Prácticamente, esta pequeña sección se atenÃa a recabar denuncias de parte de las organizaciones de la sociedad civil", explicó MarÃa Fernanda Castillo, directora de Derechos Humanos del Midena.
Años más tarde, en 2004, el director de la Fuerza Terrestre se preocupó por implementar esta área en su planificación estratégica. "Esto no lo tiene ni la fuerza Naval ni la Aérea", agrega Carrillo, quien explica a la vez que es recién en 2009 cuando se crea la Dirección de DDHH a nivel de Ministerio, con el fin de promover y desarrollar polÃticas institucionales para la aplicación de derechos en los procesos militares.
Esta dirección registró solo una denuncia de supuestas violaciones a los derechos humanos a un año de trabajo. "El caso se dio hace un año y medio en Carcelén bajo, en el norte de Quito, cuando una patrulla militar apresó a tres jóvenes afrodescendientes que fueron expuestos a malos tratos, y al presentarse la denuncia, ellos (los militares) fueron sancionados con dos dÃas de falta leve", critica.
Entonces, la pregunta es: ¿qué están haciendo para evitar estos casos? Para la funcionaria civil, el paso es la elaboración de un diagnóstico de dos tipos: el primero quiere conocer cómo se concibe las reivindicaciones humanas dentro de la Fuerzas Armadas (FFAA) y a qué responde su sistema educativo, marco institucional, régimen y normativa militar en este tema.
Este trabajo empezó hace dos semanas y pretende arrojar resultados en julio próximo.
Por otro lado, está el manejo de la militarización en la zona fronteriza entre el Ecuador y Colombia, en donde el último caso de enfrentamiento entre militares ecuatorianos y tres supuestos integrantes de la guerrilla colombiana ocurrió el pasado 18 de enero, cuando una embarcación con tres ocupantes sospechosos fue arremetida por la patrulla ecuatoriana que disparó tras sentirse "violentada", matando a sus tres ocupantes.
Familiares y amigos aseguran que los fallecidos eran comuneros que nada tenÃan que ver con la guerrilla. Mientras que la fuerza Militar aseveró que ellos eran miembros de la guerrilla.
En ese sentido, "hay pocos estudios reales técnicos de lo que está pasando allá. Es una zona realmente abandonada por el Estado y eso lo reconoce la misma agenda de la polÃtica de seguridad", comenta Carrillo.
Solo en los últimos tres años de este Gobierno, entre homicidios, torturas, agresiones y desapariciones forzadas, la institución militar enfrenta 520 denuncias en la Cedhu.
PolicÃa se prepara en derechos hace cuatro años. La PolicÃa tiene como órgano regulador al Ministerio de Gobierno, que implementó en el año 2000 la Dirección de Derechos Humanos.
Su directora, Gabriela Espinoza, explica que los policÃas se capacitan en derechos desde "hace cuatro o cinco años", pero el objetivo en la actualidad es terminar con estas denuncias.
Para Espinoza, es necesario que la PolicÃa mejore los procesos de investigación y evitar de esta forma que casos como el de Fybeca vuelvan a ocurrir. Esto incluye la transformación de los distintos procedimientos de la sistematicidad del personal y generar mayores espacios de coordinación.
Una de las exigencias es investigar los casos de supuestas violaciones y su respectiva sanción, asà como las respuestas estructurales que reciba de parte de la PolicÃa.
Pero, para Gabriela Espinoza, un punto estratégico es el estudio de los DDHH al interior de esta entidad. "Constatar las denuncias internas, es decir, desde los oficiales, y marcar un eje de transversalidad, garantizando los términos del género, participación étnica y, sobre todo, denuncias de abuso de poder al interior del ente", subraya.
Para las actividades de capacitación, el Ministerio ha invertido cerca de $220 mil entre los años 2009 y 2010. Esta dirección ha recabado 180 denuncias. De ellas, de 20 a 25 pertenecen al extinto Grupo de Apoyo Operativo (GAO).
Pero, ¿por qué se cometen estos actos? DDHH del Midena considera que una influencia son las normativas y formación educativa a las bases militares.
Mientras que, en la PolicÃa, todo responderÃa a un afán de obedecer a toda costa el principio de autoridad.
Para el especialista en DDHH Luis Ãngel Saavedra existe un interés de capacitar en las reinvindicaciones sociales. A pesar, de que las polÃticas de otros Gobiernos se mantienen aún, como en el caso militar. (SH)
Tres hombres, un ecuatoriano y dos colombianos, fueron abatidos por patrullas militares el pasado 18 de enero en el rÃo San Miguel, en territorio ecuatoriano en la selva Amazónica.
La acción, que fue felicitada por el presidente Rafael Correa en un posterior enlace sabatino se debió, según información oficial, a un enfrentamiento entre los uniformados y los tres individuos, quienes fueron acusados de ser subversivos de las FARC.
Sin embargo, las familias de los presuntos guerrilleros -Orlando Tapia Molano de 59 años, José Sabino Timoteo Pérez de 26 y el ecuatoriano Francis Omita Tamayo de 35- aseguran que la versión es falsa.
"Se trataba de personas conocidas por la comunidad. Tenemos pruebas. No tenÃan uniforme, ni tampoco armas", detalla la colombiana Martha Cecilia Molano, sobrina de Tapia.
La mujer, con estatus de refugiada, vive junto a su familia en la cooperativa Fuerzas Unidas, en SucumbÃos, desde hace cinco años.
Según su versión, su tÃo, un mayordomo de hacienda, los visitaba cada dos semanas.
"Me llamó dos dÃas antes y supimos de su viaje. Llegó desde San Miguel hasta Puerto Mestanza. Allà fletó el bote para bajar a la cooperativa Fuerzas Unidas", relata.
En la embarcación, de propiedad del lojano Omita, se subió también Timoteo. "A eso de las 10.30, el Ejército ecuatoriano abaleó a los tres. No hubo orden de alto", insiste la licenciada en PedagogÃa.
A su reclamo se une la voz de Leonor Iles, de 27 años, y esposa de Omita. Su marido, cuenta, fletaba viajes por canoa desde hace tres años. Contaba con todos los permisos para esa labor con la que mantenÃa a su esposa, una hija menor de edad y a sus padres. "Mi esposo se quedó malherido en la canoa. Los otros dos cayeron al rÃo por la fuerza de los tiros. Encontraron sus cuerpos dos dÃas después", dice entre lágrimas la viuda.
En su testimonio consta que otro residente encontró a Omita aún con vida y lo llevó a un puesto de salud aunque la acción resultó infructuosa. "Le habÃa dicho que fueron militares", solloza la joven
El tercer abatido se dedicaba a la agricultura, asegura su padre, el colombiano José Sabino.
La familia reside en Puerto Nuevo, Ecuador, hace 5 años. "Viajaba donde habÃa trabajo, a veces aquÃ, otras del lado colombiano", comenta el padre.
Las tres familias se unieron para denunciar lo que consideran una masacre. En la FiscalÃa de SucumbÃos se abrió una indagación previa con el número 37-2010 .
Dentro del proceso existe la declaración de más de 15 testigos que señalan que el ejército ecuatoriano disparó desde el lado ecuatoriano a una canoa con tres personas que transitaba por el rÃo San Miguel.
"Hay tres versiones que aseguran que los militares estaban debajo de una mata de papaya De acuerdo a la autopsia, las vÃctimas recibieron tiros en la espalda, no poseÃan armas ni tampoco portaban uniforme", insiste Ernesto GarcÃa, abogado de los familiares.
El defensor solicita que se presenten pruebas que hagan presumir que los ciudadanos era guerrilleros y que se individualice a quienes participaron en el operativo, a cargo de la Cuarta Brigada del Ejército Amazonas. Ellos deben acudir mañana a la FiscalÃa.
"Correa viajó a Loja después de la felicitación pública. Mis padres pudieron hablar con él y explicarle lo sucedido. Después de eso, en otra cadena, el Presidente volvió a referirse al caso y dijo que habÃa un error", concluye Dalia Maldonado Tamayo, hermana de Omita. (PRN)
'Mientras me amarraban el pie con plástico, colocaban papel higiénico prendido con fuego, uno movÃa el pie y los policÃas empezaban desde las celdas a acelerar "la Moto". Esto fue en los calabozos de la PJ", contó Santiago GarcÃa, estudiante que actualmente enfrenta un juicio por terrorismo en el juzgado cuarto de lo Penal de Guayaquil, por supuestamente quemar al policÃa Ãdgar Ponce durante las protestas de marzo pasado en la Universidad de Guayaquil.
"La quemadura que tengo en el brazo se llama la "pulga china", en la que te colocan un palillo de fósforo con pasta dentÃfrica. No podÃa ni dormir por miedo a que eso va a suceder", agrega Santiago, en su testimonio a la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).
Según su narración, todo esto ocurrÃa mientras era constantemente culpabilizado por los oficiales de que él habÃa sido quien lanzó una bomba que provocó quemaduras en tercer grado al oficial Ponce. "Los policÃas tienen un sistema de represión con el que creen que pueden rehabilitar, pero no es asÃ. La constante tortura y acusación es traumática", enfatizó.
Santiago está detenido en la PenitenciarÃa del Litoral, pues a pesar de que el pasado 16 de abril se realizó una audiencia sobre el caso, el juez Cuarto de GarantÃas Penales (e), José Tamayo, negó su pedido de libertad con el argumento de que "los elementos que justificaron su prisión no han variado".
El abogado defensor, Juan Vizueta, presentó un recurso de amparo dÃas después, ante la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, MarÃa Leonor Jiménez. Por ello, está prevista mañana una nueva audiencia a las 11:00. AllÃ, organizaciones juveniles realizarán plantones en apoyo a la liberación del estudiante.
Maribel Carmona, amiga del detenido, comentó que Santiago tenÃa pensado realizar una huelga de hambre, pero su madre, Fanny Correa, y su abogado le pidieron que no lo hiciera mientras llega la audiencia de mañana, en la que el imputado estará presente y podrá defenderse. Luego de esto, él decidirá si emprende esta acción a manera de reclamo por justicia. En tanto, doña Fanny espera con ansias "que la justicia le dé la libertad a su hijo".
A través de un contacto telefónico, Correa denunció que a Santiago lo están acusando de terrorista, y "su imagen pública nunca nadie se la devolverá", reclamó.
Entre las pruebas con las que cuenta este joven, está que el policÃa Ponce fue agredido alrededor de las 12h10. En ese momento, GarcÃa se encontraba pagando su matrÃcula universitaria, como "consta en la papeleta de pago con el sello de la secretarÃa de la Universidad de Guayaquil".
Ricardo Camacho, experto en derechos humanos, aseguró que las quemaduras que sufrió el oficial fueron causa de una mala preparación y utilización del equipo de trabajo en el ámbito de la represión.
"Cómo va a ser posible que en una protesta se utilicen ese tipo de artÃculos, que son netamente inflamables en un clima caliente", criticó Camacho.
De su parte, Luis Ãngel Saavedra, de la Fundación Regional de AsesorÃa en Derechos Humanos (Inredh), señaló que, desde su punto de vista, no existen los elementos necesarios para culpabilizarlo.
Además, rechazó el manejo mediático de parte del Gobierno, que durante una cadena presentó como culpable a Santiago GarcÃa. "Luego de esta cadena, Santiago no tiene el espacio para el derecho a la réplica. ¿Cómo hace él para responder a las acusaciones en el mismo plano mediático? Entonces es el Gobierno quien está rompiendo con el derecho a la réplica, yendo contra sus propias exigencias", denunció el analista.
En el Ministerio de Gobierno, Gabriela Espinoza, responsable de la Dirección de Derechos Humanos, afirmó que la denuncia de este caso no ha llegado hasta su dependencia, pero que la "siguen a través de los medios de comunicación". (SH)
Mas noticias
-"Falta trabajar por los derechos"
-'El problema aún no se ha superado'
-Militares, en proceso de diagnóstico
En los últimos 10 años, en el Ecuador se registraron 6 326 denuncias de violaciones de derechos humanos (DDHH) por parte de las fuerzas del orden, policÃas y militares, conforme muestran datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Este problema persiste aún y las estrategias para controlarlo están en ciernes, según evidencian las direcciones de Derechos Humanos de los ministerios de Gobierno y Defensa.
En el caso del Ministerio de Defensa (Midena), hay un proceso reciente del reconocimiento de los DDHH.
En 1999, esta SecretarÃa de Estado creó una sección para recabar violaciones a los principios humanos en la Dirección JurÃdica; pero, solo en casos que iban en contra del personal militar. "Prácticamente, esta pequeña sección se atenÃa a recabar denuncias de parte de las organizaciones de la sociedad civil", explicó MarÃa Fernanda Castillo, directora de Derechos Humanos del Midena.
Años más tarde, en 2004, el director de la Fuerza Terrestre se preocupó por implementar esta área en su planificación estratégica. "Esto no lo tiene ni la fuerza Naval ni la Aérea", agrega Carrillo, quien explica a la vez que es recién en 2009 cuando se crea la Dirección de DDHH a nivel de Ministerio, con el fin de promover y desarrollar polÃticas institucionales para la aplicación de derechos en los procesos militares.
Esta dirección registró solo una denuncia de supuestas violaciones a los derechos humanos a un año de trabajo. "El caso se dio hace un año y medio en Carcelén bajo, en el norte de Quito, cuando una patrulla militar apresó a tres jóvenes afrodescendientes que fueron expuestos a malos tratos, y al presentarse la denuncia, ellos (los militares) fueron sancionados con dos dÃas de falta leve", critica.
Entonces, la pregunta es: ¿qué están haciendo para evitar estos casos? Para la funcionaria civil, el paso es la elaboración de un diagnóstico de dos tipos: el primero quiere conocer cómo se concibe las reivindicaciones humanas dentro de la Fuerzas Armadas (FFAA) y a qué responde su sistema educativo, marco institucional, régimen y normativa militar en este tema.
Este trabajo empezó hace dos semanas y pretende arrojar resultados en julio próximo.
Por otro lado, está el manejo de la militarización en la zona fronteriza entre el Ecuador y Colombia, en donde el último caso de enfrentamiento entre militares ecuatorianos y tres supuestos integrantes de la guerrilla colombiana ocurrió el pasado 18 de enero, cuando una embarcación con tres ocupantes sospechosos fue arremetida por la patrulla ecuatoriana que disparó tras sentirse "violentada", matando a sus tres ocupantes.
Familiares y amigos aseguran que los fallecidos eran comuneros que nada tenÃan que ver con la guerrilla. Mientras que la fuerza Militar aseveró que ellos eran miembros de la guerrilla.
En ese sentido, "hay pocos estudios reales técnicos de lo que está pasando allá. Es una zona realmente abandonada por el Estado y eso lo reconoce la misma agenda de la polÃtica de seguridad", comenta Carrillo.
Solo en los últimos tres años de este Gobierno, entre homicidios, torturas, agresiones y desapariciones forzadas, la institución militar enfrenta 520 denuncias en la Cedhu.
PolicÃa se prepara en derechos hace cuatro años. La PolicÃa tiene como órgano regulador al Ministerio de Gobierno, que implementó en el año 2000 la Dirección de Derechos Humanos.
Su directora, Gabriela Espinoza, explica que los policÃas se capacitan en derechos desde "hace cuatro o cinco años", pero el objetivo en la actualidad es terminar con estas denuncias.
Para Espinoza, es necesario que la PolicÃa mejore los procesos de investigación y evitar de esta forma que casos como el de Fybeca vuelvan a ocurrir. Esto incluye la transformación de los distintos procedimientos de la sistematicidad del personal y generar mayores espacios de coordinación.
Una de las exigencias es investigar los casos de supuestas violaciones y su respectiva sanción, asà como las respuestas estructurales que reciba de parte de la PolicÃa.
Pero, para Gabriela Espinoza, un punto estratégico es el estudio de los DDHH al interior de esta entidad. "Constatar las denuncias internas, es decir, desde los oficiales, y marcar un eje de transversalidad, garantizando los términos del género, participación étnica y, sobre todo, denuncias de abuso de poder al interior del ente", subraya.
Para las actividades de capacitación, el Ministerio ha invertido cerca de $220 mil entre los años 2009 y 2010. Esta dirección ha recabado 180 denuncias. De ellas, de 20 a 25 pertenecen al extinto Grupo de Apoyo Operativo (GAO).
Pero, ¿por qué se cometen estos actos? DDHH del Midena considera que una influencia son las normativas y formación educativa a las bases militares.
Mientras que, en la PolicÃa, todo responderÃa a un afán de obedecer a toda costa el principio de autoridad.
Para el especialista en DDHH Luis Ãngel Saavedra existe un interés de capacitar en las reinvindicaciones sociales. A pesar, de que las polÃticas de otros Gobiernos se mantienen aún, como en el caso militar. (SH)
"No tenÃan uniforme, ni tampoco armas"
Tres hombres, un ecuatoriano y dos colombianos, fueron abatidos por patrullas militares el pasado 18 de enero en el rÃo San Miguel, en territorio ecuatoriano en la selva Amazónica.
La acción, que fue felicitada por el presidente Rafael Correa en un posterior enlace sabatino se debió, según información oficial, a un enfrentamiento entre los uniformados y los tres individuos, quienes fueron acusados de ser subversivos de las FARC.
Sin embargo, las familias de los presuntos guerrilleros -Orlando Tapia Molano de 59 años, José Sabino Timoteo Pérez de 26 y el ecuatoriano Francis Omita Tamayo de 35- aseguran que la versión es falsa.
"Se trataba de personas conocidas por la comunidad. Tenemos pruebas. No tenÃan uniforme, ni tampoco armas", detalla la colombiana Martha Cecilia Molano, sobrina de Tapia.
La mujer, con estatus de refugiada, vive junto a su familia en la cooperativa Fuerzas Unidas, en SucumbÃos, desde hace cinco años.
Según su versión, su tÃo, un mayordomo de hacienda, los visitaba cada dos semanas.
"Me llamó dos dÃas antes y supimos de su viaje. Llegó desde San Miguel hasta Puerto Mestanza. Allà fletó el bote para bajar a la cooperativa Fuerzas Unidas", relata.
En la embarcación, de propiedad del lojano Omita, se subió también Timoteo. "A eso de las 10.30, el Ejército ecuatoriano abaleó a los tres. No hubo orden de alto", insiste la licenciada en PedagogÃa.
A su reclamo se une la voz de Leonor Iles, de 27 años, y esposa de Omita. Su marido, cuenta, fletaba viajes por canoa desde hace tres años. Contaba con todos los permisos para esa labor con la que mantenÃa a su esposa, una hija menor de edad y a sus padres. "Mi esposo se quedó malherido en la canoa. Los otros dos cayeron al rÃo por la fuerza de los tiros. Encontraron sus cuerpos dos dÃas después", dice entre lágrimas la viuda.
En su testimonio consta que otro residente encontró a Omita aún con vida y lo llevó a un puesto de salud aunque la acción resultó infructuosa. "Le habÃa dicho que fueron militares", solloza la joven
El tercer abatido se dedicaba a la agricultura, asegura su padre, el colombiano José Sabino.
La familia reside en Puerto Nuevo, Ecuador, hace 5 años. "Viajaba donde habÃa trabajo, a veces aquÃ, otras del lado colombiano", comenta el padre.
Las tres familias se unieron para denunciar lo que consideran una masacre. En la FiscalÃa de SucumbÃos se abrió una indagación previa con el número 37-2010 .
Dentro del proceso existe la declaración de más de 15 testigos que señalan que el ejército ecuatoriano disparó desde el lado ecuatoriano a una canoa con tres personas que transitaba por el rÃo San Miguel.
"Hay tres versiones que aseguran que los militares estaban debajo de una mata de papaya De acuerdo a la autopsia, las vÃctimas recibieron tiros en la espalda, no poseÃan armas ni tampoco portaban uniforme", insiste Ernesto GarcÃa, abogado de los familiares.
El defensor solicita que se presenten pruebas que hagan presumir que los ciudadanos era guerrilleros y que se individualice a quienes participaron en el operativo, a cargo de la Cuarta Brigada del Ejército Amazonas. Ellos deben acudir mañana a la FiscalÃa.
"Correa viajó a Loja después de la felicitación pública. Mis padres pudieron hablar con él y explicarle lo sucedido. Después de eso, en otra cadena, el Presidente volvió a referirse al caso y dijo que habÃa un error", concluye Dalia Maldonado Tamayo, hermana de Omita. (PRN)
'Santiago no tiene derecho a la réplica, como sà el Gobierno"'
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Según su narración, todo esto ocurrÃa mientras era constantemente culpabilizado por los oficiales de que él habÃa sido quien lanzó una bomba que provocó quemaduras en tercer grado al oficial Ponce. "Los policÃas tienen un sistema de represión con el que creen que pueden rehabilitar, pero no es asÃ. La constante tortura y acusación es traumática", enfatizó.
Santiago está detenido en la PenitenciarÃa del Litoral, pues a pesar de que el pasado 16 de abril se realizó una audiencia sobre el caso, el juez Cuarto de GarantÃas Penales (e), José Tamayo, negó su pedido de libertad con el argumento de que "los elementos que justificaron su prisión no han variado".
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Maribel Carmona, amiga del detenido, comentó que Santiago tenÃa pensado realizar una huelga de hambre, pero su madre, Fanny Correa, y su abogado le pidieron que no lo hiciera mientras llega la audiencia de mañana, en la que el imputado estará presente y podrá defenderse. Luego de esto, él decidirá si emprende esta acción a manera de reclamo por justicia. En tanto, doña Fanny espera con ansias "que la justicia le dé la libertad a su hijo".
A través de un contacto telefónico, Correa denunció que a Santiago lo están acusando de terrorista, y "su imagen pública nunca nadie se la devolverá", reclamó.
Entre las pruebas con las que cuenta este joven, está que el policÃa Ponce fue agredido alrededor de las 12h10. En ese momento, GarcÃa se encontraba pagando su matrÃcula universitaria, como "consta en la papeleta de pago con el sello de la secretarÃa de la Universidad de Guayaquil".
Ricardo Camacho, experto en derechos humanos, aseguró que las quemaduras que sufrió el oficial fueron causa de una mala preparación y utilización del equipo de trabajo en el ámbito de la represión.
"Cómo va a ser posible que en una protesta se utilicen ese tipo de artÃculos, que son netamente inflamables en un clima caliente", criticó Camacho.
De su parte, Luis Ãngel Saavedra, de la Fundación Regional de AsesorÃa en Derechos Humanos (Inredh), señaló que, desde su punto de vista, no existen los elementos necesarios para culpabilizarlo.
Además, rechazó el manejo mediático de parte del Gobierno, que durante una cadena presentó como culpable a Santiago GarcÃa. "Luego de esta cadena, Santiago no tiene el espacio para el derecho a la réplica. ¿Cómo hace él para responder a las acusaciones en el mismo plano mediático? Entonces es el Gobierno quien está rompiendo con el derecho a la réplica, yendo contra sus propias exigencias", denunció el analista.
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