En Andinatel, una secretaria puede ganar hasta $13 mil mensuales; un abogado del BCE, más de $5.000

Los empleados del mismo rango no ganan sueldos iguales en las instituciones del sector público.

LAS REMUNERACIONES EN LAS entidades autónomas habrían crecido en los últimos años; pero en otras dependencias se habrían estancado.

Los servidores del Estado efectuaron varias movilizaciones y un paro de actividades en reclamo de la nueva escala de sueldos. Según esto, los salarios de quienes ganaban menos subirían anualmente hasta completar la homologación

En la escala de sueldos del sector público hay inequidades: un profesional 4 del Banco Central del Ecuador recibe una remuneración mensual de $6 115,44, mientras que un profesional del mismo rango que labora en el área de la Salud recibe $449,49.

Este ejemplo ilustra lo que sucede actualmente en las instituciones estatales, a pesar de que desde hace tres años existe la Ley de Unificación y Homologación Salarial.

El objetivo era homologar los ingresos que perciben los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores públicos.

Asimismo, la intención era acortar la brecha entre las remuneraciones que perciben los empleados (entre $150 y $450) de la mayor parte de instituciones con las catalogadas de “burocracia dorada”.

Con ese fin, la ley dispuso un cronograma de homologación que debe cumplirse hasta el 31 de diciembre de 2009.

Según Miguel García, presidente de los servidores públicos del país, eso está lejos de cumplirse. Sostiene que las diferencias salariales han aumentado.

Lo mismo señala el presidente de la Comisión de lo Laboral y Social, Andrés Páez, quien encaró al contralor general del Estado (e), Genaro Peña Ugalde, por la falta de control a las instituciones públicas que se han elevado los sueldos desde la vigencia de la ley.

Entre ellas están el Instituto de Seguridad Social (IESS), la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y la propia Contraloría.

Sobre esta última, BLANCO Y NEGRO conoció dos informes: uno del Ministerio de Economía que confirma el incremento y otro de la Contraloría, según el cual esto, aparentemente, no habría sucedido. Las instituciones autónomas no se darían por aludidas en la ley. (AA/MCV)

"Súper" paga ocho veces más que la Sinfónica

Fabián Albuja se bajó $1 menos que el presidente; el procurador, $5 y el ministro de Economía no lo hizo.

Un profesional 1 del Ministerio de Educación percibe una remuneración unificada mensual de $324,82; en el Consejo Nacional de Radio y TV, un funcionario del mismo rango gana $2.241,25.

Un profesional ubicado en la categoría 3, del Secap, recibe mensualmente $425,80. Un funcionario de igual categoría en el Banco Central percibe un total de $6 614,78.

La segunda autoridad del Secap recibe mensualmente $544,32; el funcionario de ese mismo nivel del Banco Central recibe $8 408,06.

Un profesional 4 de la Superintendencia de Bancos recibe ocho veces más ($4.500) que otro de igual categoría en la Orquesta Sinfónica Nacional ($574,25).

El ministro de Economía y Finanzas, Armando Rodas, percibirá un sueldo de $9 315,85; mientras sus colegas de Vivienda, Gobierno, Turismo, Bienestar Social, Agricultura y Trabajo no superan los $5.500, en promedio.

En 2004, el superintendente de Bancos, Alejandro Maldonado percibía un sueldo de $9.500.

Por esa época, el ex presidente Lucio Gutiérrez expidió un decreto por el cual ningún funcionario estatal podía ganar más de $8 000 (el sueldo del mandatario).

Por eso, el superintendente de Compañías, Fabián Albuja, gana actualmente $7 999 ($1 menos que el presidente). El procurador del Estado, José María Borja, fue más “aplicado”: se bajó $5. Gana $7 995. (LVA/AA)

Algunas "perlas" de la desigualdad salarial

Aunque pertenezcan a la misma escala, hay lugares de trabajo donde pagan remuneraciones de "privilegio"

El actual superintendente de Bancos, Alberto Chiriboga, gana $7 990 ($10 menos que el presidente de la República).

El superintendente de Telecomunicaciones, Iván Burbano, tiene igual remuneración.

En la otra Superintendencia: de Compañías, un chofer recibe un $1.381,28, mientras un chofer del Fondo de Solidaridad gana $487,47.

En la Procuraduría y en la superintendencia de Compañías, un especialista jurídico recibe $3.600.

En la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM), un abogado del mismo rango de los anteriores gana $524,38. Esto, mientras un abogado 3 en el Banco Central recibe $5.038 mensuales.

En 2004, los miembros del Directorio de esa institución recibían un promedio de $10 200. No hay información actualizada de los sueldos de esos cargos.

El presidente del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), Fernando Bucheli, gana $5 560, mientras el ministro de Gobierno gana $4 868.

Según el registro oficial n.º 103, del 14 de septiembre de 2005, un profesional tiene título universitario; el profesional 1, además del título debe acreditar cuatro años de servicio; el profesional 2, ocho años; el profesional 3 debe tener una maestría y un mínimo de 10 años de servicio. (MCV/LVA)

Miguel García: "Nadie controla a las instituciones doradas"

UNA SECRETARIA del Directorio de Andinatel gana $13.422 mensuales; las liquidaciones a los ejecutivos de la telefónica superan los $700 mil

El presidente nacional de los servidores públicos, Miguel García, manifiesta que en 30 meses de vigencia de la Ley de Unificación y Homologación Salarial, “las diferencias se han ahondado”, porque los sueldos de quienes ganan menos se han estancado o han subido en cantidades mínimas.

Esto contrasta con las remuneraciones de altos funcionarios y de personas que laboran en las denominadas “instituciones autónomas”, que han registrado alzas de hasta $2.000.

García dice que esto sucede por falta de control en la aplicación de la Ley.

Según esta, eso deben hacerlo la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres), la Contraloría y los Ministerios de Trabajo y Economía.

En el caso específico de la Contraloría, señala que “es una de las primeras infractoras de la ley”, porque hasta hace pocos días ni siquiera entregaba la información sobre los sueldos de sus funcionarios y empleados.

Cuenta que, en abril, el contralor (e) Genero Peña se comprometió a conformar una comisión de alto nivel para investigar las anomalías en la elevación de los sueldos en diferentes entidades, pero hasta la actualidad no se saben los resultados de ese trabajo.

“Los servidores públicos deseamos saber las sanciones que se aplicarán a los infractores”, puntualiza.

García recuerda que el director de la Senres, Juan Abel Echeverría, refirió que una secretaria del Directorio de Andinatel gana mensualmente $13.422,24 durante una comparecencia al Congreso Nacional.

El pasado 11 de febrero, BLANCO Y NEGRO reveló que bajo la figura de “remuneración variable”, los altos ejecutivos de esa institución cobran por encima de los $5.000 más beneficios, al punto que a la hora de liquidarlos (luego de dos o tres años de servicios) recibían cantidades por el orden de los $70 mil y $185 mil.

Incluso hubo varios ejecutivos que cobraron la suma de $702 426.

Para poner un alto a estos “abusos”, García propone incluir una transitoria en la ley que elimine las autonomías, pues se trata de un subterfugio utilizado por esas instituciones para “ocultar” esta forma de pagar sueldos.

Así las cosas, la solución dependerá de la voluntad de los diputados. (LVA/AA)

Echeverría: "Con dificultades, pero se cumple la homologación"

En 2005, equiparar los sueldos le costó al Estado ecuatoriano $40 millones. Entre 2006 y 2007 se destinarán alrededor de $60 millones

El secretario nacional de Remuneraciones, Juan Abel Echeverría, dice que al inicio el proceso de homologación salarial fue muy difícil.

Ello obedece, según Echeverría, a que “muchas instituciones estaban acostumbradas a fijarse los sueldos de acuerdo a la capacidad económica de sus entidades o de la influencia en los demás sectores de la administración”.

Esta vieja práctica ocasionó incomodidad “porque alguien vino a regular y a eliminar los beneficios de algunos y la desigualdad de los de abajo”, señala.

Asegura que, a pesar de que varias entidades se resistieron a entregar información, la Senres por su propia cuenta, en unos casos, y con ayuda de la Contraloría, en otros, logró recabar la documentación. Pero el trabajo no fue fácil.

Tuvieron que pasar dos años para que se empezara a ejecutar el cronograma de cumplimiento de la Ley aprobada en 2003, reitera.

En el caso de las instituciones autónomas, fue la Contraloría, con un equipo de 60 auditores, la que consiguió las tablas salariales de sus empleados, indica Echeverría.

Precisamente, la Contraloría era uno de los organismos que no remitía la información a la Senres. En esta entidad se habrían incrementado los sueldos al margen de la Ley.

Finalmente, los documentos de este ente de control fueron remitidos al Congreso y no a la Senres. La Contraloría es la encargada de sancionar los incumplimientos.

El secretario de Remuneraciones no comparte el criterio del dirigente de los servidores públicos, Miguel García, sobre el fracaso de la Ley.

Echeverría asegura que, con dificultades, pero se están cumpliendo las normas previstas en el cuerpo legal.

Esto, porque en el proceso de homologación, según el funcionario, “los beneficiados no son todos los servidores públicos sino únicamente los que perciben remuneraciones inferiores a las previstas en la escala”.

A los demás funcionarios, de todas las instituciones que reciben salarios superiores a los de la escala, se les congeló la remuneración hasta 2009, informa.

Reconoce que algunas instituciones autónomas no obedecieron y hubo incrementos, como en la Procuraduría y la Comisión Anticorrupción. (MCV)

Peña dice que sus auditores no avanzan a controlar a los infractores

La Comisión Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo están entre las entidades que no entregaron la información cuando fue requerida

El pasado 22 de mayo, el contralor (e), Genaro Peña, compareció en la Comisión de lo Laboral y Social.

Allí manifestó que su institución tenía dificultades para ejercer control en 5.697 instituciones públicas.

Además de 120 entidades privadas, empresas y todo tipo de organizaciones que reciben subvenciones del Estado.

No obstante, señaló que la Contraloría hizo gestiones para cumplir la ley, a fin de que “se limite de manera definitiva una serie de abusos para no acatar las regulaciones legales en el tema de las remuneraciones”.

Esto lo hizo mediante una disposición de alcance nacional, emitida en febrero de este año, el trabajo empezó con las instituciones de Quito, para lo cual Peña solicitó información a la Senres, organismo que no disponía de los datos requeridos.

Entre las instituciones autónomas que no habían presentado las tablas salariales y los roles de pago, constaban el Banco Central del Ecuador, Banco del Estado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Corporación Financiera, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), Petroecuador y sus filiales, Superintendencia de Compañías, Procuraduría, Superintendencia de Telecomunicaciones, Comisión Anticorrupción, Defensoría del Pueblo, Consejo y Secretarías Nacionales de Telecomunicaciones , Instituto Nacional de Capacitación Campesina. (MCV/AA)

Malestar en los repartos militares por supuesta desigualdad en aumento de sueldos

Según información del Ministerio de Economía, la elevación beneficiaría a los oficiales de mayor rango; pero el Ministerio de Defensa señala que esto favorece al personal de tropa.

Desde hace varias semanas hay malestar en el personal de las Fuerzas Armadas.

Varias informaciones de prensa han dado cuenta de que en los repartos militares del Ejército y de la Fuerza Aérea hay inconformidad por el último incremento de sueldos.

Ante esto, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, emitió varios boletines de prensa para informar sobre los alcances de esa decisión gubernamental.

Allí señala que la institución está inmersa en un proceso de equiparación, el cual durará cinco años hasta llegar a los niveles previstos en la ley.

“Un militar por su dignidad, por su calidad profesional, su dedicación y sacrificio- no tiene por qué estar considerado de forma distinta a un servidor público”, indica.

La “equiparación” contempla un aumento para el personal de tropa entre $224,89 y $481,79. Mientras que para los oficiales, el mínimo es de $356,90 y el máximo llega a $2 583,60 (generales de Ejército).

Estos no son los sueldos sino las cantidades del incremento salarial.

Lo anterior consta en la copia de un cuadro del Ministerio de Economía al que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO.

Estas cifras varían en el Boletín de Prensa n.º 046 del Ministerio de Defensa. Allí se señala que el aumento para el personal de tropa va de $310 a $884. En tanto que en la oficialidad la elevación salarial va desde $407 a $2 059.

Según esta información, el incremento habría beneficiado al personal de tropa.

En todo caso, la versión del ministro no convencería a los soldados. En los repartos militares están circulando comunicados (sin firma), en los que instan a “hacer respetar los derechos” de los uniformados de menor rango, porque “no es posible que a mayores, coroneles y generales se les incremente el 100%, 140% y 150% en las remuneraciones y a nosotros una miseria”.

También reclaman porque “ningún comandante vela por los intereses de la mayoría, son egoístas y velan solo por ellos”. Un soldado dijo que esto sucede porque los oficiales tienen carros y seguridad del Estado en su propio beneficio. (AA/MCV)

Equivalencia salarial de los empleados de las FFAA con los empleados de las instituciones del sector público ecuatoriano

Según documentos del Ministerio de Economía, los sueldos de los militares se equiparan con la escala de los servidores públicos.

Un soldado es comparado con un técnico A; un cabo segundo está nivelado con un profesional, que en el sector público debe tener un título universitario.

Un cabo primero equivale a un profesional 1 (título universitario y cuatro años de servicio); el sargento segundo está igualado con el profesional 2 (título universitario y ocho años de servicio); un sargento primero se equipara con un profesional 3 (maestría más 10 años de servicio).

Un suboficial segundo equivale a un profesional 5 (maestría y 14 años de servicio); suboficial primero es igual a profesional 6 (posgrados y más de 14 años).

El coronel se iguala con un vocal de un tribunal provincial electoral; un general de brigada se compara con un subsecretario. el general de división, con un gobernador; y el de Ejército con el presidente de Petroecuador. (MCV/AA)

PUNTO DE VISTA

Necesidad de justicia salarial en el país

La corrupción tiene muchas caras. Las más obvias son las de los sobreprecios en contratos de obras públicas o la entrega de coimas para la realización más pronta de un trámite, o la exoneración de una obligación.

Sin embargo, también existen formas de burlar a la ley ejecutando acciones que si bien no son ilegales, resultan al menos feas, cuando no injustas.

Dentro de estos últimos casos se inscribe la existencia de diferencias abismales entre las remuneraciones que perciben quienes pertenecen a la llamada burocracia dorada y la de otros empleados del sector público.

Sobre todo cuando como en el caso de muchos trabajadores de las llamadas instituciones autónomas, casi el único mérito de estos constituye la suerte de formar parte del organigrama de ese tipo de organismos.

Porque, con el debido respeto y sin tratar de ser peyorativos, cabe preguntarse qué tipo de requisitos especiales reúne un chofer de la Superintendencia de Bancos para percibir un salario de más de $1 300 como reporta la presente edición de este suplemento.

Y, mientras tanto, existen profesionales muy calificados en la propia función pública, para no hablar del sector privado, que obtienen apenas unos cientos de dólares por su trabajo.

Caso similar, e incluso más grave, constituye la utilización de los propios recursos de la ley para burlar el espíritu de una normativa. Tales son los casos que reporta este mismo BLANCO Y NEGRO de funcionarios públicos, como el superintendente de Compañías que, burlándose (no se le puede llamar de otra manera) de la normativa que impide que cualquier personero estatal gane cifras superiores al salario del presidente de la República, optan por "rebajar" sus sueldos a $5 o incluso $1 menos del límite de $8 000 que establece la norma.

Eso, sin contar con que, en muchos casos, el salario se redondea con jugosas compensaciones.

Mientras tanto, sectores como la Salud y la Educación se hallan desatendidos. (Blanco y Negro)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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