En 2003 y 2004, el 87,9% y el 87,7% de los egresos fueron destinados al pago de personal, esto es diputados y el rol de empleados.
La "obesidad" es endémica en la nómina legislativa
El presupuesto incluye, desde 2003, recursos para la reconstrucción del edificio, sin los cuales el porcentaje de personal crecería
Los informes anuales de 2003, 2004 y 2005 del presupuesto ejecutado por la Función Legislativa señalan que el gasto en personal (diputados y empleados) tiene un promedio superior al 85% de los gastos totales de cada período. En 2003, ese porcentaje asciende a 87,9%; en 2004, a 87,8% y de enero a junio de 2005, a 82% (ver cuadro). En el cálculo de esos porcentajes se incluyen los aportes para la reconstrucción y remodelación del edificio, sin los cuales los porcentajes de gasto de personal serían mayores.
Ese monto se explica por el número de contratados, pues el egreso del Estado por los 100 diputados (ver nota adjunta) al año llega a $4 millones, considerando un máximo de $4 000 mensuales durante los 12 meses del año. El grueso del gasto está en los empleados: 800 del cupo de ocho de cada diputado y los 340 que laboran actualmente en la presidencia, las dos vicepresidencias y varias dependencias administrativas.
Según el Reglamento de Contratación de Personal, elaborado por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), cada diputado tiene derecho a contratar ocho servidores legislativos: un asesor categoría 3, un asesor categoría 2, dos asesores categoría 1, dos auxiliares de servicios legislativos y dos auxiliares de servicios generales (chofer y mensajero).
El personal que labora como asesor parlamentario 3 percibe mensualmente un promedio de $857; los de categoría 2, $747; los de categoría 1, $666; los auxiliares legislativos $497 y los auxiliares de servicios generales, $467, más los beneficios de ley, como años de servicio.
A más de los cupos establecidos por diputados, cada una de las 18 comisiones especializadas tiene dos cuotas adicionales de contrato.
Según informó el ex titular del Congreso, Omar Quintana (PRE), el presidente tiene capacidad de contratar a 30 personas más y los dos vicepresidentes también tienen un cupo extra de 10 servidores cada uno.
Además, Quintana y el actual segundo vicepresidente, Jorge Guamán (PK), sostienen que sí se pueden incrementar los cupos de contratos previa autorización directa del presidente del Congreso, quien -junto con el secretario- operativizan los contratos.
Pero, a más de su remuneración mensual, cuentan con un bono trimestral correspondiente a dos de sus salarios básicos, es decir, fluctúa entre $576 y $310. Además, en abril también reciben un bono por el Día del Servidor Legislativo, entre $645 y $255. Finalmente, en diciembre también reciben otra bonificación de una cantidad similar. (GFS/LB)
¿Quién abre la caja de pandora?
En el Congreso hay total hermetismo sobre la información de personal que trabaja en la institución. Cuando BLANCO Y NEGRO intentó acceder a la información, el secretario, John Argudo, informó que para facilitar estos datos se necesitaba de la autorización de la vicepresidenta, Cynthia Viteri (PSC), al estar ausente del país el titular Wilfrido Lucero. Viteri aceptó el pedido.
Sin embargo, pese a la insistencia que se hizo con Argudo, la información no fue proporcionada sino hasta tres días después y, aunque inicialmente estaba previsto que se entregaran a la prensa los datos completos sobre presupuestos y personal correspondiente a las presidencias de Guillermo Landázuri (ID), Omar Quintana (PRE) y Wilfrido Lucero, esto no fue así.
El secretario solo entregó dos hojas con cuadros del personal de contrato ingresado con Quintana y Lucero, los cuales indican que el número de contratados son de 1 167 y 1 140 personas, en cada caso. (GFS/LB)
Diputados mantienen su "combo legislativo"
BÁSICO ($2 500) y dietas. La capacidad no se mide
Un diputado que acude regular y puntualmente a todas las sesiones del Pleno podría percibir hasta $4 000 al mes, cantidad que varía según las asistencias y el tiempo que el legislador permanece en el Pleno. En su rol de pagos consta como ingreso básico $2 500, además, se incluyen el número y las fechas de las sesiones extraordinarias (martes y miércoles por la tarde) a las que asistió, por cada una de ellas se le paga $312; que promediando nueve sesiones al mes representan $2 808 más.
A los faltones se les descuenta por cada sesión ordinaria (martes, miércoles y jueves en la mañana) a la que no asistan $156, y por extraordinaria, $312, valores a los que se suma el de $310 del impuesto a la renta que se deduce a todos los diputados.
También hay descuentos por atrasos: por media hora, $20. Francisco Erazo, coordinador de la Dirección de Servicios Parlamentarios, controla el tráfico de entradas y salidas.
Las sesiones de los martes son convocadas a las 10:00 y de los miércoles y jueves a las 09:00, mientras las vespertinas a las 16:30, pero todas comienzan con una hora promedio de retraso hasta lograr el quórum, mínimo con 51 diputados.
Independientemente de su salario, los diputados gozan de ciertos beneficios, por ejemplo los préstamos a los que pueden acceder, de hasta $10 mil, sin intereses y que pueden pagarlos mensualmente durante el ejercicio parlamentario. Según el ex presidente del Congreso, Omar Quintana (PRE), el monto se puede incrementar en caso de "calamidad doméstica".
Además, a los legisladores de provincia se les paga los boletos de avión o el estimado del gasto del traslado a su lugar de residencia. (GFS)
"Minuto quemado" equivale a $62 que "se van al tacho"
Los diputados tienen su propia concepción del tiempo y, a veces, lo gastan en solemnidades.
El martes 6 de septiembre de 2005, siendo las 11:05, la presidenta (e) Cynthia Viteri instala la sesión y apenas se termina de entonar el Himno Nacional, la diputada Silvana Ibarra (PRE), una de las que menos habla, pide la palabra y llena de elogios al fallecido músico Gonzalo Benítez, para quien pide a sus colegas un homenaje con un minuto de silencio.
Viteri da curso al pedido y el salón entra en silencio. Tras concluir el momento solemne, un comentario cruza por el estrado y la presidenta dispone otro minuto de silencio por la muerte de un familiar de un diputado. El nuevo estado de inmovilidad solo es alterado por una interferencia musical del audio y la inquietud del diputado Enrique Ayala, que al concluir los 60 segundos de mutismo, complementa la ronda de homenajes con una afirmación asentida por todos: que la mejor manera de saludar al maestro Benítez es escuchando su obra emblemática, "La vasija de barro". La música se apodera del auditorio y al terminar la melodía, el reloj ya marcaba las 11:23. Habían transcurrido 18 minutos y la discusión legislativa no empezaba.
Si bien las solemnidades no están inmersas en prohibiciones reglamentarias, esos primeros momentos de la sesión de martes representaron un costo para el país, considerando que el factor tiempo es determinante al momento de las erogaciones, mayores o menores, para el Estado por la concurrencia de los diputados.
Según el sistema de pago por sesiones, el minuto de una sesión ordinaria asciende a $62,5, tomando en cuenta las cuatro horas de debate y el pago de $150 a cada uno de los 100 diputados. Como en la sesión del martes estuvieron 85 legisladores, el tiempo de los homenajes pudo costar $956. Una suma, aparentemente, ínfima en relación a otros momentos en que los legisladores se han visto envueltos en discusiones y peleas, como el forcejeo que se vivió en el Congreso, tras la resolución de destituir a la Corte Suprema de Justicia, el 9 de diciembre de 2004.
El balance legislativo, entre diciembre de 2004 y abril de 2005, arroja un saldo negativo por el número de leyes aprobados (ver nota adjunta). La improductividad la admitió el propio el ex presidente del Congreso Omar Quintana, que suspendió las sesiones extraordinarias de las tardes, que cuestan $125 el minuto, si asisten los 100 diputados. Eso explicaría la ligera reducción del promedio de gastos en personal hasta junio de este año. (LB)
El "saldo rojo" llega a niveles críticos
De enero de 2004 a abril de 2005, el Pleno aprobó una ley por mes, en promedio. Hoy, el nivel subió a 2,3
La producción legislativa llegó a su punto crítico entre el 9 de diciembre de 2004 y abril de 2005, lapso que duró la crisis política que desembocó en la salida del ex presidente Lucio Gutiérrez y la posesión de su sucesor, Alfredo Palacio.
En ese lapso se aprobaron cinco proyectos de ley y 13 resoluciones, entre las que se incluye la polémica decisión de la mayoría afín a Gutiérrez, con la cual se destituyó a la Corte Suprema de Justicia y se nombró a la llamada "Pichicorte", así como también la resolución con la cual se dio paso a la sucesión presidencial.
Debido a la beligerancia de los dos bandos, la productividad llegó a niveles dramáticos en ese tiempo. El promedio mensual en ese período solo llegó a un proyecto por mes. Lo que afectó el balance tanto para 2004 como 2005. El preámbulo de la crisis, tras el intento de enjuiciar al ex presidente Gutiérrez, también incidió en la evaluación de 2004, pues desde septiembre hasta diciembre de ese año solo se aprobaron tres proyectos.
En 2003, el Congreso aprobó 30 proyectos de ley, es decir, a tres por mes, considerando que el Pleno se reúne 10 meses al año. En 2004, el número de proyectos se redujo a 21, es decir, a 2,1 proyectos al mes. Mientras, tras la mala racha de los primeros meses, el promedio subió a 2,3 proyectos por mes, al haberse aprobado 14 proyectos desde enero, cuatro con Omar Quintana y 10 con Wilfrido Lucero. (LB)
Cada ley le costaría al país $1,1 millones
Totalizando solo egresos y proyectos aprobados, ese sería el costo de cada ley para 2005
De acuerdo a los niveles de ingresos que le da el Estado a la Función Legislativa, que son los montos que aprueban los propios diputados cada año con el presupuesto, el costo de las leyes en el Ecuador varía de acuerdo a las circunstancias políticas de cada año.
Y, según los montos ejecutados de egresos por el Congreso en 2003, de $28,1 millones, el costo promedio de cada ley de ese año (se aprobaron 30) llegaría a $980 566. Esa cifra subiría en 2004 a $1,657 millones tomando en cuenta que los gastos ejecutados para ese año fueron de $32,2 millones. Mientras que lo que va de 2005, ese monto alcanzaría los $1,174 millones, calculando con los gastos solo hasta junio, de $16,442 millones, y el mes de la "vacancia".
Pero, la producción de leyes no es la única tarea de los diputados. También están las resoluciones que tienen un sentido más político que operativo. En ese marco, la atividad ha sido muy productiva, en especial en 2003 cuando se registran 111 resoluciones aprobadas, que van desde la designación de las autoridades del Congreso hasta la aprobación del Presupuesto.
En 2004, esa iniciativa disminuyó a solo 37 resoluciones. En lo que va de 2005, suman 33 hasta la semana pasada. Aunque la mayoría son exhortos, sin efectos jurídicos obligatorios, las resoluciones han generado los cambios más dramáticos en la política del país, como la cesación de la Corte Suprema y salida del ex presidente Lucio Gutiérrez. (LB)
En el congreso no se predica con el ejemplo
La página web no contiene información específica del personal ni del presupuesto ejecutado. Tampoco de los contratos por adquisiciones
Han transcurrido dos años y cinco meses de la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (Lotai) y los mandatos aprobados por los diputados aún no son asumidos en su totalidad en el seno del Congreso, al menos, en las obligaciones derivadas de los articulos 1 y 7 del cuerpo legal que se refieren a la garantía del Estado para que los ciudadanos accedan a la información pública y a los datos que deben divulgarse a través de la página web.
El portal del Congreso contiene elementos generales e informativos y no incluye datos e informes específicos sobre diferentes campos, como lo mandan los diversos literales del art. 7 que son concretos. El literal c, por ejemplo, señala la obligación de tener información actualizada sobre la remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso compensaciones.
Si estuviera habilitada esa información, el usuario podría conocer, por ejemplo, que en el Congreso hay una escala de personal de nombramiento que va de la A a la J, de menor a mayor escala, y en cada una, excepto la J de los directores departamentales, existen hasta cuatro subdivisiones, cada una con una remuneración. Es uno de los escalafones más complejos del país.
También se podría conocer que el personal de contrato ha sufrido variaciones entre las presidencias del socialdemócrata Guillermo Landázuri (enero 2003-enero 2005), el roldosista Omar Quintana (enero a abril de 2005) y el también socialdemócrata Wilfrido Lucero (abril de 2005 hasta hoy), lo que ha repercutido en una variación presupuestaria (página 3).
Asimismo, la ciudadanía desconoce el distributivo del personal como también los textos íntegros de los contratos de personal (literal e) que permitirían saber, por ejemplo, la existencia de unidades dentro del Congreso, como la de adquisiciones, que tiene alrededor de 70 funcionarios, o de relaciones internacionales con 10 empleados, pese a que hay el Departamento de Protocolo.
Tampoco existe la información de los procesos contractuales y precontractuales de adjudicación y liquidación de las contrataciones de obras y servicios, arrendamientos mercantiles, que en 2003 y 2004 sumaron egresos por $2,7 millones y $3,1 millones, respectivamente. Esta información aclararía las justificaciones por las adquisiciones de computadoras y mobiliario en 2005, gastos en los cuales también se incurrieron en el año 2004.
El director de Comunicación Social, Édison Guevara, asegura que las autoridades del Congreso le han manifestado la voluntad de incorporar esa información, para lo cual se está coordinando con los departamentos respectivos. Dice, además, que en un mes y medio estará listo el nuevo diseño de la página web. El incendio de inicios de 2003 afectó el desarrollo del portal, dice. (LB)
PUNTO DE VISTA
Más transparencia y menos gasto
En medio de todas las vicisitudes de los ecuatorianos, cualquier novedad proveniente del Congreso parece ya no llamar la atención, aunque tenga que ver con el interés del país y de su gente. Pero no debe ser así.
Si los ecuatorianos nos jactamos de vivir en democracia -aunque esta sea precaria-, deberíamos aprender los deberes y derechos que proporciona el sistema, y practicarlos.
Por ejemplo, si ya contamos con una Ley de Transparencia, aprobada por los propios diputados, resulta risible que la información de las cuentas del Congreso no estén, en detalle, en la página web, tal como impone la vigencia de la nueva normativa, y que la gente no reclame por ello.
El informe que presenta BLANCO y NEGRO pone en evidencia esta grave falta del Legislativo que debe ser enmendada de urgencia, pero también saca a la luz otros datos reveladores: el costo de cada ley tramitada en los últimos tiempos, así como el número de asesores que tiene cada legislador.
En cuanto al costo de cada ley, que en los últimos meses promedian $1,1 millones, resulta un exceso, puesto que evidencia ausencia de competitividad, el desafío que los diputados pretenden conseguir en otras instancias del país.
En realidad, se desconoce referencias exactas de otros países, pero el promedio de una ley por mes no necesita de comparación alguna, pues evidencia pereza y falta de emoción para trabajar por el país.
En este enrarecido clima político nacional, bien harían los diputados en propiciar más transparencia y menos gasto en su gestión. (TFF). (Blanco y Negro)
La "obesidad" es endémica en la nómina legislativa
El presupuesto incluye, desde 2003, recursos para la reconstrucción del edificio, sin los cuales el porcentaje de personal crecería
Los informes anuales de 2003, 2004 y 2005 del presupuesto ejecutado por la Función Legislativa señalan que el gasto en personal (diputados y empleados) tiene un promedio superior al 85% de los gastos totales de cada período. En 2003, ese porcentaje asciende a 87,9%; en 2004, a 87,8% y de enero a junio de 2005, a 82% (ver cuadro). En el cálculo de esos porcentajes se incluyen los aportes para la reconstrucción y remodelación del edificio, sin los cuales los porcentajes de gasto de personal serían mayores.
Ese monto se explica por el número de contratados, pues el egreso del Estado por los 100 diputados (ver nota adjunta) al año llega a $4 millones, considerando un máximo de $4 000 mensuales durante los 12 meses del año. El grueso del gasto está en los empleados: 800 del cupo de ocho de cada diputado y los 340 que laboran actualmente en la presidencia, las dos vicepresidencias y varias dependencias administrativas.
Según el Reglamento de Contratación de Personal, elaborado por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), cada diputado tiene derecho a contratar ocho servidores legislativos: un asesor categoría 3, un asesor categoría 2, dos asesores categoría 1, dos auxiliares de servicios legislativos y dos auxiliares de servicios generales (chofer y mensajero).
El personal que labora como asesor parlamentario 3 percibe mensualmente un promedio de $857; los de categoría 2, $747; los de categoría 1, $666; los auxiliares legislativos $497 y los auxiliares de servicios generales, $467, más los beneficios de ley, como años de servicio.
A más de los cupos establecidos por diputados, cada una de las 18 comisiones especializadas tiene dos cuotas adicionales de contrato.
Según informó el ex titular del Congreso, Omar Quintana (PRE), el presidente tiene capacidad de contratar a 30 personas más y los dos vicepresidentes también tienen un cupo extra de 10 servidores cada uno.
Además, Quintana y el actual segundo vicepresidente, Jorge Guamán (PK), sostienen que sí se pueden incrementar los cupos de contratos previa autorización directa del presidente del Congreso, quien -junto con el secretario- operativizan los contratos.
Pero, a más de su remuneración mensual, cuentan con un bono trimestral correspondiente a dos de sus salarios básicos, es decir, fluctúa entre $576 y $310. Además, en abril también reciben un bono por el Día del Servidor Legislativo, entre $645 y $255. Finalmente, en diciembre también reciben otra bonificación de una cantidad similar. (GFS/LB)
¿Quién abre la caja de pandora?
En el Congreso hay total hermetismo sobre la información de personal que trabaja en la institución. Cuando BLANCO Y NEGRO intentó acceder a la información, el secretario, John Argudo, informó que para facilitar estos datos se necesitaba de la autorización de la vicepresidenta, Cynthia Viteri (PSC), al estar ausente del país el titular Wilfrido Lucero. Viteri aceptó el pedido.
Sin embargo, pese a la insistencia que se hizo con Argudo, la información no fue proporcionada sino hasta tres días después y, aunque inicialmente estaba previsto que se entregaran a la prensa los datos completos sobre presupuestos y personal correspondiente a las presidencias de Guillermo Landázuri (ID), Omar Quintana (PRE) y Wilfrido Lucero, esto no fue así.
El secretario solo entregó dos hojas con cuadros del personal de contrato ingresado con Quintana y Lucero, los cuales indican que el número de contratados son de 1 167 y 1 140 personas, en cada caso. (GFS/LB)
Diputados mantienen su "combo legislativo"
BÁSICO ($2 500) y dietas. La capacidad no se mide
Un diputado que acude regular y puntualmente a todas las sesiones del Pleno podría percibir hasta $4 000 al mes, cantidad que varía según las asistencias y el tiempo que el legislador permanece en el Pleno. En su rol de pagos consta como ingreso básico $2 500, además, se incluyen el número y las fechas de las sesiones extraordinarias (martes y miércoles por la tarde) a las que asistió, por cada una de ellas se le paga $312; que promediando nueve sesiones al mes representan $2 808 más.
A los faltones se les descuenta por cada sesión ordinaria (martes, miércoles y jueves en la mañana) a la que no asistan $156, y por extraordinaria, $312, valores a los que se suma el de $310 del impuesto a la renta que se deduce a todos los diputados.
También hay descuentos por atrasos: por media hora, $20. Francisco Erazo, coordinador de la Dirección de Servicios Parlamentarios, controla el tráfico de entradas y salidas.
Las sesiones de los martes son convocadas a las 10:00 y de los miércoles y jueves a las 09:00, mientras las vespertinas a las 16:30, pero todas comienzan con una hora promedio de retraso hasta lograr el quórum, mínimo con 51 diputados.
Independientemente de su salario, los diputados gozan de ciertos beneficios, por ejemplo los préstamos a los que pueden acceder, de hasta $10 mil, sin intereses y que pueden pagarlos mensualmente durante el ejercicio parlamentario. Según el ex presidente del Congreso, Omar Quintana (PRE), el monto se puede incrementar en caso de "calamidad doméstica".
Además, a los legisladores de provincia se les paga los boletos de avión o el estimado del gasto del traslado a su lugar de residencia. (GFS)
"Minuto quemado" equivale a $62 que "se van al tacho"
Los diputados tienen su propia concepción del tiempo y, a veces, lo gastan en solemnidades.
El martes 6 de septiembre de 2005, siendo las 11:05, la presidenta (e) Cynthia Viteri instala la sesión y apenas se termina de entonar el Himno Nacional, la diputada Silvana Ibarra (PRE), una de las que menos habla, pide la palabra y llena de elogios al fallecido músico Gonzalo Benítez, para quien pide a sus colegas un homenaje con un minuto de silencio.
Viteri da curso al pedido y el salón entra en silencio. Tras concluir el momento solemne, un comentario cruza por el estrado y la presidenta dispone otro minuto de silencio por la muerte de un familiar de un diputado. El nuevo estado de inmovilidad solo es alterado por una interferencia musical del audio y la inquietud del diputado Enrique Ayala, que al concluir los 60 segundos de mutismo, complementa la ronda de homenajes con una afirmación asentida por todos: que la mejor manera de saludar al maestro Benítez es escuchando su obra emblemática, "La vasija de barro". La música se apodera del auditorio y al terminar la melodía, el reloj ya marcaba las 11:23. Habían transcurrido 18 minutos y la discusión legislativa no empezaba.
Si bien las solemnidades no están inmersas en prohibiciones reglamentarias, esos primeros momentos de la sesión de martes representaron un costo para el país, considerando que el factor tiempo es determinante al momento de las erogaciones, mayores o menores, para el Estado por la concurrencia de los diputados.
Según el sistema de pago por sesiones, el minuto de una sesión ordinaria asciende a $62,5, tomando en cuenta las cuatro horas de debate y el pago de $150 a cada uno de los 100 diputados. Como en la sesión del martes estuvieron 85 legisladores, el tiempo de los homenajes pudo costar $956. Una suma, aparentemente, ínfima en relación a otros momentos en que los legisladores se han visto envueltos en discusiones y peleas, como el forcejeo que se vivió en el Congreso, tras la resolución de destituir a la Corte Suprema de Justicia, el 9 de diciembre de 2004.
El balance legislativo, entre diciembre de 2004 y abril de 2005, arroja un saldo negativo por el número de leyes aprobados (ver nota adjunta). La improductividad la admitió el propio el ex presidente del Congreso Omar Quintana, que suspendió las sesiones extraordinarias de las tardes, que cuestan $125 el minuto, si asisten los 100 diputados. Eso explicaría la ligera reducción del promedio de gastos en personal hasta junio de este año. (LB)
El "saldo rojo" llega a niveles críticos
De enero de 2004 a abril de 2005, el Pleno aprobó una ley por mes, en promedio. Hoy, el nivel subió a 2,3
La producción legislativa llegó a su punto crítico entre el 9 de diciembre de 2004 y abril de 2005, lapso que duró la crisis política que desembocó en la salida del ex presidente Lucio Gutiérrez y la posesión de su sucesor, Alfredo Palacio.
En ese lapso se aprobaron cinco proyectos de ley y 13 resoluciones, entre las que se incluye la polémica decisión de la mayoría afín a Gutiérrez, con la cual se destituyó a la Corte Suprema de Justicia y se nombró a la llamada "Pichicorte", así como también la resolución con la cual se dio paso a la sucesión presidencial.
Debido a la beligerancia de los dos bandos, la productividad llegó a niveles dramáticos en ese tiempo. El promedio mensual en ese período solo llegó a un proyecto por mes. Lo que afectó el balance tanto para 2004 como 2005. El preámbulo de la crisis, tras el intento de enjuiciar al ex presidente Gutiérrez, también incidió en la evaluación de 2004, pues desde septiembre hasta diciembre de ese año solo se aprobaron tres proyectos.
En 2003, el Congreso aprobó 30 proyectos de ley, es decir, a tres por mes, considerando que el Pleno se reúne 10 meses al año. En 2004, el número de proyectos se redujo a 21, es decir, a 2,1 proyectos al mes. Mientras, tras la mala racha de los primeros meses, el promedio subió a 2,3 proyectos por mes, al haberse aprobado 14 proyectos desde enero, cuatro con Omar Quintana y 10 con Wilfrido Lucero. (LB)
Cada ley le costaría al país $1,1 millones
Totalizando solo egresos y proyectos aprobados, ese sería el costo de cada ley para 2005
De acuerdo a los niveles de ingresos que le da el Estado a la Función Legislativa, que son los montos que aprueban los propios diputados cada año con el presupuesto, el costo de las leyes en el Ecuador varía de acuerdo a las circunstancias políticas de cada año.
Y, según los montos ejecutados de egresos por el Congreso en 2003, de $28,1 millones, el costo promedio de cada ley de ese año (se aprobaron 30) llegaría a $980 566. Esa cifra subiría en 2004 a $1,657 millones tomando en cuenta que los gastos ejecutados para ese año fueron de $32,2 millones. Mientras que lo que va de 2005, ese monto alcanzaría los $1,174 millones, calculando con los gastos solo hasta junio, de $16,442 millones, y el mes de la "vacancia".
Pero, la producción de leyes no es la única tarea de los diputados. También están las resoluciones que tienen un sentido más político que operativo. En ese marco, la atividad ha sido muy productiva, en especial en 2003 cuando se registran 111 resoluciones aprobadas, que van desde la designación de las autoridades del Congreso hasta la aprobación del Presupuesto.
En 2004, esa iniciativa disminuyó a solo 37 resoluciones. En lo que va de 2005, suman 33 hasta la semana pasada. Aunque la mayoría son exhortos, sin efectos jurídicos obligatorios, las resoluciones han generado los cambios más dramáticos en la política del país, como la cesación de la Corte Suprema y salida del ex presidente Lucio Gutiérrez. (LB)
En el congreso no se predica con el ejemplo
La página web no contiene información específica del personal ni del presupuesto ejecutado. Tampoco de los contratos por adquisiciones
Han transcurrido dos años y cinco meses de la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (Lotai) y los mandatos aprobados por los diputados aún no son asumidos en su totalidad en el seno del Congreso, al menos, en las obligaciones derivadas de los articulos 1 y 7 del cuerpo legal que se refieren a la garantía del Estado para que los ciudadanos accedan a la información pública y a los datos que deben divulgarse a través de la página web.
El portal del Congreso contiene elementos generales e informativos y no incluye datos e informes específicos sobre diferentes campos, como lo mandan los diversos literales del art. 7 que son concretos. El literal c, por ejemplo, señala la obligación de tener información actualizada sobre la remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso compensaciones.
Si estuviera habilitada esa información, el usuario podría conocer, por ejemplo, que en el Congreso hay una escala de personal de nombramiento que va de la A a la J, de menor a mayor escala, y en cada una, excepto la J de los directores departamentales, existen hasta cuatro subdivisiones, cada una con una remuneración. Es uno de los escalafones más complejos del país.
También se podría conocer que el personal de contrato ha sufrido variaciones entre las presidencias del socialdemócrata Guillermo Landázuri (enero 2003-enero 2005), el roldosista Omar Quintana (enero a abril de 2005) y el también socialdemócrata Wilfrido Lucero (abril de 2005 hasta hoy), lo que ha repercutido en una variación presupuestaria (página 3).
Asimismo, la ciudadanía desconoce el distributivo del personal como también los textos íntegros de los contratos de personal (literal e) que permitirían saber, por ejemplo, la existencia de unidades dentro del Congreso, como la de adquisiciones, que tiene alrededor de 70 funcionarios, o de relaciones internacionales con 10 empleados, pese a que hay el Departamento de Protocolo.
Tampoco existe la información de los procesos contractuales y precontractuales de adjudicación y liquidación de las contrataciones de obras y servicios, arrendamientos mercantiles, que en 2003 y 2004 sumaron egresos por $2,7 millones y $3,1 millones, respectivamente. Esta información aclararía las justificaciones por las adquisiciones de computadoras y mobiliario en 2005, gastos en los cuales también se incurrieron en el año 2004.
El director de Comunicación Social, Édison Guevara, asegura que las autoridades del Congreso le han manifestado la voluntad de incorporar esa información, para lo cual se está coordinando con los departamentos respectivos. Dice, además, que en un mes y medio estará listo el nuevo diseño de la página web. El incendio de inicios de 2003 afectó el desarrollo del portal, dice. (LB)
PUNTO DE VISTA
Más transparencia y menos gasto
En medio de todas las vicisitudes de los ecuatorianos, cualquier novedad proveniente del Congreso parece ya no llamar la atención, aunque tenga que ver con el interés del país y de su gente. Pero no debe ser así.
Si los ecuatorianos nos jactamos de vivir en democracia -aunque esta sea precaria-, deberíamos aprender los deberes y derechos que proporciona el sistema, y practicarlos.
Por ejemplo, si ya contamos con una Ley de Transparencia, aprobada por los propios diputados, resulta risible que la información de las cuentas del Congreso no estén, en detalle, en la página web, tal como impone la vigencia de la nueva normativa, y que la gente no reclame por ello.
El informe que presenta BLANCO y NEGRO pone en evidencia esta grave falta del Legislativo que debe ser enmendada de urgencia, pero también saca a la luz otros datos reveladores: el costo de cada ley tramitada en los últimos tiempos, así como el número de asesores que tiene cada legislador.
En cuanto al costo de cada ley, que en los últimos meses promedian $1,1 millones, resulta un exceso, puesto que evidencia ausencia de competitividad, el desafío que los diputados pretenden conseguir en otras instancias del país.
En realidad, se desconoce referencias exactas de otros países, pero el promedio de una ley por mes no necesita de comparación alguna, pues evidencia pereza y falta de emoción para trabajar por el país.
En este enrarecido clima político nacional, bien harían los diputados en propiciar más transparencia y menos gasto en su gestión. (TFF). (Blanco y Negro)
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