BOGOTÁ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó hoy de que dictará su fallo sobre el supuesto cese arbitrario en 2004 de ocho vocales del Tribunal Constitucional de Ecuador a partir del 19 de abril, al término de una sesión especial celebrada en la ciudad colombiana de Medellín.
Este es el primer caso que la CorteIDH airea en Medellín, donde ayer comenzó una serie de sesiones extraordinarias de este tribunal supranacional con el caso del cese de los magistrados ecuatorianos.
"La Corte ha escuchado atentamente este caso sobre independencia judicial y mecanismos de control, y tiene elementos valiosos para tomar una decisión, porque incluso hemos escuchado sobre un allanamiento parcial por parte del Estado, por eso la Corte estudiará y analizará con cuidado el tema", afirmó el presidente de la Corte, Diego García-Sayán.
Agregó que ahora "las partes tienen tiempo de presentar sus alegados por escrito hasta el 19 de abril, después de lo cual la Corte tendrá todos los elementos para pronunciarse y dictar una sentencia final sobre este caso".
El 25 de noviembre de 2004 ocho vocales del Tribunal Constitucional fueron destituidos por una resolución del Congreso, un hecho no previsto ni en la Constitución ni en la ley de Ecuador, lo que supuestamente afectó el principio de independencia judicial, según los magistrados.
El representante de uno de los vocales cesados, Ramiro Valdivia, indicó en la audiencia pública que "no contaron con garantías procesales, ni con la posibilidad de defenderse en relación con la cesación, y no existieron garantías procesales en la segunda votación de juicio político".
"Se violó el principio de legalidad, el de igualdad y el de garantías al realizar un juicio contra ellos extremadamente arbitrario y con vicios de procedimiento", apuntó Valdivia.
Y agregó en su alegato: "La separación de los jueces viola el artículo 23 de la Convención Americana, que es el mismo artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
A su turno, el representante del Estado ecuatoriano, Carlos Espín, respondió que no existen violaciones a los derechos humanos en este caso, al justificar que se actuó en pro de una justicia independiente.
"El Estado no viola los derechos, existen pruebas y evidencias incorporadas en los expedientes que así lo comprueban", remarcó.
Espín pidió a la CorteIDH una sentencia "que ayude a la sociedad civil ecuatoriana a impulsar una justicia independiente para que no exista impunidad con casos como estos".
Las sesiones extraordinarias de este tribunal que opera al amparo de la Organización de Estados Americanos (OEA) prosiguen esta tarde con un caso de Bolivia sobre refugio, asilo y debido proceso. (EFE)
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