BOGOTÃ. La congresista opositora Piedad Córdoba, inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos por sus contactos con las FARC, cometió "faltas disciplinarias gravÃsimas", incluso una que puede considerarse un delito, según el procurador colombiano, Alejandro Ordóñez.
En una entrevista que hoy publica el diario bogotano El Tiempo, el funcionario indicó que en los dos años que duró la investigación en el Ministerio Público se recaudaron una "multitud" de pruebas sobre Córdoba, muchas de ellas enviadas a la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar penalmente a los congresistas.
La senadora, gracias a cuya mediación fueron liberadas en los últimos años 12 personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue sancionada la semana pasada con 18 años de inhabilitación por la ProcuradurÃa por considerar que habÃa colaborado con la guerrilla y que se habÃa excedido en su papel de mediadora.
El procurador señaló que en los documentos que se extrajeron de los computadores del abatido portavoz internacional de las FARC, alias "Raúl Reyes", existen varias referencias a "Teodora", nombre que utilizaba para referirse a Córdoba, según las investigaciones.
Según Ordóñez, en uno de los correos que supuestamente envió la senadora, ésta señala que espera una pronta reunión con el secretariado de las FARC y les recuerda: "yo soy patria o muerte, venceremos".
"Cómo decir que aquà no hay actos de colaboración?", dijo el procurador, al explicar que podrÃa ser investigada como presunta autora de un delito por ese motivo.
Ordóñez indicó que en esos correos encontrados en los ordenadores existe una recomendación de Córdoba a las FARC para que las pruebas de vida de los rehenes "no las manden en vÃdeo sino en audio".
Además se la acusa de extralimitación de funciones por un correo de finales de 2007 en el que supuestamente Córdoba le dice a un jefe rebelde que hay que "catapultar" al presidente venezolano, Hugo Chávez, de cara al referendo del 2 de diciembre, en el que se incluÃa la posibilidad de una reelección indefinida en ese paÃs.
En un principio con la autorización del anterior presidente colombiano, lvaro Uribe, Chávez y Córdoba fueron mediadores ante las FARC para la liberación de rehenes y lograron que la guerrilla entregara de manera unilateral a seis secuestrados.
La investigación de la ProcuradurÃa contra Córdoba se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", que murió en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.
Tras cruzar información con organismos como la Corte Suprema, la FiscalÃa, la Interpol y la PolicÃa Judicial, la ProcuradurÃa estableció "con certeza" que la senadora aconsejó a las FARC no enviar vÃdeos de personas secuestradas, pero sà grabaciones de voz, "con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".
Constató también que "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a Gobiernos de otros paÃses", no identificados.
Asimismo, según la ProcuradurÃa, la polÃtica "efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo".
La senadora proclamó el martes su inocencia, aseguró que sus contactos y encuentros con miembros de las FARC fueron autorizados por las autoridades y anunció que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la sanción de la ProcuradurÃa.
Además, sostuvo que la decisión de inhabilitarla busca "criminalizar" su labor humanitaria y se comprometió a seguir trabajando por la paz en Colombia.
Varios gobiernos, entre ellos los de Venezuela y Bolivia, y organismos han criticado la decisión de la ProcuradorÃa. (EFE)
En una entrevista que hoy publica el diario bogotano El Tiempo, el funcionario indicó que en los dos años que duró la investigación en el Ministerio Público se recaudaron una "multitud" de pruebas sobre Córdoba, muchas de ellas enviadas a la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar penalmente a los congresistas.
La senadora, gracias a cuya mediación fueron liberadas en los últimos años 12 personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue sancionada la semana pasada con 18 años de inhabilitación por la ProcuradurÃa por considerar que habÃa colaborado con la guerrilla y que se habÃa excedido en su papel de mediadora.
El procurador señaló que en los documentos que se extrajeron de los computadores del abatido portavoz internacional de las FARC, alias "Raúl Reyes", existen varias referencias a "Teodora", nombre que utilizaba para referirse a Córdoba, según las investigaciones.
Según Ordóñez, en uno de los correos que supuestamente envió la senadora, ésta señala que espera una pronta reunión con el secretariado de las FARC y les recuerda: "yo soy patria o muerte, venceremos".
"Cómo decir que aquà no hay actos de colaboración?", dijo el procurador, al explicar que podrÃa ser investigada como presunta autora de un delito por ese motivo.
Ordóñez indicó que en esos correos encontrados en los ordenadores existe una recomendación de Córdoba a las FARC para que las pruebas de vida de los rehenes "no las manden en vÃdeo sino en audio".
Además se la acusa de extralimitación de funciones por un correo de finales de 2007 en el que supuestamente Córdoba le dice a un jefe rebelde que hay que "catapultar" al presidente venezolano, Hugo Chávez, de cara al referendo del 2 de diciembre, en el que se incluÃa la posibilidad de una reelección indefinida en ese paÃs.
En un principio con la autorización del anterior presidente colombiano, lvaro Uribe, Chávez y Córdoba fueron mediadores ante las FARC para la liberación de rehenes y lograron que la guerrilla entregara de manera unilateral a seis secuestrados.
La investigación de la ProcuradurÃa contra Córdoba se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", que murió en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo de 2008.
Tras cruzar información con organismos como la Corte Suprema, la FiscalÃa, la Interpol y la PolicÃa Judicial, la ProcuradurÃa estableció "con certeza" que la senadora aconsejó a las FARC no enviar vÃdeos de personas secuestradas, pero sà grabaciones de voz, "con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".
Constató también que "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a Gobiernos de otros paÃses", no identificados.
Asimismo, según la ProcuradurÃa, la polÃtica "efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo".
La senadora proclamó el martes su inocencia, aseguró que sus contactos y encuentros con miembros de las FARC fueron autorizados por las autoridades y anunció que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la sanción de la ProcuradurÃa.
Además, sostuvo que la decisión de inhabilitarla busca "criminalizar" su labor humanitaria y se comprometió a seguir trabajando por la paz en Colombia.
Varios gobiernos, entre ellos los de Venezuela y Bolivia, y organismos han criticado la decisión de la ProcuradorÃa. (EFE)
Más en el