El Fiscal General, Washington Pesántez, aseguró ayer que el proceso sobre el bombardeo colombiano en el enclave ecuatoriano de Angostura, en marzo de 2008, es un "asunto jurídico" que le atañe a la administración de Justicia ecuatoriana.
Con ello, Pesántez respondió al candidato presidencial colombiano Juan Manuel Santos, imputado en el proceso y quien calificó de "adefesio jurídico" el trámite de la causa en Ecuador.
La investigación y procesamiento de la causa es "un asunto de dignidad nacional, es un asunto jurídico", señaló Pesántez a medios locales sobre el caso que se sigue en una corte ecuatoriana y que tiene a Santos como uno de los implicados por haber dirigido el ataque al enclave de Angostura cuando era ministro de Defensa de su país.
En Angostura las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían instalado un campamento clandestino, que fue destruido por el bombardeo militar colombiano, ejecutado el 1 de marzo de 2008, sin aviso ni permiso de Ecuador.
Esa operación, en la que murieron unas 26 personas, entre ellas el entonces portavoz internacional de las FARC, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro universitarios mexicanos, derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas de Quito con Bogotá.
Tras el ataque, la Justicia ecuatoriana abrió una instrucción en la que se emitió una orden de prisión preventiva, con fines de investigación, contra Santos y altos mandos militares colombianos por presuntamente atentar contra la seguridad del Estado, dictamen de captura que esta semana fue ratificado por una Corte de Justicia provincial.
Según Pesántez, se investiga la operación que dejó "muertos en Angostura, después de acribillarles durante la noche" en un caso que no puede ser justificado como de "legítima defensa o persecución en caliente", como ha argumentado Colombia.
"Aquí se debe actuar jurídicamente", reiteró el Fiscal ecuatoriano.
Este proceso ha tomado notoriedad en los últimos días porque el tema entró en el debate electoral en Colombia y por unas polémicas declaraciones de Santos, quien justificó el ataque a Angostura al "haber defendido la seguridad" de sus compatriotas con aquel operativo.
Al respecto, como ya lo hizo el Ejecutivo, la Asamblea Nacional legislativa de Ecuador rechazó las declaraciones de Santos y de la también candidata presidencial colombiana Noemí Sanín, quien también justificó el ataque a las FARC en territorio ecuatoriano.
Con 73 votos, 3 negativos y 26 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional rechazó, de manera categórica, las declaraciones Santos y Sanín por considerarlas "atentatorias a la estabilidad, la paz e integración de la región".
Además, "dichas expresiones entorpecen los esfuerzos realizados entre los pueblos de Ecuador y Colombia para reanudar las relaciones diplomáticas", precisa un comunicado de prensa de la Asamblea.
El Parlamento ecuatoriano calificó de "inaceptable la pretensión de un Estado extranjero de realizar cualquier tipo de ocupación militar o incursión armada dentro del territorio soberano del Ecuador".
La Asamblea Nacional "eleva la más enérgica protesta por las ideas guerreristas de ciertos políticos colombianos, que afectan los grandes esfuerzos de integración regional que se han venido dando en Latinoamérica y el Caribe, a través de los organismos multilaterales", añade el comunicado.
También hizo un llamamiento a los Gobiernos latinoamericanos a "unirse y enfrentar, decididamente, toda acción que pueda socavar la unidad y la integración de nuestros pueblos".
Asimismo, la Asamblea exhortó al Gobierno nacional a que, por medio de la Organización de Estados Americanos o las Naciones Unidas, "requieran al Gobierno de Colombia y a sus entidades ocupadas en las relaciones internacionales, enmarquen sus procedimientos a las normas de civilidad, paz y honor".
Esos son "requisitos que deben cumplir, en particular, quienes aspiran a dirigir el Estado colombiano", precisa el texto. (EFE)
Con ello, Pesántez respondió al candidato presidencial colombiano Juan Manuel Santos, imputado en el proceso y quien calificó de "adefesio jurídico" el trámite de la causa en Ecuador.
La investigación y procesamiento de la causa es "un asunto de dignidad nacional, es un asunto jurídico", señaló Pesántez a medios locales sobre el caso que se sigue en una corte ecuatoriana y que tiene a Santos como uno de los implicados por haber dirigido el ataque al enclave de Angostura cuando era ministro de Defensa de su país.
En Angostura las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían instalado un campamento clandestino, que fue destruido por el bombardeo militar colombiano, ejecutado el 1 de marzo de 2008, sin aviso ni permiso de Ecuador.
Esa operación, en la que murieron unas 26 personas, entre ellas el entonces portavoz internacional de las FARC, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro universitarios mexicanos, derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas de Quito con Bogotá.
Tras el ataque, la Justicia ecuatoriana abrió una instrucción en la que se emitió una orden de prisión preventiva, con fines de investigación, contra Santos y altos mandos militares colombianos por presuntamente atentar contra la seguridad del Estado, dictamen de captura que esta semana fue ratificado por una Corte de Justicia provincial.
Según Pesántez, se investiga la operación que dejó "muertos en Angostura, después de acribillarles durante la noche" en un caso que no puede ser justificado como de "legítima defensa o persecución en caliente", como ha argumentado Colombia.
"Aquí se debe actuar jurídicamente", reiteró el Fiscal ecuatoriano.
Este proceso ha tomado notoriedad en los últimos días porque el tema entró en el debate electoral en Colombia y por unas polémicas declaraciones de Santos, quien justificó el ataque a Angostura al "haber defendido la seguridad" de sus compatriotas con aquel operativo.
Al respecto, como ya lo hizo el Ejecutivo, la Asamblea Nacional legislativa de Ecuador rechazó las declaraciones de Santos y de la también candidata presidencial colombiana Noemí Sanín, quien también justificó el ataque a las FARC en territorio ecuatoriano.
Con 73 votos, 3 negativos y 26 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional rechazó, de manera categórica, las declaraciones Santos y Sanín por considerarlas "atentatorias a la estabilidad, la paz e integración de la región".
Además, "dichas expresiones entorpecen los esfuerzos realizados entre los pueblos de Ecuador y Colombia para reanudar las relaciones diplomáticas", precisa un comunicado de prensa de la Asamblea.
El Parlamento ecuatoriano calificó de "inaceptable la pretensión de un Estado extranjero de realizar cualquier tipo de ocupación militar o incursión armada dentro del territorio soberano del Ecuador".
La Asamblea Nacional "eleva la más enérgica protesta por las ideas guerreristas de ciertos políticos colombianos, que afectan los grandes esfuerzos de integración regional que se han venido dando en Latinoamérica y el Caribe, a través de los organismos multilaterales", añade el comunicado.
También hizo un llamamiento a los Gobiernos latinoamericanos a "unirse y enfrentar, decididamente, toda acción que pueda socavar la unidad y la integración de nuestros pueblos".
Asimismo, la Asamblea exhortó al Gobierno nacional a que, por medio de la Organización de Estados Americanos o las Naciones Unidas, "requieran al Gobierno de Colombia y a sus entidades ocupadas en las relaciones internacionales, enmarquen sus procedimientos a las normas de civilidad, paz y honor".
Esos son "requisitos que deben cumplir, en particular, quienes aspiran a dirigir el Estado colombiano", precisa el texto. (EFE)
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