Pérdidas por un modelo tarifario que no pega y la mala administración de las eléctricas
La ineficiencia y un esquema tarifario que no va más causan pérdidas en el sector eléctrico
HAY EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, como Milagro (Guayas) y Manabí, cuyos balances registran saldos negativos por el orden del 42%.
El déficit de la tarifa eléctrica asciende a $1 180 millones y tendrá que ser absorbido por el Estado.
La cifra fue proporcionada, la semana anterior, por el ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez. El monto resume el déficit desde abril de 1999, cuando fue promulgada la actual Ley de Régimen del Sector Eléctrico, hasta junio de 2006.
El déficit de la tarifa es la diferencia entre lo que las distribuidoras compran a las generadoras y lo que cobran a los usuarios. Adquieren en alrededor de ¢12 y ¢14 el kilovatio/hora y lo venden a los consumidores finales en ¢8 (la diferencia la asume el Estado).
Con la desaparición de Inecel (Instituto Ecuatoriano de Electrificación), hace siete años, el sector adoptó un modelo de mercado que buscaba reducir la tarifa, mejorar el abastecimiento e incentivar la inversión.
Así se implantó un esquema tarifario que privilegia la generación (50%), el 20% para la transmisión y el 30% para la distribución de la energía.
Además, las empresas de generación y distribución se constituyeron en sociedades anónimas en las que el Estado es el mayor accionista.
El Fondo de Solidaridad es propietario de 19 de un total de 20 empresas distribuidoras que existen en el Ecuador.
La millonaria cifra revelada por el ministro demuestra que el esquema no funcionó. Ese dinero hubiese sido muy bien aprovechado si es que el Estado hubiese invertido en la construcción de plantas hidroeléctricas.
Así, el costo de generación del kilovatio/hora bordearía los ¢2,5, manifiesta el jefe del departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), Jesús Játiva.
Esto sin contar con que el impacto ambiental de una generadora hidroeléctrica es menor al de una termoeléctrica, operada con diésel, búnker y nafta.
En el país hay cerca de 20 proyectos hidroeléctricos que no han despegado. Solo en Pichincha hay ocho.
Las pérdidas no se producen solo por el diferencial entre la compra y venta de energía.
Existen negociados entre los allegados a ciertas fuerzas políticas, que no pagan por el servicio, dice el experto Játiva al comentar la administración de las distribuidoras.
En las pérdidas negras (robo) de energía estarían involucradas grandes empresas privadas y públicas. Hay distribuidoras que registran pérdidas por el 42%, como Milagro y Manabí. Esta es una muestra de la ineficiencia del sector. (AA/LVA)
Las generadoras deberían tener harta plata, en teoría
LES ADEUDAN $1.450 MILLONES, pero estas también deben a Petrocomercial $450 millones por combustible
Las empresas generadoras deberían tener un alto margen de utilidad, de acuerdo al precio que cobran a las distribuidoras por el kilovatio/hora de energía eléctrica.
Esa es la teoría, porque, en la práctica, las distribuidoras tienen una deuda con las generadoras cercana a $1 450 millones, desde abril de 1999 hasta junio de 2006.
Así lo manifiesta Gonzalo Uquillas, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (Cieepi).
De eso, $700 millones corresponden a la Categ (Corporación para la Administración de la Energía Eléctrica de Guayaquil). Esta empresa no pertenece al Fondo de Solidaridad.
A su vez, las generadoras adeudan $450 millones a Petrocomercial, por la compra de combustibles.
Cuando las plantas de generación que usan búnker han completado su límite de producción, es necesario utilizar diésel para satisfacer la demanda. Este último es más caro porque tiene que importarse.
Según el modelo denominado marginal, la última unidad de generación fija el precio para todas.
Por ejemplo, Hidropaute genera energía por un valor de ¢2,5 el kilovatio/hora, pero como eso no alcanza para abastecer al país, tienen que sumarse las plantas térmicas, que lo ofertan entre ¢12 y ¢14. Este último valor es el que se debe pagar a todas las generadoras. (AA/LVA)
Colombia provee el 14% de energía y subirá a 25%
"EL ECUADOR CONSUME anualmente 15 millones de megavatios, según técnico de la Politécnica Jesús Játiva
Desde marzo de 2003, el Ecuador compra energía a Colombia. Hasta la fecha, el costo total es de $440 millones.
El presidente del Cieepi, Gonzalo Uquillas, dice que sin la interconexión el país habría estado sometido a continuos apagones.
Esto también permitió desplazar a varias plantas termoeléctricas que ofertaban la energía a precios superiores a los ¢14.
Colombia provee al Ecuador 235 megavatios/hora en potencia, a través de dos redes.
El 1.º de junio de 2007 entrará a operar una tercera red que permitirá importar hasta 500 megavatios, según la página web del Consejo Nacional de Modernización (Conam).
Actualmente el 14% del consumo nacional proviene del país del norte, con el refuerzo, para el próximo año será el 25%, según dijo el ministro de Energía, Iván Rodríguez, al Congreso.
También hay una interconexión con el Perú para casos de emergencia, específicamente para la provincia de El Oro.
En el apagón del año pasado, provocado por una falla en la subestación de Machala, ese país nos vendió 7,44 gigavatios/hora. El costo, por un día, fue de $1,85 millones. A ¢24,9 el kilovatio hora.
El Ecuador consume 15 teravatios/hora (TWh) al año. Es decir, 15 millones de megavatios, indica Jesús Játiva, de la Politécnica Nacional. (LVA/AA)
El Ecuador se "da el lujo" de perder la cuarta parte de su energía eléctrica
GONZALO UQUILLAS, del Cieepi, dice que esto equivale al 70% y 80% de la generación anual de la Central Hidroeléctrica Paute. El robo recién se tipifica y penaliza en la nueva Ley
La Empresa Eléctrica Quito detectó más de 120 formas de manipular los medidores de luz. Van desde el uso de miel de abeja hasta otras técnicas más elaboradas
Según el Consejo Nacional de Electrificación (Conelec), las pérdidas, en 2005, fueron del 23,87%, entre técnicas y comerciales.
Las técnicas obedecen a las caídas de tensión, insuficiente utilización de los transformadores (entre el 35% y 40% de la capacidad), fugas de energía y redes obsoletas, con más de medio siglo de existencia.
Estas se producen en todos los países y el estándar internacional es del 8%, tolerable hasta el 10%, según técnicos de la Empresa Eléctrica Quito.
En 2004, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) estableció las pérdidas técnicas en 10,11%.
Pero no son justificables, en los estándares internacionales, las denominadas pérdidas comerciales, que en buen romance constituyen robo de energía, lo dice Jesús Játiva, de la EPN.
En 2004 estas fueron del orden del 13,85%, que sumado a las técnicas, da un 24% de pérdida. Nada menos que la cuarta parte de la energía que consume el Ecuador.
Esto equivale al 70% y 80% de la producción de Paute, precisa Gonzalo Uquillas, del Ceeiepi.
Un 25% del robo se produce por las conexiones ilegales. El 31% corresponde a la manipulación de medidores y al uso de by pass.
Otro 25% obedece a administraciones inadecuadas y emisiones incorrectas de facturas; un 11% se origina en la conexión en zonas socialmente conflictivas que no están bajo el control de las distribuidoras; el 8% restante corresponde a errores de medición. Todo esto lo indica el Cenace.
Játiva señala que el robo para encender un foco o conectar una plancha no representa la mayor pérdida.
El problema está en los grandes consumidores. Estos empresarios son enlazados con los directorios de las eléctricas, que permiten el ilícito.
El proyecto de nueva Ley Eléctrica propone una reforma al Código Penal, con la tipificación del delito de hurto de energía. Las penas: un mes a tres años de prisión.(LVA/AA)
Empresas de la Costa: más de 25% en contra
LA DEUDA privada fue de $132 416 351. La pública, de $43 200 526, en 2005
Las 20 empresas distribuidoras (incluida la Categ), perdieron el 23,87% de la energía que distribuyeron en 2005. Este fue el total nacional.
Todas las empresas de la Costa registraron pérdidas superiores al 25% del 100% de la energía entregada por cada una de ellas a los usuarios.
La de Milagro registró el 41,85%; siguió Manabí, con el 40,12%; Guayas-Los Ríos tuvo el 38,13% de pérdidas; Los Ríos, 31,15%; Santa Elena, 31%; Esmeraldas, 30,42%; El Oro, 30,35%; Categ, 27,36%.
Excepto Riobamba (19,6%), Santo Domingo (18,97%), Bolívar (18,34%), las empresas de la Sierra registraron pérdidas menores al 15%.
Según el Fondo de Solidaridad, el sector residencial de Milagro debe $21,4 millones. En Manabí, la deuda privada es de $45,8 millones; no pagan cinco años.
A escala nacional, la deuda privada es de $132 416 351. La deuda pública a las distribuidoras asciende a $43 200 526. El total es de $175 616 878. Esto, sin tomar en cuenta a la Categ. (LVA/AA)
Los Ríos: morosos no pagan seis meses
CADA DISTRIBUIDORA interpreta a su manera el concepto de cartera vencida
Los reglamentos de las distribuidoras tienen conceptos diferentes sobre lo que consideran cartera vencida.
La empresa de Los Ríos, según su reglamento, debe esperar seis meses para proceder a un corte.
En contraste, la Empresa Eléctrica Quito lo hace en 24 horas.
La Empresa Eléctrica de Ambato señala que el corte debe efectuarse 10 días después de emitida la factura, pero lo hace un mes después.
Los reglamentos de Sucumbíos y Esmeraldas determinan que se debe esperar dos meses antes de desconectar la energía a los morosos.
En Cotopaxi el plazo es de veinte días; el área urbana tiene dos días más y la rural otros cinco.
El Fondo de Solidaridad es el padre pobre de sus hijos ricos. Así lo manifiestan funcionarios de la institución.
En noviembre de 2005, el presidente del Fondo, José Luis Bruzzone, pidió a todas las empresas de distribución eléctrica que enviaran informes de las carteras vencidas.
Estas remitieron únicamente lo que consideraron más relevante. Fuentes consultadas por BLANCO Y NEGRO dijeron que los criterios de relevancia variaron.
En algunos casos, pese a que la cartera llegaba a $8 millones, la información entregada se refería a $500 mil. Ese fue el caso de Santo Domingo.
Tras un segundo pedido enviaron información más completa: con mayor número de deudores y montos. (LVA)
"Borrón y cuenta nueva": las deudas de la ex emelec pasarían a todos los ecuatorianos.
LA CATEG TIENE COBERTURA en una superficie de 1 187 kilómetros cuadrados; hay sectores de Guayaquil que reciben energía eléctrica de la empresa Emelgur (Guayas-Los Ríos)
Nadie querrá hacerse cargo de una empresa que tiene compromisos pendientes.
Esta declaración al diario El Telégrafo, del administrador de la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (Categ), Eduardo Castro, deja ver que el nuevo operador tendrá que asumirla saneada.
La Categ es la antigua Emelec, una empresa del ex presidente del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu Seminario.
Para 2004, la empresa registraba una deuda con el Estado de $400 millones. Actualmente esta sería de $700 millones.
Otra, con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), por la compra de electricidad en el mercado ocasional y a las generadoras alcanzaría los $800 millones, según reportó la empresa hace pocos meses.
El pasado martes, el presidente Alfredo Palacio firmó el decreto que entregará la Categ a una administradora internacional, vía licitación pública. Esto durará cinco años y podría prorrogarse por otros cinco.
El proyecto de Ley Eléctrica reconoce el déficit global de todas las distribuidoras en $950 millones, a diciembre de 2005. Allí se incluye la deuda de la Categ por energía.
Así esta podría ser absorbida por el Estado. Varios diputados, como Luis Fernando Torres (PSC), sospechan que la ley licuará el déficit de esa empresa.
El área de cobertura de la Categ comprende 1 399 kilómetros cuadrados y es la segunda más pequeña del país luego de Azogues, que cubre 1 187 kilómetros.
La empresa guayaquileña abastece a una parte del casco urbano de la ciudad. Hay varios sectores que reciben energía eléctrica de Emelgur.
La Categ ha instaurado 260 demandas a deudores privados y públicos para recuperar un total de $3 037 258. La mayoría de personas que constan en el documento tienen deudas, en promedio, de $8 000.
Hasta el momento solo tres juicios han resultado favorables a los intereses de institución. En el listado del sector público constan 22 instituciones. La deuda es de $12 565 923. (AA/LVA)
La Corporación para la Administración Temporal de la Energía Eléctrica del Puerto Principal es un rezago de la crisis bancaria y la caída de una de las entidades financieras más grandes del país
Dación en pago a los perjudicados del Progreso
Tras la quiebra del Banco del Progreso, su ex propietario Fernando Aspiazu incluyó a la empresa Emelec en el fideicomiso Nepec, cuya administración estaba obligada a depositar $450 mil mensuales en la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para que esta, a su vez, pudiera cancelar a los perjudicados una deuda total de $50 millones.
Según la ex gerenta de la AGD, Wilma Salgado, esto no se cumplió hasta su llegada, en 2003, cuando el administrador del fideicomiso, Peter Heberling, se comprometió a entregar $400 mil mensuales.
Posteriormente, Aspiazu pretendió crear otro fideicomiso a través de Miguel Lluco. Establecía que la propiedad de Emelec podría revertirse a favor de Aspiazu. (AA)
El Estado todavía no asume la propiedad de los activos
Para evitar que Emelec volviera a manos de Aspiazu, en junio de 2003 se crearon un fideicomiso local para administrarla y la Categ, pero el Estado no ha asumido la propiedad de los activos.
En el documento firmado por el alcalde Jaime Nebot, la ex gerenta de la AGD y el representante del presidente, Carlos Pólit, se indica que el beneficiario del fideicomiso es el Estado.
No obstante, ni el Gobierno anterior ni el actual han asumido legalmente la propiedad de los activos de Emelec, a través de la AGD o de cualquier otra institución, dice Salgado.
Ella reclama que se lo haga, para resarcirse del perjuicio causado por el Progreso y por los préstamos otorgados por el Banco Central. (AA)
PUNTO DE VISTA
El pueblo paga las deudas de morosos
En un país donde, al parecer, ya nada asombra, todavía hay hechos que, de ser bien entendidos por el común de los mortales, provocarían conmoción general.
Por eso mismo, se intentaría "pasar de agache" ciertas decisiones.
Es aquí, entonces, donde los medios de comunicación tienen que cumplir con uno de sus grandes objetivos: entregar a su audiencia la mayor cantidad de información, para que se entere de lo sucesos y saque sus propias conclusiones.
En este contexto podría ser entendida, y también explicada, la historia del último decreto Presidencial, mediante el cual el primer mandatario, Alfredo Palacio, el pasado martes, dispuso que se entregue la Categ a una administradora internacional, vía licitación pública.
La vigencia del famoso decreto será de cinco años y podría prorrogarse otros cinco.
Pero este hecho en sí no encierra problema alguno.
El lío se produce cuando nadie explica, y el decreto no lo especifica, qué se hará con los $700 millones de deuda que tiene esa empresa con el Estado ecuatoriano.
De este modo, resultaría que a cuenta que hay que buscar solución al problema de la electricidad en Guayaquil, la administración de la mayor suministradora sea de alguna manera privatizada, no así las deudas que tiene la empresa, y, que, cuando no estas deben ser asumidas el pobre Estado, es decir, por la mayoría de los ecuatorianos.
Si no fuera porque en los últimos días se ha difundido la noticia de que la Categ tendrá administración extranjera, la noticia de que las deudas no serán asumidas por esa administración deberían considerarse una broma macabra.
Para una nación en la que hay ciudades en las que si alguien no paga la luz la fecha prevista, 24 horas después el usuario se queda sin el servicio, mientras que en Guayaquil miles no pagan ni medio y encima quieren que el pueblo pague la cuenta. (TFF)(Blanco y Negro)
La ineficiencia y un esquema tarifario que no va más causan pérdidas en el sector eléctrico
HAY EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, como Milagro (Guayas) y Manabí, cuyos balances registran saldos negativos por el orden del 42%.
El déficit de la tarifa eléctrica asciende a $1 180 millones y tendrá que ser absorbido por el Estado.
La cifra fue proporcionada, la semana anterior, por el ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez. El monto resume el déficit desde abril de 1999, cuando fue promulgada la actual Ley de Régimen del Sector Eléctrico, hasta junio de 2006.
El déficit de la tarifa es la diferencia entre lo que las distribuidoras compran a las generadoras y lo que cobran a los usuarios. Adquieren en alrededor de ¢12 y ¢14 el kilovatio/hora y lo venden a los consumidores finales en ¢8 (la diferencia la asume el Estado).
Con la desaparición de Inecel (Instituto Ecuatoriano de Electrificación), hace siete años, el sector adoptó un modelo de mercado que buscaba reducir la tarifa, mejorar el abastecimiento e incentivar la inversión.
Así se implantó un esquema tarifario que privilegia la generación (50%), el 20% para la transmisión y el 30% para la distribución de la energía.
Además, las empresas de generación y distribución se constituyeron en sociedades anónimas en las que el Estado es el mayor accionista.
El Fondo de Solidaridad es propietario de 19 de un total de 20 empresas distribuidoras que existen en el Ecuador.
La millonaria cifra revelada por el ministro demuestra que el esquema no funcionó. Ese dinero hubiese sido muy bien aprovechado si es que el Estado hubiese invertido en la construcción de plantas hidroeléctricas.
Así, el costo de generación del kilovatio/hora bordearía los ¢2,5, manifiesta el jefe del departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), Jesús Játiva.
Esto sin contar con que el impacto ambiental de una generadora hidroeléctrica es menor al de una termoeléctrica, operada con diésel, búnker y nafta.
En el país hay cerca de 20 proyectos hidroeléctricos que no han despegado. Solo en Pichincha hay ocho.
Las pérdidas no se producen solo por el diferencial entre la compra y venta de energía.
Existen negociados entre los allegados a ciertas fuerzas políticas, que no pagan por el servicio, dice el experto Játiva al comentar la administración de las distribuidoras.
En las pérdidas negras (robo) de energía estarían involucradas grandes empresas privadas y públicas. Hay distribuidoras que registran pérdidas por el 42%, como Milagro y Manabí. Esta es una muestra de la ineficiencia del sector. (AA/LVA)
Las generadoras deberían tener harta plata, en teoría
LES ADEUDAN $1.450 MILLONES, pero estas también deben a Petrocomercial $450 millones por combustible
Las empresas generadoras deberían tener un alto margen de utilidad, de acuerdo al precio que cobran a las distribuidoras por el kilovatio/hora de energía eléctrica.
Esa es la teoría, porque, en la práctica, las distribuidoras tienen una deuda con las generadoras cercana a $1 450 millones, desde abril de 1999 hasta junio de 2006.
Así lo manifiesta Gonzalo Uquillas, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (Cieepi).
De eso, $700 millones corresponden a la Categ (Corporación para la Administración de la Energía Eléctrica de Guayaquil). Esta empresa no pertenece al Fondo de Solidaridad.
A su vez, las generadoras adeudan $450 millones a Petrocomercial, por la compra de combustibles.
Cuando las plantas de generación que usan búnker han completado su límite de producción, es necesario utilizar diésel para satisfacer la demanda. Este último es más caro porque tiene que importarse.
Según el modelo denominado marginal, la última unidad de generación fija el precio para todas.
Por ejemplo, Hidropaute genera energía por un valor de ¢2,5 el kilovatio/hora, pero como eso no alcanza para abastecer al país, tienen que sumarse las plantas térmicas, que lo ofertan entre ¢12 y ¢14. Este último valor es el que se debe pagar a todas las generadoras. (AA/LVA)
Colombia provee el 14% de energía y subirá a 25%
"EL ECUADOR CONSUME anualmente 15 millones de megavatios, según técnico de la Politécnica Jesús Játiva
Desde marzo de 2003, el Ecuador compra energía a Colombia. Hasta la fecha, el costo total es de $440 millones.
El presidente del Cieepi, Gonzalo Uquillas, dice que sin la interconexión el país habría estado sometido a continuos apagones.
Esto también permitió desplazar a varias plantas termoeléctricas que ofertaban la energía a precios superiores a los ¢14.
Colombia provee al Ecuador 235 megavatios/hora en potencia, a través de dos redes.
El 1.º de junio de 2007 entrará a operar una tercera red que permitirá importar hasta 500 megavatios, según la página web del Consejo Nacional de Modernización (Conam).
Actualmente el 14% del consumo nacional proviene del país del norte, con el refuerzo, para el próximo año será el 25%, según dijo el ministro de Energía, Iván Rodríguez, al Congreso.
También hay una interconexión con el Perú para casos de emergencia, específicamente para la provincia de El Oro.
En el apagón del año pasado, provocado por una falla en la subestación de Machala, ese país nos vendió 7,44 gigavatios/hora. El costo, por un día, fue de $1,85 millones. A ¢24,9 el kilovatio hora.
El Ecuador consume 15 teravatios/hora (TWh) al año. Es decir, 15 millones de megavatios, indica Jesús Játiva, de la Politécnica Nacional. (LVA/AA)
El Ecuador se "da el lujo" de perder la cuarta parte de su energía eléctrica
GONZALO UQUILLAS, del Cieepi, dice que esto equivale al 70% y 80% de la generación anual de la Central Hidroeléctrica Paute. El robo recién se tipifica y penaliza en la nueva Ley
La Empresa Eléctrica Quito detectó más de 120 formas de manipular los medidores de luz. Van desde el uso de miel de abeja hasta otras técnicas más elaboradas
Según el Consejo Nacional de Electrificación (Conelec), las pérdidas, en 2005, fueron del 23,87%, entre técnicas y comerciales.
Las técnicas obedecen a las caídas de tensión, insuficiente utilización de los transformadores (entre el 35% y 40% de la capacidad), fugas de energía y redes obsoletas, con más de medio siglo de existencia.
Estas se producen en todos los países y el estándar internacional es del 8%, tolerable hasta el 10%, según técnicos de la Empresa Eléctrica Quito.
En 2004, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) estableció las pérdidas técnicas en 10,11%.
Pero no son justificables, en los estándares internacionales, las denominadas pérdidas comerciales, que en buen romance constituyen robo de energía, lo dice Jesús Játiva, de la EPN.
En 2004 estas fueron del orden del 13,85%, que sumado a las técnicas, da un 24% de pérdida. Nada menos que la cuarta parte de la energía que consume el Ecuador.
Esto equivale al 70% y 80% de la producción de Paute, precisa Gonzalo Uquillas, del Ceeiepi.
Un 25% del robo se produce por las conexiones ilegales. El 31% corresponde a la manipulación de medidores y al uso de by pass.
Otro 25% obedece a administraciones inadecuadas y emisiones incorrectas de facturas; un 11% se origina en la conexión en zonas socialmente conflictivas que no están bajo el control de las distribuidoras; el 8% restante corresponde a errores de medición. Todo esto lo indica el Cenace.
Játiva señala que el robo para encender un foco o conectar una plancha no representa la mayor pérdida.
El problema está en los grandes consumidores. Estos empresarios son enlazados con los directorios de las eléctricas, que permiten el ilícito.
El proyecto de nueva Ley Eléctrica propone una reforma al Código Penal, con la tipificación del delito de hurto de energía. Las penas: un mes a tres años de prisión.(LVA/AA)
Empresas de la Costa: más de 25% en contra
LA DEUDA privada fue de $132 416 351. La pública, de $43 200 526, en 2005
Las 20 empresas distribuidoras (incluida la Categ), perdieron el 23,87% de la energía que distribuyeron en 2005. Este fue el total nacional.
Todas las empresas de la Costa registraron pérdidas superiores al 25% del 100% de la energía entregada por cada una de ellas a los usuarios.
La de Milagro registró el 41,85%; siguió Manabí, con el 40,12%; Guayas-Los Ríos tuvo el 38,13% de pérdidas; Los Ríos, 31,15%; Santa Elena, 31%; Esmeraldas, 30,42%; El Oro, 30,35%; Categ, 27,36%.
Excepto Riobamba (19,6%), Santo Domingo (18,97%), Bolívar (18,34%), las empresas de la Sierra registraron pérdidas menores al 15%.
Según el Fondo de Solidaridad, el sector residencial de Milagro debe $21,4 millones. En Manabí, la deuda privada es de $45,8 millones; no pagan cinco años.
A escala nacional, la deuda privada es de $132 416 351. La deuda pública a las distribuidoras asciende a $43 200 526. El total es de $175 616 878. Esto, sin tomar en cuenta a la Categ. (LVA/AA)
Los Ríos: morosos no pagan seis meses
CADA DISTRIBUIDORA interpreta a su manera el concepto de cartera vencida
Los reglamentos de las distribuidoras tienen conceptos diferentes sobre lo que consideran cartera vencida.
La empresa de Los Ríos, según su reglamento, debe esperar seis meses para proceder a un corte.
En contraste, la Empresa Eléctrica Quito lo hace en 24 horas.
La Empresa Eléctrica de Ambato señala que el corte debe efectuarse 10 días después de emitida la factura, pero lo hace un mes después.
Los reglamentos de Sucumbíos y Esmeraldas determinan que se debe esperar dos meses antes de desconectar la energía a los morosos.
En Cotopaxi el plazo es de veinte días; el área urbana tiene dos días más y la rural otros cinco.
El Fondo de Solidaridad es el padre pobre de sus hijos ricos. Así lo manifiestan funcionarios de la institución.
En noviembre de 2005, el presidente del Fondo, José Luis Bruzzone, pidió a todas las empresas de distribución eléctrica que enviaran informes de las carteras vencidas.
Estas remitieron únicamente lo que consideraron más relevante. Fuentes consultadas por BLANCO Y NEGRO dijeron que los criterios de relevancia variaron.
En algunos casos, pese a que la cartera llegaba a $8 millones, la información entregada se refería a $500 mil. Ese fue el caso de Santo Domingo.
Tras un segundo pedido enviaron información más completa: con mayor número de deudores y montos. (LVA)
"Borrón y cuenta nueva": las deudas de la ex emelec pasarían a todos los ecuatorianos.
LA CATEG TIENE COBERTURA en una superficie de 1 187 kilómetros cuadrados; hay sectores de Guayaquil que reciben energía eléctrica de la empresa Emelgur (Guayas-Los Ríos)
Nadie querrá hacerse cargo de una empresa que tiene compromisos pendientes.
Esta declaración al diario El Telégrafo, del administrador de la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (Categ), Eduardo Castro, deja ver que el nuevo operador tendrá que asumirla saneada.
La Categ es la antigua Emelec, una empresa del ex presidente del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu Seminario.
Para 2004, la empresa registraba una deuda con el Estado de $400 millones. Actualmente esta sería de $700 millones.
Otra, con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), por la compra de electricidad en el mercado ocasional y a las generadoras alcanzaría los $800 millones, según reportó la empresa hace pocos meses.
El pasado martes, el presidente Alfredo Palacio firmó el decreto que entregará la Categ a una administradora internacional, vía licitación pública. Esto durará cinco años y podría prorrogarse por otros cinco.
El proyecto de Ley Eléctrica reconoce el déficit global de todas las distribuidoras en $950 millones, a diciembre de 2005. Allí se incluye la deuda de la Categ por energía.
Así esta podría ser absorbida por el Estado. Varios diputados, como Luis Fernando Torres (PSC), sospechan que la ley licuará el déficit de esa empresa.
El área de cobertura de la Categ comprende 1 399 kilómetros cuadrados y es la segunda más pequeña del país luego de Azogues, que cubre 1 187 kilómetros.
La empresa guayaquileña abastece a una parte del casco urbano de la ciudad. Hay varios sectores que reciben energía eléctrica de Emelgur.
La Categ ha instaurado 260 demandas a deudores privados y públicos para recuperar un total de $3 037 258. La mayoría de personas que constan en el documento tienen deudas, en promedio, de $8 000.
Hasta el momento solo tres juicios han resultado favorables a los intereses de institución. En el listado del sector público constan 22 instituciones. La deuda es de $12 565 923. (AA/LVA)
La Corporación para la Administración Temporal de la Energía Eléctrica del Puerto Principal es un rezago de la crisis bancaria y la caída de una de las entidades financieras más grandes del país
Dación en pago a los perjudicados del Progreso
Tras la quiebra del Banco del Progreso, su ex propietario Fernando Aspiazu incluyó a la empresa Emelec en el fideicomiso Nepec, cuya administración estaba obligada a depositar $450 mil mensuales en la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para que esta, a su vez, pudiera cancelar a los perjudicados una deuda total de $50 millones.
Según la ex gerenta de la AGD, Wilma Salgado, esto no se cumplió hasta su llegada, en 2003, cuando el administrador del fideicomiso, Peter Heberling, se comprometió a entregar $400 mil mensuales.
Posteriormente, Aspiazu pretendió crear otro fideicomiso a través de Miguel Lluco. Establecía que la propiedad de Emelec podría revertirse a favor de Aspiazu. (AA)
El Estado todavía no asume la propiedad de los activos
Para evitar que Emelec volviera a manos de Aspiazu, en junio de 2003 se crearon un fideicomiso local para administrarla y la Categ, pero el Estado no ha asumido la propiedad de los activos.
En el documento firmado por el alcalde Jaime Nebot, la ex gerenta de la AGD y el representante del presidente, Carlos Pólit, se indica que el beneficiario del fideicomiso es el Estado.
No obstante, ni el Gobierno anterior ni el actual han asumido legalmente la propiedad de los activos de Emelec, a través de la AGD o de cualquier otra institución, dice Salgado.
Ella reclama que se lo haga, para resarcirse del perjuicio causado por el Progreso y por los préstamos otorgados por el Banco Central. (AA)
PUNTO DE VISTA
El pueblo paga las deudas de morosos
En un país donde, al parecer, ya nada asombra, todavía hay hechos que, de ser bien entendidos por el común de los mortales, provocarían conmoción general.
Por eso mismo, se intentaría "pasar de agache" ciertas decisiones.
Es aquí, entonces, donde los medios de comunicación tienen que cumplir con uno de sus grandes objetivos: entregar a su audiencia la mayor cantidad de información, para que se entere de lo sucesos y saque sus propias conclusiones.
En este contexto podría ser entendida, y también explicada, la historia del último decreto Presidencial, mediante el cual el primer mandatario, Alfredo Palacio, el pasado martes, dispuso que se entregue la Categ a una administradora internacional, vía licitación pública.
La vigencia del famoso decreto será de cinco años y podría prorrogarse otros cinco.
Pero este hecho en sí no encierra problema alguno.
El lío se produce cuando nadie explica, y el decreto no lo especifica, qué se hará con los $700 millones de deuda que tiene esa empresa con el Estado ecuatoriano.
De este modo, resultaría que a cuenta que hay que buscar solución al problema de la electricidad en Guayaquil, la administración de la mayor suministradora sea de alguna manera privatizada, no así las deudas que tiene la empresa, y, que, cuando no estas deben ser asumidas el pobre Estado, es decir, por la mayoría de los ecuatorianos.
Si no fuera porque en los últimos días se ha difundido la noticia de que la Categ tendrá administración extranjera, la noticia de que las deudas no serán asumidas por esa administración deberían considerarse una broma macabra.
Para una nación en la que hay ciudades en las que si alguien no paga la luz la fecha prevista, 24 horas después el usuario se queda sin el servicio, mientras que en Guayaquil miles no pagan ni medio y encima quieren que el pueblo pague la cuenta. (TFF)(Blanco y Negro)
Más en el