Quito. 06.02.94. Partiendo de la premisa de que los
parlamentos no deben ser instituciones subordinadas a
presidentes todopoderosos o bastiones obstruccionistas, a
veces anárquicos, sino entes independientes pero siempre
responsables y ponderados en sus resoluciones, preparados a
legislar idóneamente y colaboradores en la solución de los
problemas nacionales, todo intento de reforma constitucional
debería estar guiado para mejorar el sistema democrático
ecuatoriano.
El desinterés por lo político y la marginación de lo
político, son causados por la intensionada y sistemática
identificación que se hace de la política con el vicio de la
politiquería y la defensa de mezquinos intereses, en procura
de la implementación de sistemas autocráticos que eluden a
todo control y diálogo, elementos indispensables en la vida de
la sociedad.
La democracia en América Latina y de manera especial en el
Ecuador, depende, principalmente, del sincero restablecimiento
del estado de derecho y de la voluntad política de respetarlo
por gobernantes y gobernados.
Un estudio sobre esta temática, revela que entre las
características de la crisis política en América Latina, se
advierte la falta de voluntad de consenso, sustituida mas bien
por un espíritu de confrontación. Tal hecho provoca la
proliferación de grupos y partidos sin fundamentación
ideológica ni programática suficientes, animados por
personalismos caudillistas. Por ello se advierte la ausencia
de grandes tendencias orientadoras, capaces de mantener en
forma coherente, madura y disciplinada, las acciones
gubernativas encabezadas por auténticos líderes.
Es urgente que la democratización se haga efectiva al interior
de las colectividades políticas para que éstas a su vez, sean
expresión de las inquietudes predominantes en las estructuras
sociales y económicas. Es también importante que los partidos
políticos sean reconocidos como expresión válida de las
corrientes de opinión en el cuadro institucional democrático.
Como complemento sería recomendable la concentración de
tendencias afines y la concentración aún entre los partidos
disímiles como también entre trabajadores y empresarios.
De otra parte, proliferan también las posiciones totalitarias
que se encubren con denominaciones democráticas y plantean por
medio de abundante propaganda, campañas de adoctrinamiento de
claro signo antidemocrático.
En suma, las posiciones democráticas auténticas deben
contrarrestar con eficacia e intensidad dichas campañas,
destacando la verdad de sus planteamientos.
Esto es particularmente necesario por la ausencia de
información política en los sectores de la juventud y de los
trabajadores en general que requieren identificar sus luchas
en favor de legítimas aspiraciones, por los valores de
libertad, respeto, solidaridad y justicia, consustanciales al
espíritu democrático.
Por ello, formar en democracia y alentar su perfeccionamiento,
es tarea no sólo de los partidos políticos sino de todos los
elementos que en suma, dispone la comunidad; sólo podría
lograrse el ensanchamiento de la base de sustentación de las
democracias y la conversión de un sistema meramente
representativo que se expresa a través de elecciones
periódicas, en un sistema participativo, en el cual todos los
sectores de la sociedad actúen y colaboren en la solución de
los problemas que los afectan.
Algo de Historia
En la fracasada reforma constitucional emprendida por los
parlamentarios, surgió un planteamiento que no llegó a
concretarse, pero que quedó flotando entre los sectores
políticos ecuatorianos.
En efecto, la idea de la supresión de la segunda vuelta
electoral, anunciada como un futuro planteamiento por el
Partido Social Cristiano a través del jefe de esa bancada
legislativa, Heinz Moeller, es desde todo punto de vista, un
asunto que debe preocupar a la clase política ecuatoriana.
Un pequeño historial de la aplicación de la segunda vuelta
electoral en el Ecuador, se inicia a partir de 1978, cuando
pese a no estar vigente aún la Constitución Política del
Estado aprobada mediante referéndum, sin embargo comenzó a
regir para determinados aspectos, específicamente en lo que
tenía relación con las elecciones generales previstas para
iniciar directamente el rescate del orden constitucional.
Los presidentes de la República elegidos a partir de 1979, han
llegado al poder con la mayoría absoluta de los sufragios, es
decir, que para alcanzar el solio presidencial tuvieron que
intervenir en dos procesos electorales. De acuerdo con la
Constitución Política vigente, aprobada mediante el referéndum
de enero de 1978, la elección de presidente de la República
está determinada en el artículo 75 de la Norma Suprema que
señala textualmente lo siguiente: "Para ser presidente de la
República se requiere ser ecuatoriano por nacimiento; estar en
goce de los derechos de ciudadanía; tener treinta y cinco años
de edad, por lo menos, al momento de la elección; estar
afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos
legalmente; y, ser elegido por mayoría absoluta de sufragios
en votación directa, universal y secreta conforme a la ley. De
igual manera la Ley de Elecciones en su artículos 80 y 81,
puntualiza lo siguiente: "El presidente y vicepresidente de la
República serán elegidos por mayoría absoluta de sufragios
computados sobre el número total de votos válidos. Se
entenderá por mayoría absoluta la mitad más uno de los votos
válidos emitidos. Si en la primera votación ninguno de los
binomios que tercien en la elección de presidente y
vicepresidente de la República obtuviere mayoría absoluta, se
realizará una segunda votación en la que se concretará la
elección entre los dos binomios que hayan obtenido las dos
primeras mayorías".
A partir de la puesta en marcha del Plan de Reestructuración
Jurídica del Estado, emprendido por el Consejo Supremo de
Gobierno en 1977 y una vez que en el referéndum de 1978 el
pueblo seleccionó a la Constitución Política que permitiría la
vigencia de las instituciones democráticas en el Ecuador, la
modalidad de la segunda vuelta electoral se implantó y bajo el
régimen de partidos, la correlación de fuerzas políticas
comenzaron a cobrar vigencia.
La nueva modalidad de elección del presidente de la República
determinó que los partidos políticos legalmente reconocidos,
puedan unificarse y logren seleccionar al candidato con el
consenso de dichos partidos. La búsqueda de alianzas entre
partidos afines, obligó siempre a la derecha política,
conservadores y socialcristianos, a permanecer juntos en las
lides electorales.
A partir de la campaña electoral de 1978, las alianzas
partidistas fueron el denominador común en época de elecciones
y desde esa fecha hasta los últimos comicios presidenciales de
1992, la modalidad ha tenido sus seguidores y detractores,
pero nunca se pensó en suprimir esta disposición
constitucional.
Cuando se procedió a la elaboración del nuevo texto
constitucional en 1977, asunto que estuvo a cargo de la
Primera Comisión de Reestructuración Jurídica del Estado,
presidida por el fallecido dirigente socialista Carlos Cueva
Tamariz, sus integrantes se mostraron atentos a los diversos
cambios que habría que introducir como reformas a las
constituciones que habían regido la vida democrática del
Ecuador.
El funcionamiento de un congreso unicameral a través de la
Cámara Nacional de Representantes integrada por 12 diputados
nacionales y los provinciales de acuerdo con el número de
habitantes; la transformación de la Junta Nacional de
Planificación en el Consejo Nacional de Desarrollo como un
organismo que presidido por el vicepresidente de la República
fije las políticas generales, económicas y sociales del
Estado; la creación del régimen de partidos; y, la mayoría
absoluta de sufragios para ser elegido presidente de la
República, fueron entre otros, los aspectos más relevantes de
la nueva Carta Política. El mandato constitucional para que
los próximos y sucesivos primeros mandatarios del Ecuador
tomen el poder por la vía electoral con una mayoría absoluta
de sufragios, era un novedoso sistema que se implantaba por
primera vez en el Ecuador.
En América Latina, este sistema se aplica en algunos países,
empero en el Ecuador, en donde hasta antes de la vigencia de
la Nueva Constitución existían más de treinta agrupaciones y
colectividades partidistas, la idea de que el nuevo presidente
constitucional logre esa gigantesca votación, fue un absurdo.
Así lo calificaron los tradicionales partidos políticos
ecuatorianos que con suma facilidad llegaban al Poder.
Con la segunda vuelta electoral, los partidos que no
alcanzaban las dos primeras mayores votaciones, tenían
necesariamente que pronunciarse en la concreción de la
votación entre los dos candidatos que pasaban a la segunda
vuelta.
Pronunciamientos directos o el dejar en libertad a los
militantes para que emitan sus votos por una u otra
alternativa, fue el determinante directo para que a futuro
estos partidos sean culpados del "fracaso" de determinado
gobierno.
Ello aconteció en los gobiernos que llegaron al Poder mediante
el mecanismo de la segunda vuelta electoral, tal el caso de
los binomios Roldós-Hurtado; Febres - Cordero-Peñaherrera,
Borja-Parodi y Durán-Ballén - Dahik.
Lo positivo y lo negativo
El régimen de partidos imperante en el Ecuador a partir de
1978 fue determinante para que la mayoría absoluta en las
elecciones presidenciales sea analizada a profundidad por los
dirigentes de las cúpulas partidistas.
Si bien existe una relatividad en la disposición
constitucional, en vista de que no se exigió mayoría absoluta
para alcaldes y prefectos, sin embargo, esta disposición
permite a las agrupaciones partidistas, alianzas políticas que
tienden a la organización misma del gobierno en lo que se ha
llamado en denominar "concertación" o gobiernos de "unidad
nacional".
Ello, lamentablemente no ha sucedido a lo largo de la
experiencia en la aplicación de esta modalidad, pues los dos
candidatos finalistas, es decir, los que pasan a la segunda
vuelta, no efectúan las alianzas en base a programas y planes
de acción, sino a conveniencias políticas para distribuirse
determinados sectores de la administración o para cogobernar
en períodos cortos, tal como ha sucedido a lo largo de los
últimos 15 años de la nueva democracia.
El papel fundamental en la aplicación de la segunda vuelta
electoral, no es precisamente de los partidos políticos, es
básicamente de los electores que, alejados de la divisas
partidistas, emiten sus votos de acuerdo con los mensajes de
la campaña electoral y de las promesas demagógicas de los
candidatos.
Hay que considerar que, de acuerdo con las estadísticas, el 70
por ciento de los electores, no son afiliados a los partidos y
únicamente lo son el restante pocentaje; por ello, los votos
obtenidos por todos los candidatos, no pueden ser endosados a
uno y otro aspirante, sino que, por el contrario, la decisión
está en manos de los electores que en última instancia se
pronuncian en favor o en contra de los aspirantes, sin hacer
caso de las disposiciones emanadas por las cúpulas partidistas
que deciden apoyar a determinada tendencia.
Los ejemplos al respecto sobran. En 1978, en la primera vuelta
electoral, los candidatos favoritos del régimen dictatorial
perdieron las elecciones. Sixto Durán-Ballén, del Partido
Social Cristiano y Raúl Clemente Huerta, del Liberal, fueron
derrotados por la alianza CFP - Democracia Popular, que
aglutinaba a Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Clasificaron el
candidato cefepista en primer lugar y Durán-Ballén en segundo
puesto, y pasaron a la segunda vuelta.
Efectuadas las elecciones de la segunda vuelta electoral, los
partidos de centro izquierda apoyaron a Roldós e éste logró
con amplia mayoría obtener la Presidencia de la República. Fue
evidente que los partidos de centro izquierda se aliaron a una
nueva figura política populista y nuevamente, el sector de no
afiliados fue factor fundamental para el triunfo de Roldós.
La derecha política fracasó en su intento de obtener el Poder.
En las elecciones de 1984, se produjo un evento especial.
Luego de la primera vuelta electoral los dos finalistas fueron
el socialdemócrata Rodrigo Borja, qué obtuvo la primera
votación y el socialcristiano León Febres-Cordero, que alcanzó
el segundo puesto.
Los partidos de centro izquierda se aglutinaron entre sí y
directa o indirectamente apoyaron la postulación de Borja.
Febres-Cordero, emprendió entonces una campaña electoral
personal de puerta a puerta, especialmente en la sierra y
logró el apoyo de amplios sectores de no afiliados que en un
momento dado inclinan la balanza en favor de uno u otro
candidato.
Febres-Cordero si bien perdió la elección en la primera vuelta
electoral con un estrecho margen de votos, logró el triunfo en
la segunda y definitiva elección y se proclamó presidente
constitucional de la República.
En 1988, el centro izquierda logró clasificarse para la
segunda vuelta electoral, el candidato socialcristiano Sixto
Durán-Ballén. El socialdemócrata Rodrigo Borja y el populista
Abdalá Bucaram, lograron la primera y segunda ubicación
respectivamente y fueron a la segunda vuelta electoral. Borja,
en su tercer intento por llegar a la Primera Magistratura
logró el triunfo electoral y Bucaram tuvo que resignarse a la
derrota. ¿A dónde fueron a parar los votos de la derecha
política? Probablemente se dividieron, sin embargo, nuevamente
el voto de los no afiliados fue determinante en esta elección.
En 1992, la derecha política logro en esta oportunidad la
clasificación para la segunda vuelta electoral =, y en esta
ocasión dejó en tercer puesto al candidato de centro
izquierda, al populista Abdalá Bucaram. Sixto Durán Ballén ex
socialcristiano y fundador de Unidad Republicana, partido que
aglutinó a ex militantes de su anterior colectividad
partidista, logró triunfar en las dos elecciones. En segundo
puesto se ubicó el candidato del social cristianismo, Jaime
Nebot Saadi.
De otra parte, el gasto en la estructuración y preparación de
un nuevo evento electoral, como es la segunda vuelta, en la
que se decide definitivamente la elección presidencial,
significa un gigantesco egreso para el Estado, lo cual ha sido
calificado como negativo para la economía ecuatoriana.
Aparte de ello, la mayoría de los partidos políticos que
quedan fuera de la competencia electoral, se venden al mejor
postor y ofrecen su apoyo a cambio de posiciones importantes
en la nueva administración gubernamental. Finalmente, las
alianzas están dirigidas en forma exclusiva a los partidos
pequeños que alcanzan los cuocientes electorales
indispensables para mantenerse vigentes, no son tomados en
cuenta y su apoyo no es relevante para los candidatos que
aspiran a triunfar en las elecciones de la segunda vuelta.
En suma, la conveniencia o no de suprimir o de fortalecer esta
nueva modalidad de la segunda vuelta electoral, vigente desde
hace 15 años, y que ha dado resultados que, por lo menos no
han preocupado a los partidos políticos legalmente reconocidos
y usufructuarios de esta disposición constitucional, está en
manos de los parlamentarios, pues cuando retomen la tarea de
reformas a la Norma Suprema, deberán analizar a fondo si
definitivamente excluyen esta disposición o la amplían con el
fin de que los gobiernos seccionales (alcaldes y prefectos),
lleguen a ocupar esas funciones.
* Texto tomado de Diario el Universo. Página 5A
parlamentos no deben ser instituciones subordinadas a
presidentes todopoderosos o bastiones obstruccionistas, a
veces anárquicos, sino entes independientes pero siempre
responsables y ponderados en sus resoluciones, preparados a
legislar idóneamente y colaboradores en la solución de los
problemas nacionales, todo intento de reforma constitucional
debería estar guiado para mejorar el sistema democrático
ecuatoriano.
El desinterés por lo político y la marginación de lo
político, son causados por la intensionada y sistemática
identificación que se hace de la política con el vicio de la
politiquería y la defensa de mezquinos intereses, en procura
de la implementación de sistemas autocráticos que eluden a
todo control y diálogo, elementos indispensables en la vida de
la sociedad.
La democracia en América Latina y de manera especial en el
Ecuador, depende, principalmente, del sincero restablecimiento
del estado de derecho y de la voluntad política de respetarlo
por gobernantes y gobernados.
Un estudio sobre esta temática, revela que entre las
características de la crisis política en América Latina, se
advierte la falta de voluntad de consenso, sustituida mas bien
por un espíritu de confrontación. Tal hecho provoca la
proliferación de grupos y partidos sin fundamentación
ideológica ni programática suficientes, animados por
personalismos caudillistas. Por ello se advierte la ausencia
de grandes tendencias orientadoras, capaces de mantener en
forma coherente, madura y disciplinada, las acciones
gubernativas encabezadas por auténticos líderes.
Es urgente que la democratización se haga efectiva al interior
de las colectividades políticas para que éstas a su vez, sean
expresión de las inquietudes predominantes en las estructuras
sociales y económicas. Es también importante que los partidos
políticos sean reconocidos como expresión válida de las
corrientes de opinión en el cuadro institucional democrático.
Como complemento sería recomendable la concentración de
tendencias afines y la concentración aún entre los partidos
disímiles como también entre trabajadores y empresarios.
De otra parte, proliferan también las posiciones totalitarias
que se encubren con denominaciones democráticas y plantean por
medio de abundante propaganda, campañas de adoctrinamiento de
claro signo antidemocrático.
En suma, las posiciones democráticas auténticas deben
contrarrestar con eficacia e intensidad dichas campañas,
destacando la verdad de sus planteamientos.
Esto es particularmente necesario por la ausencia de
información política en los sectores de la juventud y de los
trabajadores en general que requieren identificar sus luchas
en favor de legítimas aspiraciones, por los valores de
libertad, respeto, solidaridad y justicia, consustanciales al
espíritu democrático.
Por ello, formar en democracia y alentar su perfeccionamiento,
es tarea no sólo de los partidos políticos sino de todos los
elementos que en suma, dispone la comunidad; sólo podría
lograrse el ensanchamiento de la base de sustentación de las
democracias y la conversión de un sistema meramente
representativo que se expresa a través de elecciones
periódicas, en un sistema participativo, en el cual todos los
sectores de la sociedad actúen y colaboren en la solución de
los problemas que los afectan.
Algo de Historia
En la fracasada reforma constitucional emprendida por los
parlamentarios, surgió un planteamiento que no llegó a
concretarse, pero que quedó flotando entre los sectores
políticos ecuatorianos.
En efecto, la idea de la supresión de la segunda vuelta
electoral, anunciada como un futuro planteamiento por el
Partido Social Cristiano a través del jefe de esa bancada
legislativa, Heinz Moeller, es desde todo punto de vista, un
asunto que debe preocupar a la clase política ecuatoriana.
Un pequeño historial de la aplicación de la segunda vuelta
electoral en el Ecuador, se inicia a partir de 1978, cuando
pese a no estar vigente aún la Constitución Política del
Estado aprobada mediante referéndum, sin embargo comenzó a
regir para determinados aspectos, específicamente en lo que
tenía relación con las elecciones generales previstas para
iniciar directamente el rescate del orden constitucional.
Los presidentes de la República elegidos a partir de 1979, han
llegado al poder con la mayoría absoluta de los sufragios, es
decir, que para alcanzar el solio presidencial tuvieron que
intervenir en dos procesos electorales. De acuerdo con la
Constitución Política vigente, aprobada mediante el referéndum
de enero de 1978, la elección de presidente de la República
está determinada en el artículo 75 de la Norma Suprema que
señala textualmente lo siguiente: "Para ser presidente de la
República se requiere ser ecuatoriano por nacimiento; estar en
goce de los derechos de ciudadanía; tener treinta y cinco años
de edad, por lo menos, al momento de la elección; estar
afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos
legalmente; y, ser elegido por mayoría absoluta de sufragios
en votación directa, universal y secreta conforme a la ley. De
igual manera la Ley de Elecciones en su artículos 80 y 81,
puntualiza lo siguiente: "El presidente y vicepresidente de la
República serán elegidos por mayoría absoluta de sufragios
computados sobre el número total de votos válidos. Se
entenderá por mayoría absoluta la mitad más uno de los votos
válidos emitidos. Si en la primera votación ninguno de los
binomios que tercien en la elección de presidente y
vicepresidente de la República obtuviere mayoría absoluta, se
realizará una segunda votación en la que se concretará la
elección entre los dos binomios que hayan obtenido las dos
primeras mayorías".
A partir de la puesta en marcha del Plan de Reestructuración
Jurídica del Estado, emprendido por el Consejo Supremo de
Gobierno en 1977 y una vez que en el referéndum de 1978 el
pueblo seleccionó a la Constitución Política que permitiría la
vigencia de las instituciones democráticas en el Ecuador, la
modalidad de la segunda vuelta electoral se implantó y bajo el
régimen de partidos, la correlación de fuerzas políticas
comenzaron a cobrar vigencia.
La nueva modalidad de elección del presidente de la República
determinó que los partidos políticos legalmente reconocidos,
puedan unificarse y logren seleccionar al candidato con el
consenso de dichos partidos. La búsqueda de alianzas entre
partidos afines, obligó siempre a la derecha política,
conservadores y socialcristianos, a permanecer juntos en las
lides electorales.
A partir de la campaña electoral de 1978, las alianzas
partidistas fueron el denominador común en época de elecciones
y desde esa fecha hasta los últimos comicios presidenciales de
1992, la modalidad ha tenido sus seguidores y detractores,
pero nunca se pensó en suprimir esta disposición
constitucional.
Cuando se procedió a la elaboración del nuevo texto
constitucional en 1977, asunto que estuvo a cargo de la
Primera Comisión de Reestructuración Jurídica del Estado,
presidida por el fallecido dirigente socialista Carlos Cueva
Tamariz, sus integrantes se mostraron atentos a los diversos
cambios que habría que introducir como reformas a las
constituciones que habían regido la vida democrática del
Ecuador.
El funcionamiento de un congreso unicameral a través de la
Cámara Nacional de Representantes integrada por 12 diputados
nacionales y los provinciales de acuerdo con el número de
habitantes; la transformación de la Junta Nacional de
Planificación en el Consejo Nacional de Desarrollo como un
organismo que presidido por el vicepresidente de la República
fije las políticas generales, económicas y sociales del
Estado; la creación del régimen de partidos; y, la mayoría
absoluta de sufragios para ser elegido presidente de la
República, fueron entre otros, los aspectos más relevantes de
la nueva Carta Política. El mandato constitucional para que
los próximos y sucesivos primeros mandatarios del Ecuador
tomen el poder por la vía electoral con una mayoría absoluta
de sufragios, era un novedoso sistema que se implantaba por
primera vez en el Ecuador.
En América Latina, este sistema se aplica en algunos países,
empero en el Ecuador, en donde hasta antes de la vigencia de
la Nueva Constitución existían más de treinta agrupaciones y
colectividades partidistas, la idea de que el nuevo presidente
constitucional logre esa gigantesca votación, fue un absurdo.
Así lo calificaron los tradicionales partidos políticos
ecuatorianos que con suma facilidad llegaban al Poder.
Con la segunda vuelta electoral, los partidos que no
alcanzaban las dos primeras mayores votaciones, tenían
necesariamente que pronunciarse en la concreción de la
votación entre los dos candidatos que pasaban a la segunda
vuelta.
Pronunciamientos directos o el dejar en libertad a los
militantes para que emitan sus votos por una u otra
alternativa, fue el determinante directo para que a futuro
estos partidos sean culpados del "fracaso" de determinado
gobierno.
Ello aconteció en los gobiernos que llegaron al Poder mediante
el mecanismo de la segunda vuelta electoral, tal el caso de
los binomios Roldós-Hurtado; Febres - Cordero-Peñaherrera,
Borja-Parodi y Durán-Ballén - Dahik.
Lo positivo y lo negativo
El régimen de partidos imperante en el Ecuador a partir de
1978 fue determinante para que la mayoría absoluta en las
elecciones presidenciales sea analizada a profundidad por los
dirigentes de las cúpulas partidistas.
Si bien existe una relatividad en la disposición
constitucional, en vista de que no se exigió mayoría absoluta
para alcaldes y prefectos, sin embargo, esta disposición
permite a las agrupaciones partidistas, alianzas políticas que
tienden a la organización misma del gobierno en lo que se ha
llamado en denominar "concertación" o gobiernos de "unidad
nacional".
Ello, lamentablemente no ha sucedido a lo largo de la
experiencia en la aplicación de esta modalidad, pues los dos
candidatos finalistas, es decir, los que pasan a la segunda
vuelta, no efectúan las alianzas en base a programas y planes
de acción, sino a conveniencias políticas para distribuirse
determinados sectores de la administración o para cogobernar
en períodos cortos, tal como ha sucedido a lo largo de los
últimos 15 años de la nueva democracia.
El papel fundamental en la aplicación de la segunda vuelta
electoral, no es precisamente de los partidos políticos, es
básicamente de los electores que, alejados de la divisas
partidistas, emiten sus votos de acuerdo con los mensajes de
la campaña electoral y de las promesas demagógicas de los
candidatos.
Hay que considerar que, de acuerdo con las estadísticas, el 70
por ciento de los electores, no son afiliados a los partidos y
únicamente lo son el restante pocentaje; por ello, los votos
obtenidos por todos los candidatos, no pueden ser endosados a
uno y otro aspirante, sino que, por el contrario, la decisión
está en manos de los electores que en última instancia se
pronuncian en favor o en contra de los aspirantes, sin hacer
caso de las disposiciones emanadas por las cúpulas partidistas
que deciden apoyar a determinada tendencia.
Los ejemplos al respecto sobran. En 1978, en la primera vuelta
electoral, los candidatos favoritos del régimen dictatorial
perdieron las elecciones. Sixto Durán-Ballén, del Partido
Social Cristiano y Raúl Clemente Huerta, del Liberal, fueron
derrotados por la alianza CFP - Democracia Popular, que
aglutinaba a Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Clasificaron el
candidato cefepista en primer lugar y Durán-Ballén en segundo
puesto, y pasaron a la segunda vuelta.
Efectuadas las elecciones de la segunda vuelta electoral, los
partidos de centro izquierda apoyaron a Roldós e éste logró
con amplia mayoría obtener la Presidencia de la República. Fue
evidente que los partidos de centro izquierda se aliaron a una
nueva figura política populista y nuevamente, el sector de no
afiliados fue factor fundamental para el triunfo de Roldós.
La derecha política fracasó en su intento de obtener el Poder.
En las elecciones de 1984, se produjo un evento especial.
Luego de la primera vuelta electoral los dos finalistas fueron
el socialdemócrata Rodrigo Borja, qué obtuvo la primera
votación y el socialcristiano León Febres-Cordero, que alcanzó
el segundo puesto.
Los partidos de centro izquierda se aglutinaron entre sí y
directa o indirectamente apoyaron la postulación de Borja.
Febres-Cordero, emprendió entonces una campaña electoral
personal de puerta a puerta, especialmente en la sierra y
logró el apoyo de amplios sectores de no afiliados que en un
momento dado inclinan la balanza en favor de uno u otro
candidato.
Febres-Cordero si bien perdió la elección en la primera vuelta
electoral con un estrecho margen de votos, logró el triunfo en
la segunda y definitiva elección y se proclamó presidente
constitucional de la República.
En 1988, el centro izquierda logró clasificarse para la
segunda vuelta electoral, el candidato socialcristiano Sixto
Durán-Ballén. El socialdemócrata Rodrigo Borja y el populista
Abdalá Bucaram, lograron la primera y segunda ubicación
respectivamente y fueron a la segunda vuelta electoral. Borja,
en su tercer intento por llegar a la Primera Magistratura
logró el triunfo electoral y Bucaram tuvo que resignarse a la
derrota. ¿A dónde fueron a parar los votos de la derecha
política? Probablemente se dividieron, sin embargo, nuevamente
el voto de los no afiliados fue determinante en esta elección.
En 1992, la derecha política logro en esta oportunidad la
clasificación para la segunda vuelta electoral =, y en esta
ocasión dejó en tercer puesto al candidato de centro
izquierda, al populista Abdalá Bucaram. Sixto Durán Ballén ex
socialcristiano y fundador de Unidad Republicana, partido que
aglutinó a ex militantes de su anterior colectividad
partidista, logró triunfar en las dos elecciones. En segundo
puesto se ubicó el candidato del social cristianismo, Jaime
Nebot Saadi.
De otra parte, el gasto en la estructuración y preparación de
un nuevo evento electoral, como es la segunda vuelta, en la
que se decide definitivamente la elección presidencial,
significa un gigantesco egreso para el Estado, lo cual ha sido
calificado como negativo para la economía ecuatoriana.
Aparte de ello, la mayoría de los partidos políticos que
quedan fuera de la competencia electoral, se venden al mejor
postor y ofrecen su apoyo a cambio de posiciones importantes
en la nueva administración gubernamental. Finalmente, las
alianzas están dirigidas en forma exclusiva a los partidos
pequeños que alcanzan los cuocientes electorales
indispensables para mantenerse vigentes, no son tomados en
cuenta y su apoyo no es relevante para los candidatos que
aspiran a triunfar en las elecciones de la segunda vuelta.
En suma, la conveniencia o no de suprimir o de fortalecer esta
nueva modalidad de la segunda vuelta electoral, vigente desde
hace 15 años, y que ha dado resultados que, por lo menos no
han preocupado a los partidos políticos legalmente reconocidos
y usufructuarios de esta disposición constitucional, está en
manos de los parlamentarios, pues cuando retomen la tarea de
reformas a la Norma Suprema, deberán analizar a fondo si
definitivamente excluyen esta disposición o la amplían con el
fin de que los gobiernos seccionales (alcaldes y prefectos),
lleguen a ocupar esas funciones.
* Texto tomado de Diario el Universo. Página 5A
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