Quito. 5 oct 2001. Las autoridades del sector podrán disponer de los
recursos que crean necesarios ante la crisis. El ahorro será premiado y
los excesos castigados.
La mayor sequedad en los cauces de los ríos de la Sierra va de la mano
con la situación del sector eléctrico. Ayer el presidente Gustavo Noboa
emitió, en reunión de Gabinete, un decreto que declara el Estado de
Emergencia Eléctrica en todo el país.
La medida, según el secretario de Comunicación de la Presidencia, Óscar
Zuloaga, se basó en los informes del Consejo Nacional de Electrificación
(Conelec) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Allí se recogen las estadísticas manejadas por las empresas de generación
de energía eléctrica, donde se advierte "que hay muchas probabilidades de
que en el presente período de estiaje se produzcan murologías secas".
Esto, posiblemente, repercutirá directamente en la disminución de
producción energética de las principales hidroeléctricas.
Zuloaga descartó apagones en los próximos días, en la medida en que el
decreto dispone un plan donde se destinen todos los recursos y medidas
necesarias para superar la crisis, así como iniciar una agresiva campaña
de ahorro de electricidad.
La idea es subir la generación y bajar el consumo. Para ello se
propondrán incentivos o recargos tarifarios que estimulen el ahorro. El
Conelec podrá expedir las medidas necesarias.
Entre ellas se incluyen racionamientos para optimizar el consumo en
ciertos horarios televisivos. También se da luz verde a las
autorizaciones temporales para la generación y autogeneración de energía,
así como la utilización de la línea Ipiales-Tulcán, el mantenimiento
inmediato de los equipos generadores que actualmente están operando y la
disminución de las llamadas "pérdidas negras".
Según Zuloaga, estas disposiciones serán de cumplimiento obligatorio para
las empresas generadoras, de distribución y la comunidad en general.
Otra medida es la autorización al Ministerio de Energía de fijar un
precio especial de los combustibles que se requieren para la generación,
además de importar, almacenar y entregar dichos suministros para este
fin.
Además, el Ministerio de Gobierno accionará la reducción de horarios de
funcionamiento de restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos y
espectáculos públicos. La Corporación Aduanera Ecuatoriana deberá
facilitar la importación de equipos y repuestos.
También está vigente el Decreto 1359 A (16 de marzo) que obliga a las
entidades públicas a racionalizar su uso de energía, que no debe ser
mayor a 1 000 kilovatios mensuales, en un plazo de dos años.
Adicionalmente, este mes se firmará la concesión con Machala Power, que
producirá 320 megavatios. En noviembre lo hará con Termoriente. Y ayer,
el ministro de Energía, Pablo Terán, firmó el contrato con Omegaport-ACS
para valorar el proyecto Mazar, con lo cual arranca, y de los activos de
Hidropaute.
La poca inversión no se ha solucionado
La emergencia eléctrica es un paso para enfrentar los posibles apagones.
Pero la creciente demanda de energía no será cubierta al menos en dos
años con la generación hidráulica y térmica actuales. Por eso, Donald
Castillo, consultor eléctrico y ex ministro de Energía, sostiene que hay
un riesgo de desabastecer a los consumidores por la poca generación, la
paralización de varias centrales y el estiaje en Paute.
En menos de un año salieron también del mercado eléctrico cinco centrales
térmicas por razones de mantenimiento, falta de combustibles y de dinero.
En cambio para Carlos Ramírez, ex presidente del Colegio de Ingenieros
Eléctricos y de Guayas, la emergencia demuestra que no se ha hecho nada
por invertir y los apagones solo se evitarán instalando de inmediato
turbinas a gas o diesel.
La oferta anual de energía debe crecer 200 megavatios si no provocará un
déficit, explicó Castillo. "Si no se corrige eso, cada año, el Gobierno
tendrá que decretar en emergencia al sector".
Pero el problema se origina también por la incapacidad de las
distribuidoras de pagar a las generadoras, ya que las tarifas siguen
subsidiadas. Hasta julio del 2001 las 18 distribuidoras acumularon una
deuda de 460,8 millones de dólares. Según el ex ministro, la emergencia
debe estar acompañada de la entrega de combustible para la generación,
así como el ahorro y la racionalización de energía.
A eso se debe sumar la colaboración de las plantas autogeneradoras de las
grandes industrias y centros comerciales para que tomen precauciones en
el manejo de energía.
Lo que más preocupa a los expertos es las "pérdidas negras" en las
empresas. Por eso recomiendan que se mejoren los niveles operativos y
controles los presupuestos. Existen distribuidoras que mantienen un 40
por ciento de pérdidas de energía. (Texto tomado de El Comercio)
recursos que crean necesarios ante la crisis. El ahorro será premiado y
los excesos castigados.
La mayor sequedad en los cauces de los ríos de la Sierra va de la mano
con la situación del sector eléctrico. Ayer el presidente Gustavo Noboa
emitió, en reunión de Gabinete, un decreto que declara el Estado de
Emergencia Eléctrica en todo el país.
La medida, según el secretario de Comunicación de la Presidencia, Óscar
Zuloaga, se basó en los informes del Consejo Nacional de Electrificación
(Conelec) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Allí se recogen las estadísticas manejadas por las empresas de generación
de energía eléctrica, donde se advierte "que hay muchas probabilidades de
que en el presente período de estiaje se produzcan murologías secas".
Esto, posiblemente, repercutirá directamente en la disminución de
producción energética de las principales hidroeléctricas.
Zuloaga descartó apagones en los próximos días, en la medida en que el
decreto dispone un plan donde se destinen todos los recursos y medidas
necesarias para superar la crisis, así como iniciar una agresiva campaña
de ahorro de electricidad.
La idea es subir la generación y bajar el consumo. Para ello se
propondrán incentivos o recargos tarifarios que estimulen el ahorro. El
Conelec podrá expedir las medidas necesarias.
Entre ellas se incluyen racionamientos para optimizar el consumo en
ciertos horarios televisivos. También se da luz verde a las
autorizaciones temporales para la generación y autogeneración de energía,
así como la utilización de la línea Ipiales-Tulcán, el mantenimiento
inmediato de los equipos generadores que actualmente están operando y la
disminución de las llamadas "pérdidas negras".
Según Zuloaga, estas disposiciones serán de cumplimiento obligatorio para
las empresas generadoras, de distribución y la comunidad en general.
Otra medida es la autorización al Ministerio de Energía de fijar un
precio especial de los combustibles que se requieren para la generación,
además de importar, almacenar y entregar dichos suministros para este
fin.
Además, el Ministerio de Gobierno accionará la reducción de horarios de
funcionamiento de restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos y
espectáculos públicos. La Corporación Aduanera Ecuatoriana deberá
facilitar la importación de equipos y repuestos.
También está vigente el Decreto 1359 A (16 de marzo) que obliga a las
entidades públicas a racionalizar su uso de energía, que no debe ser
mayor a 1 000 kilovatios mensuales, en un plazo de dos años.
Adicionalmente, este mes se firmará la concesión con Machala Power, que
producirá 320 megavatios. En noviembre lo hará con Termoriente. Y ayer,
el ministro de Energía, Pablo Terán, firmó el contrato con Omegaport-ACS
para valorar el proyecto Mazar, con lo cual arranca, y de los activos de
Hidropaute.
La poca inversión no se ha solucionado
La emergencia eléctrica es un paso para enfrentar los posibles apagones.
Pero la creciente demanda de energía no será cubierta al menos en dos
años con la generación hidráulica y térmica actuales. Por eso, Donald
Castillo, consultor eléctrico y ex ministro de Energía, sostiene que hay
un riesgo de desabastecer a los consumidores por la poca generación, la
paralización de varias centrales y el estiaje en Paute.
En menos de un año salieron también del mercado eléctrico cinco centrales
térmicas por razones de mantenimiento, falta de combustibles y de dinero.
En cambio para Carlos Ramírez, ex presidente del Colegio de Ingenieros
Eléctricos y de Guayas, la emergencia demuestra que no se ha hecho nada
por invertir y los apagones solo se evitarán instalando de inmediato
turbinas a gas o diesel.
La oferta anual de energía debe crecer 200 megavatios si no provocará un
déficit, explicó Castillo. "Si no se corrige eso, cada año, el Gobierno
tendrá que decretar en emergencia al sector".
Pero el problema se origina también por la incapacidad de las
distribuidoras de pagar a las generadoras, ya que las tarifas siguen
subsidiadas. Hasta julio del 2001 las 18 distribuidoras acumularon una
deuda de 460,8 millones de dólares. Según el ex ministro, la emergencia
debe estar acompañada de la entrega de combustible para la generación,
así como el ahorro y la racionalización de energía.
A eso se debe sumar la colaboración de las plantas autogeneradoras de las
grandes industrias y centros comerciales para que tomen precauciones en
el manejo de energía.
Lo que más preocupa a los expertos es las "pérdidas negras" en las
empresas. Por eso recomiendan que se mejoren los niveles operativos y
controles los presupuestos. Existen distribuidoras que mantienen un 40
por ciento de pérdidas de energía. (Texto tomado de El Comercio)
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