Quito. 24. 04. 90. Pese al decreto ejecutivo de movilización ,
los trabajadores y empleados de la entidad se negaron a laborar
en espera de un diálogo con el presidente de la República.
Una comisión negociadora compuesta por legisladores de Izquierda
Democrática y funcionarios del Banco buscan agilitar la solución
del conflicto. En tanto la fuerza pública resguarda las
instalaciones de la casa matriz.
El presidente del Comité de Empresa del BNF, Franklin
Rivadeneira, dijo que hasta el momento el gerente Dávalos se ha
negado a dialogar por lo que se busca un contacto directo con el
presidente Borja.
El viernes de la semana pasada las autoridades gubernamentales
declararon la ilegalidad de la huelga y la adhesión de los
trabajadores de las sucursales de Carchi, Imbabura, Pastaza,
Azuay y Pichincha.
El decreto de la inmediata movilización de los funcionaros,
empleados, trabajadores e instalaciones del BNF en todo el país,
con ocasión de la huelga decretada en días pasados, tiende a
asegurar la atención y servicio al público.
La Constitución vigente, artículo 78, literal j -que invoca el
Jefe de Estado en el decreto 1444- otorga al presidente la
atribución de "decretar la movilización, desmovilización y las
requisiciones que sean necesarias de acuerdo con la ley". En este
caso se refiere implícitamente a la Ley de Seguridad Nacional.
Existen cuatro hechos que atentan contra la seguridad nacional:
guerra externa, guerra interna, graves catástrofes naturales y
graves conmociones internas.
En el presente caso, el decreto ejecutivo invoca que la actitud
de hecho tendrá graves efectos en la actividad económica y social
del país, genera serios perjuicios a los miles de ciudadanos que
tienen depositados sus ahorros en el BNF y que, por tanto esta
acción constituye una situación "de grave conmoción interna" dada
la importancia del sistema crediticio de la institución
bancaria. (A-10)
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