El presidente colombiano Álvaro Uribe pidió el sábado la máxima condena para los militares culpables de violar los derechos humanos, al lamentar la implicación de tres coroneles en un caso de asesinato de civiles falsamente presentados como irregulares muertos en combate.
"Así como hemos procedido sin vacilación a defender las Fuerzas Armadas, sin vacilación hay que pedir que a los transgresores de derechos humanos los condenen, los lleven a la cárcel y les apliquen las máximas condenas de nuestra legislación", dijo el mandatario en un acto público.
Uribe aludió así al caso de tres coroneles relevados el viernes de sus cargos, en el marco de una pesquisa por la desaparición de 11 jóvenes de un barrio humilde del sur de Bogotá, que fueron reportados como muertos en choques con el Ejército en una región a más de 500 km al noreste de la capital.
"Hemos estado totalmente comprometidos en la defensa de la institución armada de la patria, como lo necesita un país que tantos años estuvo en manos de guerrilla y paramilitares. Pero eso pierde fuerza cuando oficiales del Ejército o de cualquier área de la institución armada incurren en violación de derechos humanos", añadió.
"Causa mucha indignación, mucho dolor, mucha desazón", agregó Uribe, subrayando que estos episodios siembran dudas frente a la "transparencia democrática" de su política de mano fuerte contra los grupos ilegales.
Los oficiales relevados, cuya destitución será analizada por el ministerio de Defensa, son Santiago Herrera, jefe de estado mayor de la Quinta División; y Rubén Castro y Gabriel Rincón, respectivamente comandante y jefe de estado mayor de una brigada móvil.
Familiares de las víctimas denunciaron que los jóvenes desaparecieron a comienzos de año en el sector de Soacha, luego de que desconocidos les ofrecieran trabajo en otros lugares del país.
El Ejército aseguró en un principio que los muchachos fallecieron al enfrentarse con las tropas en el municipio de Ocaña (noreste), donde fueron sepultados como no identificados.
Al anunciar los relevos el comandante del Ejército, general Mario Montoya, sostuvo que en dos o tres de los casos los indicios señalan que "hubo homicidios".
Tras las denuncias de las familias, organizaciones de derechos humanos que existen registros de al menos 23 jóvenes de varias regiones que desaparecieron y luego fueron denunciados como muertos en combates para reclamar éxitos militares. (AFP)
"Así como hemos procedido sin vacilación a defender las Fuerzas Armadas, sin vacilación hay que pedir que a los transgresores de derechos humanos los condenen, los lleven a la cárcel y les apliquen las máximas condenas de nuestra legislación", dijo el mandatario en un acto público.
Uribe aludió así al caso de tres coroneles relevados el viernes de sus cargos, en el marco de una pesquisa por la desaparición de 11 jóvenes de un barrio humilde del sur de Bogotá, que fueron reportados como muertos en choques con el Ejército en una región a más de 500 km al noreste de la capital.
"Hemos estado totalmente comprometidos en la defensa de la institución armada de la patria, como lo necesita un país que tantos años estuvo en manos de guerrilla y paramilitares. Pero eso pierde fuerza cuando oficiales del Ejército o de cualquier área de la institución armada incurren en violación de derechos humanos", añadió.
"Causa mucha indignación, mucho dolor, mucha desazón", agregó Uribe, subrayando que estos episodios siembran dudas frente a la "transparencia democrática" de su política de mano fuerte contra los grupos ilegales.
Los oficiales relevados, cuya destitución será analizada por el ministerio de Defensa, son Santiago Herrera, jefe de estado mayor de la Quinta División; y Rubén Castro y Gabriel Rincón, respectivamente comandante y jefe de estado mayor de una brigada móvil.
Familiares de las víctimas denunciaron que los jóvenes desaparecieron a comienzos de año en el sector de Soacha, luego de que desconocidos les ofrecieran trabajo en otros lugares del país.
El Ejército aseguró en un principio que los muchachos fallecieron al enfrentarse con las tropas en el municipio de Ocaña (noreste), donde fueron sepultados como no identificados.
Al anunciar los relevos el comandante del Ejército, general Mario Montoya, sostuvo que en dos o tres de los casos los indicios señalan que "hubo homicidios".
Tras las denuncias de las familias, organizaciones de derechos humanos que existen registros de al menos 23 jóvenes de varias regiones que desaparecieron y luego fueron denunciados como muertos en combates para reclamar éxitos militares. (AFP)
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