Atrincherados en su sede de la ciudadela Acuarela del Río, al norte de Guayaquil, los pilotos afiliados a la Asociación de Aviadores Civiles Ecuatorianos (Adace) defienden sus fuentes de trabajo y tratan de evitar que colapse el negocio aeronáutico.
La más reciente acusación del capitán Joffre Campoverde Farías, presidente y portavoz del gremio, es que esta importante actividad se entorpece por la centralización de trámites en Quito y la burocracia en demasía que tiene la Dirección de Aviación Civil (DAC).
Alrededor de 1.800 personas laboran en este organismo a nivel nacional, pero, de acuerdo con una auditoría realizada hace dos años, la plantilla debería reducirse a 1.100 empleados, con la supresión de 700 puestos que ya no son necesarios.
El exceso es producto de la herencia que dejó la transferencia de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, en beneficio de los municipios respectivos, y no de cuotas políticas. Así lo explica el comandante Germán Cruz Cárdenas, un ex piloto que hace dos años está al frente de la Subdirección de Aviación Civil del Litoral (Subdac).
Como consecuencia de ese cambio, muchos servicios que prestaba la DAC pasaron a manos de la empresa privada. Personal nuestro se quedó sin funciones específicas que realizar, algunos fueron reubicados pero la institución tiene todavía una enorme carga, dice Cruz.
Existe un plan para la salida progresiva de empleados hasta el año 2007. Ya se fueron dos grupos, uno de 120 y otro de 128 trabajadores. Pero, debido a los ingresos que dejó de percibir tras la concesión de los aeropuertos, la DAC no tiene recursos para cancelar liquidaciones y la reducción quedó inconclusa.
El funcionario desconoce cuánto dinero se necesita para completar el proceso.
La realidad financiera del organismo se refleja en los presupuestos de los dos últimos años. En el período 2004-2005, mientras los ingresos por tasas y contribuciones bajaron de 32125.523 a 30716.800 dólares, los gastos de personal se incrementaron de 27387.935 a 29279.203 dólares.
Empleados preocupados
En la región dos, controlada por la Subdac, quedan todavía 723 empleados. De esa cantidad, 353 trabajan en trece aeropuertos, 58 en Ecuafuel (combustibles) y 312 en las demás dependencias de la institución.
La única salida prevista en este año es del personal asignado al aeropuerto de Manta, que pasará a ser manejado por la Corporación Aeroportuaria de esa ciudad. Según Cruz, el recorte de 30 de los 70 puestos significará un egreso de 500.000 dólares para la DAC.
Después de esta medida, no se avizoran más liquidaciones. En la agenda quedan todavía casos como el aeropuerto de Bahía, que no opera y pese a ello mantiene 17 empleados.
El presidente de Adace se muestra escéptico con las cifras. Piensa que el exceso laboral es mayor, porque otros países tienen uno o dos funcionarios aeronáuticos para tres aviones, pero en el nuestro hay por lo menos diez para cada uno.
También están inconformes los trabajadores agremiados en la asociación sindical. Pero las razones son otras. Para el secretario general, Nelson Villafuerte Maldonado, el proceso de reducción de personal no es transparente y se maneja con doble discurso a nivel directivo.
A esta conclusión llega por la respuesta que envió el general William Birkett, director general de Aviación Civil, al oficio ASO-015-05 de la Asociación, a inicios del presente mes. Le pedimos que nos indique cuál sería el destino de nuestros compañeros sujetos al Código de Trabajo, que actualmente laboran en los sectores que han sido concesionados y que van a ser asumidos por el sector privado, dice Villafuerte.
La inquietud surgió por la transferencia del aeropuerto de Manta y el aviso de que la compañía Tagsa asumirá el manejo de Ecuafuel. Mediante oficio del 5 de julio, Birkett respondió que la DAC procedería con estricto apego a las leyes laborales, sin causar perjuicio alguno a ningún trabajador. Y aseguró que por el momento no estaba previsto un desenrolamiento inmediato, por falta de recursos económicos para pagar bonificaciones e indemnizaciones.
Pero hace poco me llamaron de Cuenca, donde estuvo el director de visita. Él les dijo que los empleados tendrán que salir porque el Municipio se hará cargo del aeropuerto, comenta Villafuerte. La notificación también llegó a funcionarios del área de Seguridad, en Guayaquil.
Según el dirigente sindical, el plan de reducir personal hasta el año 2007 no lo conocen los trabajadores. Igual sucede con las dependencias que van a ser concesionadas.
Contrato en discusión
No parece cercana la posibilidad de que la DAC retome la liquidación de personal, debido a la presencia de obstáculos legales además de los económicos, que ya fueron mencionados.
Parte del problema es que 522 empleados de la Subdac se encuentran amparados en el Código de Trabajo. Según Villafuerte, en caso de ser liquidados, recibirían montos más altos que sus demás compañeros, por los beneficios diversos que han conquistado.
Los que continúan en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa obtendrían 1.000 dólares por año. Como ya se dijo antes, faltan recursos económicos para cubrir esos pagos.
La asociación sindical está insistiendo en la aprobación del proyecto del primer contrato colectivo. Mientras este documento se encuentre en discusión, la DAC no puede ejecutar acción alguna que implique la salida de personal, afirma el dirigente.
Clasificación obligó a pagar reliquidaciones
Un lío causó la clasificación de 522 empleados de la aviación civil de la región dos (Subdac), que hizo el Ministerio de Trabajo con resolución 2001-MTRH-UCS, el 13 de enero de 2003.
Este grupo, que incluía a personal de las áreas técnicas y operativas, así como a profesionales de varias ramas, fue colocado en el amparo del Código de Trabajo, debido a que el marco jurídico de la institución cambió con la Ley Trole II. Los demás servidores continuaron con el régimen de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
La clasificación se la hizo mal. Tiene muchísimos errores. Hay gente que hace un trabajo intelectual y está clasificada como obrero amparado en el Código de Trabajo, destaca Germán Cruz, subdirector de la DAC.
Cuando el comandante Rafael Dávila dirigía el organismo, presentó una demanda en el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la clasificación. Pero la resolución ministerial fue ratificada, porque se había hecho a petición de la DAC.
Como consecuencia de ello, los trabajadores que salieron en noviembre de 2004, y que estaban amparados en el Código de Trabajo, demandaron a la DAC y están ganando los juicios. Ahora el organismo debe pagarles una diferencia, porque ellos recibieron 1.000 dólares por año debido a la supresión de partidas y les correspondía un monto mayor.
Nelson Villafuerte, de la asociación sindical, menciona el caso de un compañero con 16 años de labores que recibió 16.000 dólares, cuando en realidad le tocaba una liquidación de 35.418 dólares.
723 empleados
Tiene la Subdirección de Aviación Civil, región dos
El 49% del personal se concentra en 13 aeropuertos, mientras que el 43% trabaja en diferentes dependencias de la Subdac. El 8% labora en la división de combustibles (Ecuafuel).
29279.203
Dólares se pagó en 2004 en gastos de personal
Por el contrario, los ingresos que percibía la DAC por concepto de tasas y contribuciones decayeron de 32125.523 a 30716.800 dólares, en el presupuesto de los años 2004 y 2005.
Adace: Plazas de trabajo decayeron
Joffre Campoverde
Presidente de Adace
Adace mantiene un contrapunto con la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) sobre la utilización de pilotos militares en los aviones de TAME. La queja de Joffre Campoverde, dirigente de los aviadores civiles, se fundamenta en un oficio que la FAE dirigió el 22 de abril pasado al capitán Fernando Yépez Rojas, presidente de la Federación de Tripulantes Aéreos (Fedta), que agremia a unos 600 afiliados.
El comunicado pedía un mínimo de 30% de tripulación militar en servicio activo, lo que, según Campoverde, resta plazas de trabajo a los pilotos civiles afectados por el desempleo.
Insiste en que esta situación incide en la no recuperación de la categoría 1, que Ecuador perdió hace diez años. Esto le impide volar a Estados Unidos con transporte de pasajeros y carga. Germán Cruz lo niega. La categorización depende de la expedición de la Ley de Aviación Civil, que fue discutida en primera instancia en el Congreso y está durmiendo pese a las gestiones que hemos realizado.
El presidente de Adace cuestiona también la seguridad de las operaciones. Fundamenta esto en la contratación de tripulantes jóvenes, por parte de algunas compañías (no dijo cuáles), con 200 y 300 horas de vuelo, con habilidad para manejar una computadora, una interpretación simulada, pero no una situación real. Y agrega que las regulaciones de Aviación Civil deben imponer un determinado número de horas de vuelo para acceder a esos puestos.
Campoverde también señala preferencias por contratar a pilotos de la Sierra, antes que de la Costa. El titular de la Fedta, Fernando Yépez, no lo cree así, ya que el tema básico es que las aerolíneas más grandes tienen base en Quito y piden tripulaciones que hagan base allá.
Respecto a la petición de la FAE, Yépez dijo que fue negada porque violaba la Ley de Defensa Profesional. Pese a ello, reconoce que el problema subsiste.
Cruz: Hay seguimiento a los trámites
Germán Cruz
Subdirector de aviación
¿Se atrasan los trámites en la Subdac debido a la excesiva burocracia? Adace contesta que sí y que ese personal constituye un obstáculo para el desarrollo de la aviación civil. Germán Cruz sostiene lo contrario. Afirma que su administración procura atender con agilidad a los usuarios y hace seguimientos para evitar demoras.
El director general de la DAC, general William Birkett, propuso una idea que cuenta con el apoyo de quienes laboramos acá. Consiste en utilizar la Internet para que cualquier persona pueda ingresar a la web (www.dgac.gov.ec), revisar en qué estado se encuentra su trámite y reclamar si se da el caso de que está detenido.
La Subdac también es criticada por Adace, en el sentido de que no es una entidad descentralizada y eso obliga a que muchos papeleos se hagan en Quito. Cruz detalla que en Guayaquil se emiten los permisos de operación para las compañías de fumigación y taxi aéreo, también la renovación de esos documentos. Otros trámites atendidos por la entidad son las inspecciones de aeronaves, extensión de certificados de aeronavegabilidad y exámenes médicos a pilotos que realiza el centro de evaluación.
Básicamente atendemos a la aviación menor. Es verdad que sobreviven pocas compañías, pero no es culpa de la DAC. Están afectadas porque su operación se hizo muy costosa. La actividad decayó también porque las carreteras mejoraron y muchos empresarios se desplazan a sus propiedades por vía terrestre.
Cruz concede razón a la Adace en su queja permanente por el juzgamiento de infracciones a los pilotos, que se hace obligatoriamente en Quito. En la actualidad, los tripulantes tienen que ir a defenderse en la capital de la República y señalar domicilio y abogado en esa ciudad.
La solución no es fácil, dice, ya que necesita una reforma a la Ley de Aviación Civil.
La más reciente acusación del capitán Joffre Campoverde Farías, presidente y portavoz del gremio, es que esta importante actividad se entorpece por la centralización de trámites en Quito y la burocracia en demasía que tiene la Dirección de Aviación Civil (DAC).
Alrededor de 1.800 personas laboran en este organismo a nivel nacional, pero, de acuerdo con una auditoría realizada hace dos años, la plantilla debería reducirse a 1.100 empleados, con la supresión de 700 puestos que ya no son necesarios.
El exceso es producto de la herencia que dejó la transferencia de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, en beneficio de los municipios respectivos, y no de cuotas políticas. Así lo explica el comandante Germán Cruz Cárdenas, un ex piloto que hace dos años está al frente de la Subdirección de Aviación Civil del Litoral (Subdac).
Como consecuencia de ese cambio, muchos servicios que prestaba la DAC pasaron a manos de la empresa privada. Personal nuestro se quedó sin funciones específicas que realizar, algunos fueron reubicados pero la institución tiene todavía una enorme carga, dice Cruz.
Existe un plan para la salida progresiva de empleados hasta el año 2007. Ya se fueron dos grupos, uno de 120 y otro de 128 trabajadores. Pero, debido a los ingresos que dejó de percibir tras la concesión de los aeropuertos, la DAC no tiene recursos para cancelar liquidaciones y la reducción quedó inconclusa.
El funcionario desconoce cuánto dinero se necesita para completar el proceso.
La realidad financiera del organismo se refleja en los presupuestos de los dos últimos años. En el período 2004-2005, mientras los ingresos por tasas y contribuciones bajaron de 32125.523 a 30716.800 dólares, los gastos de personal se incrementaron de 27387.935 a 29279.203 dólares.
Empleados preocupados
En la región dos, controlada por la Subdac, quedan todavía 723 empleados. De esa cantidad, 353 trabajan en trece aeropuertos, 58 en Ecuafuel (combustibles) y 312 en las demás dependencias de la institución.
La única salida prevista en este año es del personal asignado al aeropuerto de Manta, que pasará a ser manejado por la Corporación Aeroportuaria de esa ciudad. Según Cruz, el recorte de 30 de los 70 puestos significará un egreso de 500.000 dólares para la DAC.
Después de esta medida, no se avizoran más liquidaciones. En la agenda quedan todavía casos como el aeropuerto de Bahía, que no opera y pese a ello mantiene 17 empleados.
El presidente de Adace se muestra escéptico con las cifras. Piensa que el exceso laboral es mayor, porque otros países tienen uno o dos funcionarios aeronáuticos para tres aviones, pero en el nuestro hay por lo menos diez para cada uno.
También están inconformes los trabajadores agremiados en la asociación sindical. Pero las razones son otras. Para el secretario general, Nelson Villafuerte Maldonado, el proceso de reducción de personal no es transparente y se maneja con doble discurso a nivel directivo.
A esta conclusión llega por la respuesta que envió el general William Birkett, director general de Aviación Civil, al oficio ASO-015-05 de la Asociación, a inicios del presente mes. Le pedimos que nos indique cuál sería el destino de nuestros compañeros sujetos al Código de Trabajo, que actualmente laboran en los sectores que han sido concesionados y que van a ser asumidos por el sector privado, dice Villafuerte.
La inquietud surgió por la transferencia del aeropuerto de Manta y el aviso de que la compañía Tagsa asumirá el manejo de Ecuafuel. Mediante oficio del 5 de julio, Birkett respondió que la DAC procedería con estricto apego a las leyes laborales, sin causar perjuicio alguno a ningún trabajador. Y aseguró que por el momento no estaba previsto un desenrolamiento inmediato, por falta de recursos económicos para pagar bonificaciones e indemnizaciones.
Pero hace poco me llamaron de Cuenca, donde estuvo el director de visita. Él les dijo que los empleados tendrán que salir porque el Municipio se hará cargo del aeropuerto, comenta Villafuerte. La notificación también llegó a funcionarios del área de Seguridad, en Guayaquil.
Según el dirigente sindical, el plan de reducir personal hasta el año 2007 no lo conocen los trabajadores. Igual sucede con las dependencias que van a ser concesionadas.
Contrato en discusión
No parece cercana la posibilidad de que la DAC retome la liquidación de personal, debido a la presencia de obstáculos legales además de los económicos, que ya fueron mencionados.
Parte del problema es que 522 empleados de la Subdac se encuentran amparados en el Código de Trabajo. Según Villafuerte, en caso de ser liquidados, recibirían montos más altos que sus demás compañeros, por los beneficios diversos que han conquistado.
Los que continúan en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa obtendrían 1.000 dólares por año. Como ya se dijo antes, faltan recursos económicos para cubrir esos pagos.
La asociación sindical está insistiendo en la aprobación del proyecto del primer contrato colectivo. Mientras este documento se encuentre en discusión, la DAC no puede ejecutar acción alguna que implique la salida de personal, afirma el dirigente.
Clasificación obligó a pagar reliquidaciones
Un lío causó la clasificación de 522 empleados de la aviación civil de la región dos (Subdac), que hizo el Ministerio de Trabajo con resolución 2001-MTRH-UCS, el 13 de enero de 2003.
Este grupo, que incluía a personal de las áreas técnicas y operativas, así como a profesionales de varias ramas, fue colocado en el amparo del Código de Trabajo, debido a que el marco jurídico de la institución cambió con la Ley Trole II. Los demás servidores continuaron con el régimen de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
La clasificación se la hizo mal. Tiene muchísimos errores. Hay gente que hace un trabajo intelectual y está clasificada como obrero amparado en el Código de Trabajo, destaca Germán Cruz, subdirector de la DAC.
Cuando el comandante Rafael Dávila dirigía el organismo, presentó una demanda en el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la clasificación. Pero la resolución ministerial fue ratificada, porque se había hecho a petición de la DAC.
Como consecuencia de ello, los trabajadores que salieron en noviembre de 2004, y que estaban amparados en el Código de Trabajo, demandaron a la DAC y están ganando los juicios. Ahora el organismo debe pagarles una diferencia, porque ellos recibieron 1.000 dólares por año debido a la supresión de partidas y les correspondía un monto mayor.
Nelson Villafuerte, de la asociación sindical, menciona el caso de un compañero con 16 años de labores que recibió 16.000 dólares, cuando en realidad le tocaba una liquidación de 35.418 dólares.
723 empleados
Tiene la Subdirección de Aviación Civil, región dos
El 49% del personal se concentra en 13 aeropuertos, mientras que el 43% trabaja en diferentes dependencias de la Subdac. El 8% labora en la división de combustibles (Ecuafuel).
29279.203
Dólares se pagó en 2004 en gastos de personal
Por el contrario, los ingresos que percibía la DAC por concepto de tasas y contribuciones decayeron de 32125.523 a 30716.800 dólares, en el presupuesto de los años 2004 y 2005.
Adace: Plazas de trabajo decayeron
Joffre Campoverde
Presidente de Adace
Adace mantiene un contrapunto con la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) sobre la utilización de pilotos militares en los aviones de TAME. La queja de Joffre Campoverde, dirigente de los aviadores civiles, se fundamenta en un oficio que la FAE dirigió el 22 de abril pasado al capitán Fernando Yépez Rojas, presidente de la Federación de Tripulantes Aéreos (Fedta), que agremia a unos 600 afiliados.
El comunicado pedía un mínimo de 30% de tripulación militar en servicio activo, lo que, según Campoverde, resta plazas de trabajo a los pilotos civiles afectados por el desempleo.
Insiste en que esta situación incide en la no recuperación de la categoría 1, que Ecuador perdió hace diez años. Esto le impide volar a Estados Unidos con transporte de pasajeros y carga. Germán Cruz lo niega. La categorización depende de la expedición de la Ley de Aviación Civil, que fue discutida en primera instancia en el Congreso y está durmiendo pese a las gestiones que hemos realizado.
El presidente de Adace cuestiona también la seguridad de las operaciones. Fundamenta esto en la contratación de tripulantes jóvenes, por parte de algunas compañías (no dijo cuáles), con 200 y 300 horas de vuelo, con habilidad para manejar una computadora, una interpretación simulada, pero no una situación real. Y agrega que las regulaciones de Aviación Civil deben imponer un determinado número de horas de vuelo para acceder a esos puestos.
Campoverde también señala preferencias por contratar a pilotos de la Sierra, antes que de la Costa. El titular de la Fedta, Fernando Yépez, no lo cree así, ya que el tema básico es que las aerolíneas más grandes tienen base en Quito y piden tripulaciones que hagan base allá.
Respecto a la petición de la FAE, Yépez dijo que fue negada porque violaba la Ley de Defensa Profesional. Pese a ello, reconoce que el problema subsiste.
Cruz: Hay seguimiento a los trámites
Germán Cruz
Subdirector de aviación
¿Se atrasan los trámites en la Subdac debido a la excesiva burocracia? Adace contesta que sí y que ese personal constituye un obstáculo para el desarrollo de la aviación civil. Germán Cruz sostiene lo contrario. Afirma que su administración procura atender con agilidad a los usuarios y hace seguimientos para evitar demoras.
El director general de la DAC, general William Birkett, propuso una idea que cuenta con el apoyo de quienes laboramos acá. Consiste en utilizar la Internet para que cualquier persona pueda ingresar a la web (www.dgac.gov.ec), revisar en qué estado se encuentra su trámite y reclamar si se da el caso de que está detenido.
La Subdac también es criticada por Adace, en el sentido de que no es una entidad descentralizada y eso obliga a que muchos papeleos se hagan en Quito. Cruz detalla que en Guayaquil se emiten los permisos de operación para las compañías de fumigación y taxi aéreo, también la renovación de esos documentos. Otros trámites atendidos por la entidad son las inspecciones de aeronaves, extensión de certificados de aeronavegabilidad y exámenes médicos a pilotos que realiza el centro de evaluación.
Básicamente atendemos a la aviación menor. Es verdad que sobreviven pocas compañías, pero no es culpa de la DAC. Están afectadas porque su operación se hizo muy costosa. La actividad decayó también porque las carreteras mejoraron y muchos empresarios se desplazan a sus propiedades por vía terrestre.
Cruz concede razón a la Adace en su queja permanente por el juzgamiento de infracciones a los pilotos, que se hace obligatoriamente en Quito. En la actualidad, los tripulantes tienen que ir a defenderse en la capital de la República y señalar domicilio y abogado en esa ciudad.
La solución no es fácil, dice, ya que necesita una reforma a la Ley de Aviación Civil.
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