Entrevista a Genaro Peña

¿Usted está listo para retirarse de la subrogación o aspira a continuar en el cargo?

Estoy consciente de que cuando el Congreso integre la terna y el Presidente designe al Contralor termina mi gestión. Pero sí es posible que continúe, todo ciudadano que cumple con los requisitos tiene derecho a participar como candidato para el cargo.

¿Debe haber continuidad en la Contraloría?

Evidentemente. Es positivo continuar con los planes programados y con la reestructuración institucional que llevamos adelante. Sería importante la continuidad de funciones, porque si viene un Contralor que no tenga una formación profesional y técnica, puede echar al traste todo el trabajo realizado en los últimos dos años y medio.

¿La terna que integre el Congreso puede condicionar al nuevo Contralor?

Si no hay el análisis y la responsabilidad de los diputados para dejar de lado el aspecto político en la integración de la terna para que el nuevo Contralor actúe con independencia, sería un riesgo que desvirtuaría todo lo que hasta aquí ha hecho la Contraloría.

¿Usted insinúa que es independiente y que no responde a intereses políticos?

En mi administración las influencias políticas no han tenido eco. Si no hubiera tenido la energía necesaria los resultados no hubieran sido los que hoy tenemos.

¿Cuál es su relación con el Partido Social Cristiano?

Tengo amistad con dirigentes del PSC, PRE, Pachakutik y con muchos políticos. Pero no tengo identidad o afinidad con ninguna organización, peor compromisos políticos.

¿Usted se ha reunido con León Febres Cordero?

Frecuentemente me he reunido con políticos, pero con el diputado Febres Cordero no, tampoco he tenido la visita del Alcalde de Guayaquil. Del Alcalde de Quito sí, he tenido el gusto de recibirle en algunas ocasiones para tratar sobre auditorías relacionadas con informes que tiene que dar el organismo de control . Los informes de Contraloría son determinantes para la firma de contratos de obras públicas.

¿Cuáles son los resultados de las acciones de la Contraloría en su administración?

En el 2003, como resultado de las acciones de control, aprobamos 1 350 informes; en el 2004, 1 347, y en lo que va del 2005, 846 informes.

Pero ¿cuál es el resultado en glosas o indicios de responsabilidades?

De los 3 548 informes de auditoría aprobados se han establecido 754 informes con indicios de responsabilidad penal; 7 018 glosas por 222 millones de dólares; 2 660 resoluciones confirmatorias de glosas por 22 millones; 5 479 juicios. Cuando asumí el despacho había registradas 2 300 declaraciones patrimoniales de bienes, hoy tenemos 42 000.

¿Cuál es el resultado de las acciones de control en los gobiernos seccionales?

Hemos realizado auditoría en todos los organismos seccionales del país, sin excepción. Un hecho a tomar en cuenta es que en los municipios pequeños existen los mayores casos de irregularidades. Para citar dos ejemplos, los municipios de Muisne, en Esmeraldas, y Buena Fe, en Los Ríos.

Quizá eso se explica, porque en los municipios grandes hay una infraestructura de funcionamiento adecuada, entonces, no solo que hay mejor manejo de recursos, sino que se cuenta con información y se pueden realizar acciones de control que significan un permanente asesoramiento.

Sobre el presunto peculado que sectores políticos señalaban contra el ex Presidente en la campaña electoral del 2004, ¿qué resultados hubo?

El equipo de auditores que conformé llegó un poco tarde, llegó cuando prácticamente había concluido la campaña, lo cual dificultó obtener una información oportuna de los desplazamientos del Presidente por diferentes provincias. El Presidente gastó en sus desplazamientos durante la campaña aproximadamente 1 700 000 dólares. Pero fue muy difícil establecer si sus actuaciones se realizaron utilizando fondos públicos.

El informe del equipo de auditores estableció que el ex Presidente había infringido la Ley del Gasto Electoral, que prevé sanciones con la destitución del funcionario. La Contraloría envió sendas comunicaciones al Tribunal Supremo Electoral y al Congreso, señalando que el ex Presidente infringió el artículo 20 de esa Ley, y pidió al organismo electoral que juzgue la conducta del ex Presidente, pero no se hizo nada.

Entonces, ¿no se hubo peculado del Presidente?

No se estableció este delito porque, peculado es utilizar fondos del Estado para beneficio personal.

¿Las empresas privadas que administran bienes públicos han sido auditadas?

En un comienzo hubo mucha resistencia de todo lado, impedimento al más alto nivel de realizar acciones de control en esas empresas. Lo penoso es que esa oposición vino del sector que más bien debió apoyar en forma abierta esa atribución de la Contraloría. Y tuve que luchar contra esa autoridad (que no quiso señalar) permanentemente.

¿Esa oposición también se dio en el ámbito de los gobiernos seccionales que crearon fundaciones?

Absolutamente en todos los sectores hubo oposición sistemática, pero cuando se dieron cuenta del alcance de la Ley se sometieron a los exámenes de Contraloría.

Estamos interviniendo en fundaciones y otras entidades de derecho privado donde nunca hubo la presencia del organismo de control. En corto plazo vamos a tener conclusiones concretas.

¿Qué acciones realiza la Contraloría a la administración de Lucio Gutiérrez?

Tras el cambio de Gobierno dimos prioridad a las acciones de control en las áreas del Gobierno central, como el Ministerio de Bienestar Social, y ya tenemos algunos resultados. Del Programa Aliméntate Ecuador se utilizaron 10 000 raciones seguramente con fines políticos. Estas investigaciones las trasladaremos al Ministerio Público.

¿Usted designó a los delegados de Contraloría?

Los directores nacionales y regionales vienen actuando desde la administración anterior. Han intentado ubicar a personas para diferentes cargos, directivos, operativos o administrativos, pero no permití la injerencia política.

“No he permitido la injerencia política ni las recomendaciones. La Contraloría es un organismo técnico, aquí no se pueden improvisar a funcionarios”. FRASE

Un cargo con amplios poderes

La Constitución y la Ley otorgan al Contralor amplias facultades para controlar el buen uso de los recursos públicos y fiscalizar a los responsables de su manejo.

El Contralor supervisa, vigila y custodia el adecuado uso, inversión y administración de los fondos públicos.

La nueva Ley Orgánica de la Contraloría establece, además, que esa autoridad fiscaliza a la administración pública. Esto, según el ex diputado Gabriel Ruiz (ID), uno de los gestores de la aprobación de ese cuerpo legal, significa que está facultado para determinar responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal de aquellos funcionarios que, por sus acciones u omisiones, hayan perjudicado al interés público.

Por todo esto, el Contralor es el juez de cuentas del manejo de recursos públicos.

Incluso, dice Ruiz, la Ley ha ampliado la labor de la Contraloría a la realización de actividades de control exigibles por el mundo contemporáneo, como las auditorías medioambientales.

“El poder del Contralor es amplio y lo convierte en uno de los detentadores más grandes del poder del Estado, mediante la fiscalización y el control que ejerce sobre la administración pública”.

El Congreso tras un nuevo intento por integrar la terna

El Congreso intentará, una vez más, esta semana, la elección de la terna para la designación del Contralor. Ese mandato constitucional le ha resultado esquivo desde febrero del 2003. Desde entonces, actúa como contralor subrogante Genaro Peña, luego de que Alfredo Corral concluyó sus funciones de titular del organismo de control.

El titular de la Legislatura, Wilfrido Lucero, fijó para mañana, en sesión extraordinaria vespertina, la designación de los tres candidatos que deben definir los diputados, con base en los 48 nombres que presentaron diferentes sectores del país. Además, de entre los postulantes que presentarán algunas bancadas, como el MPD, que postulará a Rómulo Salazar, Franklin Cabascango y Francisco Ulloa.

Sin embargo, el alto número de aspirantes no garantiza que las bancadas pudieran ponerse de acuerdo en una terna, pues se requieren por lo menos 67 votos para la elección.

Precisamente, este factor ha incidido para que el Legislativo fracase en los intentos anteriores. En el actual Congreso a lo sumo se han armado mayorías coyunturales de 51 diputados, por lo cual el requisito de que la terna sea nominada con 67 votos parece un escollo insalvable.

No obstante, el giro que dio en los últimos días la bancada socialcristiana, conformada por 24 legisladores, de votar a favor de una terna que propongan otros sectores legislativos, siempre que sea de su confianza, alienta la posibilidad de que finalmente el Parlamento cumpla con lo que dispone la Constitución. Esto es que el Legislativo integre la terna para Contralor, de la cual el Presidente de la República designará al juez de cuentas de los recursos públicos.

Aparte del número de votos, la importancia del Contralor en el control y fiscalización de los recursos públicos (ver recuadro) al parecer es otro de los hechos que dificulta al Congreso la selección de los candidatos.

En los pasillos legislativos se comenta que a determinados partidos no le conviene que se elija a ese funcionario, porque están conformes con la actuación del contralor subrogante, Genaro Peña. También que algunas agrupaciones condicionan que el juez de cuentas sea de su confianza.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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