Ecuador, Venezuela y Colombia son los principales focos de preocupación sobre el respeto a la libertad y pluralidad informativa para el Colegio Latinoamericano de Periodistas (Colaper), que hoy inauguró en Santiago de Chile la segunda Cumbre Latinoamericana de Periodistas.

Unos 430 comunicadores de 23 países se han acreditado para participar en la cita, que se desarrollará hasta este viernes en la antigua sede del Congreso chileno, en Santiago, con el patrocinio de Reporteros sin Fronteras (RSF), la Universidad de Chile, el Senado y el Colegio de Periodistas de Chile.

"El contexto de Latinoamérica hoy obliga a pensar los alcances de un periodismo como servicio público (...) que verifique las acciones del Gobierno, denuncie la corrupción y el abuso de poder, que no por ser de corte popular está exento de autoritarismo", advirtió en la apertura del encuentro el colombiano Jorge Luis Utria.

Utria, secretario general de Colaper, criticó entre otras la Ley de Comunicación de Ecuador, que a su juicio incluye "novedades absurdas" como la figura del linchamiento mediático y la creación de un Consejo de Regulación de medios.

La figura del "linchamiento mediático" persigue la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar a personas físicas o jurídicas, mientras que el Consejo tendrá la facultad de intervenir en asuntos como el acceso a la información, contenidos y franjas horarias.

Según Utria, la nueva normativa, que entró en vigor el pasado 25 de junio, "desconoce los estándares mínimos que garantizan la libertad de prensa".

RSF cuestionó dos aspectos de esa ley: que incluya el linchamiento mediático y que no haya eliminado la penalización de las injurias y calumnias, según explicó a Efe Fabiola León, representante de esa organización en Colombia.

"Consideramos que esos delitos deben sancionarse por el código civil, no por el penal", matizó.

"Además, falta ver si la ley realmente logra la distribución de frecuencias de radio y televisión", advirtió León, quien cree que "no hay ningún país en América Latina que sea ejemplo de leyes antimonopólicas de los medios".

Según recordó, Argentina cuenta con una Ley de Medios Audiovisuales orientada en ese sentido. "Hay que cuidar que (el espectro) no se convierta en un monopolio público, que es parte de lo que pasa en Venezuela", apuntó.

La normativa argentina, impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso en 2009, pero cuya aplicación está paralizada parcialmente por la Justicia, ha sido criticada por el grupo Clarín, que la considera un traje a la medida para desmantelar ese conglomerado.

La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

En el caso de Venezuela, Fabiola León recordó que RSF acusó al Gobierno de "ensañarse" con el canal privado Globovisión, antes crítico con el oficialismo, al que sancionó con una multa millonaria en 2011 y que cambió de manos en mayo.

"De ahí para acá, lo que hay es autocensura, que no se puede cuantificar fácilmente", señaló la representante de RSF, que aseguró: "En Venezuela es muy complicado que nos reciban. O en Cuba. No nos quieren".

"Hay que darle otro trato al periodista venezolano, porque se le está desplazando, se le está amenazando, solo por un pecado mortal para ellos, que es decir la verdad", indicó por su parte a Efe el presidente de Colaper, el boliviano Juan Delgado.

En tanto, RSF ve en Colombia dificultades para garantizar la viabilidad económica de las frecuencias de radio y televisión comunitarias, lo que redunda en una menor cantidad y diversidad de medios, con solo dos canales privados de televisión en señal abierta y dos periódicos de alcance nacional.

Además, Colaper advierte que en ese país "en ocasiones los grupos violentos y los enemigos de la democracia se han unido para obstaculizar la formación de opinión pública", según palabras de Utria.

El Colegio Latinoamericano de Periodistas es una entidad creada hace diez años, con sedes en La Paz y en Bogotá y que agrupa a 17.000 periodistas, tanto a título individual como a través de sindicatos, federaciones o colegios nacionales.

Esta entidad gremial se declara independiente y, según Delgado, sus representantes solicitan colaboraciones o asumen los gastos para financiar sus actividades.

En las charlas de esta cumbre se hablará también sobre derechos humanos, ética periodística y periodismo de investigación. (EFE)

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