La huelga sigue hasta firmar un acuerdo
La militarización de la capital y el retiro de ministros del diálogo con los campesinos dan un resultado a medias al Presidente.
Centenares de militares recorren desde ayer Bogotá por orden del presidente Juan Manuel Santos.
La medida la dictó para garantizar la seguridad ciudadana comprometida por los disturbiosdel paro campesino en los que dos personas murieron, con lo que subió a siete la cifra de fallecidos en 12 días de huelga.
Con ese trágico saldo y cuantiosos daños materiales por la acción de vándalos se cerró la jornada de solidaridad de organizaciones sociales y sindicales con la huelga agropecuaria.
Para Jairo Libreros, experto en seguridad y profesor universitario, la militarización muestra que la política de seguridad ciudadana de Santos es un fracaso.
Él dice que el Presidente busca así nuevas funciones para el Ejército, en caso de que el diálogo de paz con las FARC llevara al fin del conflicto armado.
Pero, más allá de la apreciación de Libreros, la medida empezó a dar buenos resultados. Ayer, los campesinos anunciaron que levantarán el bloqueo de carreteras, aunque seguirán con su protesta hasta que lleguen a un acuerdo con el Gobierno.
El anuncio lo hicieron los negociadores tras una reunión de último momento después de que Santos ordenara la retirada de sus delegados de la negociación.
El comunicado, leído en Tunja, capital del departamento de Boyacá, el más afectado por las protestas, pide a los manifestantes mantener el paro pero ubicándose al borde de las vías para permitir el libre tránsito de todo tipo de vehículos.
Estos avances se consiguieron gracias a la mediación del gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados; del arzobispo de Tunja, Luis Augusto Castro; y del alcalde de la ciudad, Fernando Flórez.
Ellos, en un esfuerzo de última hora, pidieron a las partes que realicen una última reunión tras la orden de Santos de que sus delegados regresaran a Bogotá.
En una fuerte declaración desde la Casa de Nariño, Santos advirtió que la paciencia se agota y ordenó la retirada de los ministros por la falta de un acuerdo tras cuatro días de diálogos.
El mandatario lamentó que, pese a todo el esfuerzo y a las propuestas concretas, "la única respuesta ha sido la constante dilatación de un acuerdo. Porque no quieren acordar o, tal vez, porque no los dejan".
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que en las marchas de apoyo al paro hay infiltrados al servicio de intereses oscuros y de las FARC.
Los campesinos dijeron que no obedecen a ningún movimiento político. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, calificó el desbloqueo de las carreteras como un paso positivo y certero, que facilita la negociación y allana el camino para llegar a un acuerdo. Más tarde, Santos aplaudió el desbloqueo de vías y dijo que promoverá un pacto nacional por el sector agrario. (EFE)
El Estado tiene deuda histórica con el campo
El incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno con el campesinado de Colombia ha sido una constante histórica.
Son parte de ese pasivo la falta de representación política y la alta tasa de víctimas del campo durante los 50 años de conflicto con la guerrilla de las FARC.
Así lo hace notar el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en un estudio que fue divulgado ayer.
Según el documento, el Estado colombiano ha fracasado en asegurar un satisfactorio reconocimiento político del campesinado y no ha logrado trascender el poder de influencia de agentes políticos resistentes a los cambios estructurales propios de las clases terratenientes regionales.
Sergio Coronado, coordinador del Centro de Investigación, señaló que el estudio muestra que 15,5% de las protestas realizadas en Colombia de 1988 a 2012 ha sido de campesinos, principalmente por la falta de tierras, la violación de los DDHH y los daños por el conflicto armado, como el desplazamiento forzado.
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