CARACAS. El presidente venezolano, Hugo Chávez, considera que la relación de su Gobierno y el de España ha "vuelto a su cauce" después de que Madrid precisara que se pidió "información" y no "explicaciones" sobre un auto relacionado con ETA.
En una intervención en la noche de ayer, Chávez calificó de "aceptable" la posición del Ejecutivo español tras las discrepancias surgidas en torno al caso abierto por un juez español sobre una supuesta "cooperación" del Gobierno venezolano en una presunta alianza de la banda terrorista ETA y las FARC colombianas.
"La respuesta ha sido aceptable. Han dicho que no pidieron explicaciones sino información", dijo el presidente venezolano, dos días después de haber afirmado no tener "nada" que explicar al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acerca del auto judicial en el que se plantea la supuesta colaboración.
"Las cosas han vuelto a su cauce", indicó Chávez, en una intervención durante un acto nocturno con simpatizantes celebrado en un barrio del oeste de Caracas.
Agregó que ello ha sido posible "gracias a la madurez" del presidente Rodríguez Zapatero, y de su ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
Como ya lo afirmó desde que estallaron las discrepancias en torno al auto del juez, Chávez reiteró que el caso fue promovido por las derechas española y europea, a las que calificó de "fascistas", a través de sus medios de comunicación y los puestos que ocupan en instituciones políticas y de justicia.
Dio aparentemente así por zanjada la polémica que surgió el lunes pasado cuando el juez Eloy Velasco procesó a seis presuntos miembros de ETA y a siete supuestos integrantes de las FARC por haber establecido supuestamente una alianza para atentar en España contra altos cargos de Colombia, como el presidente Álvaro Uribe.
En su auto, el magistrado considera que hay indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela en la presunta alianza.
El mismo día, el Gobierno venezolano rechazó en un comunicado los "señalamientos" del juez que calificó de "infames".
Dos días después, Chávez dijo que no tenía "nada" que explicarle al presidente del Gobierno español quien le había pedido explicaciones con respecto a la cuestión, y le indicó que le preguntara a su ministro de Exteriores.
El presidente venezolano afirmó que antes de que Zapatero dijese el lunes que pedía explicaciones al Gobierno de Venezuela, él ya había conversado con Moratinos, quien le indicó que la acusación del juez era un procedimiento judicial, independiente del Gobierno.
El jueves, el ministro español señaló que la intención de Zapatero fue pedir "información" más que explicaciones a Chávez y expresó su confianza en que colabore para que se puedan aclarar los indicios de esos presuntos vínculos.
Moratinos también dijo que cuando habló con Chávez y con su colega, Nicolás Maduro, ambos rechazaron cualquier connivencia con ETA.
A lo largo de la semana, tanto el presidente venezolano como su canciller rechazaron las insinuaciones del juez español, al igual que la Asamblea Nacional venezolana que aprobó el jueves un "pronunciamiento" en contra del auto que vincula al Gobierno de Chávez con la supuesta alianza de ETA y las FARC.
Al rechazar la denuncia del juez español, Chávez y otros miembros de su Gobierno subrayaron que el caso instruido por el juez Velasco se basa en la "farsa" de la computadora atribuida al dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, muerto en un ataque colombiano en territorio de Ecuador.
"Nada tenemos que ver con la banda terrorista ETA, ni hoy, ni nunca", dijo Maduro, al rechazar el planteamiento del juez que destaca en su auto que hay indicios de "cooperación" del Gobierno de Venezuela en la alianza ETA-FARC, debido a que uno de los procesados es Arturo Cubillas, un presunto etarra que llegó a Venezuela en 1989.
En su comunicado del pasado lunes, la Cancillería venezolana recordó que Cubillas llegó a Venezuela como parte de un acuerdo entre los Gobiernos de los entonces presidentes venezolano, Carlos Andrés Pérez, y español, Felipe González.
Cubillas, casado con una ciudadana venezolana que ha ocupado varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras.
En una rueda de prensa este viernes en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que aún no ha sido enviado a Venezuela el auto judicial del juez porque contiene cuestiones "que requieren del examen minucioso y preciso de la asesoría jurídica" del Ministerio de Exteriores de España. (EFE)
En una intervención en la noche de ayer, Chávez calificó de "aceptable" la posición del Ejecutivo español tras las discrepancias surgidas en torno al caso abierto por un juez español sobre una supuesta "cooperación" del Gobierno venezolano en una presunta alianza de la banda terrorista ETA y las FARC colombianas.
"La respuesta ha sido aceptable. Han dicho que no pidieron explicaciones sino información", dijo el presidente venezolano, dos días después de haber afirmado no tener "nada" que explicar al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acerca del auto judicial en el que se plantea la supuesta colaboración.
"Las cosas han vuelto a su cauce", indicó Chávez, en una intervención durante un acto nocturno con simpatizantes celebrado en un barrio del oeste de Caracas.
Agregó que ello ha sido posible "gracias a la madurez" del presidente Rodríguez Zapatero, y de su ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
Como ya lo afirmó desde que estallaron las discrepancias en torno al auto del juez, Chávez reiteró que el caso fue promovido por las derechas española y europea, a las que calificó de "fascistas", a través de sus medios de comunicación y los puestos que ocupan en instituciones políticas y de justicia.
Dio aparentemente así por zanjada la polémica que surgió el lunes pasado cuando el juez Eloy Velasco procesó a seis presuntos miembros de ETA y a siete supuestos integrantes de las FARC por haber establecido supuestamente una alianza para atentar en España contra altos cargos de Colombia, como el presidente Álvaro Uribe.
En su auto, el magistrado considera que hay indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela en la presunta alianza.
El mismo día, el Gobierno venezolano rechazó en un comunicado los "señalamientos" del juez que calificó de "infames".
Dos días después, Chávez dijo que no tenía "nada" que explicarle al presidente del Gobierno español quien le había pedido explicaciones con respecto a la cuestión, y le indicó que le preguntara a su ministro de Exteriores.
El presidente venezolano afirmó que antes de que Zapatero dijese el lunes que pedía explicaciones al Gobierno de Venezuela, él ya había conversado con Moratinos, quien le indicó que la acusación del juez era un procedimiento judicial, independiente del Gobierno.
El jueves, el ministro español señaló que la intención de Zapatero fue pedir "información" más que explicaciones a Chávez y expresó su confianza en que colabore para que se puedan aclarar los indicios de esos presuntos vínculos.
Moratinos también dijo que cuando habló con Chávez y con su colega, Nicolás Maduro, ambos rechazaron cualquier connivencia con ETA.
A lo largo de la semana, tanto el presidente venezolano como su canciller rechazaron las insinuaciones del juez español, al igual que la Asamblea Nacional venezolana que aprobó el jueves un "pronunciamiento" en contra del auto que vincula al Gobierno de Chávez con la supuesta alianza de ETA y las FARC.
Al rechazar la denuncia del juez español, Chávez y otros miembros de su Gobierno subrayaron que el caso instruido por el juez Velasco se basa en la "farsa" de la computadora atribuida al dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, muerto en un ataque colombiano en territorio de Ecuador.
"Nada tenemos que ver con la banda terrorista ETA, ni hoy, ni nunca", dijo Maduro, al rechazar el planteamiento del juez que destaca en su auto que hay indicios de "cooperación" del Gobierno de Venezuela en la alianza ETA-FARC, debido a que uno de los procesados es Arturo Cubillas, un presunto etarra que llegó a Venezuela en 1989.
En su comunicado del pasado lunes, la Cancillería venezolana recordó que Cubillas llegó a Venezuela como parte de un acuerdo entre los Gobiernos de los entonces presidentes venezolano, Carlos Andrés Pérez, y español, Felipe González.
Cubillas, casado con una ciudadana venezolana que ha ocupado varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras.
En una rueda de prensa este viernes en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que aún no ha sido enviado a Venezuela el auto judicial del juez porque contiene cuestiones "que requieren del examen minucioso y preciso de la asesoría jurídica" del Ministerio de Exteriores de España. (EFE)
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