Quito. 4 oct 97. La urgencia por elegir una Corte Suprema
llevó al Congreso a cometer una inconstitucionalidad que ayer
la denunció Alberto Wray, presidente de la comisión que
calificó a los candidatos a magistrados.
El Parlamento quiso una mayoría indiscutible para elegir en
plancha a 28 jueces, y allí introdujo dos nombres demás de su
lado, restando al número de jueces escogidos de las propuestas
de las comisiones nominadoras.
Dos fueron las listas que presentó la Comisión Calificadora
presidida por Alberto Wray: una a partir de los nombres
propuestos por las comisiones nominadoras originadas en
distintos sectores sociales; y otra a partir de los candidatos
del Congreso, denominados "de la sociedad civil". En total 24
jueces debían salir de la primera y siete de la segunda, pero
los diputados eliminaron dos de la primera y aumentaron a
nueve sus nominados. "Si no se rectifica, ahí sí, pienso que
esta Corte va a durar hasta que se reúna la Asamblea Nacional"
vaticinó Wray, quien dijo no cuestionar a las personas
elegidas sino al procedimiento.
Para el presidente del Congreso, Heinz Moeller, existe una
segunda reforma constitucional que autorizaba este tipo de
elección, ya que dos entidades nominadoras no presentaron
candidaturas y se tomaron sus cupos.
DESPOLITIZACION APENAS COMIENZA
En dos jornadas, el Congreso escogió a los jueces de la Corte
Suprema. Una operación de urgencia, rápida, precedida de un
diagnóstico, urgente también, realizado por una comisión
calificadora sobre cuya transparencia casi no caben dudas.
Todo esto para "despolitizar" a la justicia.
Al final, la clase política intentó un angustioso consenso
para asegurarse influencias entre los nuevos jueces. Y la
Corte salió, con menores evidencias de ser fruto de una
componenda política; pero tampoco libre de toda culpa
original. Por ello, uno de los jueces electos se vio forzado a
aclarar que antepondría la independencia de la justicia a su
pasado político. Advertencia verdaderamente innecesaria.
¿Ha concluido la despolitización de la justicia?
A último momento, incluso León Febres Cordero acabó
expresándose a favor del proceso de despolitización. El,
cuando en días pasados, su partido había negado toda
politización. ¿Reconocimiento de culpa? Pienso más bien que
Febres Cordero se pronunciaba así, para satisfacer a la
opinión pública, mientras el bloque socialcristiano se
aseguraba de una influencia en, por lo menos, las dos terceras
partes de los jueces.
Pero el lunes, cuando los jueces se posesionen, se encontrarán
con los familiares de Damián Tamayo plantados frente a la
Corte, protestando por la decidia de un juez que tiene preso a
un presunto inocente.
Y recién entonces, comenzará el reto de la despolitización.
Porque lo ocurrido hasta hoy, ha transcurrido demasiado fácil
para ser profundamente cierto. Con ese gesto final de una
clase política acomodando una Corte en medio de los disgustos
que le ha provocado la comisión calificadora, los diputados
han banalizado el proceso inicial de la despolitización; y la
sociedad tendrá que exigir nuevas demostraciones de
reconstitución de la justicia.
¿Cómo?
El primer problema lo ha dejado planteado la propia comisión
calificadora.
Si se pronunció por 116 impugnaciones, quiere decir que entre
los sabios practicantes de la legalidad, entre los abogados,
existe un buen número que no debería estar ejerciendo la
profesión, porque lo hace bajo sospecha. Y, según
declaraciones del presidente de la Comisión Calificadora,
Alberto Wray, curiosamente, en el país son contados -con los
dedos de una mano- los juristas a los que se les ha retirado
el permiso para ejercer su profesión.
Sin embargo, Wray desestima la trascendencia de todas las
impugnaciones.
"Si usted examina la lista, son pocos los impugnados,pero en
segundo lugar, la opinión pública debe tomar en cuenta que la
tarea de juez no es fácil, porque en cada decisión que toma
hay una parte inconforme, y muchas veces ese descontento
acarrea resentimientos y estos llevan a que la gente presente
este tipo de impugnaciones.
"Puedo decir con convicción que menos de un 5 por ciento de
las impugnaciones totales, pudieron considerarse como faltas
graves y el 95 por ciento eran simplemente expresiones de
disconformidad" afirma.
LA INEQUIDAD DE LA JUSTICIA
Otro factor a considerar es la desmemoria que rodea a los
actos legislativos. No nos extrañe que la Corte vitalicia sea
cuestionada por la Asamblea Constituyente. y dure apenas unas
semanas.
Finalmente, hay un fondo de inequidad que afecta a la
justicia, del mismo modo como vuelve tendencioso el ejercicio
del poder, y aparente la libre competencia entre los talentos
y los recursos.
Para el ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto
López, la despolitización no es evitar que los jueces tengan
afinidades políticas, "es un cambio en la estructura de la
Función Judicial, más allá de la honestidad de las personas.
Un cambio que les permita a los jueces dedicarse a tramitar
juicios. Los cobros comienzan por parte de subalternos, porque
los juzgados están recargados de trabajo y un juicio solo
concluye cuando hay de por medio dinero" dice López.
Agrega que la Función Judicial ha perdido la ocasión de ser
colegisladora, jamás lo ha hecho. Además debe modernizarse,
es la mejor pagada dentro del Estado; pero no cuenta con
equipos modernos.
Para López no se puede hablar de una despolitización con
centenares de juicios relegados por asuntos politicos - los de
narcotráfico por ejemplo-.
Hay que resolverlos antes de pensar que se ha despolitizado a
la Función.
SI EL CONGRESO NO RECTIFICA
Alberto Wray, el presidente de la comisión que calificó a los
candidatos a jueces, se imaginó que, al fin, este viernes
descansaría. Pero los "arreglitos" de última hora entre los
diputados le agriaron la mañana.
"Hay un hecho bien grave -denuncia Alberto Wray. El congreso
eligió, ayer, nueve magistrados de entre los candidatos
presentados por la sociedad civil, y solamente 22 de los
escogidos por los colegios nominadores, cuando la disposición
legal le obligaba a elegir 7 y 24 respectivamente".
Y para que el lector no se confunda, aquel eufemismo de
"sociedad civil" quiere decir la cuota del Congreso.
NO SE TRATA DE LAS PERSONAS
Wray agrega que esto significa que procedió
inconstituciionalmente "No cuestiono a las personas que fueron
designadas sino los procedimientos, enfatizó Wray. "Allí hay
dos que tienen que salir de entre los nueve y éste es un error
que tiene que ser rectificado antes de la posesión de los
jueces, porque si comienzan a actuar, ahí sí, yo no le doy más
tiempo de vida que hasta la Asamblea Nacional." Pero agregó
que este error no invalida el nombramiento de los 22
magistrados tomados de las propuestas de los consejos
nominadores.
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Para Wray, el proceso de despolitización de la Corte Suprema
significa asumir una serie de medidas de carácter más general
y permanente: en primer lugar la conformación del Consejo
Nacional de la Judicatura, para cumplir dos propositos, poner
en práctica la carrera judicial mediante mecanismos de
evaluacion permanentes de lo que los jueces hacen, y para
llevar el manejo administrativo de la función Judicial, de
modo que el tribunal de justicia en pleno se ocupe de temas
jurídicos de importancia, como la unificación de la
jurisprudencia y la definición de criterios claros para todo
lo que está este momento confuso.
RATIFICARAN LO HECHO LOS DIPUTADOS
La posesión de los 31 nuevos jueces está anunciada para la
mañana del lunes.
¿Desestimarán los legisladores las inconstitucionalidades
señaladas por Alberto Wray? ¿Cumplirán con la posesión sin
rectificar absolutamente nada?
La irregularidad cometida tiene que ver con los afanes
legislativos por amarrar mayorías absolutas. Para el efecto,
tuvieron que ceder frente a algún bloque que condicionó su
voto a la inclusión de dos nombres a última hora.Sin embargo,
Heinz Moeller ratifica lo actuado.
Estos afanes protagonizados por el socialcristiasnismo, de
alcanzar curiosos consensos, han caracterizado los actos de la
legislatura a lo largo de este periodo. La propia elección de
Fabián Alarcón estuvo acompañada de un enorme y utópico pliego
de peticiones, necesario para llegar a consensos y que el país
y el propio Alarcón lo han olvidado.
Y Wray es claro en su profesía: si no rectifican los
diputados, podría hacerlo la Asamblea Nacional. (DIARIO HOY)
(P. 3-A)
llevó al Congreso a cometer una inconstitucionalidad que ayer
la denunció Alberto Wray, presidente de la comisión que
calificó a los candidatos a magistrados.
El Parlamento quiso una mayoría indiscutible para elegir en
plancha a 28 jueces, y allí introdujo dos nombres demás de su
lado, restando al número de jueces escogidos de las propuestas
de las comisiones nominadoras.
Dos fueron las listas que presentó la Comisión Calificadora
presidida por Alberto Wray: una a partir de los nombres
propuestos por las comisiones nominadoras originadas en
distintos sectores sociales; y otra a partir de los candidatos
del Congreso, denominados "de la sociedad civil". En total 24
jueces debían salir de la primera y siete de la segunda, pero
los diputados eliminaron dos de la primera y aumentaron a
nueve sus nominados. "Si no se rectifica, ahí sí, pienso que
esta Corte va a durar hasta que se reúna la Asamblea Nacional"
vaticinó Wray, quien dijo no cuestionar a las personas
elegidas sino al procedimiento.
Para el presidente del Congreso, Heinz Moeller, existe una
segunda reforma constitucional que autorizaba este tipo de
elección, ya que dos entidades nominadoras no presentaron
candidaturas y se tomaron sus cupos.
DESPOLITIZACION APENAS COMIENZA
En dos jornadas, el Congreso escogió a los jueces de la Corte
Suprema. Una operación de urgencia, rápida, precedida de un
diagnóstico, urgente también, realizado por una comisión
calificadora sobre cuya transparencia casi no caben dudas.
Todo esto para "despolitizar" a la justicia.
Al final, la clase política intentó un angustioso consenso
para asegurarse influencias entre los nuevos jueces. Y la
Corte salió, con menores evidencias de ser fruto de una
componenda política; pero tampoco libre de toda culpa
original. Por ello, uno de los jueces electos se vio forzado a
aclarar que antepondría la independencia de la justicia a su
pasado político. Advertencia verdaderamente innecesaria.
¿Ha concluido la despolitización de la justicia?
A último momento, incluso León Febres Cordero acabó
expresándose a favor del proceso de despolitización. El,
cuando en días pasados, su partido había negado toda
politización. ¿Reconocimiento de culpa? Pienso más bien que
Febres Cordero se pronunciaba así, para satisfacer a la
opinión pública, mientras el bloque socialcristiano se
aseguraba de una influencia en, por lo menos, las dos terceras
partes de los jueces.
Pero el lunes, cuando los jueces se posesionen, se encontrarán
con los familiares de Damián Tamayo plantados frente a la
Corte, protestando por la decidia de un juez que tiene preso a
un presunto inocente.
Y recién entonces, comenzará el reto de la despolitización.
Porque lo ocurrido hasta hoy, ha transcurrido demasiado fácil
para ser profundamente cierto. Con ese gesto final de una
clase política acomodando una Corte en medio de los disgustos
que le ha provocado la comisión calificadora, los diputados
han banalizado el proceso inicial de la despolitización; y la
sociedad tendrá que exigir nuevas demostraciones de
reconstitución de la justicia.
¿Cómo?
El primer problema lo ha dejado planteado la propia comisión
calificadora.
Si se pronunció por 116 impugnaciones, quiere decir que entre
los sabios practicantes de la legalidad, entre los abogados,
existe un buen número que no debería estar ejerciendo la
profesión, porque lo hace bajo sospecha. Y, según
declaraciones del presidente de la Comisión Calificadora,
Alberto Wray, curiosamente, en el país son contados -con los
dedos de una mano- los juristas a los que se les ha retirado
el permiso para ejercer su profesión.
Sin embargo, Wray desestima la trascendencia de todas las
impugnaciones.
"Si usted examina la lista, son pocos los impugnados,pero en
segundo lugar, la opinión pública debe tomar en cuenta que la
tarea de juez no es fácil, porque en cada decisión que toma
hay una parte inconforme, y muchas veces ese descontento
acarrea resentimientos y estos llevan a que la gente presente
este tipo de impugnaciones.
"Puedo decir con convicción que menos de un 5 por ciento de
las impugnaciones totales, pudieron considerarse como faltas
graves y el 95 por ciento eran simplemente expresiones de
disconformidad" afirma.
LA INEQUIDAD DE LA JUSTICIA
Otro factor a considerar es la desmemoria que rodea a los
actos legislativos. No nos extrañe que la Corte vitalicia sea
cuestionada por la Asamblea Constituyente. y dure apenas unas
semanas.
Finalmente, hay un fondo de inequidad que afecta a la
justicia, del mismo modo como vuelve tendencioso el ejercicio
del poder, y aparente la libre competencia entre los talentos
y los recursos.
Para el ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto
López, la despolitización no es evitar que los jueces tengan
afinidades políticas, "es un cambio en la estructura de la
Función Judicial, más allá de la honestidad de las personas.
Un cambio que les permita a los jueces dedicarse a tramitar
juicios. Los cobros comienzan por parte de subalternos, porque
los juzgados están recargados de trabajo y un juicio solo
concluye cuando hay de por medio dinero" dice López.
Agrega que la Función Judicial ha perdido la ocasión de ser
colegisladora, jamás lo ha hecho. Además debe modernizarse,
es la mejor pagada dentro del Estado; pero no cuenta con
equipos modernos.
Para López no se puede hablar de una despolitización con
centenares de juicios relegados por asuntos politicos - los de
narcotráfico por ejemplo-.
Hay que resolverlos antes de pensar que se ha despolitizado a
la Función.
SI EL CONGRESO NO RECTIFICA
Alberto Wray, el presidente de la comisión que calificó a los
candidatos a jueces, se imaginó que, al fin, este viernes
descansaría. Pero los "arreglitos" de última hora entre los
diputados le agriaron la mañana.
"Hay un hecho bien grave -denuncia Alberto Wray. El congreso
eligió, ayer, nueve magistrados de entre los candidatos
presentados por la sociedad civil, y solamente 22 de los
escogidos por los colegios nominadores, cuando la disposición
legal le obligaba a elegir 7 y 24 respectivamente".
Y para que el lector no se confunda, aquel eufemismo de
"sociedad civil" quiere decir la cuota del Congreso.
NO SE TRATA DE LAS PERSONAS
Wray agrega que esto significa que procedió
inconstituciionalmente "No cuestiono a las personas que fueron
designadas sino los procedimientos, enfatizó Wray. "Allí hay
dos que tienen que salir de entre los nueve y éste es un error
que tiene que ser rectificado antes de la posesión de los
jueces, porque si comienzan a actuar, ahí sí, yo no le doy más
tiempo de vida que hasta la Asamblea Nacional." Pero agregó
que este error no invalida el nombramiento de los 22
magistrados tomados de las propuestas de los consejos
nominadores.
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Para Wray, el proceso de despolitización de la Corte Suprema
significa asumir una serie de medidas de carácter más general
y permanente: en primer lugar la conformación del Consejo
Nacional de la Judicatura, para cumplir dos propositos, poner
en práctica la carrera judicial mediante mecanismos de
evaluacion permanentes de lo que los jueces hacen, y para
llevar el manejo administrativo de la función Judicial, de
modo que el tribunal de justicia en pleno se ocupe de temas
jurídicos de importancia, como la unificación de la
jurisprudencia y la definición de criterios claros para todo
lo que está este momento confuso.
RATIFICARAN LO HECHO LOS DIPUTADOS
La posesión de los 31 nuevos jueces está anunciada para la
mañana del lunes.
¿Desestimarán los legisladores las inconstitucionalidades
señaladas por Alberto Wray? ¿Cumplirán con la posesión sin
rectificar absolutamente nada?
La irregularidad cometida tiene que ver con los afanes
legislativos por amarrar mayorías absolutas. Para el efecto,
tuvieron que ceder frente a algún bloque que condicionó su
voto a la inclusión de dos nombres a última hora.Sin embargo,
Heinz Moeller ratifica lo actuado.
Estos afanes protagonizados por el socialcristiasnismo, de
alcanzar curiosos consensos, han caracterizado los actos de la
legislatura a lo largo de este periodo. La propia elección de
Fabián Alarcón estuvo acompañada de un enorme y utópico pliego
de peticiones, necesario para llegar a consensos y que el país
y el propio Alarcón lo han olvidado.
Y Wray es claro en su profesía: si no rectifican los
diputados, podría hacerlo la Asamblea Nacional. (DIARIO HOY)
(P. 3-A)
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