La voz de alerta se dio hace meses. Era un movimiento insólito: en una sola notaría de Quito se otorgaron, de noviembre de 2004 a febrero de 2005, las escrituras públicas de 1.400 compañías, cuando el promedio anual oscila en las 400. Al parecer, en otra notaría se hicieron 1.100 más. No se las quería vender, una práctica común aunque no transparente, porque nunca llegaron a la Superintendencia de Compañías. La hipótesis inicial sobre el objetivo de esta transacción masiva entonces se reforzó: eran para sustentar la emisión de visas de supuestos inversionistas chinos, para lo que se necesita tan sólo la notarización de una compañía refrendada por un juez e inscrita en el registro mercantil. Al jalar de ese hilo se desenredó una maraña que deja en evidencia un tráfico de visas a ciudadanos chinos en el que están involucrados los tres organismos responsables de la migración: el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Extranjería (DGE) y la Dirección de Migración, y en el que están miembros de la familia del ex presidente Lucio Gutiérrez. Las cifras hablan por sí solas. En 2000 hubo 906 ingresos de ciudadanos chinos y 809 salidas, se quedaron 97. Tres años después la cifra de entrada estaba ya en 4.306 y la de salida en 3.398, se quedaron 908. Es decir casi 10 veces más. Aunque antes de la llegada de Lucio Gutiérrez a la Presidencia ya había sospechas de ciertas irregularidades en la concesión de visas, tanto en la Cancillería como en la DGE, cuando este Gobierno se asentó
en el poder las cifras se multiplicaron. Todo apunta a la existencia de una red ilegal con anuencia al más alto nivel.

¿Cómo funcionaba?

Entre 2001 y 2002 comenzó este incremento migratorio, periodo que coincide con la dolarización del país. Es entonces que el Ecuador se convierte en un destino interesante para los chinos. Las reglas relativamente laxas para obtener una visa permitían que vinieran y con negocios pequeños pudiesen acumular y enviar dólares. Algunos especialistas en visas encontraron este nicho y, según una ex funcionaria que estuvo en China, había presiones de diputados y otros políticos para concederlas. Así el número de entradas pasó de 821 en 2001 a 2.967 en 2002. En este periodo el trámite se centraba en las visas 10-II, de inversionista-rentista, que se obtenía con un capital de apenas 1.400 dólares. Ésta se puede tramitar desde el Ecuador a través de la DGE, o en el Consulado en Beijing, por pedido de la DGE. Así, el consulado de Beijing emitió en enero de 2004, 32 visas 10-II, 40 en febrero, y en marzo, cinco. Pero a partir de mayo eso cambió, mes a mes se emitieron menos visas de esta categoría, y desde noviembre de 2004, ninguna. En cambio, las visas de turistas (12-X) crecieron como la espuma. Mientras entre enero y marzo de 2004 se otorgaron en promedio 14 visas 12-X, y en mayo se mantuvo en 13, en junio ya crecieron a 57, en julio 40, en agosto 24, en septiembre 39, en octubre 52, en noviembre 50, y llegaron a su tope con 74 visas en diciembre. Los dos primeros meses de 2005 la a. uencia fue de 68 y 27. Ese cambio tan drástico coincide con la llegada del capitán Alex Guzmán al Consulado de Beijing. Él era parte de la cuota política en Cancillería y compañero de estudios del diputado Gilmar Gutiérrez. No sólo en Beijing se disparó la emisión de visas de turistas para ciudadanos chinos. Desde inicios de 2003 hasta los primeros meses de 2005, Lima concedió 561 visas, casi todas 12-X; Tumbes 155, Panamá 63, y Buenos Aires 40. En el resto de consulados el promedio era de 10 al año... En los cuatro había cónsules de la cuota política, cercanos al régimen de Gutiérrez. Así Susana Gutiérrez Borbúa, hermana del ex Presidente, estaba a cargo en Buenos Aires. La ex cónsul no tuvo empacho en conceder estas visas a pesar de que en la mayoría de solicitudes la dirección en Guayaquil era la misma, de que los certi. Cados de solvencia eran insu. cientes y respaldó sus autorizaciones en una inexistente dependencia de la Cancillería. Otro consulado que se sale de la media es el de San José, en el que estuvo por un corto periodo el cuñado de Napoleón Villa, Efrén Cárdenas. En 2004 emitió 25 visas. Ante esta avalancha -señalada por Vistazo en agosto de 2004- y por denuncias de particulares, a partir del 30 de marzo de 2005 se estableció la autorización previa de la Cancillería para el otorgamiento de visas de no inmigrante para los ciudadanos de China Popular y de otros 17 países (árabes y de extremo Oriente). Hasta ese momento, el ex canciller Patricio Zuquilanda no tomó ninguna medida. La subsecretaria de Asuntos Migratorios, Ximena Martínez, pone énfasis en la apertura que tiene en la actualidad la
Cancillería para que se investigue el caso, "Toda la documentación se ha puesto en manos de los organismos de control. Y es que definitivamente el número de visas otorgadas a ciudadanos chinos es mayor al de periodos anteriores". ¿Por qué de pronto tantos turistas chinos comenzaron a llegar al Ecuador? Al parecer el cambio se dio por el sistema que se instauró con las nuevas autoridades. Esto formó una compleja red en el país que permitía el ingreso de ciudadanos chinos con una simple visa de turista para luego transformarla en visa de residente. Los consulados fueron tan sólo el primer paso. ¿Cómo se hacían las gestiones? Dos ciudadanos chinos que trajeron parientes explicaron el sistema: existía un contacto en su comunidad al que pagaron una primera cuota de 500 dólares. Con esto se incluía el nombre del aspirante en una lista que era enviada al consulado en Beijing. Sólo las personas que estaban en esa lista podían acceder al Cónsul. Su contacto les hizo saber cuando la visa estuvo lista, entonces depositaron 3.500 dólares adicionales en una cuenta bancaria en Quito. Los dos ciudadanos, residentes en el Ecuador, no quieren dar los nombres de las personas a las que tuvieron que pagar, porque aseguran que es muy peligroso para ellos. El cálculo es fácil, si por cada visa de turista otorgada en estos consulados se pagaron 4.000 dólares, en dos años el ingreso fue de alrededor de ocho millones de dólares.
Quienes obtenían esas visas llegaban al país en grupos de 10 ó 12, y eran recibidos por un chino, quien los dejaba en un importante hotel de la Capital, para seguir con el siguiente paso: la visa de residente.

Tráfico complejo

Hasta el año 2001, la calidad migratoria no se podía cambiar, es decir quien venía con una visa de no inmigrante no podía cambiarla en el país por una de residente, pero eso se reformó con la Ley Trole. Desde entonces hay una gran discrecionalidad para las autoridades de migración. Eso facilitó la segunda etapa de este tráfico, ligada a la DGE, y además explica el porqué se emitían más visas de turistas en los consulados que luego se cambiaban con facilidad por las de residente. Muchos de estos ciudadanos, con el contacto preestablecido para la 12-X, comenzaban el proceso para su visa de residente incluso antes de entrar al Ecuador por primera vez. Para la visa 9-II (inversionista en pólizas), antes 10-II, se debe demostrar una inversión en bienes raíces, pólizas o certificados. Hasta enero de 2005, la inversión era de 1.400 dólares y ahora es de 25 mil, por lo que esta visa perdió popularidad. Y en cambio creció la de la 9-III, para la que se necesita el contrato constitutivo de una compañía inscrita en el registro mercantil (esto explicaría la notarización de tantas compañías), matrícula de comercio, Ruc y afiliación a una Cámara. Es decir, trámites engorrosos y que necesitan de una larga presencia en el país. Con estos papeles en regla y por la vía legal se obtiene una visa en 15 días laborables. Pero para tenerla en periodos muy cortos y con papeles falsos, los migrantes chinos pagaban una suma mayor que la desembolsada para la de turista, aunque sobre eso se niegan a hablar. En todo caso, en la DGE corría mucho dinero para su trámite rápido. Según algunos, se pagaba hasta 50 mil dólares para ser residente. Cuando el nuevo director de Extranjería, Fernando Gavilanes, se posesionó el dos de mayo pasado encontró un caos al interior de la institución: tramitadores con acceso a los archivos, un proceso manual, ausencia de reglamentos, entre otros. Ante las denuncias verbales constantes, la DGE con la Cancillería, la Contraloría y un veedor ciudadano comenzaron a trabajar en el tema de las visas chinas.
Los primeros resultados no se hicieron esperar, se constató la desaparición de alrededor de 687 expedientes, y lo que había en las carpetas era por decir lo menos, sospechoso. "Direcciones repetidas, números que no correspondían a negocios sino a la afirma de los abogados tramitadores, documentos falsificados de cámaras de la producción o del registro mercantil", explica Gavilanes, que cambió el 80 por ciento del personal una semana después de su llegada. Desde el año 2002, periodo en que se dobló el número de visas de residentes chinos, hubo tres directores. El último fue Nerhú Velasteguí (abril de 2004 a abril de 2005), ligado al ex diputado Vicente Olmedo; en Sociedad Patriótica se reconoció que él era su cuota. Antes estuvo Renato del Campo (agosto 2003 a abril de 2004) conocido en la comunidad china ya que su ascendencia materna es china y fue presidente de la Cámara de Comercio Chino-ecuatoriana; Mauricio Barros (enero de 2003 a agosto de 2003) fue cuota de Pachakútik, y Hugo Romero del Gobierno de Noboa, que estuvo desde febrero de 2002 a enero de 2003. Estas administraciones son investigadas por auditoría interna del Ministerio de Gobierno. Al menos Velasteguí tendrá que responder por qué de una muestra aleatoria de sus visas, el 100 por ciento de las solicitudes fue despachado ese mismo día, de personas que habían ingresado menos de un mes antes, y que tenían certificados del registro mercantil y del Ministerio de Industrias expedidos el mismo día que su solicitud ingresaba… De esa muestra se constató que muchos documentos eran forjados. En esa período era normal ver que paquetes con entre cinco y 16 solicitudes entraban un mismo día, y que se tramitaban de inmediato, generalmente cuando eran patrocinadas por el abogado Wilson Gualsaqui, quien viajó a China con gran frecuencia en los últimos dos años. Ante esta ola de irregularidades, la Embajadora de China asegura que su país no intervendrá en las investigaciones, pero que su primer deber es defender los derechos de los ciudadanos chinos, que, según calcula, deben estar alrededor de 10 mil. "Nuestro Gobierno está en contra de la inmigración ilegal, pero muchos de esos ciudadanos ya pagaron por sus visas".
Por su parte, Gavilanes subraya: "No es una persecución a ciudadanos chinos, después de depurar lo sucedido en la Dirección encontraremos soluciones".
Otro punto que muestra la existencia de una red es que desde la llegada de las
nuevas autoridades las solicitudes bajaron. Según la embajadora Martínez, aunque no hay cifras exactas, los pedidos en los consulados disminuyeron de forma considerable. Y Gavilanes asegura que mientras de agosto a diciembre de 2004 entraron a la DGE 330 solicitudes, en los dos últimos meses la demanda se estacionó en 11.

Los contactos con Sociedad Patriótica

Gilmar Gutiérrez negó, iracundo, cualquier contacto de él y de su familia con este tráfico. Para él esto es una persecución política. No obstante, además de su cercanía con Guzmán, la asociación de su nombre con este tráfico se dio a raíz de unos correos electrónicos en que un supuesto asesor suyo le pedía a la cónsul Carmen Alarcón, quien estuvo en Beijing los primeros meses de 2004, favores para la concesión de visas. En otros correos, supuestamente . rmados por él, aseguraba que iba a investigar el tráfico de chinos hacia el Ecuador…
Gutiérrez niega conocer a Carrera, y asegura que esos no son documentos escritos por él. Son cabos sueltos, que tal vez la Fiscalía pueda resolver, así como el papel de una tercera institución: la Dirección de Migración, a cargo de la Policía Nacional. De los resultados emitidos por esta institución quedan muchas preguntas. Por ejemplo, se sabe que entre enero de 2003 y abril de 2005, 1.575 ciudadanos chinos ingresaron con visa y 1.334 sin ella sino con un permiso que emite Migración y al cual los chinos no tienen acceso. De ese gran total de 4.803, entre visas y permisos, se ha detectado que 1.266 son entradas múltiples, pero hay 3.537 casos en que no existen visas ni permiso de migración. Esto abre la perspectiva que además de la liberalidad para otorgar visas también hubo falsificaciones.

Por Ana Karina López
EXPLORED
en Ciudad Quito

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