Guayaquil. 14 jun 99. El proyecto de Ley del Nuevo Código de
Procedimiento Penal clasifica la violación como delito de
instancia privada, que afecta a la víctima y no a la sociedad.
El jueves pasado, a las 11h15, una menor de 16 años salió de su
casa ubicada en la cooperativa Gallegos Lara, en el kilómetro 7
1/2 vía a Daule, rumbo al lugar de trabajo de su padre, para
llevarle el almuerzo.
Ella aún no regresa a su hogar. Está internada en la maternidad
Enrique Sotomayor con delicado estado de salud, pues perdió mucha
sangre producto de la violación que sufrió la tarde de aquel día.
El responsable de ese delito sería Angel Avilés, de 19 años, un
vecino de su barrio que, según un testigo y la víctima, persiguió
a la joven y la llevó por la fuerza hasta una casa donde la
ultrajó y la dejó abandonada.
El atacante está detenido gracias a la acción que desplegaron los
padres de la víctima y agentes de la Policía.
Hasta la medianoche del jueves ella estaba desaparecida, pero con
la ayuda de un niño de 13 años que se percató de que el acusado
perseguía a la adolescente y de los gendarmes, el victimario
confesó el delito y dijo el lugar donde la había dejado
abandonada.
Ella estaba semiinconsciente y con las ropas destrozadas y
ensangrentadas.
Reforma
De estar vigente el proyecto de Ley del Nuevo Código de
Procedimiento Penal, el agresor no estuviera detenido.
Las modificaciones que se plantean habrían impedido la acción de
la policía y posibilitado la huida del agresor.
El proyecto fue presentado ante el Congreso en febrero de 1997
y discutido en primer debate por el Parlamento anterior.
Actualmente está en la Comisión de lo Civil y Penal, donde se
analizan las observaciones realizadas al mismo.
Su aprobación se discutirá en segundo y definitivo debate
posiblemente el próximo mes.
La violación es considerada como un delito cuyo ejercicio de
acción es público, pero con las reformas planteadas se
convertiría en uno de acción pública de instancia particular.
Por esta nueva clasificación que se le da a este tipo de
agresión, no se contaría con la intervención de un representante
del Ministerio Público, si es que no se presenta una denuncia o
acusación particular previamente.
La intervención directa y de oficio del Estado, a través de las
fuerzas del orden público y a nivel judicial estarían limitadas,
aun si se encuentra al agresor cometiendo el delito en forma
infraganti.
"Si un policía ve cometer una violación no podrá detener al
atacante, ya que solo se permitirá la captura si es encontrado
culpable después de un juicio", refiere la diputada Cinthya
Viteri, quien se opone a esta reforma.
Según este proyecto de ley, las medidas precautorias de
aprehensión, detención y prisión preventiva no se contemplan para
los delitos de acción pública de instancia particular, que sería
la clasificación correspondiente que se les podría dar a las
violaciones.
La policía estaría limitada únicamente a pedirle la dirección
domiciliaria al agresor, para enviarle la correspondiente
citación.
"En los casos de instancia particular, si no se continúan los
procesos por un lapso de tiempo estos prescriben. Esto es
garantizar la impunidad", advierte la diputada demócratapopular
Anunziata Valdez, quien preside la Comisión del Niño y la Familia
en el Congreso Nacional.
Sociedad afectada
El viernes pasado, mientras hacían los trámites de las denuncias
en el Programa de Apoyo Técnico de la Comisaría de la Mujer, los
padres de la menor agredida el día anterior lucían abatidos y
lloraban al hablar sobre los hechos.
"No sabemos cuándo podremos superar este dolor", dijo María
Simbaña, madre de la afectada.
Las dos hermanas de la víctima, de 14 y 8 años, no quieren estar
en su casa pues temen que alguien les haga daño.
María Simbaña es quien lleva diariamente la comida a su esposo,
hasta su lugar de trabajo.
Ahora se lamenta haber encomendado a su hija esta misión. "Yo no
sé qué me pasó ese día", dijo.
Pero el proyecto de ley, al clasificar la violación como delito
de instancia privada, interpreta que este solo afecta a la
víctima y no a la sociedad.
"El Estado debería seguir a través del fiscal de oficio el
ejercicio de la acción penal, en caso de un hecho como este, por
el impacto que causa en la sociedad", dice la diputada Viteri.
El artículo 22 de la Constitución, en el que se garantizan los
derechos civiles, se establece que: "El Estado adoptará las
medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia contra
niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad".
Menores
Con el Código de Procedimiento Penal vigente cualquier persona
puede denunciar el hecho, pero con el nuevo proyecto únicamente
la víctima, los padres o un tutor, en el caso de los menores, son
los únicos que pueden presentar y seguir la denuncia.
"Imagínese si quien viola a un menor es su propio padre o único
tutor, ¿quién estaría legalmente habilitado para hacer la
denuncia respectiva, si el representante legal sería el único en
capacidad de hacerlo?", plantea la diputada Viteri.
Según los datos que maneja la Fundación María Guare, la mayoría
de las víctimas de violación es precisamente menor de edad y en
muchos casos los atacantes son los familiares.
Cuatro de las agraviadas en este año han quedado embarazadas.
Voces en contra de las reformas del proyecto
Estas reformas afectarían totalmente el proceso que hemos seguido
para hacer más rígidas las sanciones a los violadores.
Si con la legislación vigente son pocos los casos sancionados,
pese a que hay una organización como la nuestra que está detrás,
imaginémonos la ley con un retroceso como este. Estamos perdidos
al igual que la víctima y se está dando libertad al agresor para
que cometa sus delitos cada vez que él quiere.
Ahora toda la carga se la lanzan a la afectada y eso no puede
ser. En vez de trabajar por los derechos humanos se los está
violentando, es absurdo que se dé un paso atrás.
La mayoría de los casos que llegan aquí (fundación María Guare)
corresponde a víctimas de estratos medio y bajo; se puede dar en
el alto pero no los denuncian por vergüenza y lo manejan de otra
manera. Pero esa gente no tiene dinero para pagar un abogado.
No sé qué está pasando con los congresistas, quizá ellos no han
vivido lo que el pueblo. No están conscientes de la realidad que
vive el área marginal en medio de la droga, alcoholismo y
pandillerismo.
Los diputados se están olvidando de los convenios internacionales
de defensa de los derechos humanos y de la mujer a los cuales
Ecuador está suscrito.
Lo que tenemos que empezar a estudiar es la masculinidad. Qué
pasa en la cabeza del hombre, que por un lado comete estos actos
y por otro propone reformas como estas.
Margarita Rodríguez, coordinadora del Programa de Apoyo Técnico
de Comisaría de la Mujer.
Entre las reformas se excluye el derecho a la indemnización y
solamente se consideran como lesiones las sufridas por cualquier
hombre, mujer o menor que produzcan incapacidad para el trabajo
por 90 días, cuando las lesiones que soprepasan los 31 días son
realmente graves.
Esto haría imposible la participación del Estado, a falta de
iniciativa de los agredidos.
La violación no atenta solo contra una persona determinada, sino
que golpea terriblemente a la sociedad, especialmente frente al
incremento alarmante de este delito en los últimos años.
No se puede admitir que un hecho tan reprochable quede impune,
por el silencio que se impuso la víctima o por vergüenza.
En el proyecto no hay reglamentación en caso de abandono de la
acción, como ocurre comúnmente en estas situaciones.
Este proyecto es una discriminación sexista grave.
En casos de violación por intimidación o amenazas al afectado,
el delito quedará impune.
Si las víctimas son niños de la calle que son frecuentemente
ultrajados, ¿quién los defenderá?, ¿quién presentaría la
acusación?
Es importante que la ley proteja la intimidad de la víctima para
que se evite una violación de su vida privada y su moral.
Cinthya Viteri, diputada socialcristiana.
Como es un delito en el que la víctima lleva la culpa, en la
práctica sería difícil que esta denuncie.
Este proyecto de ley privilegia al acusado.
En Guayaquil se produce la mayoría de los casos de violación pues
hay más población.
Ahora es tan frecuente que en un asalto a un bus interprovincial
o intercantonal se viole a, por lo menos, una mujer. Se ha
institucionalizado esta forma de tortura y abuso que actualmente
pasan inadvertidos.
El Estado no le está dando la importancia a este problema social.
Debería ser más bien un gran sancionador para estos hechos.
Lo que debe hacerse, al contrario, es establecer un sistema más
favorable para la víctima en la obtención de pruebas. Actualmente
solo un médico legista puede certificar el estado de la afectada,
pero debería poder hacerlo el médico que ella prefiera.
Cualquier enfermedad producida por efecto de la violación debería
ser causa de recargo de la pena.
Cuando la mujer queda embarazada debe haber un resarcimiento de
perjuicio económico, en favor de la víctima y su hijo.
Anunziata Valdez, diputada demócratapopular y presidenta de la
Comisión del Niño y la Familia del Congreso Nacional. (Texto
tomado de El Universo)
Procedimiento Penal clasifica la violación como delito de
instancia privada, que afecta a la víctima y no a la sociedad.
El jueves pasado, a las 11h15, una menor de 16 años salió de su
casa ubicada en la cooperativa Gallegos Lara, en el kilómetro 7
1/2 vía a Daule, rumbo al lugar de trabajo de su padre, para
llevarle el almuerzo.
Ella aún no regresa a su hogar. Está internada en la maternidad
Enrique Sotomayor con delicado estado de salud, pues perdió mucha
sangre producto de la violación que sufrió la tarde de aquel día.
El responsable de ese delito sería Angel Avilés, de 19 años, un
vecino de su barrio que, según un testigo y la víctima, persiguió
a la joven y la llevó por la fuerza hasta una casa donde la
ultrajó y la dejó abandonada.
El atacante está detenido gracias a la acción que desplegaron los
padres de la víctima y agentes de la Policía.
Hasta la medianoche del jueves ella estaba desaparecida, pero con
la ayuda de un niño de 13 años que se percató de que el acusado
perseguía a la adolescente y de los gendarmes, el victimario
confesó el delito y dijo el lugar donde la había dejado
abandonada.
Ella estaba semiinconsciente y con las ropas destrozadas y
ensangrentadas.
Reforma
De estar vigente el proyecto de Ley del Nuevo Código de
Procedimiento Penal, el agresor no estuviera detenido.
Las modificaciones que se plantean habrían impedido la acción de
la policía y posibilitado la huida del agresor.
El proyecto fue presentado ante el Congreso en febrero de 1997
y discutido en primer debate por el Parlamento anterior.
Actualmente está en la Comisión de lo Civil y Penal, donde se
analizan las observaciones realizadas al mismo.
Su aprobación se discutirá en segundo y definitivo debate
posiblemente el próximo mes.
La violación es considerada como un delito cuyo ejercicio de
acción es público, pero con las reformas planteadas se
convertiría en uno de acción pública de instancia particular.
Por esta nueva clasificación que se le da a este tipo de
agresión, no se contaría con la intervención de un representante
del Ministerio Público, si es que no se presenta una denuncia o
acusación particular previamente.
La intervención directa y de oficio del Estado, a través de las
fuerzas del orden público y a nivel judicial estarían limitadas,
aun si se encuentra al agresor cometiendo el delito en forma
infraganti.
"Si un policía ve cometer una violación no podrá detener al
atacante, ya que solo se permitirá la captura si es encontrado
culpable después de un juicio", refiere la diputada Cinthya
Viteri, quien se opone a esta reforma.
Según este proyecto de ley, las medidas precautorias de
aprehensión, detención y prisión preventiva no se contemplan para
los delitos de acción pública de instancia particular, que sería
la clasificación correspondiente que se les podría dar a las
violaciones.
La policía estaría limitada únicamente a pedirle la dirección
domiciliaria al agresor, para enviarle la correspondiente
citación.
"En los casos de instancia particular, si no se continúan los
procesos por un lapso de tiempo estos prescriben. Esto es
garantizar la impunidad", advierte la diputada demócratapopular
Anunziata Valdez, quien preside la Comisión del Niño y la Familia
en el Congreso Nacional.
Sociedad afectada
El viernes pasado, mientras hacían los trámites de las denuncias
en el Programa de Apoyo Técnico de la Comisaría de la Mujer, los
padres de la menor agredida el día anterior lucían abatidos y
lloraban al hablar sobre los hechos.
"No sabemos cuándo podremos superar este dolor", dijo María
Simbaña, madre de la afectada.
Las dos hermanas de la víctima, de 14 y 8 años, no quieren estar
en su casa pues temen que alguien les haga daño.
María Simbaña es quien lleva diariamente la comida a su esposo,
hasta su lugar de trabajo.
Ahora se lamenta haber encomendado a su hija esta misión. "Yo no
sé qué me pasó ese día", dijo.
Pero el proyecto de ley, al clasificar la violación como delito
de instancia privada, interpreta que este solo afecta a la
víctima y no a la sociedad.
"El Estado debería seguir a través del fiscal de oficio el
ejercicio de la acción penal, en caso de un hecho como este, por
el impacto que causa en la sociedad", dice la diputada Viteri.
El artículo 22 de la Constitución, en el que se garantizan los
derechos civiles, se establece que: "El Estado adoptará las
medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia contra
niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad".
Menores
Con el Código de Procedimiento Penal vigente cualquier persona
puede denunciar el hecho, pero con el nuevo proyecto únicamente
la víctima, los padres o un tutor, en el caso de los menores, son
los únicos que pueden presentar y seguir la denuncia.
"Imagínese si quien viola a un menor es su propio padre o único
tutor, ¿quién estaría legalmente habilitado para hacer la
denuncia respectiva, si el representante legal sería el único en
capacidad de hacerlo?", plantea la diputada Viteri.
Según los datos que maneja la Fundación María Guare, la mayoría
de las víctimas de violación es precisamente menor de edad y en
muchos casos los atacantes son los familiares.
Cuatro de las agraviadas en este año han quedado embarazadas.
Voces en contra de las reformas del proyecto
Estas reformas afectarían totalmente el proceso que hemos seguido
para hacer más rígidas las sanciones a los violadores.
Si con la legislación vigente son pocos los casos sancionados,
pese a que hay una organización como la nuestra que está detrás,
imaginémonos la ley con un retroceso como este. Estamos perdidos
al igual que la víctima y se está dando libertad al agresor para
que cometa sus delitos cada vez que él quiere.
Ahora toda la carga se la lanzan a la afectada y eso no puede
ser. En vez de trabajar por los derechos humanos se los está
violentando, es absurdo que se dé un paso atrás.
La mayoría de los casos que llegan aquí (fundación María Guare)
corresponde a víctimas de estratos medio y bajo; se puede dar en
el alto pero no los denuncian por vergüenza y lo manejan de otra
manera. Pero esa gente no tiene dinero para pagar un abogado.
No sé qué está pasando con los congresistas, quizá ellos no han
vivido lo que el pueblo. No están conscientes de la realidad que
vive el área marginal en medio de la droga, alcoholismo y
pandillerismo.
Los diputados se están olvidando de los convenios internacionales
de defensa de los derechos humanos y de la mujer a los cuales
Ecuador está suscrito.
Lo que tenemos que empezar a estudiar es la masculinidad. Qué
pasa en la cabeza del hombre, que por un lado comete estos actos
y por otro propone reformas como estas.
Margarita Rodríguez, coordinadora del Programa de Apoyo Técnico
de Comisaría de la Mujer.
Entre las reformas se excluye el derecho a la indemnización y
solamente se consideran como lesiones las sufridas por cualquier
hombre, mujer o menor que produzcan incapacidad para el trabajo
por 90 días, cuando las lesiones que soprepasan los 31 días son
realmente graves.
Esto haría imposible la participación del Estado, a falta de
iniciativa de los agredidos.
La violación no atenta solo contra una persona determinada, sino
que golpea terriblemente a la sociedad, especialmente frente al
incremento alarmante de este delito en los últimos años.
No se puede admitir que un hecho tan reprochable quede impune,
por el silencio que se impuso la víctima o por vergüenza.
En el proyecto no hay reglamentación en caso de abandono de la
acción, como ocurre comúnmente en estas situaciones.
Este proyecto es una discriminación sexista grave.
En casos de violación por intimidación o amenazas al afectado,
el delito quedará impune.
Si las víctimas son niños de la calle que son frecuentemente
ultrajados, ¿quién los defenderá?, ¿quién presentaría la
acusación?
Es importante que la ley proteja la intimidad de la víctima para
que se evite una violación de su vida privada y su moral.
Cinthya Viteri, diputada socialcristiana.
Como es un delito en el que la víctima lleva la culpa, en la
práctica sería difícil que esta denuncie.
Este proyecto de ley privilegia al acusado.
En Guayaquil se produce la mayoría de los casos de violación pues
hay más población.
Ahora es tan frecuente que en un asalto a un bus interprovincial
o intercantonal se viole a, por lo menos, una mujer. Se ha
institucionalizado esta forma de tortura y abuso que actualmente
pasan inadvertidos.
El Estado no le está dando la importancia a este problema social.
Debería ser más bien un gran sancionador para estos hechos.
Lo que debe hacerse, al contrario, es establecer un sistema más
favorable para la víctima en la obtención de pruebas. Actualmente
solo un médico legista puede certificar el estado de la afectada,
pero debería poder hacerlo el médico que ella prefiera.
Cualquier enfermedad producida por efecto de la violación debería
ser causa de recargo de la pena.
Cuando la mujer queda embarazada debe haber un resarcimiento de
perjuicio económico, en favor de la víctima y su hijo.
Anunziata Valdez, diputada demócratapopular y presidenta de la
Comisión del Niño y la Familia del Congreso Nacional. (Texto
tomado de El Universo)
Más en el