Quito. 12 dic 2000. El caso ya fue resuelto por la ex Dirección General
de Rentas, pero se inició una revisión luego de varias denuncias.

La directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Elsa de Mena, debe
emitir, en un máximo de dos meses, su dictamen sobre las 15 actas de
fiscalización, emitidas en 1996, que acusan de evasión de tributos a las
cuatro verificadoras internacionales que, hace seis años, operan en
Ecuador.

Aquello, sin embargo, ya fue resuelto el 4 de septiembre de 1997 por Luis
Hidalgo Proaño, ex titular de la entonces Dirección General de Rentas,
quien acogió el reclamo administrativo de SGS, ITS, Cotecna y Bureau
Veritas y dejó sin efecto las actas.

El funcionario estableció que las verificadoras no están obligadas a
pagar el Impuesto a la Renta ("no es de fuente ecuatoriana") por la
verificación realizada en el país de origen, donde estas también
tributan.

Luis Hidalgo ratificó, el 23 y 24 de septiembre de 1997, su decisión,
luego de que las firmas internacionales interpusieron un recurso de
reposición, como lo permitía el artículo 134 del Código Tributario,
vigente hasta el 30 de abril de 1999.

Pese a que se trataba de un tema resuelto, Juan Francisco Jaramillo,
director general de Normativa Tributaria del SRI, interpuso un recurso de
revisión a las resoluciones del proceso de reposición. La motivación: las
denuncias en contra de las verificadoras, en especial las que contiene el
informe (21 de febrero anterior) de la Comisión de Fiscalización del
Congreso Nacional.

El documento legislativo las acusa, entre otros aspectos, de no declarar
el 97,56% de sus ingresos, entre octubre de 1994 y diciembre de 1995. El
supuesto perjuicio al Estado asciende, según el documento de 12 páginas,
a 22 573,67 millones de sucres (equivalentes a $902 946,83).

Un fallo en contra de las firmas, proveniente de Elsa de Mena, daría paso
a una excitativa fiscal en contra de ITS, SGS, Cotecna y Bureau Veritas.
El agente de Aduanas de Guayaquil, Angel Layedra Silva, espera el
pronunciamiento de la directora del SRI para solicitar que el juez fiscal
de la ciudad, Hanníbal Vela Bajaña, inicie las acciones judiciales
respectivas.

Para dictar una excitativa por delitos tributarios se requiere,
previamente, la denuncia de la máxima autoridad en el sector, como lo
establece el artículo 383 del reformado Código.

"He insistido (a Elsa de Mena), desde el 24 de abril pasado, y aún no
tengo respuesta", enfatiza Layedra, quien precisa que las cuatro empresas
internacionales están enjuiciadas en el Juzgado Fiscal de Guayaquil.
Pese a las críticas por la demora, Ramiro Aguilar Torres, abogado del
SRI, reitera que Elsa de Mena actúa con el tiempo establecido en el
Código Tributario, que le concede una plazo máximo de 90 días para
resolver el expediente, cuya etapa de prueba (presentar argumentos de
descargo), ya concluyó. "Actualmente ella lo está estudiando", justifica
el jurista.

La reacción de las verificadoras es diversa.

"Esto es simple: el caso se reabre por las presiones políticas. El
Congreso recoge datos, pero omite, maliciosa y suspicamente, las normas
que regían antes. Y esa omisión crea confusión. Y la confusión,
dificultades. Ya comprobamos nuestra inocencia. El recurso de revisión
está fuera de tiempo y es completamente forzado", dice Fernando Benítez
Zapata, apoderado, desde septiembre de 1996, de ITS.

La gerente de SGS, Susana Varea, se muestra más tranquila, pues afirma
que los abogados de la entidad ya esgrimieron las suficientes pruebas de
descargo.

Contraloria

- Jorge Trocellier, director de Control de Ingresos Públicos de la
Contraloría durante la gestión de Luis Hidalgo (ex titular de la
Dirección de Rentas Internas), ordenó un examen a los procesos de
determinación, recaudación, depósito y registro de ingresos, entre el 1º
de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1999, en la importación de
mercancías realizadas a través del puerto de Guayaquil.

- El informe fue entregado el 15 de octubre del año anterior. Este
confirmó el pago de cerca de 177 millones de sucres por liquidación de
diferentes rubros.

- Según la investigación, existe declaraciones aceptadas por la Aduana en
las que el nombre de los importadores, los valores y el peso neto es
diferente al certificado por las verificadoras.

- El sistema automatizado de aduanas asignó, aleatoriamente, 5 400
declaraciones para que la administración de Aduanas realice el aforo
físico de las mercaderías y en 188 de ellas se realizaron ajustes a los
valores. (Diario Hoy)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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