En tres años, habrían funcionado 240 captadoras que pudieron recaudar $800 millones
BOGOTÁ.- La madrugada de ayer, el Gobierno de Colombia ordenó la intervención de la firma DMG en 59 poblaciones del país, ya que las autoridades sospechan que los intereses de hasta el 150% ofrecidos por la captadora son producto del lavado de activos del narcotráfico. La orden fue dada, además, para proteger las inversiones de más de 200 mil personas.
Desde Panamá, el presidente de DMG, David Murcia Guzmán, aseguró a los clientes que su dinero "no corre peligro", y añadió que acata pero no comparte la decisión. "Tenemos derecho a que el presidente nos escuche y nos ayude a solucionar esta crisis", manifestó Murcia.
Por su parte, el presidente Álvaro Uribe declaró ayer el estado de "emergencia social". La medida permite al Gobierno emitir normas con fuerza de ley. La decisión se la tomó "en razón de la grave alteración social originada por la proliferación de modalidades no autorizadas de captación de dineros del público", explicó el ministro del Interior Fabio Valencia.
Uribe admitió que el problema de las "pirámides" alcanzó tal magnitud que en algunas zonas, cuando se habla de devolución de dinero recuperado, seguramente no se podrá hacer a través de algunos funcionarios públicos que se han declarado impedidos al haber tenido dinero en las captadoras.
Incluso reveló que en la ciudad de Pasto, algunos policías "inversores", al momento del decomiso, se llevaron el dinero. El jefe de Estado hizo un llamado a los mandatarios regionales para que asuman sus responsabilidades en torno a este fenómeno. (EFE-AFP)
Según diario El Tiempo, el Decreto de emergencia social permitirá a las autoridades endurecer las penas en contra de aquellas personas que no devuelvan de inmediato los recursos captados. "Quien incurra en delito purgará entre 120 y 240 meses; además, tendrá una multa de 150 mil salarios mínimos vigentes", señaló el ministro de Interior, Fabio Valencia.
También anunció que a quienes divulguen a través de los medios masivos de comunicación publicidad sobre las "pirámides" u otro tipo de captaciones ilegales de dinero, se les aumentará la pena en una cuarta parte.
Valencia aclaró que estas condenas se aplicarán únicamente a quienes capten dineros y que después no los devuelvan. (Internet-CRR)
BOGOTÁ.- La madrugada de ayer, el Gobierno de Colombia ordenó la intervención de la firma DMG en 59 poblaciones del país, ya que las autoridades sospechan que los intereses de hasta el 150% ofrecidos por la captadora son producto del lavado de activos del narcotráfico. La orden fue dada, además, para proteger las inversiones de más de 200 mil personas.Desde Panamá, el presidente de DMG, David Murcia Guzmán, aseguró a los clientes que su dinero "no corre peligro", y añadió que acata pero no comparte la decisión. "Tenemos derecho a que el presidente nos escuche y nos ayude a solucionar esta crisis", manifestó Murcia.
Por su parte, el presidente Álvaro Uribe declaró ayer el estado de "emergencia social". La medida permite al Gobierno emitir normas con fuerza de ley. La decisión se la tomó "en razón de la grave alteración social originada por la proliferación de modalidades no autorizadas de captación de dineros del público", explicó el ministro del Interior Fabio Valencia.
Uribe admitió que el problema de las "pirámides" alcanzó tal magnitud que en algunas zonas, cuando se habla de devolución de dinero recuperado, seguramente no se podrá hacer a través de algunos funcionarios públicos que se han declarado impedidos al haber tenido dinero en las captadoras.
Incluso reveló que en la ciudad de Pasto, algunos policías "inversores", al momento del decomiso, se llevaron el dinero. El jefe de Estado hizo un llamado a los mandatarios regionales para que asuman sus responsabilidades en torno a este fenómeno. (EFE-AFP)
Emergencia permite endurecimiento de penas
Según diario El Tiempo, el Decreto de emergencia social permitirá a las autoridades endurecer las penas en contra de aquellas personas que no devuelvan de inmediato los recursos captados. "Quien incurra en delito purgará entre 120 y 240 meses; además, tendrá una multa de 150 mil salarios mínimos vigentes", señaló el ministro de Interior, Fabio Valencia.
También anunció que a quienes divulguen a través de los medios masivos de comunicación publicidad sobre las "pirámides" u otro tipo de captaciones ilegales de dinero, se les aumentará la pena en una cuarta parte.
Valencia aclaró que estas condenas se aplicarán únicamente a quienes capten dineros y que después no los devuelvan. (Internet-CRR)
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