Quito. 12 feb 2002. (Editorial) Habría sido una irresponsabilidad del
Congreso dar paso a una reforma política cuando nos encontramos a las
puertas de un proceso electoral. Los cambios que propuso el Ejecutivo en
materia electoral redistritacion, elección de diputados en la segunda
vuelta modifican tan profundamente el sistema de representación y las
reglas de la lucha política, que ponerlas a funcionar en el inicio de un
proceso electoral simplemente habría generado mayor confusión.
Tampoco es fácil entender las rabietas del presidente de la Republica.
Durante un año entero, el Ejecutivo no hizo nada para que el Congreso y
el país tomaran en serio su propuesta de reforma política. Nadie del
Gobierno la explico, nadie la defendió, nadie nos dijo por qué los
cambios propuestos le convenían al Ecuador. De la noche a la mañana, se
la envió al Congreso y ahí se la abandono. Nunca el Ejecutivo intento
construir alguna alianza política para empujarla, tampoco promovió un
debate en la sociedad civil para que nos apropiáramos de su iniciativa.
¿Como entender, entonces, que recién ahora se convierta en tema
prioritario para el Ejecutivo?
Hay también razones suficientes para ser escépticos frente a las reformas
políticas. Desde que se reestreno la democracia, cada Gobierno ha
planteado cambios al sistema. Han sido pensados de una manera coyuntural,
como respuesta a los problemas del momento; como cada Gobierno ha debido
enfrentar dificultades distintas, cada cual también se ha imaginado
sistemas políticos a la medida de sus problemas. En la mayoría de los
casos, además, las propuestas se han orientado por una visión restringida
de la gobernabilidad y por un afán de construir mayorías artificiosas. Se
ha hecho de la ingeniería institucional un instrumento para manipular las
reglas del juego electoral, con miras a dar al Ejecutivo un mayor control
sobre todo el sistema político.
Quienes han orientado las reformas en esa dirección, evidente en la
ultima Asamblea Constitucional, no se explican, por ejemplo, por qué los
últimos dos presidentes del Ecuador -Mahuad y, ahora, Noboa- han
enfrentado tantos problemas institucionales si han gozado de un poder
presidencial reforzado.
Eso simplemente prueba que los problemas de gobernabilidad están
conectados a formas de hacer política, a modalidades culturales de
enfrentar la lucha por el poder encarnizada, violenta, desleal, corrupta
más que a malos diseños institucionales. Por eso, la insistencia y
reiteración de las reformas políticas ha operado, en el fondo, como una
coartada para eludir el problema de fondo: la presencia de unos habitus
políticos para volver a recordar a Pierre Bourdieu que llevan el juego
institucional de la política a crisis permanentes de gobernabilidad. Esos
habitus se enquistan en cualquier nuevo diseño institucional.
Por ultimo, no tiene sentido insistir en una reforma política si no
cuenta con un consenso mínimo de los principales actores políticos. Otra
razón para el escepticismo. Pocos procesos de cambio institucional fueron
tan legítimos como el de la ultima Asamblea Constituyente y ahí tenemos
ya los resultados: a menos de cuatro años, se proponen modificaciones que
echan por la borda las transformaciones que se lograron en ese momento.
Con una clase política tan inestable en sus acuerdos, nadie nos asegura
que un nuevo cambio institucional pueda sostenerse en el tiempo como
condición de una cierta estabilidad política.
E-Mail: [email protected] (Diario Hoy)
Congreso dar paso a una reforma política cuando nos encontramos a las
puertas de un proceso electoral. Los cambios que propuso el Ejecutivo en
materia electoral redistritacion, elección de diputados en la segunda
vuelta modifican tan profundamente el sistema de representación y las
reglas de la lucha política, que ponerlas a funcionar en el inicio de un
proceso electoral simplemente habría generado mayor confusión.
Tampoco es fácil entender las rabietas del presidente de la Republica.
Durante un año entero, el Ejecutivo no hizo nada para que el Congreso y
el país tomaran en serio su propuesta de reforma política. Nadie del
Gobierno la explico, nadie la defendió, nadie nos dijo por qué los
cambios propuestos le convenían al Ecuador. De la noche a la mañana, se
la envió al Congreso y ahí se la abandono. Nunca el Ejecutivo intento
construir alguna alianza política para empujarla, tampoco promovió un
debate en la sociedad civil para que nos apropiáramos de su iniciativa.
¿Como entender, entonces, que recién ahora se convierta en tema
prioritario para el Ejecutivo?
Hay también razones suficientes para ser escépticos frente a las reformas
políticas. Desde que se reestreno la democracia, cada Gobierno ha
planteado cambios al sistema. Han sido pensados de una manera coyuntural,
como respuesta a los problemas del momento; como cada Gobierno ha debido
enfrentar dificultades distintas, cada cual también se ha imaginado
sistemas políticos a la medida de sus problemas. En la mayoría de los
casos, además, las propuestas se han orientado por una visión restringida
de la gobernabilidad y por un afán de construir mayorías artificiosas. Se
ha hecho de la ingeniería institucional un instrumento para manipular las
reglas del juego electoral, con miras a dar al Ejecutivo un mayor control
sobre todo el sistema político.
Quienes han orientado las reformas en esa dirección, evidente en la
ultima Asamblea Constitucional, no se explican, por ejemplo, por qué los
últimos dos presidentes del Ecuador -Mahuad y, ahora, Noboa- han
enfrentado tantos problemas institucionales si han gozado de un poder
presidencial reforzado.
Eso simplemente prueba que los problemas de gobernabilidad están
conectados a formas de hacer política, a modalidades culturales de
enfrentar la lucha por el poder encarnizada, violenta, desleal, corrupta
más que a malos diseños institucionales. Por eso, la insistencia y
reiteración de las reformas políticas ha operado, en el fondo, como una
coartada para eludir el problema de fondo: la presencia de unos habitus
políticos para volver a recordar a Pierre Bourdieu que llevan el juego
institucional de la política a crisis permanentes de gobernabilidad. Esos
habitus se enquistan en cualquier nuevo diseño institucional.
Por ultimo, no tiene sentido insistir en una reforma política si no
cuenta con un consenso mínimo de los principales actores políticos. Otra
razón para el escepticismo. Pocos procesos de cambio institucional fueron
tan legítimos como el de la ultima Asamblea Constituyente y ahí tenemos
ya los resultados: a menos de cuatro años, se proponen modificaciones que
echan por la borda las transformaciones que se lograron en ese momento.
Con una clase política tan inestable en sus acuerdos, nadie nos asegura
que un nuevo cambio institucional pueda sostenerse en el tiempo como
condición de una cierta estabilidad política.
E-Mail: [email protected] (Diario Hoy)
Más en el