Una Frontera Que Vive Al Borde De La Pesadilla


Publicado el 23/Diciembre/2000 | 00:00

Quito. 23 dic 2000. En Tufiño, en la frontera entre Carchi y el extremo
sureño de Colombia, ya están los comuneros del sur cobrando los tributos
ilegales para financiar, supuestamente, una guerra.

La angustia se filtra por los intersticios de la frontera norte. Al
llegar a Sucumbíos, se puede percibir un clima denso, de inseguridad,
incredulidad y hasta miedo en sus habitantes. Lograr una entrevista con
dirigentes de los gremios de la zona resulta un reto. Un equipo de HOY
visitó la zona y tuvo que someterse a una serie de interrogatorios, antes
de sentarse a dialogar con el presidente de la Cámara de Comercio o el
titular de la Cámara de Turismo, entre otras personas, generadoras de
opinión en Lago Agrio.

Y es que todos se muestran esquivos y temerosos por la presencia de
personas extrañas, primordialmente de Colombia, a quienes, aunque no
directamente, acusan de los últimos males que afectan a la zona.

Mientras tanto, en Carchi, en la zona fronteriza de Tufiño, ha comenzado
a extenderse la práctica del cobro del temido impuesto de guerra, una
forma violenta de tributación informal establecida por guerrilleros y
paramilitares en Colombia.

Y toda esta violencia se va instalando en la cotidianidad de los
pobladores de Carchi o Sucumbíos, mientras para el resto del país ha
pasado a segundo orden la ola de preocupaciones por la aplicación del
Plan Colombia y el Gobierno trata de desembarazarse del tema y dejar en
manos de la Iglesia el resolver el asunto de los desplazados, según lo
señala el obispo de Sucumbíos, el carmelita Gonzalo López.

En esta última, aunque existen personas que se esfuerzan por minimizar al
peligro y se muestran optimistas respecto del futuro de la provincia,
otros están pensando en abandonar la zona, vender sus negocios e
instalarse en otro lugar del Ecuador.

Pero, a pesar de estos sinsabores, existen los extremadamente optimistas,
que le apuestan al turismo para sacar adelante a la provincia de
Sucumbíos.

Es el caso de Andrea Rodríguez, que llegó el pasado fin de semana
acompañando a un grupo de empresarios turísticos, que estaban dispuestos
a promocionar la zona en el exterior, en Europa.

Sin embargo, Emilio Rojas, presidente de la Cámara de Turismo de
Sucumbíos y ex gobernador de la provincia, señala que existe una
preocupación por la aplicación del Plan Colombia al que, según él, se
oponen todos los sectores de la provincia. "Quienes estamos inmersos en
el turismo hemos invertido mucho dinero y ahora estamos casi
paralizados", señala el dirigente gremial, al revelar que, en Lago Agrio,
ha disminuído en un 50% esta actividad con relación al año pasado. "La
presencia de los desplazados nos está acarreando graves consecuencias,
tanto en el turismo, comercio y otras actividades y, sobre todo, en el
incremento de la delincuencia", señala con incertidumbre, al revelar que
la ola delictiva en Lago Agrio estaría reflejada en el asesinato de dos o
tres personas por noche. (XP)

Un atentado sin explicación

La última noticia que tuvimos fue la declaración del ministro Pablo
Terán, el viernes, hace más de una semana. La explosión en el oleoducto
del domingo 10 "sí fue un atentado", dijo. Anteriormente, el presidente
Noboa había metido en un solo saco a todos sus opositores, para afirmar
que fueron ellos los que inspiraron la explosión. Y después, silencio. No
se conoce el resultado final de las investigaciones. Difícil identificar,
en el abanico de los opositores al nuevo oleoducto, evocados por el
mandatario, que van desde los ecologistas hasta, por qué no, el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, que se quedó en el camino, sin acceso a la
construcción del tubo.

Tal vez nunca sepamos qué pasó. Mientras tanto, lo cierto es que la
incertidumbre frente al futuro de la transportación del crudo acompañará
irremediablemente al tendido del nuevo oleoducto. Por lo pronto, en
Sucumbíos, se tejen todos los rumores y versiones, desde los defectos en
el mantenimiento del ducto hasta el extremo de suponer que pudieron
haberlo provocado militares descontentos con la decisión del Congreso de
cortar las regalías petroleras para las Fuerzas Armadas a partir de 2001.
Ninguna organización guerrillera o paramilitar ha reivindicado el hecho.

Aunque en las regiones fronterizas, la violencia cada vez tiene menos
nombre y apellido. ¿Quiénes son, por ejemplo, los autodenominados
Comuneros del Sur que han aparecido en la frontera colombiana con la
provincia de Carchi, para exigir de los propietarios agrícolas el pago
del impuesto de guerra ¿Se trata realmente de guerrilleros colombianos?
¿Son grupos disidentes sin identidad precisa o simples asaltantes?

Poco se sabe sobre si existen investigaciones al respecto, o si los
propios habitantes de la región prefieren ocultar los hechos para evitar
represalias. (JP)

Lago Agrio

- Los responsables del oleoducto en Lago Agrio descartan problemas
técnicos en la explosión del oleoducto.

- José Chávez, jefe del oleoducto detalla para BLANCO Y NEGRO los
procedimientos para un buen mantenimiento del ducto.

- Mientras tanto, el comercio en la zona vive al ritmo de la gue-
rra. El paro armado declarado en el Putumayo colombiano por las FARC,
permitió el incremento en las ventas de productos de primera necesidad,
en las últimas tres semanas del mes de noviembre pasado.

- La población se siente insegura en la zona. ¿"Cómo puede ser posible
que la Policía no cuente con vehículos propios para su trabajo?,
conocemos que debe alquilar camionetas para los operativos", reniega
Fernando Lucas, dirigente del comercio local, tras exigir del Gobierno
mayor atención al sector.

- Lucas, al igual que el resto de entrevistados por HOY, y de la gente de
a pie, sostiene que todo obedece a la aplicación del Plan Colombia.

- "Nosotros no negamos que antes hubo un tanto de inseguridad. Pero la
situación es tan grave en estos momentos que podemos asegurar que el Plan
Colombia ha afectado el desarrollo de nuestro pueblo", sostiene Lucas.

ENTREVISTA

Que el Gobierno defina quiénes son refugiados

"Nosotros le decimos al Gobierno, que ponga en marcha un plan de
desarrollo y que no exagere en la tomadura de pelo que ya es muy
larga a estas alturas"

Gonzalo López, obispo de Sucumbíos, aspira a que el presidente Gustavo
Noboa lo escuche por medio de este diálogo. Lleva cuatro meses pidiendo
inútilmente una audiencia.

Y es que este sacerdote, figura clave en la defensa de los derechos
humanos en la región, teme que el Gobierno se lave las manos al momento
de definir una política clara para la recepción de los refugiados
colombianos y se responsabilice de su calificación.

"Si en este paso de gente que llega por acá, pasan delincuentes, pasan
guerrilleros u otros grupos, no hay cómo descalificar masivamente a todo
un pueblo" subraya López, en su diálogo con HOY. Pero agrega que la tarea
de descubrir a los delincuentes o personas de malos antecedentes, no es
papel de la Iglesia.

"Ese es papel del Estado y parece ser que el Estado está escondiendo la
cabeza y no quiere definir estas cuestiones. Hasta, a veces, nos hace
pensar que la Cancillería quiere dejar todo en manos de la Iglesia.

López no se explica por qué la Cancillería, con la que mantienen buenas y
fluidas relaciones, no avanza "en una situación tan elemental. A nosotros
nos piden una serie de sacrificios y los estamos haciendo, pero anhelamos
que Cancillería rompa la pereza que tiene o la inoperatividad, y, de una
vez por todas, diga: de los que están llegando al Ecuador a quién acoge
como refugiado". "Que no nos pidan a nosotros que definamos una cosa que
le compete al Estado por derecho y obligación", afirma.

Lo encontramos trabajando en su despacho de la Misión Carmelita. Este
religioso español, que viste de civil, es el responsable de atender a los
desplazados de Colombia por encargo de Acnur y el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Ecuador.

¿Cómo evaluar lo que ocurre en la provincia de Sucumbíos y en especial en
Lago Agrio?

-La impresión general es que la situación es un tanto peligrosa. No
extrema, pero sí existen una serie de situaciones que no son nada
optimistas, en su conjunto.

¿Se puede atribuir eso a la presencia de refugiados colombianos?

-Existen diferentes criterios. No se ha advertido ninguna anomalía o
incremento de situaciones delincuenciales que antes no habían. Pero,
lamentablemente, durante varias semanas consecutivas se han producido
asesinato que se suman a los hechos ocurridos con el oleoducto, lo que ha
venido generando una especie de sicosis colectiva de preocupación. Con lo
del oleoducto estamos todos desconcertados y, como siempre ocurre con la
muerte de personas, la preocupación se incrementa. Ignoro qué es lo que
está haciendo la Fuerza Pública para detener esto.

La gente lo atribuye al Plan Colombia. ¿Usted que dice?

-Del Plan Colombia, nosotros hemos dicho de diferentes maneras que es un
plan antihumano y que no podría ser aceptado por nadie. Eso, al margen de
las declaraciones de los presidentes de los países involucrados, cuyas
palabras pueden estar llenas de la mejor intención pero la verdadera
intención es que se trata de un plan de guerra. Todavía no ha comenzado y
sus resultados ya son catastróficos.

¿Cuántos son los refugiados que están siendo atendidos?

-Es un tanto variado. Por ejemplo, al final de la semana pasada se
registraron 1 700 personas. Evidentemente, no quiere decir que todos
ellos vayan a tener el estatuto de refugiado. Eso depende del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Hemos pedido a la Cancillería que, por favor,
se ponga las pilas y vaya indicando qué personas van a ser acogidas como
refugiadas.

¿Existe la infraestructura para recibirlos?

-Se han dispuesto ya tres centros que se encuentran bastante acomodados.
Uno está en la Punta, otro en Torresquichimbo y el Centro de
Organizaciones en Lago Agrio. Se prepara un centro mayor en Apafano, que
se calcula albergará a unas 1 200 personas, en Santa Cecilia. No
obstante, de las 1 700 quiere decir que 1 600 o más están en familias.

¿Qué se espera para el próximo año?

-Para entonces, una vez que comiencen a funcionar los centros, tendremos
otro criterio, ya que estaríamos hablando de refugiados acogidos en
centros y otros que se podrían quedar en casas de las familias del
sector.

¿Cuál será el tratamiento para casos más vulnerables?

-Eso dependerá de la calificación que haga Cancillería. A ellos les
corresponde calificar el estatuto que se otorgue a estas personas. La
Iglesia lo único que hace es colaborar con una labor humanitaria.

¿Es verdad que usted habría recibido cartas anónimas que hablan de nuevos
atentados contra el oleoducto?

-De eso yo no he sabido nada. Si se lo han dicho, es que me lo han
inventado. Los colombianos son vecinos nuestros que llegaron a la zona
mucho antes que los ecuatorianos, que lo hicieron cuando se descubrió el
petróleo.

Esta es la hora de probar si somos o no hermanos y buenos vecinos, si
somos o no latinoamericanos que sabemos acoger a nuestros hermanos.
Queremos hacernos una prueba de que los ecuatorianos somos gentes de buen
corazón.

Mucha gente estaría pensando en irse de Sucumbíos por temor. ¿Qué piensa
usted?

-Que haya personas aquí, que por miedo se vayan a ir, puede suceder. La
Iglesia no se va a ir. Nosotros no somos para eso. Yo soy una persona de
fe y estoy aquí ante lo que pase. Claro que no nos gusta que existan
estas situaciones, pero tenemos un reto muy grande y creo que hemos de
sufrir, pero también la esperanza de que eso ayuda a purificar la
sociedad. Convocamos a la gente de coraje y de buen corazón a que no
tengan miedo.

¿Tiene miedo usted?

-Yo no tengo miedo. Pero no hace falta gritarlo tampoco. Estaremos
atentos a todas las causas que haya que afrontar, y dar nuestra pequeña y
mayor preocupación.

¿Qué ocurre con los ofrecimientos del Gobierno?

-Nosotros le estamos enviando avisos al Gobierno para que se tome en
serio lo que está ocurriendo en Lago Agrio y que no pretenda solucionar
el problema con militares o policías que no lo van a conseguir. Ellos
ojalá cumplan con el papel que le asigna la Constitución.

Entonces ¿qué le dicen al Gobierno?

-Nosotros le decimos al Gobierno, con paciencia, con diálogo, con ruegos,
que preste atención a la zona y que ponga en marcha un plan de
desarrollo, y que se cumplan los convenios firmados para conseguir el
adelanto del área. Que no exagere en la tomadura de pelo que ya es muy
larga a estas alturas. Que no pretendan crear alarmas sin haber puesto
vida, corazón y plata en Sucumbios y en Orellana. Que no nos vayan a
hechar bombas de humo, sino que le hagan justicia a este pueblo de una
vez por todas.

Comuneros del Sur cruzan el río

Para cruzar el río Carchi y trasladarse de territorio colombiano al
ecuatoriano, basta con un buen par de botas de caucho. Se trata de un
territorio continuo. Y, a través del río, cruzan los llamados Comuneros
del Sur para replicar en el Ecuador la vieja tradición guerrillera del
cobro de impuestos de guerra a los propietarios rurales.

El efecto de esa práctica en Colombia fue devastadora para la
agricultura.

¿Cómo se la practica ahora en la región de Tufiño, en el borde
fronterizo?

Muy simple, llega un comando y pone la primera advertencia. Puede
llegarse hasta el predio hasta cuatro veces. La cuarta lo hará rompiendo
puertas y secuestrando a empleados de la hacienda.

Así ha ocurrido en cerca de una decena de casos. En uno de ellos, cuando
los comuneros llegaron por cuarta vez, los empleados reaccionaron,
respondiendo que el propietario ya había pagado el impuesto. El comando
respondió que la ruptura de puertas era solo para agradecer por la
contribución hecha para la guerra, que ha emprendido el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

En otro caso, un agricultor de la zona cayó en un retén, aparentemente de
las FARC (son retenes volantes que se improvisan en cualquier sitio) y,
mientras recibía la orden de abandonar el sitio, otro de los asaltantes
le disparaba, provocándole heridas.

¿Quiénes son los Comuneros del Sur. Nadie sabe a ciencia cierta, si se
trata de un grupo de disidentes del ELN, el grupo guerrillero que creara
Camilo Torres y dirigiera por años un cura español, el cura Pérez.

Podría también tratarse de param,ilitares o de bandas de delincuentes,
que se han ido asentando en Colombia, a la sombra de medio siglo de
violencia.

Las tarifas de esta insólita forma de tributación varían con un principio
curioso de equidad, que ya querrían los sistemas tributarios en nuestros
países. Los protagonistas calculan la propiedad de su próxima víctima y
establecen el precio de acuerdo con la extensión, la prosperidad y el
rendimiento de la propiedad. Puede ser desde cinco mil dólares, hasta
veinte mil, cincuenta mil o más.

Los residentes de Tufiño tienen temor de hablar. Apenas si cuentan con
protección militar o policial y están, más bien, a expensas del chantaje
y la amenaza.

Algunos dirigentes del Carchi han insistido en más de una ocasión, en que
las particulares formas que ha tomado la violencia en Colombia, se está
instalando en la cotidianidad provincial. Incluso se ha denunciado que, a
partir del Plan Colombia y la intensidad del tránsito de personas que
está produciendo la guerra abierta en el país vecino, es el caldo de
cultivo para que se presenten en territorio ecuatoriano estas bandas de
delincuentes.

Mientras tanto, muros y camiones de la región comienzan a aparecen con
pintas de grupos aparentemente colombianos como Comuneros del Sur. (JP)

Ya nadie vacía las ferreterías

La Cámara de Comercio de Sucumbios sostiene que el negocio se redujo en
un promedio del 50%, de manera globalizada.

Amparo de Córdova, dirigente de organizaciones civiles de Lago Agrio,
está sentada, presidiendo su negocio de llantas. Antes del saludo, un
breve interrogatorio. ¿Quién la busca? ¿De dónde me dijo?Son algunas
preguntas que, sumadas a un vistazo de pies a cabeza del interlocutor,
anteceden al diálogo con HOY. Hay desconfianza en esta comerciante que
vive en ascuas, ante la posibilidad de sufrir un chantaje o una amenaza.

"Creemos que ya no se justifica que nosotros sigamos haciendo patria,
siendo los soldados sin uniforme ni armas, defendiendo la paz en la
frontera", se lamenta la mujer, que luce una elegante gargantilla,
pulseras y anillos de oro.

Una vez que ha tomado confianza con el periodista y su grabadora, asegura
que, en Lago Agrio, se ha llegado "al colmo de ser testigos de asesinatos
de personas a cien metros de la estación de Policía".

Al consultársele a qué atribuye este clima de inseguridad y violencia,
sin pensar mucho contesta de inmediato: al Plan Colombia. Y reclama que
se cumplan los ofrecimientos del canciller Heinz Moeller, para atender a
los desplazados de Colombia.

Amparo de Córdova no quiere hablar más. Se refiere con temor al retorno
del acoso, extorsión y chantaje en la zona, con cartas enviadas a los más
prósperos comerciantes, para exigir fuertes sumas de dinero a cambio de
precautelar sus vidas.

Lago Agrio no cuenta con agua potable y tampoco con calles asfaltadas y
peor aún con una carretera de primer orden que la comunique con el resto
del país. Al cúmulo de problemas que agobian a la provincia amazónica, se
suma ahora el Plan Colombia que convierte a la ciudad en albergue de los
desplazados.

Emilio Rojas, empresario de turismo, propone que los refugiados sean
ubicados también en las provincias fronterizas como Napo, Orellana,
Esmeraldas y Carchi.

El temor de la gente se ha incrementado. "Un sondeo realizado entre los
miembros de la Cámara de Turismo, arroja resultados preocupantes",
sostiene Rojas, al explicar que varios de sus agremiados han señalado que
"si hay alguien que compre el hotel, lo vende, mientras otros piensan
abandonar Lago Agrio y dejar arrendando el hotel". No obstante, añade,
existen otros "que somos más optimistas y no estamos dispuestos a
dejarnos vencer por el temor".

Fernando Lucas, dirigente del gremio de los comerciantes en Sucumbíos, es
directo al señalar que "en Lago Agrio prácticamente estamos en zozobra
debido a que no tenemos un horizonte claro, el horizonte que
vislumbrabamos anteriormente, tomando en cuenta que la apertura del
puente internacional sobre el río San Miguel era un clamor de más de
cinco años. Ahora vemos que el Plan Colombia ha ocasionado una suerte de
incertidumbre en el sector comercial".

La Cámara de Comercio de Sucumbíos sostiene que el negocio se redujo en
un promedio del 50%. Entre los sectores más golpeados se cuentan aquellos
que se dedican a la venta de electrodomésticos, muebles, mecánicas,
repuestos, ferreterías, que han visto reducir sustancialmente sus ventas.
"No podemos negar que nuestro comercio con Colombia siempre fue bueno",
explica el presidente del gremio. "Muchas veces dejaban vacías las
ferreterías", se lamenta al ver ahora que esas ventas se han reducido
sustancialmente.

De acuerdo con Fernando Lucas, el paro armado declarado en Colombia
permitió el incremento en las ventas de productos de primera necesidad,
en las últimas tres semanas del mes de noviembre pasado.

Para Lucas, la Fuerza Públicano ofrece garantías. "Cómo puede ser posible
que la Policía no cuente con vehículos propios para su trabajo, conocemos
que debe alquilar camionetas para los operativos. Nosotros no negamos que
antes hubo un tanto de inseguridad. Pero ya la situación es tan grave en
estos momentos, que podemos asegurar que el Plan Colombia ha afectado el
desarrollo de nuestro pueblo", sostiene, al insistir en la preocupación
por lo que ocurre con el oleoducto transecuatoriano. (XP)

Hay tubo para 20 años o más

José Chávez, gerente del oleoducto, admite que ningun plan de seguridad
en el mundo es infalible ante los ataques terroristas. Cita como ejemplo
los atentados al oleoducto colombiano, a pesar de todas las medidas de
seguridad que han implementado las autoridades.

Observando fotografías de los daños al SOTE, ocurridos la semana
anterior, el funcionario no descarta que un agente externo (sea
explosivos o dinamita) provocó la fuga de petróleo y la pérdida de vidas
humanas. No se atreve a formular un criterio de si los posibles atentados
buscan afectar la construcción del nuevo oleoducto o nuevas inversiones
en el sector hidrocarburífero.

Para los técnicos del oleoducto, no importa la hora. Sonada la voz de
alarma, el primero en enterarse sobre cualquier incidente del SOTE, es el
gerente del Oleoducto. La seguridad del oleoducto sugiere, en estos
casos, aplicar varios procedimientos técnicos y administrativos sin
demora, pues cada minuto de retraso puede significar millonarias pérdidas
económicas y de vidas humanas.

En lo técnico, se suspende automáticamente el bombeo de crudo, máximo en
un plazo de dos minutos, producto de una orden electrónica que establece
y transmite el centro de cómputo hasta las cinco estaciones de bombeo en
Lumbaqui, Salado, Baeza, Condijua y Papallacta, todas ubicadas a lo largo
del oleoducto.

Adicionalmente, los técnicos preparan las condiciones para almacenar en
el terminal de Lago Agrio la producción de las compañías petroleras
privadas.

Tambien se comunica prioritariamente de los hechos, al terminal petrolero
de Balao, en Esmeraldas, para que no suspendan las exportaciones
utilizando las reservas disponibles en más de ocho tanques con capacidad
superior a los 250 mil barriles de crudo cada uno. Balao puede abastecer
por mas de diez íias los requerimientos de crudo del exterior, incluso
nutrir las refinerías del país para producir gasolinas que necesita el
mercado nacional.

Luego, se notifica a las Fuerzas Armadas para que redoblen la vigilancia
en la zona afectada; se da aviso a la unidades de Seguridad y
Mantenimiento del Oleoducto. Ellos desplazan un grupo de especialistas
para establecer un informe previo de la magnitud de la afectación al
SOTE.

Con el informe previo de los técnicos, se emite la orden para movilizar
tractores, retroexcavadoras, soldadoras, cortadoras, etc. En esta parte,
tambien contribuye el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE).

Este paso es a cualquier hora del día o la noche, sin importar el lugar
al que haya que movilizarse. Tambien se avisa a las unidades anti
incendios, las unidades de protección ambiental, remediación, bomberos,
las intendencias petroleras del Distrito Amazónico y de Esmeraldas, y a
las autoridades de Petroecuador y el ministerio de Energia y Minas.

En cuanto a la seguridad del oleoducto, Petroproducción aplica un plan
permanente de mantenimiento interno y externo de la tubería. Hace dos
meses se aplicó el estudio, con la asistencia de un instituto petrolero
de México, y los resultados fueron, según José Chávez, halagadores,
porque demostraron que existe tubería para 20 años o más, pues se
verificó que no hay daños que podrían ocasionar los óxidos salinos,
gases, metales liquidos que usualmente están mezclados en el crudo.

En la parte externa del oleoducto, cuadrillas de operarios e ingenieros
recorren a pie por las zonas del tendido de la tubería. Usualmente, se
atenúa la corrosión que se forma esporádicamente en las áreas donde el
oleoducto va enterrado. También se despeja la maleza, se vigila que no se
produzcan asentamientos humanos junto al tubo. La vigilancia es
permanente y no se descuida ni un solo kilómetro del oleoducto de 503
kilómetros de extensión, asegura José Chávez. (NCH) (Diario Hoy)

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