Una imagen vale más que mil palabras. La frase es un tópico, pero no deja de señalar una verdad incontrastable. También es cierto que puede cambiar muy lentamente la imagen formada en la opinión pública en torno a un hecho, una institución o una persona, incluso respecto de un país; cambia, en raras ocasiones, con un enorme gasto de energías y recursos para que una imagen, afirmada como un perjuicio, torne de signo pero, sobre todo, con una gran fuerza de voluntad y coraje colectivos para torcer las prácticas consuetudinarias, sancionar a los corruptos, desmantelar las mafias y terminar con la impunidad.
Ecuador tiene la fama de ser un país podrido. Una percepción que, en vez de irse esfumando, continúa afirmándose a escala internacional.
La semana anterior, la revista británica The Economist ofrecía su interpretación en torno a dos hechos recientes: el descubrimiento de una red de corrupción en el Ministerio de Economía y la conducta irreflexiva del presidente Gustavo Noboa que ordenó confiscar una computadora que contenía información relacionada con un tráfico de partidas especiales.
Emanuel, anotaba la publicación, "había transferido cerca de $400 millones en fondos no presupuestados para gobiernos locales a cambio de sobornos de hasta 38% del monto transferido". La revista ponía el acento en que al menos la mitad de los gobiernos municipales y provinciales de Ecuador parecen haber estado envueltos, y funcionarios de otros tres ministerios y varios congresistas han recibido pagos por el estilo. No obstante, añadía, Emanuel niega haber hecho algo malo y ha dicho que el presidente de la República conocía de las transferencias.
En cuanto a la computadora, que entregó a los investigadores algunos días después de que fuera decomisada, Noboa también niega haber hecho algo malo.
Desfavorable foto de nuestro país. Además de una limitada conciencia del régimen de derecho en la cúspide del poder, indica una extrema fragilidad institucional, falta de confianza en el sistema judicial (incluso de parte del jefe de Estado), un arrogante autoritarismo que pueden demostrar los mandatarios en nuestro país en cualquier momento, la aguzada politización de las decisiones fiscales y la extensión de la corrupción, como si se tratase de un virus que ha contaminado todos los niveles de la administración pública.
Además, The Economist ubicaba estos hechos en un contexto también negativo. Recordaba que los tres presidentes anteriores se vieron envueltos en escándalos: "Abdalá Bucaram fue desbancado por el Congreso tras ser acusado de actos de corrupción y voló a Panamá. Su reemplazo, Fabián Alarcón, fue encarcelado en 1999 por fraude. Y su sucesor elegido, Jamil Mahuad, quien fue desbancado tras un golpe de Estado en enero de 2000, aceptó contribuciones de campaña de un banquero corrupto". Como si no fuese suficiente, también señalaba que el "latrocinio político" es coincidente en diputados, policías, jueces y funcionarios menores "quienes demandan sobornos de manera rutinaria". Una realidad que cuesta al país $2 000 millones al año, según la Cámara de Comercio de Quito, citada por la revista.
Aquí está parte de la respuesta para quienes se preguntaban, la semana anterior, ¿por qué un expedito Fondo Monetario Internacional ha ido en auxilio de Brasil con $ 30 000 millones, y de Uruguay, con $ 1 500 millones, mientras Ecuador implora $ 240 millones, hace varios meses ya?
Ecuador tiene la fama de ser un país podrido. Una percepción que, en vez de irse esfumando, continúa afirmándose a escala internacional.
La semana anterior, la revista británica The Economist ofrecía su interpretación en torno a dos hechos recientes: el descubrimiento de una red de corrupción en el Ministerio de Economía y la conducta irreflexiva del presidente Gustavo Noboa que ordenó confiscar una computadora que contenía información relacionada con un tráfico de partidas especiales.
Emanuel, anotaba la publicación, "había transferido cerca de $400 millones en fondos no presupuestados para gobiernos locales a cambio de sobornos de hasta 38% del monto transferido". La revista ponía el acento en que al menos la mitad de los gobiernos municipales y provinciales de Ecuador parecen haber estado envueltos, y funcionarios de otros tres ministerios y varios congresistas han recibido pagos por el estilo. No obstante, añadía, Emanuel niega haber hecho algo malo y ha dicho que el presidente de la República conocía de las transferencias.
En cuanto a la computadora, que entregó a los investigadores algunos días después de que fuera decomisada, Noboa también niega haber hecho algo malo.
Desfavorable foto de nuestro país. Además de una limitada conciencia del régimen de derecho en la cúspide del poder, indica una extrema fragilidad institucional, falta de confianza en el sistema judicial (incluso de parte del jefe de Estado), un arrogante autoritarismo que pueden demostrar los mandatarios en nuestro país en cualquier momento, la aguzada politización de las decisiones fiscales y la extensión de la corrupción, como si se tratase de un virus que ha contaminado todos los niveles de la administración pública.
Además, The Economist ubicaba estos hechos en un contexto también negativo. Recordaba que los tres presidentes anteriores se vieron envueltos en escándalos: "Abdalá Bucaram fue desbancado por el Congreso tras ser acusado de actos de corrupción y voló a Panamá. Su reemplazo, Fabián Alarcón, fue encarcelado en 1999 por fraude. Y su sucesor elegido, Jamil Mahuad, quien fue desbancado tras un golpe de Estado en enero de 2000, aceptó contribuciones de campaña de un banquero corrupto". Como si no fuese suficiente, también señalaba que el "latrocinio político" es coincidente en diputados, policías, jueces y funcionarios menores "quienes demandan sobornos de manera rutinaria". Una realidad que cuesta al país $2 000 millones al año, según la Cámara de Comercio de Quito, citada por la revista.
Aquí está parte de la respuesta para quienes se preguntaban, la semana anterior, ¿por qué un expedito Fondo Monetario Internacional ha ido en auxilio de Brasil con $ 30 000 millones, y de Uruguay, con $ 1 500 millones, mientras Ecuador implora $ 240 millones, hace varios meses ya?
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