Un protagonismo controversial ha rodeado la gestión de la ministra fiscal general. Su hoja de vida deja ver una amplia experiencia en materia penal que ha forjado una imagen sólida en el campo profesional. Pero resoluciones en temas sensibles (casos Filanbanco, Emanuel, entre otros) han levantado una ola de críticas de sus detractores y la sospecha de compromisos políticos
Inteligente, tenaz y profundamente reservada. Estas son las características más destacadas que señalan adeptos y contradictores de la ministra fiscal general Mariana Yépez, uno de los personajes clave de la administración de justicia y de la vida política de los últimos cinco años.
Un último caso, a cargo de la Fiscalía, es el de liberar de toda responsabilidad y participación en el delito de estafa y abuso de confianza a Martha Lucrecia Hurtado Borbúa, prima del presidente Lucio Gutiérrez (ver recuadro). Y también hay otra revelación de última hora: haber liberado la custodia de los hermanos Roberto y William Isaías, ex directivos de Filanbanco, en abril de 2000 (ver documentos adjuntos).
Para quienes han seguido de cerca su trayectoria profesional, esas aristas constituyen una de las facetas de la máxima autoridad del Ministerio Público, que en el ámbito judicial le ha servido para forjarse una imagen sólida y que, a la larga, ha empujado apoyos a sus nominaciones a las diferentes dignidades que ha ocupado.
La otra faceta, aquella que amigos y opositores mencionan con reservas, define a una mujer comprometida con el estatu quo, que determinaría una tendencia a acercarse al poder y vivir dentro de esa lógica.
Su nombramiento, en febrero de 1999, fue parte de un acuerdo político entre la Democracia Popular (DP) y el Partido Social Cristiano (PSC), calificado como "la aplanadora", bajo la presidencia del demócratapopular Juan José Pons. Este entendimiento supuso que la fiscal era una cuota política de la flecha verde, mientras que al PSC le correspondía la Presidencia de la Corte Suprema.
La designación fue un rápido ascenso para Yépez. En 1998 se ubicó en el selecto grupo de 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), designado en la última reorganización de la Función Judicial realizada por el Congreso, que para muchos no fue más que otro "reparto político".
Auspiciada por las organizaciones de mujeres y por su hoja de vida en el campo penal, Mariana Yépez compartió con Américo Gallegos y Mariana Argudo (fallecidos) una de las estratégicas salas de lo Penal de la CSJ. Hasta esa época, la fiscal había recorrido un cuarto de siglo en la llamada carrera judicial que empezó en los años de estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Al igual que su compañero de aulas, el magistrado Jaime Velasco, la ministra fiscal se inició desde abajo. Empezó como auxiliar de juzgado de la Corte Superior de Justicia de Quito; rápidamente, "gracias a su competencia", dice un allegado que prefirió la reserva, subió varios peldaños. Fue fiscal, juez penal y civil, secretaria, ministra juez y presidenta, hasta llegar a la secretaría y la magistratura de la Corte Suprema.
Al incorporarse al Ministerio Público, Yépez no solo tuvo que inaugurar un nuevo esquema procesal, sino un nuevo perfil del fiscal con más poderes, por su papel protagónico en la investigación. El sentido de la reserva que imprimió el nuevo sistema matizó la personalidad de Yépez y sus relaciones políticas.
Sus resoluciones en casos complejos como Filanbanco y la acusación del diputado León Febres Cordero en contra del ex presidente Gustavo Noboa la catalogan como persona vinculada con grupos políticos, según la percepción del diputado socialdemócrata Carlos González. "Ha protegido a los banqueros corruptos y a los más grandes delincuentes del país", prueba de ello, dice él, es que, en el caso Filanbanco, "ablandó" la acusación al señalar como falsificación de documentos, cuando el ex presidente de la CSJ, Armando Bermeo, lo calificó de peculado.
Esa habilidad política que refiere el legislador puede expresarse en las constantes visitas de dirigentes políticos, lo que, por otro lado, le ha permitido mantenerse pese a los reiterados intentos de partidos como la ID para interpelarla y las constantes críticas de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), que ha denunciado que en el Ministerio Público se está forjando un túnel de la impunidad.
Incluso sus opositores destacan la tenacidad de la ministra y es aplaudida por empleados y fiscales, pues dicen que ella ha logrado contar con instalaciones propias, a pesar de las deficiencias que aún se observan, sobre todo la ausencia de un sistema informático integrado y técnicas de investigación, en este último caso al depender ampliamente del trabajo policial. (LB/MAR)
Los hermanos Roberto y William Isaías tuvieron custodia menos de 24 horas
La Fiscal no atendió la solicitud de entrevista pedida por BLANCO Y NEGRO el miércoles 24 de marzo de este año
¿Hubo omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado en el caso Filanbanco? Dos memorandos de la Policía Nacional revelan que al menos se liberó de la custodia a los ex directivos de esa entidad financiera en momentos en que se presentó un proyecto de excitativa fiscal, que acusaba a los hermanos Roberto y William Iasías de peculado bancario con fondos recibidos del Banco Central del Ecuador.
El 10 de abril de 2000, el mayor Jorge Rivadeneira, oficial investigador, comunica al director nacional de Policía Judicial (PJ), general Edgar Vaca, que ese día fue convocado a la oficina del doctor Washington Pesántez, asesor del Ministerio Fiscal, quien de "manera personal" le manifestó que la Fiscalía se halla elaborando una excitativa en la cual se va a pedir la detención de los señores Roberto Isaías Dassum, William Isaías Dassum y Juan Franco Porras, ex directivos y administrador de Filanbanco.
Agrega en el memorando sin número que esa es la razón para pedir a esa Dirección que "procedan desde ya a ubicar y mantener bajo vigilancia a los mencionados ciudadanos, con la recomendación especial de que, en vista de que se trata de personas de gran influencia, el requerimiento se lo haga de manera altamente reservada y con las precauciones del caso".
Al día siguiente, el mayor Rivadeneira se dirige otra vez al general Vaca para informarle que ese día fue convocado nuevamente por el doctor Pesántez para manifestarle que el pedido efectuado el día anterior para la ubicación de Roberto y William Isaías y Juan Franco Porras "queda suspendido y que agradecía por el trabajo realizado hasta el momento por esa Dirección (PJ)". Y, además, que cualquier otra decisión al respecto "nos darán a conocer oportunamente".
Estos dos documentos oficiales de la Policía, a los que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, se han mantenido en reserva hasta el momento. Una mención de los mismos es señalada por un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), del 26 de octubre de 2000, en la que se formula un pedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia para el enjuiciamiento penal de la ministra fiscal Mariana Yépez por el supuesto cometimiento de prevaricato, "por retardar el ejercicio de la acción penal" en contra de los implicados.
En el petitorio al presidente de la CSJ, Galo Pico Mantilla, la CCCC hace una cronología de los hechos. Además de destacar la demora en la acción, señala que el 10 de abril de 2000, día en que la Unidad Especial de Investigaciones Financieras de la Fiscalía presenta el proyecto de excitativa fiscal que pide la expedición del autocabeza de proceso, la orden de prisión preventiva y la prohibición de salir del país se los implicados, el doctor Pesántez se dirige al mayor Rivadeneira para pedirle, primero, el seguimiento de los implicados y, luego, desistir de esa acción, según consta en memorandos de la Policía, certificados.
Cuando la ministra fiscal formula la excitativa, y sobre esa base el presidente de la CSJ inicia el enjuiciamiento penal y dispone la prisión preventiva de los hermanos Isaías y de Franco, estas personas ya no se encontraban en el país, "logrando prácticamente su impunidad". Los hermanos Isaías salieron del país el 1 de junio de 2000 y el 16 de junio se emitió la excitativa fiscal. (LB)
LOS CASOS
La primera llamada de alerta la hizo la Comisión Anticorrupción
En mayo de 2000, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) solicitó al Congreso el enjuiciamiento político de la ministra fiscal, Mariana Yépez, por haberse negado a presentar la excitativa fiscal correspondiente ante la CSJ, a fin de que iniciara las acciones penales pertinentes en contra del ex presidente Jamil Mahuad por el congelamiento de las cuentas bancarias. Según la CCCC, con esa actitud Yépez favorece la impunidad y viola la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.
En mayo de 2000 EEUU da por terminado un entendimiento
La Embajada de Estados Unidos dio por terminado un memorando de entendimiento con la Fiscalía General de Ecuador, aduciendo que dicho organismo ""podría estar tratando de manipular evidencias, proteger a los sospechosos bajo investigación y obstruir la acción de la justicia"". Tales "dudas" fueron expresadas el pasado 18 de mayo en una carta enviada por el consejero Larry I. Palmer a la ministra fiscal general, Mariana Yépez. Según Palmer, el memorando buscaba brindar asistencia para investigar los delitos de corrupción.
La prima de Lucio Gutiérrez queda liberada de toda culpa
La Fiscalía liberó de toda culpa en el delito de estafa y abuso de confianza a Martha Lucrecia Hurtado Borbúa, prima del presidente Lucio Gutiérrez y hermana del ex prefecto de Napo Alex Hurtado. La falta de acusación generó el sobreseimiento de la acusada por solicitar la entrega de boletos aéreos nacionales e internacionales con destino a España, Francia e Italia, con vouchers de tarjetas de crédito que habrían sido fraudulentos, provenientes de la agencia Anacondo Travel, de propiedad de Hurtado.
El primo del presidente también está en manos de la Fiscalía
Con base en un informe de la ministra fiscal, que se inhibió de acusar, el presidente de la Corte Superior de Tena archivó en 2002 una acusación en contra Alex Hurtado Borbúa, primo del presidente Lucio Gutiérrez y actual secretario ejecutivo del Ecorae. Pero está pendiente el resultado de una indagación por otro caso por presunto peculado de Hurtado, señalado en un informe final de Contraloría cuando fue alcalde de Tena. El informe del fiscal distrital puede ser requerido por la fiscal en caso de ser acusatorio.
Las preguntas que la Fiscal no respondió desde la semana pasada
El miércoles 24 de marzo de 2004, este Diario solicitó una entrevista con la ministra Mariana Yépez. El martes pasado se informó que había viajado al exterior. Aquí algunas interrogantes:
¿Por qué se pidió la custodia de los hermanos Isaías y en 24 horas se solicitó dejarla sin efecto?
¿La supuesta relación con grupos partidistas ha impedido los pedidos de enjuiciamiento político y penal?
¿Qué piensa sobre la supuesta existencia de un túnel de impunidad dentro de la Fiscalía?
LAS EXPRESIONES
Por su inacción (Yépez) ha obstaculizado enjuiciar a personas que cometieron actos de corrupción
Comisión Anticorrupción
Es una mujer que conoce mucho de la materia, está preparada y tiene el carácter para ejercer el cargo
Cynthia Viteri, diputada del PSC
Su cercanía con el poder político le permitirán prorrogarse en funciones cuando concluya su período, diputado Carlos González (BLANCO Y NEGRO)
Inteligente, tenaz y profundamente reservada. Estas son las características más destacadas que señalan adeptos y contradictores de la ministra fiscal general Mariana Yépez, uno de los personajes clave de la administración de justicia y de la vida política de los últimos cinco años.
Un último caso, a cargo de la Fiscalía, es el de liberar de toda responsabilidad y participación en el delito de estafa y abuso de confianza a Martha Lucrecia Hurtado Borbúa, prima del presidente Lucio Gutiérrez (ver recuadro). Y también hay otra revelación de última hora: haber liberado la custodia de los hermanos Roberto y William Isaías, ex directivos de Filanbanco, en abril de 2000 (ver documentos adjuntos).
Para quienes han seguido de cerca su trayectoria profesional, esas aristas constituyen una de las facetas de la máxima autoridad del Ministerio Público, que en el ámbito judicial le ha servido para forjarse una imagen sólida y que, a la larga, ha empujado apoyos a sus nominaciones a las diferentes dignidades que ha ocupado.
La otra faceta, aquella que amigos y opositores mencionan con reservas, define a una mujer comprometida con el estatu quo, que determinaría una tendencia a acercarse al poder y vivir dentro de esa lógica.
Su nombramiento, en febrero de 1999, fue parte de un acuerdo político entre la Democracia Popular (DP) y el Partido Social Cristiano (PSC), calificado como "la aplanadora", bajo la presidencia del demócratapopular Juan José Pons. Este entendimiento supuso que la fiscal era una cuota política de la flecha verde, mientras que al PSC le correspondía la Presidencia de la Corte Suprema.
La designación fue un rápido ascenso para Yépez. En 1998 se ubicó en el selecto grupo de 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), designado en la última reorganización de la Función Judicial realizada por el Congreso, que para muchos no fue más que otro "reparto político".
Auspiciada por las organizaciones de mujeres y por su hoja de vida en el campo penal, Mariana Yépez compartió con Américo Gallegos y Mariana Argudo (fallecidos) una de las estratégicas salas de lo Penal de la CSJ. Hasta esa época, la fiscal había recorrido un cuarto de siglo en la llamada carrera judicial que empezó en los años de estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Al igual que su compañero de aulas, el magistrado Jaime Velasco, la ministra fiscal se inició desde abajo. Empezó como auxiliar de juzgado de la Corte Superior de Justicia de Quito; rápidamente, "gracias a su competencia", dice un allegado que prefirió la reserva, subió varios peldaños. Fue fiscal, juez penal y civil, secretaria, ministra juez y presidenta, hasta llegar a la secretaría y la magistratura de la Corte Suprema.
Al incorporarse al Ministerio Público, Yépez no solo tuvo que inaugurar un nuevo esquema procesal, sino un nuevo perfil del fiscal con más poderes, por su papel protagónico en la investigación. El sentido de la reserva que imprimió el nuevo sistema matizó la personalidad de Yépez y sus relaciones políticas.
Sus resoluciones en casos complejos como Filanbanco y la acusación del diputado León Febres Cordero en contra del ex presidente Gustavo Noboa la catalogan como persona vinculada con grupos políticos, según la percepción del diputado socialdemócrata Carlos González. "Ha protegido a los banqueros corruptos y a los más grandes delincuentes del país", prueba de ello, dice él, es que, en el caso Filanbanco, "ablandó" la acusación al señalar como falsificación de documentos, cuando el ex presidente de la CSJ, Armando Bermeo, lo calificó de peculado.
Esa habilidad política que refiere el legislador puede expresarse en las constantes visitas de dirigentes políticos, lo que, por otro lado, le ha permitido mantenerse pese a los reiterados intentos de partidos como la ID para interpelarla y las constantes críticas de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), que ha denunciado que en el Ministerio Público se está forjando un túnel de la impunidad.
Incluso sus opositores destacan la tenacidad de la ministra y es aplaudida por empleados y fiscales, pues dicen que ella ha logrado contar con instalaciones propias, a pesar de las deficiencias que aún se observan, sobre todo la ausencia de un sistema informático integrado y técnicas de investigación, en este último caso al depender ampliamente del trabajo policial. (LB/MAR)
Los hermanos Roberto y William Isaías tuvieron custodia menos de 24 horas
La Fiscal no atendió la solicitud de entrevista pedida por BLANCO Y NEGRO el miércoles 24 de marzo de este año
¿Hubo omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado en el caso Filanbanco? Dos memorandos de la Policía Nacional revelan que al menos se liberó de la custodia a los ex directivos de esa entidad financiera en momentos en que se presentó un proyecto de excitativa fiscal, que acusaba a los hermanos Roberto y William Iasías de peculado bancario con fondos recibidos del Banco Central del Ecuador.
El 10 de abril de 2000, el mayor Jorge Rivadeneira, oficial investigador, comunica al director nacional de Policía Judicial (PJ), general Edgar Vaca, que ese día fue convocado a la oficina del doctor Washington Pesántez, asesor del Ministerio Fiscal, quien de "manera personal" le manifestó que la Fiscalía se halla elaborando una excitativa en la cual se va a pedir la detención de los señores Roberto Isaías Dassum, William Isaías Dassum y Juan Franco Porras, ex directivos y administrador de Filanbanco.
Agrega en el memorando sin número que esa es la razón para pedir a esa Dirección que "procedan desde ya a ubicar y mantener bajo vigilancia a los mencionados ciudadanos, con la recomendación especial de que, en vista de que se trata de personas de gran influencia, el requerimiento se lo haga de manera altamente reservada y con las precauciones del caso".
Al día siguiente, el mayor Rivadeneira se dirige otra vez al general Vaca para informarle que ese día fue convocado nuevamente por el doctor Pesántez para manifestarle que el pedido efectuado el día anterior para la ubicación de Roberto y William Isaías y Juan Franco Porras "queda suspendido y que agradecía por el trabajo realizado hasta el momento por esa Dirección (PJ)". Y, además, que cualquier otra decisión al respecto "nos darán a conocer oportunamente".
Estos dos documentos oficiales de la Policía, a los que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, se han mantenido en reserva hasta el momento. Una mención de los mismos es señalada por un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), del 26 de octubre de 2000, en la que se formula un pedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia para el enjuiciamiento penal de la ministra fiscal Mariana Yépez por el supuesto cometimiento de prevaricato, "por retardar el ejercicio de la acción penal" en contra de los implicados.
En el petitorio al presidente de la CSJ, Galo Pico Mantilla, la CCCC hace una cronología de los hechos. Además de destacar la demora en la acción, señala que el 10 de abril de 2000, día en que la Unidad Especial de Investigaciones Financieras de la Fiscalía presenta el proyecto de excitativa fiscal que pide la expedición del autocabeza de proceso, la orden de prisión preventiva y la prohibición de salir del país se los implicados, el doctor Pesántez se dirige al mayor Rivadeneira para pedirle, primero, el seguimiento de los implicados y, luego, desistir de esa acción, según consta en memorandos de la Policía, certificados.
Cuando la ministra fiscal formula la excitativa, y sobre esa base el presidente de la CSJ inicia el enjuiciamiento penal y dispone la prisión preventiva de los hermanos Isaías y de Franco, estas personas ya no se encontraban en el país, "logrando prácticamente su impunidad". Los hermanos Isaías salieron del país el 1 de junio de 2000 y el 16 de junio se emitió la excitativa fiscal. (LB)
LOS CASOS
La primera llamada de alerta la hizo la Comisión Anticorrupción
En mayo de 2000, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) solicitó al Congreso el enjuiciamiento político de la ministra fiscal, Mariana Yépez, por haberse negado a presentar la excitativa fiscal correspondiente ante la CSJ, a fin de que iniciara las acciones penales pertinentes en contra del ex presidente Jamil Mahuad por el congelamiento de las cuentas bancarias. Según la CCCC, con esa actitud Yépez favorece la impunidad y viola la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.
En mayo de 2000 EEUU da por terminado un entendimiento
La Embajada de Estados Unidos dio por terminado un memorando de entendimiento con la Fiscalía General de Ecuador, aduciendo que dicho organismo ""podría estar tratando de manipular evidencias, proteger a los sospechosos bajo investigación y obstruir la acción de la justicia"". Tales "dudas" fueron expresadas el pasado 18 de mayo en una carta enviada por el consejero Larry I. Palmer a la ministra fiscal general, Mariana Yépez. Según Palmer, el memorando buscaba brindar asistencia para investigar los delitos de corrupción.
La prima de Lucio Gutiérrez queda liberada de toda culpa
La Fiscalía liberó de toda culpa en el delito de estafa y abuso de confianza a Martha Lucrecia Hurtado Borbúa, prima del presidente Lucio Gutiérrez y hermana del ex prefecto de Napo Alex Hurtado. La falta de acusación generó el sobreseimiento de la acusada por solicitar la entrega de boletos aéreos nacionales e internacionales con destino a España, Francia e Italia, con vouchers de tarjetas de crédito que habrían sido fraudulentos, provenientes de la agencia Anacondo Travel, de propiedad de Hurtado.
El primo del presidente también está en manos de la Fiscalía
Con base en un informe de la ministra fiscal, que se inhibió de acusar, el presidente de la Corte Superior de Tena archivó en 2002 una acusación en contra Alex Hurtado Borbúa, primo del presidente Lucio Gutiérrez y actual secretario ejecutivo del Ecorae. Pero está pendiente el resultado de una indagación por otro caso por presunto peculado de Hurtado, señalado en un informe final de Contraloría cuando fue alcalde de Tena. El informe del fiscal distrital puede ser requerido por la fiscal en caso de ser acusatorio.
Las preguntas que la Fiscal no respondió desde la semana pasada
El miércoles 24 de marzo de 2004, este Diario solicitó una entrevista con la ministra Mariana Yépez. El martes pasado se informó que había viajado al exterior. Aquí algunas interrogantes:
¿Por qué se pidió la custodia de los hermanos Isaías y en 24 horas se solicitó dejarla sin efecto?
¿La supuesta relación con grupos partidistas ha impedido los pedidos de enjuiciamiento político y penal?
¿Qué piensa sobre la supuesta existencia de un túnel de impunidad dentro de la Fiscalía?
LAS EXPRESIONES
Por su inacción (Yépez) ha obstaculizado enjuiciar a personas que cometieron actos de corrupción
Comisión Anticorrupción
Es una mujer que conoce mucho de la materia, está preparada y tiene el carácter para ejercer el cargo
Cynthia Viteri, diputada del PSC
Su cercanía con el poder político le permitirán prorrogarse en funciones cuando concluya su período, diputado Carlos González (BLANCO Y NEGRO)
Más en el