UNA DESTITUCION ANUNCIADA Por Mónica Almeida
Quito. 30-09-91. Mañana el Congreso emprenderá un nuevo
juicio político a un ministro del gobierno socialdemócrata.
Ahora, el turno es de Oscar Garzón, de la Cartera de Energía y
Minas.
La razón es la misma por la que han sido enjuiciados la
mayoría de los ministros de esa Cartera: la temida alza en los
precios de los combustibles.
Desde el retorno democrático (1978), los honorables han
interpelado a tres ministros de Energía. A uno de ellos por
dos veces. En ese mismo período, tres gobiernos -a pesar de
sus ideologías irreconciliables- han realizado al menos doce
alzas en los precios de la gasolina, kérex y diesel oil.
El primer secretario de Estado enjuiciado fue Eduardo Ortega
Gómez, en la Presidencia de Osvaldo Hurtado (1981-1984),
acusado de violar la Ley de Licitaciones al contratar con la
firma "Pemargo" la perforación de pozos peroleros en el Golfo
de Guayaquil, y de permitir el alza de las tarifas eléctricas.
El proceso terminó con la destitución del funcionario el 8 de
septiembre de 1982, con 39 votos a favor de la censura, 26 en
contra y cuatro ausentes. El entonces legislador León Febres
Cordero y el bloque de la Izquierda Democrática (ID) votaron
por la destitución del funcionario.
Para ese entonces, el galón de gasolina de 63 octanos costaba
10 sucres; de 80 octanos, 15; de 92, 20; el kérex, 6; y el
diesel, 11 sucres. Luego, en octubre de ese mismo año, el
gobierno de Hurtado aumentó los precios de la gasolina así:
la de 63 octanos 20 sucres, la de 80, 30 y la de 92, 40
sucres. Su pretensión era mayor, pero la oposición social
permitió que solo se llegara a las tarifas indicadas.
Ahora sí por precios
Pese a sus oposición a las alzas de los precios de los
combustibles cuando era legislador, el presidente Febres
Cordero (1984-1988), también siguió esa política. En abril de
1987 incrementó a 90 sucres la gasolina de 80 octanos; a 110
la de 92; a 30 el kérex; a 55 sucres el diesel oil. Otra alza
se realizó en junio, pero solo para la gasolina de 63 octanos:
a 42 sucres.
Apenas se instaló el Congreso, el ministro reconstructor de
Energía, Javier Espinoza, cayó en desgracia, y fue
interpelado, y luego censurado el primero de septiembre de
1987. Esta vez sí por el alza de combustibles. Fue destituido
con 43 votos, 13 en contra, 3 abstenciones y 12 ausencias.
Alzas naranjas
Luego le tocó el turno a la ID, partido que siempre se había
opuesto a las alzas de combustibles y, por ende, votó a favor
de la censura de los ministros de Energía de Hurtado y Febres
Cordero.
Al subir al poder (1988), elevó los precios de los
combustibles el 31 de agosto. La gasolina de 80 octanos se
ubicó en 180 sucres, y la de 92 en 230 sucres.
Inmediatamente, el Congreso llamó a Diego Tamariz, ministro de
Energía, al banquillo de la interpelación. En una sesión
maratónica, de casi 13 horas, el secretario fue absuelto por
la mayoría centro izquierda del gobierno y la Democracia
Popular (DP).
Pero como la crisis fiscal no tiene freno, el gobierno de
Rodrigo Borja decidió elevar nuevamente los precios, ahora en
forma periódica por un lapso de seis meses, a partir de julio
de 1989. Como tampoco fue suficiente, se dispuso otro
incremento en abril de 1990 por seis meses más, es decir,
hasta septiembre. Los últimos precios fueron, la gasolina
súper (ex 92 octanos), a 485 sucres; la extra (ex 63 octanos),
a 360 sucres; y el diesel a 340 sucres.
Para entonces el gobierno había perdido su mayoría
parlamentaria y la oposición entró con los bríos de
interpelación. Pese a que se reconoció como ilegal el alza del
gobierno, a partir de agosto, los nuevos precios entraron en
vigencia. Sin embargo Tamariz salvó su cabeza por algunos
meses (por la destitución de Averroes Bucaram de la
Presidencia del Congreso), hasta que una vez más se elevaron
los precios en enero de 1991, en casi un 15%. Y Tamariz no
tuvo salvación. Fue interpelado y destituido en marzo de 1991,
pues el gobierno no tuvo mayoría parlamentaria, pese a
públicos y obstinados esfuerzos.
Renuncia de Castillo
Esta última alza de precios en los combustibles, 9 de
septiembre, ya le costó al gobierno un ministro, y
posiblemente serán dos. El primero, Donald Castillo, renunció
luego de negarse a firmar el decreto de alza, en agosto de
1991.
La responsabilidad de la medida (que nunca se toma en el
Ministerio de Energía sino en la Junta Monetaria), la asumió
el flamante ministro Oscar Garzón, cuya cabeza seguramente
rodará si es que no se producen algunos camisetazos y el
gobierno no logra una mayoría en el Congreso.
DESPUES DE TODO EL DINERO VA AL FISCO
La decisión de un alza en los precios de los combustibles no
es nada fácil para un gobierno. Implica perder un ministro,
conflictos sociales y huelga, y la temida inflación. Quizás un
costo inevitable frente al desenfrenado déficit fiscal y las
exigencias del FMI.
Pero la decisión hay que tomarla y para ello se aplica un
patrón de conducta similar. Primero empiezan a circular
rumores en altas esferas del gobierno, que luego se convierten
en declaraciones y el tema de los combustibles sale a la luz
de los medios de comunicación.
Se habla del contrabando de gasolina al exterior, de la
diferencia de precios con los países vecinos, del eterno
subsidio del Estado a los precios y el pequeño margen de
incidencia de los costos de los combustibles en el proceso de
producción.
Aunque el incremento sea negado enfáticamente en las esferas
de gobierno, llega finalmente el día de la medida y las
razones oficiales. Desde 1981, éstas han sido: disminuir la
diferencia de los precios internos con los internacionales,
controlar el contrabando, disminuir las importaciones de
combustibles, reducir los subsidios y preservar los recursos
no renovables. La única razón real es incrementar recursos
para el Presupuesto del Estado, pero esta razón solo se la dio
en 1984, junto con todas las otras.
Las razones oficiales caen por su propio peso. Las dos
primeras se refieren al contrabando y bajo esta justificación
se elevan los precios a veces hasta en un 50%. Con el último
incremento, un galón de gasolina ecuatoriana alcanza un precio
de 510 sucres (antes era de 410 sucres), mientras que en
Colombia el galón está por sobre los 800 sucres y en Perú a
dos mil sucres. ¿Se puede creer que por disminuir el margen en
100 sucres por galón se va a controlar el contrabando, cuando
la diferencia es del 56% en el caso de Colombia y del 290% con
Perú, y cuando se calcula que el contrabando alcanza los 960
mil galones?
Lo único que se logra es disminuir el margen de ganancia para
los contrabandistas.
La razón de la disminución de importaciones perdió vigencia
porque no se importa gas, tampoco diesel.
La siguiente es la de disminuir el subsidio. Para el analista
económico, Alberto Acosta, el subsidio prácticamente no
existe, pero el régimen lo calcula en base a "costos de
oportunidad", es decir, según el valor del barril en dólares,
como se lo vende en el extranjero. "Pero esto es irreal porque
los salarios no son en dólares ni nuestra economía se maneja
en esa divisa", dice Acosta.
Finalmente, se habla de preservar los recursos no renovables,
"pero resulta que no hay recionalidad en los incrementos, pues
algunas veces es la gasolina, otras el diesel, y al final
todos aumentan, entonces no se dirige el consumo", señala el
analista.
¿A dónde va ese dinero?
Con la última alza de gasolina, el gobierno tendrá recursos
frescos, pagados por los usuarios, de alrededor de 40 mil
millones de sucres. Sin embargo, estos recursos no van a
capitalizar a Petroecuador ni al servicio de la deuda, que
alcanza a 120 mil millones de sucres, sino al déficit fiscal,
que ya bordea los 310 mil millones de sucres. ¿Vale tanto
esfuerzo para disminuir el déficit en solo el 12%?
Más allá de eso, el hecho de que ese dinero vaya al fisco se
convierte en un impuesto velado que pagamos todos los
consumidores. Y según la ley, cada nuevo impuesto debe ser
aprobado por el Congreso, y no por voluntad del régimen. De
ahí parten los reclamos airados del Parlamento, y el juicio
político al ministro Garzón.
Pero, sobre todo eso, cada alza de combustible representa para
los honorables un nuevo bastión de lucha contra el régimen y
la oportunidad de lucirse en una interpelación. Y aunque el
ministro sea destituido, si el gobierno no es hábil para
mantener una mayoría, la medida queda, la inflación se desata,
todos pagamos las consecuencias y el dinero va al fisco.
Quito. 30-09-91. Mañana el Congreso emprenderá un nuevo
juicio político a un ministro del gobierno socialdemócrata.
Ahora, el turno es de Oscar Garzón, de la Cartera de Energía y
Minas.
La razón es la misma por la que han sido enjuiciados la
mayoría de los ministros de esa Cartera: la temida alza en los
precios de los combustibles.
Desde el retorno democrático (1978), los honorables han
interpelado a tres ministros de Energía. A uno de ellos por
dos veces. En ese mismo período, tres gobiernos -a pesar de
sus ideologías irreconciliables- han realizado al menos doce
alzas en los precios de la gasolina, kérex y diesel oil.
El primer secretario de Estado enjuiciado fue Eduardo Ortega
Gómez, en la Presidencia de Osvaldo Hurtado (1981-1984),
acusado de violar la Ley de Licitaciones al contratar con la
firma "Pemargo" la perforación de pozos peroleros en el Golfo
de Guayaquil, y de permitir el alza de las tarifas eléctricas.
El proceso terminó con la destitución del funcionario el 8 de
septiembre de 1982, con 39 votos a favor de la censura, 26 en
contra y cuatro ausentes. El entonces legislador León Febres
Cordero y el bloque de la Izquierda Democrática (ID) votaron
por la destitución del funcionario.
Para ese entonces, el galón de gasolina de 63 octanos costaba
10 sucres; de 80 octanos, 15; de 92, 20; el kérex, 6; y el
diesel, 11 sucres. Luego, en octubre de ese mismo año, el
gobierno de Hurtado aumentó los precios de la gasolina así:
la de 63 octanos 20 sucres, la de 80, 30 y la de 92, 40
sucres. Su pretensión era mayor, pero la oposición social
permitió que solo se llegara a las tarifas indicadas.
Ahora sí por precios
Pese a sus oposición a las alzas de los precios de los
combustibles cuando era legislador, el presidente Febres
Cordero (1984-1988), también siguió esa política. En abril de
1987 incrementó a 90 sucres la gasolina de 80 octanos; a 110
la de 92; a 30 el kérex; a 55 sucres el diesel oil. Otra alza
se realizó en junio, pero solo para la gasolina de 63 octanos:
a 42 sucres.
Apenas se instaló el Congreso, el ministro reconstructor de
Energía, Javier Espinoza, cayó en desgracia, y fue
interpelado, y luego censurado el primero de septiembre de
1987. Esta vez sí por el alza de combustibles. Fue destituido
con 43 votos, 13 en contra, 3 abstenciones y 12 ausencias.
Alzas naranjas
Luego le tocó el turno a la ID, partido que siempre se había
opuesto a las alzas de combustibles y, por ende, votó a favor
de la censura de los ministros de Energía de Hurtado y Febres
Cordero.
Al subir al poder (1988), elevó los precios de los
combustibles el 31 de agosto. La gasolina de 80 octanos se
ubicó en 180 sucres, y la de 92 en 230 sucres.
Inmediatamente, el Congreso llamó a Diego Tamariz, ministro de
Energía, al banquillo de la interpelación. En una sesión
maratónica, de casi 13 horas, el secretario fue absuelto por
la mayoría centro izquierda del gobierno y la Democracia
Popular (DP).
Pero como la crisis fiscal no tiene freno, el gobierno de
Rodrigo Borja decidió elevar nuevamente los precios, ahora en
forma periódica por un lapso de seis meses, a partir de julio
de 1989. Como tampoco fue suficiente, se dispuso otro
incremento en abril de 1990 por seis meses más, es decir,
hasta septiembre. Los últimos precios fueron, la gasolina
súper (ex 92 octanos), a 485 sucres; la extra (ex 63 octanos),
a 360 sucres; y el diesel a 340 sucres.
Para entonces el gobierno había perdido su mayoría
parlamentaria y la oposición entró con los bríos de
interpelación. Pese a que se reconoció como ilegal el alza del
gobierno, a partir de agosto, los nuevos precios entraron en
vigencia. Sin embargo Tamariz salvó su cabeza por algunos
meses (por la destitución de Averroes Bucaram de la
Presidencia del Congreso), hasta que una vez más se elevaron
los precios en enero de 1991, en casi un 15%. Y Tamariz no
tuvo salvación. Fue interpelado y destituido en marzo de 1991,
pues el gobierno no tuvo mayoría parlamentaria, pese a
públicos y obstinados esfuerzos.
Renuncia de Castillo
Esta última alza de precios en los combustibles, 9 de
septiembre, ya le costó al gobierno un ministro, y
posiblemente serán dos. El primero, Donald Castillo, renunció
luego de negarse a firmar el decreto de alza, en agosto de
1991.
La responsabilidad de la medida (que nunca se toma en el
Ministerio de Energía sino en la Junta Monetaria), la asumió
el flamante ministro Oscar Garzón, cuya cabeza seguramente
rodará si es que no se producen algunos camisetazos y el
gobierno no logra una mayoría en el Congreso.
DESPUES DE TODO EL DINERO VA AL FISCO
La decisión de un alza en los precios de los combustibles no
es nada fácil para un gobierno. Implica perder un ministro,
conflictos sociales y huelga, y la temida inflación. Quizás un
costo inevitable frente al desenfrenado déficit fiscal y las
exigencias del FMI.
Pero la decisión hay que tomarla y para ello se aplica un
patrón de conducta similar. Primero empiezan a circular
rumores en altas esferas del gobierno, que luego se convierten
en declaraciones y el tema de los combustibles sale a la luz
de los medios de comunicación.
Se habla del contrabando de gasolina al exterior, de la
diferencia de precios con los países vecinos, del eterno
subsidio del Estado a los precios y el pequeño margen de
incidencia de los costos de los combustibles en el proceso de
producción.
Aunque el incremento sea negado enfáticamente en las esferas
de gobierno, llega finalmente el día de la medida y las
razones oficiales. Desde 1981, éstas han sido: disminuir la
diferencia de los precios internos con los internacionales,
controlar el contrabando, disminuir las importaciones de
combustibles, reducir los subsidios y preservar los recursos
no renovables. La única razón real es incrementar recursos
para el Presupuesto del Estado, pero esta razón solo se la dio
en 1984, junto con todas las otras.
Las razones oficiales caen por su propio peso. Las dos
primeras se refieren al contrabando y bajo esta justificación
se elevan los precios a veces hasta en un 50%. Con el último
incremento, un galón de gasolina ecuatoriana alcanza un precio
de 510 sucres (antes era de 410 sucres), mientras que en
Colombia el galón está por sobre los 800 sucres y en Perú a
dos mil sucres. ¿Se puede creer que por disminuir el margen en
100 sucres por galón se va a controlar el contrabando, cuando
la diferencia es del 56% en el caso de Colombia y del 290% con
Perú, y cuando se calcula que el contrabando alcanza los 960
mil galones?
Lo único que se logra es disminuir el margen de ganancia para
los contrabandistas.
La razón de la disminución de importaciones perdió vigencia
porque no se importa gas, tampoco diesel.
La siguiente es la de disminuir el subsidio. Para el analista
económico, Alberto Acosta, el subsidio prácticamente no
existe, pero el régimen lo calcula en base a "costos de
oportunidad", es decir, según el valor del barril en dólares,
como se lo vende en el extranjero. "Pero esto es irreal porque
los salarios no son en dólares ni nuestra economía se maneja
en esa divisa", dice Acosta.
Finalmente, se habla de preservar los recursos no renovables,
"pero resulta que no hay recionalidad en los incrementos, pues
algunas veces es la gasolina, otras el diesel, y al final
todos aumentan, entonces no se dirige el consumo", señala el
analista.
¿A dónde va ese dinero?
Con la última alza de gasolina, el gobierno tendrá recursos
frescos, pagados por los usuarios, de alrededor de 40 mil
millones de sucres. Sin embargo, estos recursos no van a
capitalizar a Petroecuador ni al servicio de la deuda, que
alcanza a 120 mil millones de sucres, sino al déficit fiscal,
que ya bordea los 310 mil millones de sucres. ¿Vale tanto
esfuerzo para disminuir el déficit en solo el 12%?
Más allá de eso, el hecho de que ese dinero vaya al fisco se
convierte en un impuesto velado que pagamos todos los
consumidores. Y según la ley, cada nuevo impuesto debe ser
aprobado por el Congreso, y no por voluntad del régimen. De
ahí parten los reclamos airados del Parlamento, y el juicio
político al ministro Garzón.
Pero, sobre todo eso, cada alza de combustible representa para
los honorables un nuevo bastión de lucha contra el régimen y
la oportunidad de lucirse en una interpelación. Y aunque el
ministro sea destituido, si el gobierno no es hábil para
mantener una mayoría, la medida queda, la inflación se desata,
todos pagamos las consecuencias y el dinero va al fisco.
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