Quito. 27 ago 97. La Ley de Descentralización, aprobada por el
Congreso en segundo debate el lunes, pretende "desconcentrar"
la planificación y gestión pública para fortalecer los
organismos seccionales.
La diputada Susana González (PSC), promotora del Proyecto de
Ley y presidenta de la Comisión de Gestión Pública, está
satisfecha de cómo quedó el proyecto luego del trámite
parlamentario.
El cinco de marzo se lo presentó para el segundo debate. A
partir de entonces se dio una serie de reuniones con
representantes de los municipios, los ministerios y la
Presidencia de la República para negociar lo que para González
es lo más importante: garantizar que el Gobierno central
transfiera, paulatinamente, los fondos para obras públicas a
los gobiernos locales de todo el país.
Se ha pensado que los ministerios, entreguen muchas de sus
responsabilidades a los gobiernos locales; el proyecto
original preveía que la Contraloría y la Procuraduría también
se "desconcentraran", dando igual valor a los informes
preliminares de las regionales, pero esto fue negado por los
diputados.
La Ley, que será entregada el próximo martes al Presidente
Interino para su sanción, entrará en vigencia una vez que se
tramiten las posibles objeciones de la Presidencia y se
redacte, en un plazo de 90 días, el reglamento que facilite la
desconcentración.
Según la legisladora socialcristiana, el nuevo marco legal es
muy flexible: se prevé que los municipios tendrán una serie de
responsabilidades, como la de construir los locales escolares
o los centros de salud. Pero no será obligatorio.
De acuerdo al esquema de delegación de funciones, esta se hará
en concordancia con un proceso de capacitación de los
gobiernos locales. El propósito es que las entidades
seccionales mejoren su trabajo y puedan responder a las nuevas
responsabilidades. Para ello, el Estado establecerá mecanismos
de capacitación y asistencia técnica, de la que se encargarán
la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el
Consorcio de Consejos Provinciales (Concope). También el
Consejo Nacional de Desarrollo aportará en la tarea.
Esto está previsto en el cuerpo legal de 42 artículos. Los
municipios que participarán en la descentralización serán
aquellos que consideren que están en capacidad técnica y
administrativa para gestionar fondos y realizar la
planificación de las obras civiles de sus cantones.
Debido a las protestas de los gremios magisteriales, el
proyecto no tocó un punto conflictivo: que los municipios se
hagan cargo de la educación en la parte administrativa, lo que
habría significado que los profesores pasen a ser empleados
municipales. González cree que el país no está preparado
todavía para un modelo de ese tipo, y que es mejor que los
empleados de los ministerios de Salud y Educación sigan
cobrando directamente del presupuesto de esas secretarías.
Otro tanto ocurrirá con los servicios de salud: los municipios
podrán construir centros de salud en sus cantones, pero el
personal seguirá trabajando para el Ministerio.
Por lo pronto, los municipios y consejos provinciales que
estén en capacidad de hacerlo deberán suscribir convenios con
el Estado para la transferencia de responsabilidades y fondos.
Los municipios deberán realizar planes de vivienda, construir
instalaciones deportivas, conservar los bienes culturales y
controlar el transporte público.
Una disposición que establecía que los municipios otorgarían
los permisos de operación y fijarían el precio de las tarifas
fue retirada en el segundo debate por la presión de los
gremios de choferes.
Mientras tanto, a los consejos provinciales se les delega la
función de construir, con los recursos que antes administraba
el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades, nuevas
carreteras y caminos, además de proyectos de energía eléctrica
para el campo y canales de riego.
El Gobierno podrá suspender los trabajos e intervenir en la
ejecución de las obras si se detecta que no se están
realizando en formar adecuada. La comunidad podrá participar,
según la nueva ley, en el planteamiento de las políticas de
desarrollo provincial. Habrá asambleas barriales y
parroquiales, así como federaciones y juntas en cada
circunscripción, que propondrán proyectos los municipios que
deberán incluirlos en sus planes de desarrollo.
La entrega a cuentagotas
El 15 por ciento del presupuesto estatal para los municipios
aún es algo lejano. Hasta ahora solo se recibió la mitad del 3
por ciento ofrecido por el Gobierno para este año. Esto además
consta como una disposición legal, aprobada por el Congreso.
Esta primera cuota se hizo en julio pasado y se prevé que la
segunda mitad llegue hasta noviembre. Ese es el plazo
establecido. No obstante, la entrega gradual del dinero (a
cada municipio según su población y sus necesidades) al
parecer no sería el mecanismo más efectivo para cubrir las
demandas reales.
"Si nos hubiesen dado el 15 por ciento a partir de la
aprobación de la reforma, la situación sería otra, dice
Segundo Serrano, alcalde de Azogues y ex presidente de la
Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), con 207
miembros. Azogues, por ejemplo, recibiría este año entre 4.000
y 5.000 millones de sucres; Cuenca, cerca de 40.000 millones
de sucres que le corresponden".
Otros desembolsos gubernamentales están retrasados desde mayo,
según Serrano. "El Fondo de Desarrollo Seccional (Fodesec) y
el dos por ciento que recibe mensualmente cada capital de
provincia no se cancelan hasta ahora y eso frena cualquier
obra". Redacción Cuenca.
Dos grupos dicen que no
El proyecto de descentralización desde el principio ha sufrido
13 variantes en educación, lo cual me parece bueno, dijo el
ministro de Educación, Mario Jaramillo. En principio la
decisión me parece positiva por que eso significa una
delegación de funciones en cuanto a la construcción y
mantenimiento, pero no es una obligación del Ministerio ni de
los municipios, por que la ley prevé que se hará a través de
un convenio. También dejó claro que la Dinace seguirá
planificando y fiscalizando.
El mismo punto de vista no lo tiene Stalin Vargas, presidente
de la Unión Nacional de Educadores, UNE, quien dijo que el
Congreso está obligando a ir a un paro. El pide que el
Presidente de la República vete totalmente el proyecto. Para
los próximos días convocará a un consejo nacional de la UNE
para discutir y planear una respuesta.
El presidente del Colegio Médico de Pichincha, Carlos Cepeda,
manifestó que el gremio médico está opuesto a la ley porque no
todos los municipios están en capacidad de afrontar ni
siquiera las acciones inherentes a sus funciones como
alcantarillado y agua potable y, en esos casos, el manejo de
la salud va a ser mucho peor. El tema, así como el de la
cogestión de hospitales, serán tratados en el próximo
directorio nacional de la Federación Médica. (Texto Tomado del
periódico El Comercio)
Congreso en segundo debate el lunes, pretende "desconcentrar"
la planificación y gestión pública para fortalecer los
organismos seccionales.
La diputada Susana González (PSC), promotora del Proyecto de
Ley y presidenta de la Comisión de Gestión Pública, está
satisfecha de cómo quedó el proyecto luego del trámite
parlamentario.
El cinco de marzo se lo presentó para el segundo debate. A
partir de entonces se dio una serie de reuniones con
representantes de los municipios, los ministerios y la
Presidencia de la República para negociar lo que para González
es lo más importante: garantizar que el Gobierno central
transfiera, paulatinamente, los fondos para obras públicas a
los gobiernos locales de todo el país.
Se ha pensado que los ministerios, entreguen muchas de sus
responsabilidades a los gobiernos locales; el proyecto
original preveía que la Contraloría y la Procuraduría también
se "desconcentraran", dando igual valor a los informes
preliminares de las regionales, pero esto fue negado por los
diputados.
La Ley, que será entregada el próximo martes al Presidente
Interino para su sanción, entrará en vigencia una vez que se
tramiten las posibles objeciones de la Presidencia y se
redacte, en un plazo de 90 días, el reglamento que facilite la
desconcentración.
Según la legisladora socialcristiana, el nuevo marco legal es
muy flexible: se prevé que los municipios tendrán una serie de
responsabilidades, como la de construir los locales escolares
o los centros de salud. Pero no será obligatorio.
De acuerdo al esquema de delegación de funciones, esta se hará
en concordancia con un proceso de capacitación de los
gobiernos locales. El propósito es que las entidades
seccionales mejoren su trabajo y puedan responder a las nuevas
responsabilidades. Para ello, el Estado establecerá mecanismos
de capacitación y asistencia técnica, de la que se encargarán
la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el
Consorcio de Consejos Provinciales (Concope). También el
Consejo Nacional de Desarrollo aportará en la tarea.
Esto está previsto en el cuerpo legal de 42 artículos. Los
municipios que participarán en la descentralización serán
aquellos que consideren que están en capacidad técnica y
administrativa para gestionar fondos y realizar la
planificación de las obras civiles de sus cantones.
Debido a las protestas de los gremios magisteriales, el
proyecto no tocó un punto conflictivo: que los municipios se
hagan cargo de la educación en la parte administrativa, lo que
habría significado que los profesores pasen a ser empleados
municipales. González cree que el país no está preparado
todavía para un modelo de ese tipo, y que es mejor que los
empleados de los ministerios de Salud y Educación sigan
cobrando directamente del presupuesto de esas secretarías.
Otro tanto ocurrirá con los servicios de salud: los municipios
podrán construir centros de salud en sus cantones, pero el
personal seguirá trabajando para el Ministerio.
Por lo pronto, los municipios y consejos provinciales que
estén en capacidad de hacerlo deberán suscribir convenios con
el Estado para la transferencia de responsabilidades y fondos.
Los municipios deberán realizar planes de vivienda, construir
instalaciones deportivas, conservar los bienes culturales y
controlar el transporte público.
Una disposición que establecía que los municipios otorgarían
los permisos de operación y fijarían el precio de las tarifas
fue retirada en el segundo debate por la presión de los
gremios de choferes.
Mientras tanto, a los consejos provinciales se les delega la
función de construir, con los recursos que antes administraba
el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades, nuevas
carreteras y caminos, además de proyectos de energía eléctrica
para el campo y canales de riego.
El Gobierno podrá suspender los trabajos e intervenir en la
ejecución de las obras si se detecta que no se están
realizando en formar adecuada. La comunidad podrá participar,
según la nueva ley, en el planteamiento de las políticas de
desarrollo provincial. Habrá asambleas barriales y
parroquiales, así como federaciones y juntas en cada
circunscripción, que propondrán proyectos los municipios que
deberán incluirlos en sus planes de desarrollo.
La entrega a cuentagotas
El 15 por ciento del presupuesto estatal para los municipios
aún es algo lejano. Hasta ahora solo se recibió la mitad del 3
por ciento ofrecido por el Gobierno para este año. Esto además
consta como una disposición legal, aprobada por el Congreso.
Esta primera cuota se hizo en julio pasado y se prevé que la
segunda mitad llegue hasta noviembre. Ese es el plazo
establecido. No obstante, la entrega gradual del dinero (a
cada municipio según su población y sus necesidades) al
parecer no sería el mecanismo más efectivo para cubrir las
demandas reales.
"Si nos hubiesen dado el 15 por ciento a partir de la
aprobación de la reforma, la situación sería otra, dice
Segundo Serrano, alcalde de Azogues y ex presidente de la
Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), con 207
miembros. Azogues, por ejemplo, recibiría este año entre 4.000
y 5.000 millones de sucres; Cuenca, cerca de 40.000 millones
de sucres que le corresponden".
Otros desembolsos gubernamentales están retrasados desde mayo,
según Serrano. "El Fondo de Desarrollo Seccional (Fodesec) y
el dos por ciento que recibe mensualmente cada capital de
provincia no se cancelan hasta ahora y eso frena cualquier
obra". Redacción Cuenca.
Dos grupos dicen que no
El proyecto de descentralización desde el principio ha sufrido
13 variantes en educación, lo cual me parece bueno, dijo el
ministro de Educación, Mario Jaramillo. En principio la
decisión me parece positiva por que eso significa una
delegación de funciones en cuanto a la construcción y
mantenimiento, pero no es una obligación del Ministerio ni de
los municipios, por que la ley prevé que se hará a través de
un convenio. También dejó claro que la Dinace seguirá
planificando y fiscalizando.
El mismo punto de vista no lo tiene Stalin Vargas, presidente
de la Unión Nacional de Educadores, UNE, quien dijo que el
Congreso está obligando a ir a un paro. El pide que el
Presidente de la República vete totalmente el proyecto. Para
los próximos días convocará a un consejo nacional de la UNE
para discutir y planear una respuesta.
El presidente del Colegio Médico de Pichincha, Carlos Cepeda,
manifestó que el gremio médico está opuesto a la ley porque no
todos los municipios están en capacidad de afrontar ni
siquiera las acciones inherentes a sus funciones como
alcantarillado y agua potable y, en esos casos, el manejo de
la salud va a ser mucho peor. El tema, así como el de la
cogestión de hospitales, serán tratados en el próximo
directorio nacional de la Federación Médica. (Texto Tomado del
periódico El Comercio)
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