Presentación deficiente de los pedidos de extradición, con procesos incompletos, traducciones mal hechas y falta de certificaciones del estado de los juicios seguidos a Nicolás Landes, Leonidas Ortega Trujillo, y Roberto y William Isaías Dassum, ex directivos de los bancos Popular, Continental y Filanbanco, respectivamente, estarían entre las causas para que el Departamento de Estado de Estados Unidos no los hayan calificado ni remitido al Departamento de Justicia para el trámite de extradición.
Entre el 18 de junio de 2001 y el 16 de agosto de ese mismo año, la Cancillería nacional remitió a esa dependencia las solicitudes correspondientes, incluida la de Arturo Quiroz, ex presidente del Banco del Pacífico, causa que fue archivada por el Departamento de Estado debido a que ese ciudadano ya no se halla en Estados Unidos y le fue revocada la visa en 2001.
Carlos Arrobo, coordinador estadounidense del seminario sobre anticorrupción desarrollado la semana anterior en Quito, manifestó que hay voluntad política de ambos países para ejecutar las extradiciones, pero "es necesario contar con los elementos técnicos y los pasos administrativos a fin de que las peticiones puedan ser atendidas rápidamente", puntualizó.
Indicó que la justicia de su país exige certificaciones sobre el estado del proceso local, pide elementos de juicio que permitan percibir la existencia del delito y la traducción completa de los procesos, pues en los presentados hace dos años "hacen falta algunas piezas", por lo que consideró necesario que Ecuador "ponga al día la información".
Esta percepción del Departamento de Estado fue comunicada al presidente Lucio Gutiérrez durante la visita oficial realizada a Estados Unidos en febrero de este año. En marzo, el Departamento de Justicia envió dos funcionarios a Ecuador con el propósito de asesorar a la Corte Suprema de Justicia y a la Cancillería en la presentación correcta de los pedidos.
Así lo confirma Rodrigo Yépez, asesor técnico jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, al indicar que ellos anunciaron su cooperación voluntaria (en perfecto español) para tratar de que los documentos de extradición estuvieran de acuerdo con los requerimientos de EEUU. Ese fue el primer y único encuentro mantenido hasta hoy.
¿Quién es responsable de la presentación inadecuada de las solicitudes? El funcionario explica que su portafolio únicamente actúa como intermediario entre la Función Judicial ecuatoriana y el Gobierno de Estados Unidos, de ahí que la responsabilidad recaería en el otro estamento que debió entregar los documentos completos.
No obstante, se muestra sorprendido de que luego de dos años de presentados los pedidos, el Departamento de Estado haya hecho observaciones a los procesos en forma extraoficial, porque "oficialmente no hemos recibido ninguna sugerencia", indica, al precisar que de haberlas enunciado anteriormente se habrían hecho los correctivos de inmediato.
Afirma que ante el "congelamiento" de los procesos, la Diplomacia de nuestro país ha insistido continuamente ante el Departamento de Estado, pero hasta ahora no hay una respuesta oficial sobre las razones de la paralización de los trámites.
Con las cartas en la mano, lee las fechas de 23 comunicados enviados entre mayo de 2002 y febrero de 2003, en las que piden agilizar los trámites.
Yépez añade que el ex canciller Heinz Moeller, durante una visita a Estados Unidos efectuada casi al final de su gestión, pidió al subsecretario para Asuntos de América Latina del Departamento de Estado, Curtis Struble, información sobre los procesos, sin haber obtenido una respuesta concreta.
Este Diario intentó confirmar la versión con el ex funcionario, pero esto no fue posible porque Moeller hizo saber, a través de su secretaria, que no hará declaraciones sobre temas políticos ni acerca de su gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en su época fue criticada por una supuesta falta de acercamiento al Gobierno de EEUU, agravada por la decisión del entonces presidente Gustavo Noboa de viajar a China, en lugar de atender a la invitación de su homólogo peruano, Alejandro Toledo, para conversar con Bush en una visita que este hizo a Lima.
La relación habría mejorado con el actual gobernante, quien incluso se declaró el "mejor aliado de EEUU en el combate al narcotráfico y el terrorismo" y pidió directamente al mandatario de ese país la extradición de los ex banqueros.
A pesar de eso, la lentitud de la justicia ecuatoriana quedó en evidencia el domingo pasado, cuando el agente especial del Federal Boureau Investigation (FBI), Mario Aguilar, no pudo arrestar en Miami al cura Carlos Flores, enjuiciado en Ecuador por enriquecimiento ilícito, peculado y delitos aduaneros, por no existir una orden de prisión internacional en su contra, la cual se le "olvidó" notificar al juez que llevaba la causa.
La desidia de ciertos estamentos también es notoria luego de la conformación del denominado Frente Anticorrupción, en el que participan la Cancillería, Corte Suprema de Justicia, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), y las Superintendencias de Bancos y Compañías.
Entre otros objetivos, el Frente debía coordinar que los documentos de los procesos de extradición estuvieran completos. Las autoridades únicamente se reunieron dos veces "y no se ha definido nada porque el trabajo diario de todas las instituciones hace bastante difícil que haya tiempo para coordinar acciones", manifiesta Rodrigo Yépez.
En ello coincide una fuente del entorno del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, quien anticipa que el "Frente Anticorrupción morirá por inanición", porque los directivos de las instituciones involucradas no colaboran.
De todas maneras, el Gobierno y la justicia nacional deberán replantear los pedidos de extradición, según dio a entender el último jueves la canciller, Nina Pacari Vega, al reconocer que habrá que incluir nueva documentación en los procesos que se hallan en el Departamento de Estado. (AA)
Pasos para la extradición
El proceso de extradición se realiza de la siguiente manera: tras reunir las pruebas suficientes, el juez de la causa emite la correspondiente orden de prisión y pide la extradición al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien antes de calificar la solicitud pide todos los documentos al juez y a la Fiscalía.
Si es que el prófugo estuviere en un país de idioma diferente, el titular de la Corte ordena la traducción del proceso y luego de cumplido este paso, lo envía al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que su directivo lo remita al respectivo Gobierno.
En el caso de EEUU este va al Departamento de Estado, que a su vez lo remite al Departamento de Justicia. Según la Cancillería, los juicios de los banqueros prófugos ni siquiera han sido calificados por esa dependencia. (AA)
EEUU resuelve un caso
Hasta el momento solo la extradición de Luis Peñaranda, acusado de liderar una red de corrupción durante los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Abdalá Bucaram, ha sido exitosa con Estados Unidos, que lo devolvió a Ecuador el 19 de septiembre de 2001.
Ecuador tiene dos convenios de extradición con ese país: el primero data de hace 100 años y el otro es un alcance de 1939, por lo que "no hace falta firmar un nuevo tratado en ese sentido", sostienen fuentes de la Cancillería.
Sin acuerdo de extradición, Ecuador logró traer de Líbano al ex presidente del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel, gracias a una negociación de Gobierno a Gobierno. No hubo el mismo resultado con México, que negó la salida del ex ministro de Gobierno César Verduga. (AA)
Un elefante burocrático vs. muchísimo dinero
Fuentes de la Cancillería y de la Corte Suprema de Justicia señalan que el país se encuentra en desventaja frente a las acciones de los prófugos que contratan abogados para dilatar los procesos
ENTREVISTA
"Noboa no agilizó los procesos de extradición"
"Ecuador pudo haber invocado al Tratado Interamericano contra la Corrupción para lograr que el gobierno de EEUU entregara a los prófugos de la justicia", según el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ecuador
¿Por qué han demorado las extradiciones?
El gobierno de Gustavo Noboa no hizo nada para agilizar los procesos.
Cancillería dice que estos trámites son lentos y no tienen plazos.
Se pudo haber invocado el Tratado Interamericano para la Corrupción, firmado en Caracas en 1996, del cual somos suscriptores Ecuador, Estados Unidos y los demás países de la región.
¿Qué facilidades otorga la aplicación de ese Tratado?
Alivia los procesos de extradición, porque permite entregar al país que lo solicite, a las personas que hayan cometido delitos, siempre y cuando exista acusación concreta y una orden de captura. Ese es el caso de los banqueros corruptos que están en Miami.
¿Qué delitos tipifica ese Tratado?
Actos de corrupción, soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, peculado, entre otros.
¿De este modo no regiría la figura de extradición?
Así es, porque únicamente hablaríamos de una entrega de los acusados.
¿Por qué Ecuador no ha invocado este Tratado?
Por pasividad. El anterior gobierno sabía que el trámite de extradición es lento, por eso las autoridades tomaron esa vía a fin de evitar el retorno de los banqueros corruptos que están en Miami.
¿El Gobierno obró así deliberadamente?
Es muy difícil creer que no hayan invocado el Tratado por desconocimiento.
¿Por qué dice eso?
Cuando yo estuve en Washington, en la Comisión Interamericana, funcionarios amigos del Departamento de Estado me aseguraron que los procesos estaban "guardados" en la Embajada de nuestro país, que no los presentaba oportunamente por órdenes del gobierno de Gustavo Noboa y de la Cancillería.
Ese organismo indica que los entregó oportunamente.
Pero han transcurrido dos años y los pedidos ni siquiera han pasado la primera etapa del trámite.
¿Cuáles son las etapas?
Primero deben ser calificadas por el Departamento de Estado, luego de lo cual pasan al Departamento de Justicia.
¿Qué se verifica en el trámite de calificación?
Que los documentos de extradición estén completos y acordes a los requerimientos de las leyes de EEUU.
¿Cómo opera la justicia posteriormente?
Los trámites no tienen límite de tiempo. Esto depende de las leyes del otro país. En el caso de EEUU existe el Sistema de Antecedentes, diferente al procedimiento penal ecuatoriano.
¿Allí tiene que darse un nuevo juicio?
El caso va a una de las Cortes de ese país, que llama a juicio a los involucrados.
¿Los acusados pueden impugnar y apelar?
Desde luego, y a los banqueros prófugos que están en ese país les sobra el dinero para contratar a los mejores abogados, para interponer recursos y demorar los procesos.
Lucio Gutiérrez ha prometido traer a los responsables de la crisis bancaria.
Así lo ha manifestado pero no veo ningún avance.
¿Debe plantear el Tratado Anticorrupción?
La Comisión de Derechos Humanos que presido lo ha solicitado reiteradamente.
¿Otros países lo han utilizado?
Ecuador es el único que no lo ha hecho. (AA)
LA FICHA
Julio Prado Vallejo, de 79 años, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ecuador, profesor de Derecho Internacional y de la Escuela de Postgrado de Ciencias Internacionales de la Universidad Central, ex canciller de la República.
"Pudieron haberse evitado trámites lentos"
El numeral 3, del artículo 13 del Tratado Interamericano contra la Corrupción, señala: "Si un Estado parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de otro Estado parte, con el que no lo vincula ningún tratado de estradición, podrá considerarse la presente Convención como la base jurídica respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo".
Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, cercanos al presidente, Armando Bermeo, manifestaron que es posible invocar este Tratado para lograr el retorno de los ex banqueros y otros prófugos de la justicia ecuatoriana que se encuentran en Estados Unidos.
Señalaron que esto permitiría eludir los "engorrosos" trámites de extradición, que han sido "burocratizados" por las autoridades nacionales en lugar de haber acudido al camino más ágil y rápido.
De igual forma, varios asistentes al seminario internacional anticorrupción desarrollado en Quito los últimos días tenían el documento en sus manos y lo catalogaron de "mecanismo idóneo" para las repatriaciones.
No concuerda con esta visión el asesor técnico jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodrigo Yépez, quien señala que únicamente podría aplicarse el Tratado en caso de no existir convenios de extradición entre Ecuador y Estados Unidos.
Considera que este suple la falta de acuerdos en ese sentido, no así el trámite de los procesos de extradición, que se dan en el marco de las leyes de los países involucrados. (AA)
ANALISIS
Extradiciones, ¿un engaño colectivo?
Desde que los ecuatorianos comprobaron que casi todas las quiebras de los bancos se produjeron por manejos arbitrarios y al margen de la ley por parte de propietarios y administradores de esas instituciones financieras, el país pide justicia.
Por eso ha sido un clamor general que esos banqueros paguen sus culpas, no viviendo autoexilios dorados, sino en las cárceles dónde están los reos.
La respuesta de más de un gobierno ha sido lo que se podría calificar como un alarde de tramitología, para justificar su acción de combate en contra de la corrupción. Todos han dicho que "agotamos los esfuerzos" para pedir a EEUU, donde mayoritariamente se han refugiado los fugitivos, la extradición de quienes delinquieron.
Pero no ha habido respuesta positiva.
Este informe pone al descubierto que la documentación remitida a EEUU, en junio de 2001, ha sido archivada en el Departamento de Estado, ya que, en el caso del banquero Arturo Quiroz, cuando llegaron los papeles él ya había abandonó ese país, y en el de los otros banqueros, la documentación tenía errores de procedimientos.
Las preguntas surgen espontáneas: ¿Fueron errores involuntarios los que se cometieron? ¿Por qué nadie informó al país que los papeles estaban archivados? ¿En verdad lo están? ¿Por qué EEUU no lo ha informado de manera oficial?
La paciencia colectiva se agota y eso no es bueno para nadie. Ojalá con el más reciente caso, el del cura de las Aduanas, su extradición no se convierta en un engaño colectivo, porque el país no lo aguantaría. (TFF)
EXTRADITABLES
Caso archivado
Arturo Quiroz
Estados Unidos notificó que el ex presidente del Banco del Pacífico, acusado de abuso de dineros bancarios, no se encuentra en ese país desde 1991, por lo que archivó el pedido de extradición.
Casa a la hija en el exilio
Roberto Isaías
El pedido se formalizó el 16 de agosto de 2001. Hace pocas semanas gastó más de medio millón de dólares en el matrimonio de su hija celebrado en Miami, según fuentes de la Cancillería.
Falsos estados financieros
William Isaías
Al igual que su hermano, el ex directivo de Filanbanco está acusado de peculado y de falsear los estados financieros de esa entidad. El pedido de extradición se oficializó el 16 de agosto de 2001.
Disposición fraudulenta
Nicolás Landes
El ex presidente del Banco Popular está acusado de disposición fraudulenta de los bienes de los depositantes. La documentación fue presentada oficialmente en EEUU el 18 de junio de 2001.
Piramidación de capitales
Leonidas Ortega
Ex presidente del Banco Continental, acusado de piramidación de capitales y de uso de documentos falsos para conseguir préstamos del Banco Central. El pedido se hizo el 16 de agosto de 2001.
EN LISTA DE ESPERA
Enriquecimiento ilícito
Carlos Flores
La Cancillería está a punto de solicitar oficialmente la extradición del ex gerente del IV Distrito de Aduanas, acusado de delitos aduaneros, enriquecimiento ilícito y peculado, por más de $10 millones.
Contratos ilegales
Patricio Jamriska
La Fiscalía emitió dos dictámenes acusatorios contra el ex ministro de Salud, por haber firmado contratos que violaron la Ley de Contratación Pública y el reglamento de Contrataciones de esa Cartera.
Perjuicio por $70 millones
Carlos J. Emanuel
La Corte Suprema de Justicia acusó de peculado al ex ministro de Economía, porque durante su administración operó una red de corrupción que habría perjudicado al Estado en $70 millones. (BLANCO Y NEGRO)
Entre el 18 de junio de 2001 y el 16 de agosto de ese mismo año, la Cancillería nacional remitió a esa dependencia las solicitudes correspondientes, incluida la de Arturo Quiroz, ex presidente del Banco del Pacífico, causa que fue archivada por el Departamento de Estado debido a que ese ciudadano ya no se halla en Estados Unidos y le fue revocada la visa en 2001.
Carlos Arrobo, coordinador estadounidense del seminario sobre anticorrupción desarrollado la semana anterior en Quito, manifestó que hay voluntad política de ambos países para ejecutar las extradiciones, pero "es necesario contar con los elementos técnicos y los pasos administrativos a fin de que las peticiones puedan ser atendidas rápidamente", puntualizó.
Indicó que la justicia de su país exige certificaciones sobre el estado del proceso local, pide elementos de juicio que permitan percibir la existencia del delito y la traducción completa de los procesos, pues en los presentados hace dos años "hacen falta algunas piezas", por lo que consideró necesario que Ecuador "ponga al día la información".
Esta percepción del Departamento de Estado fue comunicada al presidente Lucio Gutiérrez durante la visita oficial realizada a Estados Unidos en febrero de este año. En marzo, el Departamento de Justicia envió dos funcionarios a Ecuador con el propósito de asesorar a la Corte Suprema de Justicia y a la Cancillería en la presentación correcta de los pedidos.
Así lo confirma Rodrigo Yépez, asesor técnico jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, al indicar que ellos anunciaron su cooperación voluntaria (en perfecto español) para tratar de que los documentos de extradición estuvieran de acuerdo con los requerimientos de EEUU. Ese fue el primer y único encuentro mantenido hasta hoy.
¿Quién es responsable de la presentación inadecuada de las solicitudes? El funcionario explica que su portafolio únicamente actúa como intermediario entre la Función Judicial ecuatoriana y el Gobierno de Estados Unidos, de ahí que la responsabilidad recaería en el otro estamento que debió entregar los documentos completos.
No obstante, se muestra sorprendido de que luego de dos años de presentados los pedidos, el Departamento de Estado haya hecho observaciones a los procesos en forma extraoficial, porque "oficialmente no hemos recibido ninguna sugerencia", indica, al precisar que de haberlas enunciado anteriormente se habrían hecho los correctivos de inmediato.
Afirma que ante el "congelamiento" de los procesos, la Diplomacia de nuestro país ha insistido continuamente ante el Departamento de Estado, pero hasta ahora no hay una respuesta oficial sobre las razones de la paralización de los trámites.
Con las cartas en la mano, lee las fechas de 23 comunicados enviados entre mayo de 2002 y febrero de 2003, en las que piden agilizar los trámites.
Yépez añade que el ex canciller Heinz Moeller, durante una visita a Estados Unidos efectuada casi al final de su gestión, pidió al subsecretario para Asuntos de América Latina del Departamento de Estado, Curtis Struble, información sobre los procesos, sin haber obtenido una respuesta concreta.
Este Diario intentó confirmar la versión con el ex funcionario, pero esto no fue posible porque Moeller hizo saber, a través de su secretaria, que no hará declaraciones sobre temas políticos ni acerca de su gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en su época fue criticada por una supuesta falta de acercamiento al Gobierno de EEUU, agravada por la decisión del entonces presidente Gustavo Noboa de viajar a China, en lugar de atender a la invitación de su homólogo peruano, Alejandro Toledo, para conversar con Bush en una visita que este hizo a Lima.
La relación habría mejorado con el actual gobernante, quien incluso se declaró el "mejor aliado de EEUU en el combate al narcotráfico y el terrorismo" y pidió directamente al mandatario de ese país la extradición de los ex banqueros.
A pesar de eso, la lentitud de la justicia ecuatoriana quedó en evidencia el domingo pasado, cuando el agente especial del Federal Boureau Investigation (FBI), Mario Aguilar, no pudo arrestar en Miami al cura Carlos Flores, enjuiciado en Ecuador por enriquecimiento ilícito, peculado y delitos aduaneros, por no existir una orden de prisión internacional en su contra, la cual se le "olvidó" notificar al juez que llevaba la causa.
La desidia de ciertos estamentos también es notoria luego de la conformación del denominado Frente Anticorrupción, en el que participan la Cancillería, Corte Suprema de Justicia, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), y las Superintendencias de Bancos y Compañías.
Entre otros objetivos, el Frente debía coordinar que los documentos de los procesos de extradición estuvieran completos. Las autoridades únicamente se reunieron dos veces "y no se ha definido nada porque el trabajo diario de todas las instituciones hace bastante difícil que haya tiempo para coordinar acciones", manifiesta Rodrigo Yépez.
En ello coincide una fuente del entorno del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, quien anticipa que el "Frente Anticorrupción morirá por inanición", porque los directivos de las instituciones involucradas no colaboran.
De todas maneras, el Gobierno y la justicia nacional deberán replantear los pedidos de extradición, según dio a entender el último jueves la canciller, Nina Pacari Vega, al reconocer que habrá que incluir nueva documentación en los procesos que se hallan en el Departamento de Estado. (AA)
Pasos para la extradición
El proceso de extradición se realiza de la siguiente manera: tras reunir las pruebas suficientes, el juez de la causa emite la correspondiente orden de prisión y pide la extradición al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien antes de calificar la solicitud pide todos los documentos al juez y a la Fiscalía.
Si es que el prófugo estuviere en un país de idioma diferente, el titular de la Corte ordena la traducción del proceso y luego de cumplido este paso, lo envía al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que su directivo lo remita al respectivo Gobierno.
En el caso de EEUU este va al Departamento de Estado, que a su vez lo remite al Departamento de Justicia. Según la Cancillería, los juicios de los banqueros prófugos ni siquiera han sido calificados por esa dependencia. (AA)
EEUU resuelve un caso
Hasta el momento solo la extradición de Luis Peñaranda, acusado de liderar una red de corrupción durante los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Abdalá Bucaram, ha sido exitosa con Estados Unidos, que lo devolvió a Ecuador el 19 de septiembre de 2001.
Ecuador tiene dos convenios de extradición con ese país: el primero data de hace 100 años y el otro es un alcance de 1939, por lo que "no hace falta firmar un nuevo tratado en ese sentido", sostienen fuentes de la Cancillería.
Sin acuerdo de extradición, Ecuador logró traer de Líbano al ex presidente del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel, gracias a una negociación de Gobierno a Gobierno. No hubo el mismo resultado con México, que negó la salida del ex ministro de Gobierno César Verduga. (AA)
Un elefante burocrático vs. muchísimo dinero
Fuentes de la Cancillería y de la Corte Suprema de Justicia señalan que el país se encuentra en desventaja frente a las acciones de los prófugos que contratan abogados para dilatar los procesos
ENTREVISTA
"Noboa no agilizó los procesos de extradición"
"Ecuador pudo haber invocado al Tratado Interamericano contra la Corrupción para lograr que el gobierno de EEUU entregara a los prófugos de la justicia", según el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ecuador
¿Por qué han demorado las extradiciones?
El gobierno de Gustavo Noboa no hizo nada para agilizar los procesos.
Cancillería dice que estos trámites son lentos y no tienen plazos.
Se pudo haber invocado el Tratado Interamericano para la Corrupción, firmado en Caracas en 1996, del cual somos suscriptores Ecuador, Estados Unidos y los demás países de la región.
¿Qué facilidades otorga la aplicación de ese Tratado?
Alivia los procesos de extradición, porque permite entregar al país que lo solicite, a las personas que hayan cometido delitos, siempre y cuando exista acusación concreta y una orden de captura. Ese es el caso de los banqueros corruptos que están en Miami.
¿Qué delitos tipifica ese Tratado?
Actos de corrupción, soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, peculado, entre otros.
¿De este modo no regiría la figura de extradición?
Así es, porque únicamente hablaríamos de una entrega de los acusados.
¿Por qué Ecuador no ha invocado este Tratado?
Por pasividad. El anterior gobierno sabía que el trámite de extradición es lento, por eso las autoridades tomaron esa vía a fin de evitar el retorno de los banqueros corruptos que están en Miami.
¿El Gobierno obró así deliberadamente?
Es muy difícil creer que no hayan invocado el Tratado por desconocimiento.
¿Por qué dice eso?
Cuando yo estuve en Washington, en la Comisión Interamericana, funcionarios amigos del Departamento de Estado me aseguraron que los procesos estaban "guardados" en la Embajada de nuestro país, que no los presentaba oportunamente por órdenes del gobierno de Gustavo Noboa y de la Cancillería.
Ese organismo indica que los entregó oportunamente.
Pero han transcurrido dos años y los pedidos ni siquiera han pasado la primera etapa del trámite.
¿Cuáles son las etapas?
Primero deben ser calificadas por el Departamento de Estado, luego de lo cual pasan al Departamento de Justicia.
¿Qué se verifica en el trámite de calificación?
Que los documentos de extradición estén completos y acordes a los requerimientos de las leyes de EEUU.
¿Cómo opera la justicia posteriormente?
Los trámites no tienen límite de tiempo. Esto depende de las leyes del otro país. En el caso de EEUU existe el Sistema de Antecedentes, diferente al procedimiento penal ecuatoriano.
¿Allí tiene que darse un nuevo juicio?
El caso va a una de las Cortes de ese país, que llama a juicio a los involucrados.
¿Los acusados pueden impugnar y apelar?
Desde luego, y a los banqueros prófugos que están en ese país les sobra el dinero para contratar a los mejores abogados, para interponer recursos y demorar los procesos.
Lucio Gutiérrez ha prometido traer a los responsables de la crisis bancaria.
Así lo ha manifestado pero no veo ningún avance.
¿Debe plantear el Tratado Anticorrupción?
La Comisión de Derechos Humanos que presido lo ha solicitado reiteradamente.
¿Otros países lo han utilizado?
Ecuador es el único que no lo ha hecho. (AA)
LA FICHA
Julio Prado Vallejo, de 79 años, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ecuador, profesor de Derecho Internacional y de la Escuela de Postgrado de Ciencias Internacionales de la Universidad Central, ex canciller de la República.
"Pudieron haberse evitado trámites lentos"
El numeral 3, del artículo 13 del Tratado Interamericano contra la Corrupción, señala: "Si un Estado parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de otro Estado parte, con el que no lo vincula ningún tratado de estradición, podrá considerarse la presente Convención como la base jurídica respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo".
Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, cercanos al presidente, Armando Bermeo, manifestaron que es posible invocar este Tratado para lograr el retorno de los ex banqueros y otros prófugos de la justicia ecuatoriana que se encuentran en Estados Unidos.
Señalaron que esto permitiría eludir los "engorrosos" trámites de extradición, que han sido "burocratizados" por las autoridades nacionales en lugar de haber acudido al camino más ágil y rápido.
De igual forma, varios asistentes al seminario internacional anticorrupción desarrollado en Quito los últimos días tenían el documento en sus manos y lo catalogaron de "mecanismo idóneo" para las repatriaciones.
No concuerda con esta visión el asesor técnico jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodrigo Yépez, quien señala que únicamente podría aplicarse el Tratado en caso de no existir convenios de extradición entre Ecuador y Estados Unidos.
Considera que este suple la falta de acuerdos en ese sentido, no así el trámite de los procesos de extradición, que se dan en el marco de las leyes de los países involucrados. (AA)
ANALISIS
Extradiciones, ¿un engaño colectivo?
Desde que los ecuatorianos comprobaron que casi todas las quiebras de los bancos se produjeron por manejos arbitrarios y al margen de la ley por parte de propietarios y administradores de esas instituciones financieras, el país pide justicia.
Por eso ha sido un clamor general que esos banqueros paguen sus culpas, no viviendo autoexilios dorados, sino en las cárceles dónde están los reos.
La respuesta de más de un gobierno ha sido lo que se podría calificar como un alarde de tramitología, para justificar su acción de combate en contra de la corrupción. Todos han dicho que "agotamos los esfuerzos" para pedir a EEUU, donde mayoritariamente se han refugiado los fugitivos, la extradición de quienes delinquieron.
Pero no ha habido respuesta positiva.
Este informe pone al descubierto que la documentación remitida a EEUU, en junio de 2001, ha sido archivada en el Departamento de Estado, ya que, en el caso del banquero Arturo Quiroz, cuando llegaron los papeles él ya había abandonó ese país, y en el de los otros banqueros, la documentación tenía errores de procedimientos.
Las preguntas surgen espontáneas: ¿Fueron errores involuntarios los que se cometieron? ¿Por qué nadie informó al país que los papeles estaban archivados? ¿En verdad lo están? ¿Por qué EEUU no lo ha informado de manera oficial?
La paciencia colectiva se agota y eso no es bueno para nadie. Ojalá con el más reciente caso, el del cura de las Aduanas, su extradición no se convierta en un engaño colectivo, porque el país no lo aguantaría. (TFF)
EXTRADITABLES
Caso archivado
Arturo Quiroz
Estados Unidos notificó que el ex presidente del Banco del Pacífico, acusado de abuso de dineros bancarios, no se encuentra en ese país desde 1991, por lo que archivó el pedido de extradición.
Casa a la hija en el exilio
Roberto Isaías
El pedido se formalizó el 16 de agosto de 2001. Hace pocas semanas gastó más de medio millón de dólares en el matrimonio de su hija celebrado en Miami, según fuentes de la Cancillería.
Falsos estados financieros
William Isaías
Al igual que su hermano, el ex directivo de Filanbanco está acusado de peculado y de falsear los estados financieros de esa entidad. El pedido de extradición se oficializó el 16 de agosto de 2001.
Disposición fraudulenta
Nicolás Landes
El ex presidente del Banco Popular está acusado de disposición fraudulenta de los bienes de los depositantes. La documentación fue presentada oficialmente en EEUU el 18 de junio de 2001.
Piramidación de capitales
Leonidas Ortega
Ex presidente del Banco Continental, acusado de piramidación de capitales y de uso de documentos falsos para conseguir préstamos del Banco Central. El pedido se hizo el 16 de agosto de 2001.
EN LISTA DE ESPERA
Enriquecimiento ilícito
Carlos Flores
La Cancillería está a punto de solicitar oficialmente la extradición del ex gerente del IV Distrito de Aduanas, acusado de delitos aduaneros, enriquecimiento ilícito y peculado, por más de $10 millones.
Contratos ilegales
Patricio Jamriska
La Fiscalía emitió dos dictámenes acusatorios contra el ex ministro de Salud, por haber firmado contratos que violaron la Ley de Contratación Pública y el reglamento de Contrataciones de esa Cartera.
Perjuicio por $70 millones
Carlos J. Emanuel
La Corte Suprema de Justicia acusó de peculado al ex ministro de Economía, porque durante su administración operó una red de corrupción que habría perjudicado al Estado en $70 millones. (BLANCO Y NEGRO)
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