La automatización de la red de poliductos y terminales de despacho vuelve al debate.

Este proyecto, como actualmente está estructurado, se declaró inconveniente para los intereses de Petroecuador y del Estado, por resolución del Consejo de Administración (CAD) de la estatal, el 15 de abril pasado. Ahora regresa al análisis de la Vicepresidencia de la filial Petrocomercial.

El pasado miércoles, el CAD aprobó que, en un plazo de 10 días laborables, el vicepresidente de la filial, Pablo Rosero, entregue un informe técnico y económico que confirme o rectifique la inviabilidad declarada por el Consejo en la administración del destituido capitán Guillermo Rosero.

La polémica que rodea a este proyecto tiene una historia de más de 10 años. Pero este ha tenido una especial coyuntura, los también destituidos miembros del anterior CAD y un informe de una comisión técnica de la filial cuestionaron al polémico proyecto.

“Contempla la entrega total de las instalaciones y operaciones que se realizan en los terminales y poliductos”, se explica en el primero de una serie de puntos razonados por ocho técnicos que recomendaron su inconveniencia.

El costo: 100 millones de dólares, otro punto cuestionado. Para esa comisión, la automatización reconociendo los trabajos ya efectuados en el sistema de 1 500 km de tubería no es mayor a 20 millones.

Lo cierto es que la decisión de abril originó que una de las dos empresas que presentó su oferta económica y técnica: Consorcio Setemi Internacional realizara una protesta pública. Lo hizo a través de los periódicos, dos días después de la resolución del CAD y el mismo día en que un pinchazo clandestino en un tramo del poliducto Shushufindi-Quito, a la altura del Mirador de Chillogallo, causara la muerte de una persona y quemaduras a otras 15, según la Cruz Roja.

Un proyecto con 10 años de negociación

Una parte del remitido de Setemi decía: “el Consejo de Administración ha decidido echar abajo el proyecto, permitiendo que los grupos internos y externos a la estatal petrolera que viven del oscuro negocio del robo y la venta clandestina de combustibles logren una vez más impedir que se implementen controles y se eviten pérdidas”.

Los mismos argumentos tuvieron los diputados socialcristianos Luis Almeida y Alfonso Harb, cuando llamaron al Congreso, al entonces presidente ejecutivo, Rosero, y ministro de Energía, Carlos Arboleda, para que explicaran el porqué de las demoras.

Setemi reclamó que por cuatro meses (enero-abril) esperó una decisión del CAD sobre la adjudicación de un proyecto que se ejecutaría por el sistema BOT (construir-operar-transferir) por 15 años. Éste consistiría en automatizar y/o modernizar los sistemas de medición, control y seguridad en terminales, cabeceras y estaciones de los poliductos, mediante la provisión e instalación de equipos (hardware y software) con tecnología de punta. Junto a Setemi, el Consorcio Sitre Telecom fueron las únicas oferentes.

Setemi planteaba detectar fugas y robos de combustible superiores al 0,3 por ciento del total transportado por los poliductos. Es decir, por sobre la norma internacional OILM 117 que mide este tipo de pérdidas, se indica en el informe.

El ex presidente, Guillermo Rosero, trae a su memoria los nombres de personas que lo visitaron para explicarle sobre “las bondades” del proyecto.

Roberto Romero Sangster fue uno de ellos. Llegó con una carta firmada (3 de febrero y dirigida al ministro Arboleda) por el secretario general de la Producción y Proyectos Estratégicos, Patricio Jonson. En ella se informaba que había sido nombrado Gerente de esa Secretaría y encargado del área de Energía y Petróleo. Jonson dice que trabajó como su asesor un mes y que esos programas son prioridades de Energía y no de su Cartera.

“Es ese un proyecto (la automatización de poliductos) que ha sido calificado como de prioridad nacional”, le explicó Romero a Marcelo Román -dice éste-, destituido del CAD. Él también recibió a otras personas que se identificaron como “enviados de la Presidencia de la República”. Entre ellos, dice, José Dapelo, Miguel Álvarez y Freddy Tapia.

“Ellos concurrían con frecuencia para hacer el lobby del proyecto pero como no me convencieron trajeron a un técnico mexicano para que lo explicara técnica y económicamente”. Su nombre: Alexandro Martínez de la Portilla.

Este Diario buscó la versión de Martínez de la Portilla pues su nombre aparece, en la publicación de abril, como representante del Consorcio Setemi, que según información en Internet, la sede está en México. Las preguntas se dirigieron a las direcciones electrónicas de la empresa pero no hubo respuesta.

Tampoco se pudo acceder a información de Setri Telecom. En Petrocomercial no se dio la dirección ni contactos de éstas, pues se consideró inconveniente mientras no exista una decisión final del CAD.

El ex vicepresidente de la filial, Alberto Segovia, dice que las visitas, que él también recibió, se dieron antes del informe de la Comisión (1 de abril).

Se buscó la versión de uno de los mencionados por Román y también reconocido por un colaborador de Jarrín: José Dapelo. Se lo menciona como uno de los que “abogaba por el proyecto” pero no hubo respuesta en su oficina en Guayaquil, pese a que se la ofreció a este Diario. A Álvarez y Tapia no se logró ubicarlos para obtener su versión del tema.

Marcelo Dotti, diputado socialcristiano, es otro convencido del beneficio. Dice que lo que se quiere -al referirse al informe de la filial- es sostener un sistema deficiente de control en los poliductos que, además, busca mantener una red de corrupción que se beneficia del robo de combustible.

El legislador solicitó al ministro Arboleda que destituya a Jarrín, por incumplir con requisitos para estar en el CAD. Pero Dotti cree que Jarrín tiene interferencias en las decisiones de Petrocomercial. Jarrín prefirió no responder a ello.

Los puntos de vista del polémico proyecto

El control

El proyecto apunta a reducir pérdidas por sobre el 0,30 por ciento. Petroecuador reportó pérdidas (evaporación y robos) en el 2002 por 0,28 por ciento.

Las condiciones

No están establecidas las responsabilidades de la firma contratista y de Petrocomercial, en la operación y mantenimiento.

La operación

No se determina que los equipos existentes y susceptibles de automatización sean utilizados en el proyecto de automatización.

Meric Holdings Limited

La auditoría externa de 1995 señala que entre el 5 y 6 por ciento de crudo y derivados desaparecen del sistema. Representan pérdidas entre 96,5 y 115,8 millones de dólares.

Siemens

El informe de 1999 se sustenta en el M. Holdings. En el caso de la terminal de Pascuales hay pérdidas por 24 millones de dólares.

Las causas

Equipos obsoletos, desorganización de la empresa, métodos inexactos de medición y reporte, etc.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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