Las denuncias en contra del ministro fiscal ponen en entredicho a la administración de justicia. BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a varios documentos que señalan presuntos actos de corrupción
La denuncia presentada a la ministra fiscal general, Mariana Yépez, por parte de tres agentes fiscales, dos secretarias y un amanuense del Distrito de Tungurahua, con fecha 8 de enero de 2003, por supuestos atropellos y actitudes discriminatorias del fiscal distrital, Angel Bayas Cañote, reveló las tensiones que se han vivido desde hace algún tiempo en esa dependencia.
Pese a que los problemas internos del Distrito Fiscal son "un secreto a voces" en Ambato y han topado otras esferas, este incidente no trascendió más allá del ámbito judicial. Esto, a pesar de que Mariana Yépez viajó a esa ciudad, el 5 de febrero, para encarar personalmente el problema y confrontar a dos sectores, supuestamente en disputa.
Entre otras cosas, la denuncia que reposa en la Fiscalía habla de "violencia sicológica y verbal" en el trato del jefe del Distrito con empleados, funcionarios y personas ajenas a la entidad, de una actitud "beligerante y discriminatoria", así como prácticas de persecución contra quienes no están en el "círculo de colaboradores" del funcionario.
El escrito también se refería a una direccionalidad en los trámites de las denuncias. En el punto 2 dice expresamente: "Desde que se inició el presente ordenamiento penal, no existe un sorteo que se sujete a reglamento o disposición alguna pues el mismo es ejecutado exclusivamente por la agente fiscal Yolanda Córdova, sin control o la presencia de otro fiscal...".
Diez meses después de la denuncia presentada a la ministra fiscal, la situación de conflicto en el Distrito Fiscal de Tungurahua es invariable. Es más, en este lapso han aparecido nuevas denuncias en contra de Bayas Cañote y se han revelado otras circusntancias que han abonado en el conflicto y que se han mantenido casi en reserva.
BLANCO Y NEGRO estuvo en la dependencia para constatar la situación. El ambiente que se vive es tenso y de hermetismo. Para algunos empleados y abogados de la localidad, la situación está llegando al límite, pues señalan que, al momento, se estaría viviendo una "verdadera cacería de brujas" contra quienes no están alineados con el jefe de esa Judicatura.
A igual que esos testimonios que traen las declaraciones juramentadas, esas fuentes denunciaron, bajo condición de que se mantenga sus nombres en reserva, que en muchas ocasiones en el entorno del fiscal se ha solicitado dinero a cambio de emitir dictámenes favorables para los imputados y que, incluso, en varias ocasiones se habría tomado el nombre de la fiscal Mariana Yépez para esos fines.
Pero el estar en el "ojo de la tormenta" no es un problema nuevo para el ministro fiscal de Tungurahua, como tampoco le llaman la atención las acusaciones vertidas por las pocas personas que se han atrevido a denunciarle.
Asimismo admite que, entre mayo y junio de 2001, fue suspendido de sus funciones por dos meses, sin sueldo, por disposición del Ministerio Público, tras haber protagonizado un "escándalo público", como fue calificado localmente el hecho, y por haber golpeado a un policía.
Bayas Cañote justifica el incidente, del que dice que lo volvería hacer, porque consideró afectado su honor y el de su madre cuando, según su propia versión, un uniformado entró a su casa y ofendió a los presentes.
El fiscal desestima "la lluvia de denuncias" (dice tener otra lista larga en su contra) y supone que estas deben originarse en las enemistades gratuitas que pudo haberse ganado en 20 años de ejercicio profesional. Quizá sea una represalia por cumplir "con mi deber y mi obligación", que se sujeta -según afirma- a la ley y la Constitución.
Lo cierto es que tanto su temperamento que, lo reconoce, es fuerte, como su gestión han sido puestos en entredicho.
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a varias declaraciones juramentadas de personas que se consideraron víctimas de las acciones del fiscal distrital. Los testimonios incluyen serias acusaciones, como mantener actitudes despóticas, así como gestionar dictámenes y vacantes del distrito a cambio de dinero, lo cual niega rotundamente el aludido (ver recuadros, izquierda).
A pesar de la contundencia de los testimonios, las declaraciones juramentadas constituyen apenas una muestra del malestar que está causando la actual situación de la Fiscalía en varias esferas de la provincias. Este Diario pudo conocer, por ejemplo, que en el sector indígena la insatisfacción por la administración de justicia, especialmente del ministro fiscal, está llegando al límite, al punto que se habría estado fraguando un secuestro de una autoridad judicial como una medida de protesta. (LB)
Varios sectores cuestionan manejo del Distrito Fiscal
Las comunidades indígenas prefieren los acuerdos extrajudiciales
La insatisfacción por la administración de justicia en Tungurahua, y, de forma particular, por el papel del Ministerio Público, se va profundizando en varias esferas.
El caso más evidente es el del sector indígena, que en los últimos años ha aplicado la justicia popular. El caso del ortigamiento de las llamadas brujas de Calhuasig, de hace varios años, es un ejemplo. El último, que tuvo ribetes dramáticos, es la retención de dos supuestas timadoras en la comunidad de Salasaca, a principios de año. En este caso, el juzgamiento popular se hizo en presencia de indígenas de más de 18 comunidades.
Las autoridades han intentado que las comunidades canalizaran sus demandas a través del sistema judicial. A fines del año pasado, los jefes policiales se reunieron por segunda ocasión con representantes de las juntas del campesinado, precisamente para comninar a que se respete el sistema.
Para José Sillagana, presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua, los incidentes en las comunidades son consecuencia de la escasa credibilidad en el sistema judicial.
Esto ha hecho que las comunidades se organizaran y establecieran acuerdos directos cuando se presentan los conflictos. José Sillagana asegura que la falta de confianza se profundizó luego de que a cuatro dirigentes, que coordinaban acciones legales por el último ajusticiamiento, les rebotó el problema: hoy son procesados por personas cercanas a las supuestas timadoras. De denunciantes pasaron a ser denunciados, observa el alto dirigente indígena de la provincia.
Sillagana agrega que por esta situación, hay temor en las comunidades por posibles retaliaciones judiciales.
Según abogados y periodistas locales, los abusos y actos de corrupción que se denuncian van atados al uso de la justicia para fines políticos.
El alcalde de Ambato, Fernando Callejas, dice ser víctima de ese juego, cuando "sin fundamentos" se le iniciaron dos procesos en la Fiscalía.
El último, "por acatar" una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que dio luz verde a una disposición de 1997, que permite una servidumbre de paso por un terreno de particulares. "Es inaudito -dice- pues la decisión del TC fue resultado de una consulta del Concejo Municipal, luego de que dos salas del Tribunal emitieran resoluciones contradictorias; esto abona en la inseguridad jurídica".
Pero el sesgo político no es nuevo en la gestión del jefe del Distrito Fiscal. El 21 de noviembre de 2002, el ex intendente de Policía, Miguel Alejandro Cantos Tintín, presentó a la ministra fiscal una denuncia en contra de Angel Bayas Cañote, "por prevaricato". Lo cuestionaba por dar curso a una denuncia en su contra por la supuesta acreditación de un título de abogado falso, de 1994, ante el Colegio de Abogados de Tungurahua.
Cantos señala que la denuncia se aceptó "diligentemente" y se dictó la instrucción "por desafecto", sin considerar un asunto de prejudicialidad, esto es la determinación, primero, de si el referido título era o no falso.
En la queja se hace referencia a informes periciales que señalan que la copia del referido título, que sirvió de base para una denuncia periodística, fue forjado. (LB)
El proceso acusatorio da un "gran poder" a los fiscales
El nuevo sistema da la facultad al fiscal para manejar la investigación
Como "proceso acusatorio" se define el esquema establecido en el nuevo Código de Procedimiento Penal, que es aplicado desde mediados de 2000, pues el inicio y avance de un juicio penal se basa en la acusación del fiscal. Para los penalistas, es allí donde radican los "grandes poderes" de los fiscales, que se visualizan en las diferentes fases del proceso.
El viejo Código fijaba cuatro etapas: sumaria, intermedia, plenario e impugnación. El fiscal se limitaba a comparecer con escritos cuando era notificado; era el juez quien ordenaba la investigación y controlaba la sustanciación antes de dictar el auto de llamamiento a plenario (juicio).
El nuevo esquema tiene cinco etapas: indagación, instrucción fiscal, intermedia, juicio e impugnación. Hoy los fiscales dirigen y promueven la investigación en las etapas de indagación e instrucción. El fiscal pide al juez dictar medidas preventivas reales (secuestro de bienes) y personales (prisión preventiva).
Tras la fase de indagación, que es secreta y que dura entre un año (delitos que se sancionan con prisión) y dos años (delitos de reclusión), el fiscal dicta el inicio de la instrucción fiscal, presumiendo el cometimiento del delito. Al final de la instrucción (máximo 90 días), emite un dictamen acusatorio o absolutorio.
En el ámbito distrital, el juez puede impugnar los dictámenes del agente fiscal, por incompetencia (fuero) u otra falencia, con lo cual el caso pasa a manos del ministro fiscal distrital, quien debe corregir el error y emitir otro dictamen. Si es acusatorio contra los imputados, al juez no le queda más que continuar con el juicio.
El avance del proceso puede revertirse si en la audiencia (fase intermedia), se establece prejudicialidad, que deberá resolverse previamente.
Con la reforma se quiso dar independencia a la investigación, pues antes se consideraba al juez un perseguidor al formarse un criterio del acusado en la sustanciación de la causa. Hoy es el fiscal quien forma el sustento de la acusación. (LB)
LOS TESTIMONIOS
Dudan de que haya transparencia en el sorteo de las causas
El 3 de junio de 2003, el abogado litigante, Celso Zuquillo, presenta una declaración juramentada, ante notario público en Ambato. En ella señala que el 14 de enero de 2003, "actuando con total despotismo administrativo y de autoridad sin escrúpulo,..., a gritos, con intolerables procacidades...", el ministro fiscal distrital reclamó con insultos a un policía de guardia por tenerle ordenado que cuando vea a "este hijo... ", en referencia al abogado Zuquillo, lo lleve detenido; "esa es mi orden", reza el testimonio según el cual el incidente fue observado por varios testigos.
En otra ocasión, agrega, "subí junto con el abogado Marcos Díaz Merino a reclamar a la doctora Elizabeth Córdova, responsable de los sorteos de las denuncias, por falta de garantías en los llamados sorteos de las causas, puesto que era evidente que, tratándose de mi caso, no se había sorteado sino asignado todas las denuncias contra tres implicados, para que las tramitara con dedicatoria el mencionado abogado, quien fue humillado con las mayores procacidades".
Bayas Cañote señala que la declaración puede ser una retaliación, por cuanto Zuquillo fue abogado del ex intendente Miguel Angel Cantos Tintín, encausado por el fiscal. Acusa a Zuquillo de querer imponer sus demandas y, "cuando no lo consigue, denuncia a los fiscales". (LB)
Chantaje, ¿un medio para satisfacer venganzas personales?
El 28 de agosto de 2003, Hilda Piedad Mera realiza una declaración juramentada ante notario publico. Allí la mujer señala que el fiscal distrital, Angel Bayas Cañote la presionó en varias ocasiones, dicéndo que le iba a revocar el dictamen absolutorio de la agente fiscal Patricia Novillo, si es que no declaraba en contra de ella, indicando haberle entregado $ 4 000. Agrega que, tras su negativa, el funcionario le pidió $1 000.
Bayas desestima la versión, pues dice haber actuado en derecho, cuando le tocó conocer el caso luego de que el juez desestimara el dictamen inicial absolutorio de la agente fiscal, dentro de la denuncia de estafa por coyoterismo.
"En ningún momento, ni en ninguna circunstancia yo puedo chantajear de esa manera", asegura.
El funcionario, en su defensa, resta calidad moral a la declaración al referirse a los antecedentes de la denunciante. Recuerda que tiene 18 juicios por estafa y una pena que cumplió en la cárcel en Quito. "Ese el currículo de ella (Mera) con lo que representa", dice.
El proceso penal, actualmente, se encuentra en manos de la Corte Superior de Ambato, tras la apelación interpuesta por la Fiscalía al auto de sobreseimiento definitivo, en favor de Hilda Piedad Mera, dictado por la jueza cuarta de lo Penal de esta judicatura. (LB)
Una agente asegura que el ministro le pidió $3 000
El 21 de febrero de 2003, Elida Beatriz Pérez Sánchez, agente fiscal de Tungurahua, declara ante notario público que el ministro fiscal Angel Bayas Cañote la llamó a su oficina y le ofreció su ayuda para conseguir el nombramiento de agente fiscal, a cambio de que le entregara $3 000, un dinero que presuntamente debía ser enviado a la Fiscalía de la Nación, en Quito.
En uno de los párrafos relata que Bayas le dijo: "Beatriz qué pasa con su nombramiento, parece que hay algún problema en Quito; pero déjeme a mí, yo le puedo ayudar porque usted es una fiscal cumplidora de su deber, pero para ayudarla es necesario que me dé unos $3 000, usted sabe, ese dinero es para entregar en Quito, para que le den el nombramiento...", añade la denunciante.
La fiscal dice que esto sucedió 15 días después de que se presentó al concurso de méritos y oposición, efectuado en la primera semana de agosto de 2001, en Ambato, para llenar las vacantes.
El martes, Pérez se presentó ante la fiscal Mariana Yépez. Sorpresivamente no ratificó su versión. Según Yépez, la agente fiscal ha concursado, sin éxito, tres veces y se "le ha dejado porque ha tenido unos palanqueos tremendos, que es mujer, que es madre por la condición de mujer se le ha dado la oportunidad con funciones prorrogadas". (LB)
Ciudadano afirma haber pagado $1 000 para recuperar auto
El 27 de agosto de 2003, José Ignacio Vargas Buenaño presenta una declaración juramentada ante notario público. En ese escrito asegura haber entregado $1 000 al ministro fiscal distrital Bayas para que le entregara una orden para retirar un vehículo retenido por la Policía cuando fue a matricularlo, bajo el argumento de que los números del chasis y motor estaban adulterados.
El hombre señala que la entrega se hizo en dos partes iguales, una primera supuestamenre en la casa del fiscal, entre las calles Fernández y Rodríguez, y el resto en la oficina del fiscal.
En su declaración sostiene que la fiscal de turno, donde pasó el caso, " me supo manifestar que no podía entregarme por cuanto decía que era robado, ante lo cual me vi obligado a entregar la documentación que que demostraba que no lo era... Ante estas peticiones, se llevaba el auricular del teléfono al oído y decía que llama a Quito, a la señora Fiscal, para luego decir que tenía órdenes de no entregar".
El fiscal distrital Angel Bayas Cañote asegura desconocer al declarante. "El ministro fiscal no conoce asuntos de vehículos: no ha sido ni es atribución del señor ministro fiscal distrital conocer asuntos de tránsito, menos conocer asuntos de entrega o devolución de vehículos", afirma. (LB)
ENTREVISTA
"Hay interesados en perjudicar a la institución"
La ministra fiscal general admite problemas internos en el Distrito Fiscal. Es el único caso en el país, dice. Pide que se presenten denuncias concretas para actuar
Antes de entrar en materia, la ministra fiscal, Mariana Yépez, advierte que "hay personas interesadas en perjudicar a la institución", por eso pide que no la malinterpreten.
La funcionaria califica de asunto de "carácter doméstico" al contenido de la denuncia presentada por un grupo de funcionarios y fiscales a principios de año, tras lo cual se aplicó un instructivo para corregir "las desaveniencias" que las detectó desde que asumió el cargo.
Admite que en el Distrito de Tungurahua hay una división, según ella, liderada por una fiscal, que no ha podido resolverse. Pero asegura que es el único caso en el país, pese a que ha enviado una comisión y ha provocado reuniones con autoridades locales para incentivar el diálogo. Del manejo responsabiliza al fiscal del Distrito.
Al ser consultada sobre las denuncias recopiladas por este Diario, Yépez se refiere exclusivamente a la declaración de la fiscal Beatriz Pérez (ver testimonios). Señala que ella asistió el martes a la Fiscalía y aceptó, frente a varias autoridades de la entidad, haber dado testimonio de que tuvo una oferta de Bayas Cañote para conseguir el nombramiento. "Le dije que hiciese una declaración en una notaría, pero al momento de firmarla rompió el documento. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que dice, lo dice en el aire. O sea, calumnia. Yo me siento ofendida, y ella tendrá que responder por lo que está diciendo, penalmente, aparte de la desvinculación de la institución porque es un deshonor".
Según Yépez, la declaración de la fiscal ha motivado un nuevo sumario contra el fiscal distrital, de quien dice, al hojear su carpeta, tiene "bastantes sanciones", y sobre quien pesan varias quejas.
Sobre otras denuncias, la ministra pide que se las presenten por escrito "casos concretos, no chismes para poder actuar".
BLANCO Y NEGRO le entregó una cinta de audio donde supuestamente el fiscal de Ambato y una imputada en un caso pactarían un dictamen. "Le agradezco mucho, porque esto sí es un elemento", responde.
"Yo creía que el asunto estaba caminando", dice al referirse a los correctivos implementados en Tungurahua. Al ser consultada sobre el malestar en varios sectores, como el indígena, insiste en que las denuncias se hagan por escrito, pues "he visto desestimientos inmediatos". Incluso, "si la versión de la abogada Pérez tiene fundamento se tomará una decisión". (LB)
La funcionaria
Mariana Yépez fue designada ministra fiscal, para seis años, por el Congreso Nacional. El 19 de febrero de 1999 fue su posesión. Se desempeñó desde 1988 hasta 1997 como magistrada de la Corte Superior de Quito, antes de subir a la Corte Suprema.
ENTREVISTA
"Han hurgado en mi vida, pero nada han hallado"
El fiscal distrital asegura que su accionar está enmarcado en la ley. Reconoce que ha habido actitudes irregulares en el distrito y que han sido denunciadasa
Tras la negativa inicial a dejarse fotografiar y disponiendo que un policía confirmara la identidad de los periodistas de HOY, el fiscal distrital de Tungurahua, Angel Bayas Cañote, da su versión sobre los problemas en esa dependencia y va desestimando, una a una, la lista de acusaciones vertidas en su contra.
Dice tener también una lista larga de denuncias, por lo cual asegura que las interrogantes periodísticas no le preocupan, pues "han hurgado en mi vida privada, pero nada han encontrado ni lo van a encontrar". Considera que las acusciones pueden ser una consecuencia de las enemistades ganadas en 20 años de ejercicio profesional como abogado.
"En siete años que estoy aquí -afirma- jamás he solicitado, pedido y recomendado a nadie; le invito a que pregunte si en algún momento he sugerido la entrega de alguna cosa. Bendita la hora, no señor", sostiene.
El fiscal niega que exista un trato discriminatorio en la dependencia. Dice actuar de manera equitativa y que no ha tapado a nadie cuando ha tenido que poner orden. Porque también, reconoce, "ha habido" casos de "actitudes irregulares" en ese Distrito.
Como prueba de ello señala las amonestaciones a tres agentes fiscales, Patricia Novillo, María Regina Morales y al fiscal de Baños. Las dos primeras firmaron la denuncia presentada a la fiscal general en enero pasado.
"Uno es bueno, comedido, generoso, el pana de los amigos, cuando les tapa y cuando nos les dice nada. Y se constituye en enemigo gratuito cuando llama la atención...", recalca.
Bayas Cañote reconoce una particular forma de relacionarse con los empleados y el público. "Tengo mi temperamento, no puedo negar, pero me gusta la rectitud, el cumplimiento y que seamos seres probos". Según él, ese fue el argumento que presentó durante la visita que hizo a Ambato la fiscal general, Mariana Yépez, ante quien "manifesté que les había tratado con dureza...". Todo eso, dice, está en conocimiento de la Dirección de Fiscales en Quito.
También ofrece entregar los documentos que tiene como una descargo: "Papá querido, lo que esté a la mano le puedo entregar... ", aunque ese momento debe realizar alguna diligencia. Al final el ofrecimiento no se concreta. (LB)
Fiscal de tungurahua
Angel Bayas Cañote, jefe del distrito fiscal de Tungurahua. Fue nombrado agente fiscal en abril de 1997. En 2000 participó en el concurso de oposición y méritos para cubrir la vacante de jefe distrital. El 17 de noviembre de ese mismo año asumió el cargo.
PUNTO DE VISTA
Un fiscal no puede estar bajo sospecha
Abrumados por los conflictos "macros", que en especial en materia política afectan al país, los ecuatorianos no hemos sido capaces de mirar lo que ocurre en algunas de las provincias, en temas tanto o más delicados que la política y la economía mismas: la justicia.
La revelación de BLANCO Y NEGRO acerca de lo que está ocurriendo con el fiscal distrital de Tungurahua muestra un drama que afecta a gran parte de esa sociedad, y que tiene que ver con la administración de justicia, sobre la cual pesan gravísimas acusaciones.
El problema es tal que muchas personas han hecho denuncias juramentadas y los testimonios sobran dando cuenta de supuestos abusos, prepotencia y corrupción de esa autoridad. No obstante, no se ha conseguido una respuesta clara y contundente, y menos una sanción de parte de quienes están llamados a vigilar la correcta aplicación de la justicia.
Lo que en estas páginas se muestra es que en Tungurahua la justicia está siendo tarifada, y, aunque obviamente no se puede generalizar, el riesgo de que el gravísimo mal contagie a los demás órganos de la judicatura está latente, por lo que solo una firme determinación de la Fiscalía General de la Nación, así como de quienes se sienten víctimas, para sostener sus denuncias, pondría fin a este drama, en el que el protagonista en un fiscal, que no puede estar bajo sospecha. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
La denuncia presentada a la ministra fiscal general, Mariana Yépez, por parte de tres agentes fiscales, dos secretarias y un amanuense del Distrito de Tungurahua, con fecha 8 de enero de 2003, por supuestos atropellos y actitudes discriminatorias del fiscal distrital, Angel Bayas Cañote, reveló las tensiones que se han vivido desde hace algún tiempo en esa dependencia.
Pese a que los problemas internos del Distrito Fiscal son "un secreto a voces" en Ambato y han topado otras esferas, este incidente no trascendió más allá del ámbito judicial. Esto, a pesar de que Mariana Yépez viajó a esa ciudad, el 5 de febrero, para encarar personalmente el problema y confrontar a dos sectores, supuestamente en disputa.
Entre otras cosas, la denuncia que reposa en la Fiscalía habla de "violencia sicológica y verbal" en el trato del jefe del Distrito con empleados, funcionarios y personas ajenas a la entidad, de una actitud "beligerante y discriminatoria", así como prácticas de persecución contra quienes no están en el "círculo de colaboradores" del funcionario.
El escrito también se refería a una direccionalidad en los trámites de las denuncias. En el punto 2 dice expresamente: "Desde que se inició el presente ordenamiento penal, no existe un sorteo que se sujete a reglamento o disposición alguna pues el mismo es ejecutado exclusivamente por la agente fiscal Yolanda Córdova, sin control o la presencia de otro fiscal...".
Diez meses después de la denuncia presentada a la ministra fiscal, la situación de conflicto en el Distrito Fiscal de Tungurahua es invariable. Es más, en este lapso han aparecido nuevas denuncias en contra de Bayas Cañote y se han revelado otras circusntancias que han abonado en el conflicto y que se han mantenido casi en reserva.
BLANCO Y NEGRO estuvo en la dependencia para constatar la situación. El ambiente que se vive es tenso y de hermetismo. Para algunos empleados y abogados de la localidad, la situación está llegando al límite, pues señalan que, al momento, se estaría viviendo una "verdadera cacería de brujas" contra quienes no están alineados con el jefe de esa Judicatura.
A igual que esos testimonios que traen las declaraciones juramentadas, esas fuentes denunciaron, bajo condición de que se mantenga sus nombres en reserva, que en muchas ocasiones en el entorno del fiscal se ha solicitado dinero a cambio de emitir dictámenes favorables para los imputados y que, incluso, en varias ocasiones se habría tomado el nombre de la fiscal Mariana Yépez para esos fines.
Pero el estar en el "ojo de la tormenta" no es un problema nuevo para el ministro fiscal de Tungurahua, como tampoco le llaman la atención las acusaciones vertidas por las pocas personas que se han atrevido a denunciarle.
Asimismo admite que, entre mayo y junio de 2001, fue suspendido de sus funciones por dos meses, sin sueldo, por disposición del Ministerio Público, tras haber protagonizado un "escándalo público", como fue calificado localmente el hecho, y por haber golpeado a un policía.
Bayas Cañote justifica el incidente, del que dice que lo volvería hacer, porque consideró afectado su honor y el de su madre cuando, según su propia versión, un uniformado entró a su casa y ofendió a los presentes.
El fiscal desestima "la lluvia de denuncias" (dice tener otra lista larga en su contra) y supone que estas deben originarse en las enemistades gratuitas que pudo haberse ganado en 20 años de ejercicio profesional. Quizá sea una represalia por cumplir "con mi deber y mi obligación", que se sujeta -según afirma- a la ley y la Constitución.
Lo cierto es que tanto su temperamento que, lo reconoce, es fuerte, como su gestión han sido puestos en entredicho.
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a varias declaraciones juramentadas de personas que se consideraron víctimas de las acciones del fiscal distrital. Los testimonios incluyen serias acusaciones, como mantener actitudes despóticas, así como gestionar dictámenes y vacantes del distrito a cambio de dinero, lo cual niega rotundamente el aludido (ver recuadros, izquierda).
A pesar de la contundencia de los testimonios, las declaraciones juramentadas constituyen apenas una muestra del malestar que está causando la actual situación de la Fiscalía en varias esferas de la provincias. Este Diario pudo conocer, por ejemplo, que en el sector indígena la insatisfacción por la administración de justicia, especialmente del ministro fiscal, está llegando al límite, al punto que se habría estado fraguando un secuestro de una autoridad judicial como una medida de protesta. (LB)
Varios sectores cuestionan manejo del Distrito Fiscal
Las comunidades indígenas prefieren los acuerdos extrajudiciales
La insatisfacción por la administración de justicia en Tungurahua, y, de forma particular, por el papel del Ministerio Público, se va profundizando en varias esferas.
El caso más evidente es el del sector indígena, que en los últimos años ha aplicado la justicia popular. El caso del ortigamiento de las llamadas brujas de Calhuasig, de hace varios años, es un ejemplo. El último, que tuvo ribetes dramáticos, es la retención de dos supuestas timadoras en la comunidad de Salasaca, a principios de año. En este caso, el juzgamiento popular se hizo en presencia de indígenas de más de 18 comunidades.
Las autoridades han intentado que las comunidades canalizaran sus demandas a través del sistema judicial. A fines del año pasado, los jefes policiales se reunieron por segunda ocasión con representantes de las juntas del campesinado, precisamente para comninar a que se respete el sistema.
Para José Sillagana, presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua, los incidentes en las comunidades son consecuencia de la escasa credibilidad en el sistema judicial.
Esto ha hecho que las comunidades se organizaran y establecieran acuerdos directos cuando se presentan los conflictos. José Sillagana asegura que la falta de confianza se profundizó luego de que a cuatro dirigentes, que coordinaban acciones legales por el último ajusticiamiento, les rebotó el problema: hoy son procesados por personas cercanas a las supuestas timadoras. De denunciantes pasaron a ser denunciados, observa el alto dirigente indígena de la provincia.
Sillagana agrega que por esta situación, hay temor en las comunidades por posibles retaliaciones judiciales.
Según abogados y periodistas locales, los abusos y actos de corrupción que se denuncian van atados al uso de la justicia para fines políticos.
El alcalde de Ambato, Fernando Callejas, dice ser víctima de ese juego, cuando "sin fundamentos" se le iniciaron dos procesos en la Fiscalía.
El último, "por acatar" una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que dio luz verde a una disposición de 1997, que permite una servidumbre de paso por un terreno de particulares. "Es inaudito -dice- pues la decisión del TC fue resultado de una consulta del Concejo Municipal, luego de que dos salas del Tribunal emitieran resoluciones contradictorias; esto abona en la inseguridad jurídica".
Pero el sesgo político no es nuevo en la gestión del jefe del Distrito Fiscal. El 21 de noviembre de 2002, el ex intendente de Policía, Miguel Alejandro Cantos Tintín, presentó a la ministra fiscal una denuncia en contra de Angel Bayas Cañote, "por prevaricato". Lo cuestionaba por dar curso a una denuncia en su contra por la supuesta acreditación de un título de abogado falso, de 1994, ante el Colegio de Abogados de Tungurahua.
Cantos señala que la denuncia se aceptó "diligentemente" y se dictó la instrucción "por desafecto", sin considerar un asunto de prejudicialidad, esto es la determinación, primero, de si el referido título era o no falso.
En la queja se hace referencia a informes periciales que señalan que la copia del referido título, que sirvió de base para una denuncia periodística, fue forjado. (LB)
El proceso acusatorio da un "gran poder" a los fiscales
El nuevo sistema da la facultad al fiscal para manejar la investigación
Como "proceso acusatorio" se define el esquema establecido en el nuevo Código de Procedimiento Penal, que es aplicado desde mediados de 2000, pues el inicio y avance de un juicio penal se basa en la acusación del fiscal. Para los penalistas, es allí donde radican los "grandes poderes" de los fiscales, que se visualizan en las diferentes fases del proceso.
El viejo Código fijaba cuatro etapas: sumaria, intermedia, plenario e impugnación. El fiscal se limitaba a comparecer con escritos cuando era notificado; era el juez quien ordenaba la investigación y controlaba la sustanciación antes de dictar el auto de llamamiento a plenario (juicio).
El nuevo esquema tiene cinco etapas: indagación, instrucción fiscal, intermedia, juicio e impugnación. Hoy los fiscales dirigen y promueven la investigación en las etapas de indagación e instrucción. El fiscal pide al juez dictar medidas preventivas reales (secuestro de bienes) y personales (prisión preventiva).
Tras la fase de indagación, que es secreta y que dura entre un año (delitos que se sancionan con prisión) y dos años (delitos de reclusión), el fiscal dicta el inicio de la instrucción fiscal, presumiendo el cometimiento del delito. Al final de la instrucción (máximo 90 días), emite un dictamen acusatorio o absolutorio.
En el ámbito distrital, el juez puede impugnar los dictámenes del agente fiscal, por incompetencia (fuero) u otra falencia, con lo cual el caso pasa a manos del ministro fiscal distrital, quien debe corregir el error y emitir otro dictamen. Si es acusatorio contra los imputados, al juez no le queda más que continuar con el juicio.
El avance del proceso puede revertirse si en la audiencia (fase intermedia), se establece prejudicialidad, que deberá resolverse previamente.
Con la reforma se quiso dar independencia a la investigación, pues antes se consideraba al juez un perseguidor al formarse un criterio del acusado en la sustanciación de la causa. Hoy es el fiscal quien forma el sustento de la acusación. (LB)
LOS TESTIMONIOS
Dudan de que haya transparencia en el sorteo de las causas
El 3 de junio de 2003, el abogado litigante, Celso Zuquillo, presenta una declaración juramentada, ante notario público en Ambato. En ella señala que el 14 de enero de 2003, "actuando con total despotismo administrativo y de autoridad sin escrúpulo,..., a gritos, con intolerables procacidades...", el ministro fiscal distrital reclamó con insultos a un policía de guardia por tenerle ordenado que cuando vea a "este hijo... ", en referencia al abogado Zuquillo, lo lleve detenido; "esa es mi orden", reza el testimonio según el cual el incidente fue observado por varios testigos.
En otra ocasión, agrega, "subí junto con el abogado Marcos Díaz Merino a reclamar a la doctora Elizabeth Córdova, responsable de los sorteos de las denuncias, por falta de garantías en los llamados sorteos de las causas, puesto que era evidente que, tratándose de mi caso, no se había sorteado sino asignado todas las denuncias contra tres implicados, para que las tramitara con dedicatoria el mencionado abogado, quien fue humillado con las mayores procacidades".
Bayas Cañote señala que la declaración puede ser una retaliación, por cuanto Zuquillo fue abogado del ex intendente Miguel Angel Cantos Tintín, encausado por el fiscal. Acusa a Zuquillo de querer imponer sus demandas y, "cuando no lo consigue, denuncia a los fiscales". (LB)
Chantaje, ¿un medio para satisfacer venganzas personales?
El 28 de agosto de 2003, Hilda Piedad Mera realiza una declaración juramentada ante notario publico. Allí la mujer señala que el fiscal distrital, Angel Bayas Cañote la presionó en varias ocasiones, dicéndo que le iba a revocar el dictamen absolutorio de la agente fiscal Patricia Novillo, si es que no declaraba en contra de ella, indicando haberle entregado $ 4 000. Agrega que, tras su negativa, el funcionario le pidió $1 000.
Bayas desestima la versión, pues dice haber actuado en derecho, cuando le tocó conocer el caso luego de que el juez desestimara el dictamen inicial absolutorio de la agente fiscal, dentro de la denuncia de estafa por coyoterismo.
"En ningún momento, ni en ninguna circunstancia yo puedo chantajear de esa manera", asegura.
El funcionario, en su defensa, resta calidad moral a la declaración al referirse a los antecedentes de la denunciante. Recuerda que tiene 18 juicios por estafa y una pena que cumplió en la cárcel en Quito. "Ese el currículo de ella (Mera) con lo que representa", dice.
El proceso penal, actualmente, se encuentra en manos de la Corte Superior de Ambato, tras la apelación interpuesta por la Fiscalía al auto de sobreseimiento definitivo, en favor de Hilda Piedad Mera, dictado por la jueza cuarta de lo Penal de esta judicatura. (LB)
Una agente asegura que el ministro le pidió $3 000
El 21 de febrero de 2003, Elida Beatriz Pérez Sánchez, agente fiscal de Tungurahua, declara ante notario público que el ministro fiscal Angel Bayas Cañote la llamó a su oficina y le ofreció su ayuda para conseguir el nombramiento de agente fiscal, a cambio de que le entregara $3 000, un dinero que presuntamente debía ser enviado a la Fiscalía de la Nación, en Quito.
En uno de los párrafos relata que Bayas le dijo: "Beatriz qué pasa con su nombramiento, parece que hay algún problema en Quito; pero déjeme a mí, yo le puedo ayudar porque usted es una fiscal cumplidora de su deber, pero para ayudarla es necesario que me dé unos $3 000, usted sabe, ese dinero es para entregar en Quito, para que le den el nombramiento...", añade la denunciante.
La fiscal dice que esto sucedió 15 días después de que se presentó al concurso de méritos y oposición, efectuado en la primera semana de agosto de 2001, en Ambato, para llenar las vacantes.
El martes, Pérez se presentó ante la fiscal Mariana Yépez. Sorpresivamente no ratificó su versión. Según Yépez, la agente fiscal ha concursado, sin éxito, tres veces y se "le ha dejado porque ha tenido unos palanqueos tremendos, que es mujer, que es madre por la condición de mujer se le ha dado la oportunidad con funciones prorrogadas". (LB)
Ciudadano afirma haber pagado $1 000 para recuperar auto
El 27 de agosto de 2003, José Ignacio Vargas Buenaño presenta una declaración juramentada ante notario público. En ese escrito asegura haber entregado $1 000 al ministro fiscal distrital Bayas para que le entregara una orden para retirar un vehículo retenido por la Policía cuando fue a matricularlo, bajo el argumento de que los números del chasis y motor estaban adulterados.
El hombre señala que la entrega se hizo en dos partes iguales, una primera supuestamenre en la casa del fiscal, entre las calles Fernández y Rodríguez, y el resto en la oficina del fiscal.
En su declaración sostiene que la fiscal de turno, donde pasó el caso, " me supo manifestar que no podía entregarme por cuanto decía que era robado, ante lo cual me vi obligado a entregar la documentación que que demostraba que no lo era... Ante estas peticiones, se llevaba el auricular del teléfono al oído y decía que llama a Quito, a la señora Fiscal, para luego decir que tenía órdenes de no entregar".
El fiscal distrital Angel Bayas Cañote asegura desconocer al declarante. "El ministro fiscal no conoce asuntos de vehículos: no ha sido ni es atribución del señor ministro fiscal distrital conocer asuntos de tránsito, menos conocer asuntos de entrega o devolución de vehículos", afirma. (LB)
ENTREVISTA
"Hay interesados en perjudicar a la institución"
La ministra fiscal general admite problemas internos en el Distrito Fiscal. Es el único caso en el país, dice. Pide que se presenten denuncias concretas para actuar
Antes de entrar en materia, la ministra fiscal, Mariana Yépez, advierte que "hay personas interesadas en perjudicar a la institución", por eso pide que no la malinterpreten.
La funcionaria califica de asunto de "carácter doméstico" al contenido de la denuncia presentada por un grupo de funcionarios y fiscales a principios de año, tras lo cual se aplicó un instructivo para corregir "las desaveniencias" que las detectó desde que asumió el cargo.
Admite que en el Distrito de Tungurahua hay una división, según ella, liderada por una fiscal, que no ha podido resolverse. Pero asegura que es el único caso en el país, pese a que ha enviado una comisión y ha provocado reuniones con autoridades locales para incentivar el diálogo. Del manejo responsabiliza al fiscal del Distrito.
Al ser consultada sobre las denuncias recopiladas por este Diario, Yépez se refiere exclusivamente a la declaración de la fiscal Beatriz Pérez (ver testimonios). Señala que ella asistió el martes a la Fiscalía y aceptó, frente a varias autoridades de la entidad, haber dado testimonio de que tuvo una oferta de Bayas Cañote para conseguir el nombramiento. "Le dije que hiciese una declaración en una notaría, pero al momento de firmarla rompió el documento. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que dice, lo dice en el aire. O sea, calumnia. Yo me siento ofendida, y ella tendrá que responder por lo que está diciendo, penalmente, aparte de la desvinculación de la institución porque es un deshonor".
Según Yépez, la declaración de la fiscal ha motivado un nuevo sumario contra el fiscal distrital, de quien dice, al hojear su carpeta, tiene "bastantes sanciones", y sobre quien pesan varias quejas.
Sobre otras denuncias, la ministra pide que se las presenten por escrito "casos concretos, no chismes para poder actuar".
BLANCO Y NEGRO le entregó una cinta de audio donde supuestamente el fiscal de Ambato y una imputada en un caso pactarían un dictamen. "Le agradezco mucho, porque esto sí es un elemento", responde.
"Yo creía que el asunto estaba caminando", dice al referirse a los correctivos implementados en Tungurahua. Al ser consultada sobre el malestar en varios sectores, como el indígena, insiste en que las denuncias se hagan por escrito, pues "he visto desestimientos inmediatos". Incluso, "si la versión de la abogada Pérez tiene fundamento se tomará una decisión". (LB)
La funcionaria
Mariana Yépez fue designada ministra fiscal, para seis años, por el Congreso Nacional. El 19 de febrero de 1999 fue su posesión. Se desempeñó desde 1988 hasta 1997 como magistrada de la Corte Superior de Quito, antes de subir a la Corte Suprema.
ENTREVISTA
"Han hurgado en mi vida, pero nada han hallado"
El fiscal distrital asegura que su accionar está enmarcado en la ley. Reconoce que ha habido actitudes irregulares en el distrito y que han sido denunciadasa
Tras la negativa inicial a dejarse fotografiar y disponiendo que un policía confirmara la identidad de los periodistas de HOY, el fiscal distrital de Tungurahua, Angel Bayas Cañote, da su versión sobre los problemas en esa dependencia y va desestimando, una a una, la lista de acusaciones vertidas en su contra.
Dice tener también una lista larga de denuncias, por lo cual asegura que las interrogantes periodísticas no le preocupan, pues "han hurgado en mi vida privada, pero nada han encontrado ni lo van a encontrar". Considera que las acusciones pueden ser una consecuencia de las enemistades ganadas en 20 años de ejercicio profesional como abogado.
"En siete años que estoy aquí -afirma- jamás he solicitado, pedido y recomendado a nadie; le invito a que pregunte si en algún momento he sugerido la entrega de alguna cosa. Bendita la hora, no señor", sostiene.
El fiscal niega que exista un trato discriminatorio en la dependencia. Dice actuar de manera equitativa y que no ha tapado a nadie cuando ha tenido que poner orden. Porque también, reconoce, "ha habido" casos de "actitudes irregulares" en ese Distrito.
Como prueba de ello señala las amonestaciones a tres agentes fiscales, Patricia Novillo, María Regina Morales y al fiscal de Baños. Las dos primeras firmaron la denuncia presentada a la fiscal general en enero pasado.
"Uno es bueno, comedido, generoso, el pana de los amigos, cuando les tapa y cuando nos les dice nada. Y se constituye en enemigo gratuito cuando llama la atención...", recalca.
Bayas Cañote reconoce una particular forma de relacionarse con los empleados y el público. "Tengo mi temperamento, no puedo negar, pero me gusta la rectitud, el cumplimiento y que seamos seres probos". Según él, ese fue el argumento que presentó durante la visita que hizo a Ambato la fiscal general, Mariana Yépez, ante quien "manifesté que les había tratado con dureza...". Todo eso, dice, está en conocimiento de la Dirección de Fiscales en Quito.
También ofrece entregar los documentos que tiene como una descargo: "Papá querido, lo que esté a la mano le puedo entregar... ", aunque ese momento debe realizar alguna diligencia. Al final el ofrecimiento no se concreta. (LB)
Fiscal de tungurahua
Angel Bayas Cañote, jefe del distrito fiscal de Tungurahua. Fue nombrado agente fiscal en abril de 1997. En 2000 participó en el concurso de oposición y méritos para cubrir la vacante de jefe distrital. El 17 de noviembre de ese mismo año asumió el cargo.
PUNTO DE VISTA
Un fiscal no puede estar bajo sospecha
Abrumados por los conflictos "macros", que en especial en materia política afectan al país, los ecuatorianos no hemos sido capaces de mirar lo que ocurre en algunas de las provincias, en temas tanto o más delicados que la política y la economía mismas: la justicia.
La revelación de BLANCO Y NEGRO acerca de lo que está ocurriendo con el fiscal distrital de Tungurahua muestra un drama que afecta a gran parte de esa sociedad, y que tiene que ver con la administración de justicia, sobre la cual pesan gravísimas acusaciones.
El problema es tal que muchas personas han hecho denuncias juramentadas y los testimonios sobran dando cuenta de supuestos abusos, prepotencia y corrupción de esa autoridad. No obstante, no se ha conseguido una respuesta clara y contundente, y menos una sanción de parte de quienes están llamados a vigilar la correcta aplicación de la justicia.
Lo que en estas páginas se muestra es que en Tungurahua la justicia está siendo tarifada, y, aunque obviamente no se puede generalizar, el riesgo de que el gravísimo mal contagie a los demás órganos de la judicatura está latente, por lo que solo una firme determinación de la Fiscalía General de la Nación, así como de quienes se sienten víctimas, para sostener sus denuncias, pondría fin a este drama, en el que el protagonista en un fiscal, que no puede estar bajo sospecha. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
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