Guayaquil. 17 jul 2000. Las constantes reformas a la Ley de
Hidrocarburos no han sido beneficiosas para el Estado ecuatoriano,
que ha hecho del crudo su principal fuente de ingreso de divisas.
Desde 1972 los gobiernos han realizado un sinnúmero de reformas a
la ley, año en el cual el país empieza a sentir los beneficios de
la explotación de los hidrocarburos.
Unicamente la nueva legislación petrolera de ese entonces dejó en
claro la participación del Estado en la producción de crudo y los
impuestos que debían pagar las empresas petroleras.
Definió una superficie de 200.000 hectáreas para la exploración y
explotación de petróleo, en reemplazo de las extensiones dadas en
concesión hasta fines de los años sesenta, que en algunos casos,
fue de 3,5 millones de hectáreas.
Asimismo, se modificó la duración de los contratos petroleros: 25
años en lugar de 50. Y la participación del Estado fue
predominante: 67.5% en el consorcio Cepe-Texaco.
El impuesto a la renta fue del 87.31%, que comprendía el 15% de
las exportaciones, 20 centavos de sucre por cada barril de
petróleo producido para el Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo y Becas (IECE); 15% de la participación laboral;
comisión para el Banco Central, participación estatal en la tarifa
de transporte por el oleoducto, y el impuesto a la renta y sus
adicionales.
La reforma de 1982
En 1982 se llevó a cabo una nueva reforma bajo el criterio de
atraer la inversión extranjera y nueva tecnología.
Se incorporó el contrato de prestación de servicios para la
exploración y explotación de hidrocarburos, a fin de que las
compañías petroleras inviertan en áreas de riesgo y que el Estado
reembolse las inversiones, costos y el pago por los servicios,
siempre y cuando encuentren reservas comercialmente rentables para
el país.
Estos contratos debían generar al Fisco el 15% de utilidad, más el
pago de regalías que establece el artículo 49 de la Ley de
Hidrocarburos: si la producción diaria es de 30.000 barriles, los
inversionistas reciben el 12.5%. Si es entre 30.000 y 60.000
barriles, el 14. Y si supera los 60.000, el 18.5%.
Los partícipes son la Junta de Defensa Nacional y la FAE,
organismos seccionales, Banco del Estado, Banco de la Vivienda,
Banco Central, IECE, Ley de Vialidad Agropecuaria, empresas
prestadoras de servicios.
Según informes oficiales, los resultados de los contratos no
fueron favorables por falta de aplicación de la ley y sus
reglamentos, al haberse reconocido altos costos de producción a
las compañías petroleras.
En efecto, mientras en 1994 el precio para Petroecuador era de 1.9
dólares por barril, el de las petroleras se ubicó en 22.35. En
1998, la relación es 2.37 y 18.91 dólares.
La reforma de 1993
En 1993 se incorporan los contratos de participación para la
exploración y explotación de hidrocarburos y otros convenios
adicional para los campos marginales.
Se exonera a las compañías privadas del pago de regalías, primas
de entrada, derechos superficiarios y aportes en obras de
compensación.
Entre el contrato de prestación de servicios y el de participación
existe una gran diferencia: mientras en el primero el Estado es el
dueño del petróleo, en el segundo, la propiedad pasa a la
compañía.
Al Estado le corresponde recibir una participación de la
producción diaria de los yacimientos: hasta 30.000 barriles
diarios, el 12.5%. Entre 30.000 y 60.000, el 14 y sobre los 60.000
el 18.5. El resto es para la compañía.
Esto ha desplomado el saldo exportable de Petroecuador, de 260.000
barriles diarios, a 140.000.
Como consta en libros, las petroleras por disposición legal, no
pagan regalías y otros impuestos. En cambio Petroecuador si está
obligada a cumplir dichas obligaciones.
Si se compara la participación marginal con el no pago de esos
conceptos, el Estado recibe cero ingresos por el convenio.
Según los contratos de participación, las petroleras no pagan
tributos por la exportación de los hidrocarburos, tienen tarifa
cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la explotación y en
el transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y
gasoductos. A la vez, están exentas del pago de impuestos
arancelarios.
A partir del 2000 habrá poca participación estatal
La reforma que se introduce dentro de la Ley de Transformación
Económica, abre definitivamente, la puerta de la privatización del
sector.
Con un simple decreto ejecutivo, las empresas privadas pueden
construir oleoductos, poliductos y gasoductos.
La reforma que se encuentra en el Congreso, como parte de la
denominada Trole II, excluye, entre otras cosas, a los yacimientos
hidrocarburíferos del capital social de las compañías anónimas
formadas con las empresas públicas petroleras.
El Foro de Opinión Petrolera asegura que si se vendieran las
reservas al precio de 10 dólares por barril, la pérdida es de
30.000 millones de dólares, más el valor de las instalaciones de
producción de Petroecuador, oleoductos, gasoductos, poliductos,
refinerías, centros de distribución de productos, así como los
ingresos que tiene el fisco por la venta del crudo y los
derivados.
Además, elimina la productividad y la línea base para medir el
incremento de la producción de los cinco principales campos
petroleros que el régimen sacará a licitación próximamente;
desaparece la participación estatal mínima del 40% de la
producción; no hay operación conjunta, transferencia tecnológica
ni capacitación técnica.
Tampoco se ha establecido un contrato ni convenio sobre estas
operaciones. (TH)
Cuenca se quedó sin combustibles
En Guayaquil y Quito la atención fue normal
Cuenca se quedó sin combustible este fin de semana debido a que
los distribuidores no se abastecieron del producto como medida de
presión para que el Gobierno revise el margen de utilidad, que
recientemente se redujo del 19 al 15%.
El presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolinas de
Cuenca, Carlos Salazar, indicó que los problemas económicos que
atraviesa su sector tras la reducción del margen mencionado, les
han obligado a suspender la compra de carburantes desde el pasado
viernes y a no hacer pedidos para el fin de semana.
Salazar explicó que con esta medida pretenden llamar la atención
de las autoridades, pero advirtió de que "ahora es aquí, pero
pronto va a ocurrir algo similar en otras ciudades del país".
No obstante, señaló que posiblemente en esta semana se normalizará
la situación en Cuenca.
En Guayaquil y Quito el abastecimiento de gasolina se produjo sin
ningún tipo de contratiempo. EFE
Disputa petrolera Entre países caribeños
Con el anuncio de Venezuela de que licitar zonas petrolíferas,
costa afuera en el Atlántico, para contrarrestar disposiciones
similares de Guyana con la que mantiene una centenaria disputa
limítrofe, los diferendos marítimos en el norte de América del Sur
se reavivaron por la presencia del oro negro.
Guayana revivió en junio otra disputa con Surinam, que movilizó
unidades de su armada, obligando a mover una plataforma marina a
zona guyanesa.
La disputa de esta plataforma copó la cumbre de gobernantes de la
Comunidad del Caribe (Caricom). (Texto tomado de El Expreso)
Hidrocarburos no han sido beneficiosas para el Estado ecuatoriano,
que ha hecho del crudo su principal fuente de ingreso de divisas.
Desde 1972 los gobiernos han realizado un sinnúmero de reformas a
la ley, año en el cual el país empieza a sentir los beneficios de
la explotación de los hidrocarburos.
Unicamente la nueva legislación petrolera de ese entonces dejó en
claro la participación del Estado en la producción de crudo y los
impuestos que debían pagar las empresas petroleras.
Definió una superficie de 200.000 hectáreas para la exploración y
explotación de petróleo, en reemplazo de las extensiones dadas en
concesión hasta fines de los años sesenta, que en algunos casos,
fue de 3,5 millones de hectáreas.
Asimismo, se modificó la duración de los contratos petroleros: 25
años en lugar de 50. Y la participación del Estado fue
predominante: 67.5% en el consorcio Cepe-Texaco.
El impuesto a la renta fue del 87.31%, que comprendía el 15% de
las exportaciones, 20 centavos de sucre por cada barril de
petróleo producido para el Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo y Becas (IECE); 15% de la participación laboral;
comisión para el Banco Central, participación estatal en la tarifa
de transporte por el oleoducto, y el impuesto a la renta y sus
adicionales.
La reforma de 1982
En 1982 se llevó a cabo una nueva reforma bajo el criterio de
atraer la inversión extranjera y nueva tecnología.
Se incorporó el contrato de prestación de servicios para la
exploración y explotación de hidrocarburos, a fin de que las
compañías petroleras inviertan en áreas de riesgo y que el Estado
reembolse las inversiones, costos y el pago por los servicios,
siempre y cuando encuentren reservas comercialmente rentables para
el país.
Estos contratos debían generar al Fisco el 15% de utilidad, más el
pago de regalías que establece el artículo 49 de la Ley de
Hidrocarburos: si la producción diaria es de 30.000 barriles, los
inversionistas reciben el 12.5%. Si es entre 30.000 y 60.000
barriles, el 14. Y si supera los 60.000, el 18.5%.
Los partícipes son la Junta de Defensa Nacional y la FAE,
organismos seccionales, Banco del Estado, Banco de la Vivienda,
Banco Central, IECE, Ley de Vialidad Agropecuaria, empresas
prestadoras de servicios.
Según informes oficiales, los resultados de los contratos no
fueron favorables por falta de aplicación de la ley y sus
reglamentos, al haberse reconocido altos costos de producción a
las compañías petroleras.
En efecto, mientras en 1994 el precio para Petroecuador era de 1.9
dólares por barril, el de las petroleras se ubicó en 22.35. En
1998, la relación es 2.37 y 18.91 dólares.
La reforma de 1993
En 1993 se incorporan los contratos de participación para la
exploración y explotación de hidrocarburos y otros convenios
adicional para los campos marginales.
Se exonera a las compañías privadas del pago de regalías, primas
de entrada, derechos superficiarios y aportes en obras de
compensación.
Entre el contrato de prestación de servicios y el de participación
existe una gran diferencia: mientras en el primero el Estado es el
dueño del petróleo, en el segundo, la propiedad pasa a la
compañía.
Al Estado le corresponde recibir una participación de la
producción diaria de los yacimientos: hasta 30.000 barriles
diarios, el 12.5%. Entre 30.000 y 60.000, el 14 y sobre los 60.000
el 18.5. El resto es para la compañía.
Esto ha desplomado el saldo exportable de Petroecuador, de 260.000
barriles diarios, a 140.000.
Como consta en libros, las petroleras por disposición legal, no
pagan regalías y otros impuestos. En cambio Petroecuador si está
obligada a cumplir dichas obligaciones.
Si se compara la participación marginal con el no pago de esos
conceptos, el Estado recibe cero ingresos por el convenio.
Según los contratos de participación, las petroleras no pagan
tributos por la exportación de los hidrocarburos, tienen tarifa
cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la explotación y en
el transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y
gasoductos. A la vez, están exentas del pago de impuestos
arancelarios.
A partir del 2000 habrá poca participación estatal
La reforma que se introduce dentro de la Ley de Transformación
Económica, abre definitivamente, la puerta de la privatización del
sector.
Con un simple decreto ejecutivo, las empresas privadas pueden
construir oleoductos, poliductos y gasoductos.
La reforma que se encuentra en el Congreso, como parte de la
denominada Trole II, excluye, entre otras cosas, a los yacimientos
hidrocarburíferos del capital social de las compañías anónimas
formadas con las empresas públicas petroleras.
El Foro de Opinión Petrolera asegura que si se vendieran las
reservas al precio de 10 dólares por barril, la pérdida es de
30.000 millones de dólares, más el valor de las instalaciones de
producción de Petroecuador, oleoductos, gasoductos, poliductos,
refinerías, centros de distribución de productos, así como los
ingresos que tiene el fisco por la venta del crudo y los
derivados.
Además, elimina la productividad y la línea base para medir el
incremento de la producción de los cinco principales campos
petroleros que el régimen sacará a licitación próximamente;
desaparece la participación estatal mínima del 40% de la
producción; no hay operación conjunta, transferencia tecnológica
ni capacitación técnica.
Tampoco se ha establecido un contrato ni convenio sobre estas
operaciones. (TH)
Cuenca se quedó sin combustibles
En Guayaquil y Quito la atención fue normal
Cuenca se quedó sin combustible este fin de semana debido a que
los distribuidores no se abastecieron del producto como medida de
presión para que el Gobierno revise el margen de utilidad, que
recientemente se redujo del 19 al 15%.
El presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolinas de
Cuenca, Carlos Salazar, indicó que los problemas económicos que
atraviesa su sector tras la reducción del margen mencionado, les
han obligado a suspender la compra de carburantes desde el pasado
viernes y a no hacer pedidos para el fin de semana.
Salazar explicó que con esta medida pretenden llamar la atención
de las autoridades, pero advirtió de que "ahora es aquí, pero
pronto va a ocurrir algo similar en otras ciudades del país".
No obstante, señaló que posiblemente en esta semana se normalizará
la situación en Cuenca.
En Guayaquil y Quito el abastecimiento de gasolina se produjo sin
ningún tipo de contratiempo. EFE
Disputa petrolera Entre países caribeños
Con el anuncio de Venezuela de que licitar zonas petrolíferas,
costa afuera en el Atlántico, para contrarrestar disposiciones
similares de Guyana con la que mantiene una centenaria disputa
limítrofe, los diferendos marítimos en el norte de América del Sur
se reavivaron por la presencia del oro negro.
Guayana revivió en junio otra disputa con Surinam, que movilizó
unidades de su armada, obligando a mover una plataforma marina a
zona guyanesa.
La disputa de esta plataforma copó la cumbre de gobernantes de la
Comunidad del Caribe (Caricom). (Texto tomado de El Expreso)
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