Quito. 19 sep 99. Manabí ha resuelto iniciar el camino de las
autonomías provinciales. Sus líderes ya se expresaron en ese
sentido hace dos semanas, y ahora han llegado a la sede de un
poder centralizado, Quito, a plantear su propuesta.
El Ecuador no podrá dar un solo paso hacia adelante, hacia el
nuevo siglo, si no se entiende que debe rencontrarse como país,
establecer su identidad nacional, y ello sólo será posible a
partir de un proceso ágil y decidido de muy clara
descentralización que vuelva menos inequitativa, menos arbitraria
y mucho más eficiente la gestión de las instituciones de servicio
público y facilite la actividad de las empresas particulares. Son
las palabras del documento que entregaron el jueves pasado en la
Presidencia de la República y en el Parlamento.
Se trata del derecho de cada provincia para planificar,
administrar su propio desarrollo y procurar el bienestar de sus
habitantes. Un proceso amparado en la Ley de Modernización del
Estado y en lo que ya dispone la Ley de Descentralización
Administrativa y Participación Social: ir desconcentrando el
ejercicio del poder político, hasta llegar a un régimen de
autonomías de las provincias, las que podrían en lo posterior
asociarse voluntariamente en razón de comunes proyectos e interés
que vuelvan conveniente una integración socioeconómica e incluso
político-administrativa.
Pero, si bien la propuesta suscrita por 31 representantes de la
asamblea provincial busca un consenso nacional, tiene un limitado
compás de espera: los próximos seis meses. De lo contrario, la
provincia se acogerá al artículo 106 de la Constitución vigente,
para que, mediante consulta popular, el pueblo manabita se
pronuncie por su legítimo deseo de ser considerado como
provincia autónoma.
Un Consejo provincial autónomo
La primera propuesta manabita es que se reforme la Constitución,
y en sustitución de los Consejos Provinciales se creen Consejos
de Desarrollo Provincial, que estén presididos por un gobernador
elegido popularmente en cada provincia.
Este Consejo de Desarrollo Provincial tendrá la coparticipación
de Consejeros elegidos popularmente por distritos electorales,
representantes de las municipalidades, de funcionarios del
Gobierno Central, especialmente en áreas como la salud y la
educación, delegados de las Universidades y Escuelas Politécnicas
de la provincia, delegados de los Colegios de Profesionales, de
representantes de los sectores productivos agrupados en las
Cámaras de la Producción, de delegados de la Asociación de
Artesanos, de representantes de entidades creadas para impulsar
el desarrollo económico regional, como en el caso del Centro de
Rehabilitación de Manabí, Junta de Recursos Hidráulicos de
Jipijapa y Paján, Empresa Eléctrica, Empresa de Agua Potable,
Autoridad Portuaria de Manta y otras similares, y de
representantes de organizaciones laborales, campesinas y
barriales.
Asambleas cantonales y control cívico
La democracia local, según los proponentes, se robustecería con
la creación de Asambleas Cantonales que tengan la potestad de
legislar en materia de ordenanzas locales, pero esos asambleístas
municipales deben elegirse por distritos electorales de los
distintos sectores urbanos y rurales. De esa manera se volverá
mucho menos politizado el manejo de los municipios, para que se
conviertan en los organismos rectores del desarrollo de sus
respectivas comunidades y no sirvan como comités electorales de
futuras campañas de los partidos políticos que los controlan. Y
otras entidades, los comités de Control Cívico de la Corrupción
Provincial e inclusive cantonales y parroquiales, asegurarán una
vigilancia de la sociedad civil sobre el uso de los recursos y
la eficiencia en la recaudación de tributos. Igualmente se
propone la elección de los legisladores por distritos
electorales; y que los municipios administren un porcentaje del
presupuesto para fortalecer la participación de las comunidades
barriales o de recintos en la acción de desarrollo. Los manabitas
estamos conscientes de que la primera premisa para un buen
desarrollo provincial o regional es que aquello sólo será posible
en la medida en que las instituciones locales sean eficientes y
responsables en una justa recaudación de tributos y en el buen
empleo de los mismos, con lo cual se contribuirá a desactivar
aquella mentalidad de seguir creyendo en un paternalismo estatal
cuyo modelo está agotado en el Estado moderno.
Descentralizar el IESS y otras instancias estatales
Es urgente, dice el documento de Manabí, que las instituciones
de control y de crédito del Estado, como el caso de Contraloría
General del Estado, Procuraduría General del Estado, Banco del
Estado, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Bancos,
Superintendencia de Compañías, Superintendencia de
Telecomunicaciones, Corporación Financiera Nacional, Banco
Ecuatoriano de la Vivienda, Banco de Fomento, desconcentren
totalmente sus decisiones administrativas. Estas oficinas
deberían tener atribuciones muy amplias, capaces de permitir una
ágil gestión.
Urge también una total descentralización del IESS cuya acción
como institución es clave en el bienestar social de los
ecuatorianos.
Entre otros aspectos puntuales, los líderes provinciales reclaman
una declaración de las instalaciones de Manta como un "aeropuerto
internacional alterno" al de Guayaquil y la operación de esta
ciudad como Puerto de Transferencia Internacional.
Los manabitas consideran que estos planteamientos son parte de
un proceso; no esperan por tanto decisiones inmediatas, pero sí
el inicio de los pasos necesarios. "Es una propuesta para todo
el país" dicen, no exclusivamente para la provincia.
Tributos
El documento manabita propone que no sea el Estado central el que
les entregue partidas, sino que los tributos al IVA, el impuesto
a la circulación de capitales, el impuesto a los consumos
especiales, el impuesto a las operaciones de créditos, el
impuesto a la matriculación de vehículos, etc, sean recaudados
directamente y distribuidos por el Consejo de Desarrollo
Provincial para ser entregado a la provincia donde se produce el
consumo y se origina el tributo. Así mismo, todo aquello que
signifiquen tasas por servicios prestados dentro de la
jurisdicción provincial, incluyendo concesiones de vía pública,
tasas por peaje y otras, sean recaudados por el Consejo de
Desarrollo Provincial y distribuidos con igual criterio que los
impuestos al consumo, debiendo dotarse para estos efectos de
capacidad legislativa al máximo organismo de carácter provincial,
en su condición de gobierno intermedio entre el Gobierno central
y los gobiernos seccionales so locales. Los restantes ingresos
seran manejados a escala nacional, con un reparto equitativo.
(DIARIO HOY) (P. 3-A))
autonomías provinciales. Sus líderes ya se expresaron en ese
sentido hace dos semanas, y ahora han llegado a la sede de un
poder centralizado, Quito, a plantear su propuesta.
El Ecuador no podrá dar un solo paso hacia adelante, hacia el
nuevo siglo, si no se entiende que debe rencontrarse como país,
establecer su identidad nacional, y ello sólo será posible a
partir de un proceso ágil y decidido de muy clara
descentralización que vuelva menos inequitativa, menos arbitraria
y mucho más eficiente la gestión de las instituciones de servicio
público y facilite la actividad de las empresas particulares. Son
las palabras del documento que entregaron el jueves pasado en la
Presidencia de la República y en el Parlamento.
Se trata del derecho de cada provincia para planificar,
administrar su propio desarrollo y procurar el bienestar de sus
habitantes. Un proceso amparado en la Ley de Modernización del
Estado y en lo que ya dispone la Ley de Descentralización
Administrativa y Participación Social: ir desconcentrando el
ejercicio del poder político, hasta llegar a un régimen de
autonomías de las provincias, las que podrían en lo posterior
asociarse voluntariamente en razón de comunes proyectos e interés
que vuelvan conveniente una integración socioeconómica e incluso
político-administrativa.
Pero, si bien la propuesta suscrita por 31 representantes de la
asamblea provincial busca un consenso nacional, tiene un limitado
compás de espera: los próximos seis meses. De lo contrario, la
provincia se acogerá al artículo 106 de la Constitución vigente,
para que, mediante consulta popular, el pueblo manabita se
pronuncie por su legítimo deseo de ser considerado como
provincia autónoma.
Un Consejo provincial autónomo
La primera propuesta manabita es que se reforme la Constitución,
y en sustitución de los Consejos Provinciales se creen Consejos
de Desarrollo Provincial, que estén presididos por un gobernador
elegido popularmente en cada provincia.
Este Consejo de Desarrollo Provincial tendrá la coparticipación
de Consejeros elegidos popularmente por distritos electorales,
representantes de las municipalidades, de funcionarios del
Gobierno Central, especialmente en áreas como la salud y la
educación, delegados de las Universidades y Escuelas Politécnicas
de la provincia, delegados de los Colegios de Profesionales, de
representantes de los sectores productivos agrupados en las
Cámaras de la Producción, de delegados de la Asociación de
Artesanos, de representantes de entidades creadas para impulsar
el desarrollo económico regional, como en el caso del Centro de
Rehabilitación de Manabí, Junta de Recursos Hidráulicos de
Jipijapa y Paján, Empresa Eléctrica, Empresa de Agua Potable,
Autoridad Portuaria de Manta y otras similares, y de
representantes de organizaciones laborales, campesinas y
barriales.
Asambleas cantonales y control cívico
La democracia local, según los proponentes, se robustecería con
la creación de Asambleas Cantonales que tengan la potestad de
legislar en materia de ordenanzas locales, pero esos asambleístas
municipales deben elegirse por distritos electorales de los
distintos sectores urbanos y rurales. De esa manera se volverá
mucho menos politizado el manejo de los municipios, para que se
conviertan en los organismos rectores del desarrollo de sus
respectivas comunidades y no sirvan como comités electorales de
futuras campañas de los partidos políticos que los controlan. Y
otras entidades, los comités de Control Cívico de la Corrupción
Provincial e inclusive cantonales y parroquiales, asegurarán una
vigilancia de la sociedad civil sobre el uso de los recursos y
la eficiencia en la recaudación de tributos. Igualmente se
propone la elección de los legisladores por distritos
electorales; y que los municipios administren un porcentaje del
presupuesto para fortalecer la participación de las comunidades
barriales o de recintos en la acción de desarrollo. Los manabitas
estamos conscientes de que la primera premisa para un buen
desarrollo provincial o regional es que aquello sólo será posible
en la medida en que las instituciones locales sean eficientes y
responsables en una justa recaudación de tributos y en el buen
empleo de los mismos, con lo cual se contribuirá a desactivar
aquella mentalidad de seguir creyendo en un paternalismo estatal
cuyo modelo está agotado en el Estado moderno.
Descentralizar el IESS y otras instancias estatales
Es urgente, dice el documento de Manabí, que las instituciones
de control y de crédito del Estado, como el caso de Contraloría
General del Estado, Procuraduría General del Estado, Banco del
Estado, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Bancos,
Superintendencia de Compañías, Superintendencia de
Telecomunicaciones, Corporación Financiera Nacional, Banco
Ecuatoriano de la Vivienda, Banco de Fomento, desconcentren
totalmente sus decisiones administrativas. Estas oficinas
deberían tener atribuciones muy amplias, capaces de permitir una
ágil gestión.
Urge también una total descentralización del IESS cuya acción
como institución es clave en el bienestar social de los
ecuatorianos.
Entre otros aspectos puntuales, los líderes provinciales reclaman
una declaración de las instalaciones de Manta como un "aeropuerto
internacional alterno" al de Guayaquil y la operación de esta
ciudad como Puerto de Transferencia Internacional.
Los manabitas consideran que estos planteamientos son parte de
un proceso; no esperan por tanto decisiones inmediatas, pero sí
el inicio de los pasos necesarios. "Es una propuesta para todo
el país" dicen, no exclusivamente para la provincia.
Tributos
El documento manabita propone que no sea el Estado central el que
les entregue partidas, sino que los tributos al IVA, el impuesto
a la circulación de capitales, el impuesto a los consumos
especiales, el impuesto a las operaciones de créditos, el
impuesto a la matriculación de vehículos, etc, sean recaudados
directamente y distribuidos por el Consejo de Desarrollo
Provincial para ser entregado a la provincia donde se produce el
consumo y se origina el tributo. Así mismo, todo aquello que
signifiquen tasas por servicios prestados dentro de la
jurisdicción provincial, incluyendo concesiones de vía pública,
tasas por peaje y otras, sean recaudados por el Consejo de
Desarrollo Provincial y distribuidos con igual criterio que los
impuestos al consumo, debiendo dotarse para estos efectos de
capacidad legislativa al máximo organismo de carácter provincial,
en su condición de gobierno intermedio entre el Gobierno central
y los gobiernos seccionales so locales. Los restantes ingresos
seran manejados a escala nacional, con un reparto equitativo.
(DIARIO HOY) (P. 3-A))
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