La necesidad y el desconocimiento de la legislación son las causas para que se genere el desamparo laboral.
El dolor no se compra con juguetes y ropa
Los trabajadores provenían de Pujilí. No contaban con seguro público o privado. Dejaron tres viudas y seis niños en la orfandad
"Ahora Jennifer pasa todo el día llorando, como pidiéndome que regrese el papá", comenta Aurora Ugsha, de 20 años, mientras sus ojos se humedecen al recordar a quien fue el padre de su hija de 1 año y de la criatura de cinco meses de gestación que lleva en su vientre.
Aurora contaba los días para volver a ver a su esposo, Ernesto Toaquiza, de 23 años. "Cuando regrese voy a traer la varilla, los bloques y el cemento para hacer la casita, hasta mientras te dejo $50", fueron las últimas palabras de Ernesto, antes de abandonar la parroquia Guangaje (a 40 kilómetros de Pujilí, en Latacunga), el 14 de agosto pasado.
Aurora vive en una casa de bloque de 36 m2, en medio de montañas de arena gris, donde no existe riego y el agua a veces no llega por tres días, minimizando la producción agrícola en Guangaje. Solo se cultiva cebolla, papas, habas y cebada, que apenas alcanzan para el consumo familiar.
Por eso, cuando se corrió la voz de que Manuel Tipán, que es maestro mayor en Quito, consiguió una obra en San José de Pomasqui, más de 20 jóvenes de la zona y de las comunidades aledañas (Chugchilampamba, Tigua...) no dudaron en trasladarse a la capital.
Nueve días después, Ernesto Toaquiza (23 años), Medardo Pallo (24 años) y Humberto Ante (21 años) fallecieron al quedar enterrados dentro de una zanja, mientras realizaban trabajos de alcantarillado. Prestaban sus servicios a Rubén Jerves, quien a su vez fue contratado por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (Emaap).
Ernesto, Medardo y Humberto dejaron tres viudas y seis niños huérfanos. Sin embargo, cada familia recibió $2 000 por indemnización. No tenían ningún seguro público o privado.
Jerves, asegura que: "Entre gastos de traslados, entierros y los $2 500, por indemnización, suman $6 000 que les entregué a cada familia". Pero, los afectados contradicen su versión.
"Si hacen la denuncia no les vamos a dar ni un centavo", le dijeron los trabajadores de Jerves, en Quito, a Julio Ante, tío de Humberto.
"Con los $2 000 que me dieron compramos comida para los acompañantes al velorio y el entierro y pagamos otras deudas. En el banco quedó $1 300", expresa Aurora. Tampoco recibió el sueldo completo de su esposo, pero sí un mensaje enviado por Jerves: "llamarás cuando sea Navidad para darte juguetes y ropita para los guaguas". (ET-NJ)
"Es más de un año y la plata aún no llega"
Los afectados no reciben indemnizaciones del IESS
En mayo de 2004, una pertinaz lluvia que cayó sobre Quito provocó el colapso del antiguo colector de La Carolina. Como consecuencia, cinco obreros fallecieron. Eran oriundos de la parroquia Aníbal San Andrés, de Montecristi. Laboraban con el contratista Germán Gallegos.
John Menéndez, cuñado de Luis Castro, uno de los fallecidos indicó que las cinco familias hasta la fecha han recibido $2 000, por parte de una aseguradora privada con la que trabaja el contratista Germán Gallegos, para quien laboraban.
"Ya me dí por vencida de que se nos indemnice completamente", comenta María Espinoza, madre de Vicente Lucas, otro de los fallecidos.
Gallegos, indicó a BLANCO Y NEGRO que la aseguradora Alianza les canceló $2 450. "También aporté con $1 000 más en efectivo y $700 para el traslado. Es decir cada familia recibió $4 150", indicó. Aseguró que los obreros estaban afiliados al IESS. "Para las familias de dos de ellos, las indemnizaciones están listas, las tres restantes continúan en trámites", dijo Gallegos. (ET-NJ)
Falta seguridad en ejecución de la obra pública
Los contratistas deben otorgar a sus empleados los equipos de seguridad necesarios.
En los últimos cinco años, la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (Emaap) registra 60 accidentes en la construcción de obras públicas. De ellos, 37 se produjeron en su obras y 23 de los contratistas. Hubo 12 muertos. Según Jorge Morillo, jefe de Seguridad Industrial de la Emaap, el 85% de estos accidentes se produjo por una actitud o acto inseguro del trabajador, al no utilizar su equipo de protección personal u operar máquinas sin el conocimiento suficiente. El 15% restante corresponde a accidentes provocados por la condición insegura del lugar, los equipos o la maquinaria.
En la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EMOP) también se produjeron dos decesos, entre finales de 2004 y el primer semestre de 2005. Uno de los fallecidos fue Abel Cadena, quien se electrocutó mientras realizaba la limpieza de vías y el retiro de rótulos, sin el equipo de protección personal necesario.
Representantes de la Emaap y la EMOP aseguran fiscalizar, a diario, las obras ejecutadas por ellos y sus contratistas. Según Morillo, un fiscalizador controla siete obras diarias. La inspección consiste en verificar que los trabajadores usen equipos adecuados en sus labores, en especial de la construcción (guantes, cascos, zapatos especiales, entre otros), para evitar accidentes y muertes. Sin embargo, en un recorrido que realizó BLANCO Y NEGRO por diversas obras de la ciudad, como en San José de Pomasqui, San Blas, El Trébol, Cumandá, entre otras, se comprobó que muchos trabajadores no cuentan con el equipo necesario. Estos deberían ser reportados al área de Seguridad Industrial para aplicar las sanciones al contratista. Si se lo hubiera hecho, no continuaría a cargo de las obras. A la falta de fiscalización adecuada se suma otro inconveniente. Parte de los trabajadores que ejecutan labores con contratistas son menores de edad. Morillo lo sabe y lo justifica diciendo que es un fenómeno de la sociedad ecuatoriana, donde toda la familia aporta para ganar más dinero. Sin embargo, en el Convenio 182 que el Ecuador firmó con la Organización Internacional del Trabajo, se explica que cada país debe definir los sectores de riesgo, siendo uno de ellos, el de la construcción, donde ellos no deben participar por ningún motivo. (RMH)
Bienes del Estado son comercializados
En el primer semestre de 2005, en el MT, se registra un 15,8% de muertes por accidentes laborales
En la Emaap, se denuncia que varios obreros comercializan equipos de protección personal que la empresa les entrega.
Las sanciones que reciben por ello son un llamado de atención o una multa del 5% del sueldo básico. Tampoco cancelan el valor del equipo sustraído ($25 y $30). Incluso, la Emaap cuenta con un rubro dentro de su presupuesto de $35 mil anuales para reponer objetos desaparecidos. Al no existir sanciones fuertes, los empleados hacen caso omiso del cuidado de los equipos. Esta falta se la toma en cuenta para finalizar su contrato, según el art. 172 del Código de Trabajo. En una inspección, realizada por el Ministerio de Trabajo (MT) al sector privado de la construcción, se constataron varias falencias. (RMH)
Se incumplen normas del código de trabajo
Los familiares de los obreros que fallecieron el 23 de agosto en Pomasqui recibieron $2 000 por indemnización, en lugar de $7 920
La Constitución Política del Ecuador determina la obligación de asegurar a todo trabajador. Dentro de las prestaciones que establece este seguro, se encuentra el de riesgos del trabajador, que le da el derecho a recibir: asistencia médica, cirugías, medicinas, entre otros, de acuerdo al accidente laboral que haya sufrido; e incluso, una indemnización a sus familiares, por muerte o incapacidad permanente. Para ello, los empleadores están en la obligación de afiliar a sus trabajadores al IESS, desde el primer día de labores, ya sea en un trabajo temporal o de prueba.
Rubén Jerves, quien contrató a los tres trabajadores que fallecieron en Pomasqui, no los afilió al IESS. Jerves dice que "no lo hizo porque se trataba de un trabajo temporal y el contrato fue tercerizado, a través del maestro mayor de la obra".
Según el Código de Trabajo, los obreros no afiliados al IESS y que sufrieran un accidente o muerte laboral, deben recibir una indemnización de sus empleadores. Las viudas deben realizar una denuncia ante el Inspector de Trabajo, con firma de un abogado, para que se defina los causales de muerte de sus esposos, establecer la negligencia que hubo dentro de la obra y recibir, cada una, una indemnización cercana a los $7 920, calculados, según el art. 375 del Código, es decir, el sueldo del trabajador ($165) por 12 (meses) y por cuatro (años). Solo se les canceló $2 000.
Además en el art. 41 del Código de Trabajo la Responsabilidad Solidaria del Empleador expresa que: "Cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como condueños, socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador. Igual solidaridad, acumulativa y electiva, se imputará a los intermediarios que contraten personal para que presten servicios en labores habituales, dentro de las instalaciones, bodegas anexas y otros servicios del empleador". Sin embargo, los empleadores o contratantes desconocen o no les importa cumplir con la obligación que se manifiesta en este artículo", expresó Miriam Pozo, del Ministerio de Trabajo. En este caso, la Emaap debe también otorgar una indemnización. Manuel Ushiña, secretario general del Comité de Empresa de la Emaap, indica que los trabajadores que son dependientes de esa empresa cuentan "con todas las garantías" en caso de accidente o muerte laboral. La indemnización se calcula de acuerdo a su sueldo básico y el escalafón. Ese valor se lo multiplica por 30. (RMH-NJ)
PUNTO DE VISTA
Sí se pueden evitar desgracias laborales
La indolencia colectiva y la escasa solidaridad social es, a veces, más patente, cuando muere un joven trabajador, a pesar de que ha perdido su vida realizando una tarea que va en beneficio de la comunidad.
Es más: parecería que una noticia trágica, que anuncia la muerte de uno o más obreros, ya no llama la atención. Que es algo repetitivo e inevitable, propio de las tareas que ellos realizan, aun cuando sea con mínimas o ninguna medida de seguridad, con poca protección, sin el suficiente respaldo en caso de accidente, de mutilación o de muerte.
Los servicios públicos, el embellecimiento de las ciudades, el tendido de puentes y carreteras, los sistemas de comunicación, las obras públicas que inauguran con pompas las autoridades, todo ello es producto del esfuerzo y el sacrificio de seres anónimos que, por lo general, realizan trabajos arduos en jornadas continuas, por salarios mínimos.
Como señala este informe, apenas como una muestra, muchas familias han quedado en la orfandad, por lo general, de los sectores más empobrecidos del país. Y lo que han recibido en retribución no han sido más que magras compensaciones apegadas en extremo al cicaterismo de la ley, de las empresas municipales y de los contratistas.
Este informe toca un asunto pendiente, que, por lo demás, suele ir acompañado de incumplimiento de normas que, en el papel, tienden a la protección del trabajador y que de ninguna forma significan costos elevados para autoridades y contratistas. Se trata de un asunto que debe revisar la conciencia del país y los organismos públicos pertinentes. (Blanco y Negro)
El dolor no se compra con juguetes y ropa
Los trabajadores provenían de Pujilí. No contaban con seguro público o privado. Dejaron tres viudas y seis niños en la orfandad
"Ahora Jennifer pasa todo el día llorando, como pidiéndome que regrese el papá", comenta Aurora Ugsha, de 20 años, mientras sus ojos se humedecen al recordar a quien fue el padre de su hija de 1 año y de la criatura de cinco meses de gestación que lleva en su vientre.
Aurora contaba los días para volver a ver a su esposo, Ernesto Toaquiza, de 23 años. "Cuando regrese voy a traer la varilla, los bloques y el cemento para hacer la casita, hasta mientras te dejo $50", fueron las últimas palabras de Ernesto, antes de abandonar la parroquia Guangaje (a 40 kilómetros de Pujilí, en Latacunga), el 14 de agosto pasado.
Aurora vive en una casa de bloque de 36 m2, en medio de montañas de arena gris, donde no existe riego y el agua a veces no llega por tres días, minimizando la producción agrícola en Guangaje. Solo se cultiva cebolla, papas, habas y cebada, que apenas alcanzan para el consumo familiar.
Por eso, cuando se corrió la voz de que Manuel Tipán, que es maestro mayor en Quito, consiguió una obra en San José de Pomasqui, más de 20 jóvenes de la zona y de las comunidades aledañas (Chugchilampamba, Tigua...) no dudaron en trasladarse a la capital.
Nueve días después, Ernesto Toaquiza (23 años), Medardo Pallo (24 años) y Humberto Ante (21 años) fallecieron al quedar enterrados dentro de una zanja, mientras realizaban trabajos de alcantarillado. Prestaban sus servicios a Rubén Jerves, quien a su vez fue contratado por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (Emaap).
Ernesto, Medardo y Humberto dejaron tres viudas y seis niños huérfanos. Sin embargo, cada familia recibió $2 000 por indemnización. No tenían ningún seguro público o privado.
Jerves, asegura que: "Entre gastos de traslados, entierros y los $2 500, por indemnización, suman $6 000 que les entregué a cada familia". Pero, los afectados contradicen su versión.
"Si hacen la denuncia no les vamos a dar ni un centavo", le dijeron los trabajadores de Jerves, en Quito, a Julio Ante, tío de Humberto.
"Con los $2 000 que me dieron compramos comida para los acompañantes al velorio y el entierro y pagamos otras deudas. En el banco quedó $1 300", expresa Aurora. Tampoco recibió el sueldo completo de su esposo, pero sí un mensaje enviado por Jerves: "llamarás cuando sea Navidad para darte juguetes y ropita para los guaguas". (ET-NJ)
"Es más de un año y la plata aún no llega"
Los afectados no reciben indemnizaciones del IESS
En mayo de 2004, una pertinaz lluvia que cayó sobre Quito provocó el colapso del antiguo colector de La Carolina. Como consecuencia, cinco obreros fallecieron. Eran oriundos de la parroquia Aníbal San Andrés, de Montecristi. Laboraban con el contratista Germán Gallegos.
John Menéndez, cuñado de Luis Castro, uno de los fallecidos indicó que las cinco familias hasta la fecha han recibido $2 000, por parte de una aseguradora privada con la que trabaja el contratista Germán Gallegos, para quien laboraban.
"Ya me dí por vencida de que se nos indemnice completamente", comenta María Espinoza, madre de Vicente Lucas, otro de los fallecidos.
Gallegos, indicó a BLANCO Y NEGRO que la aseguradora Alianza les canceló $2 450. "También aporté con $1 000 más en efectivo y $700 para el traslado. Es decir cada familia recibió $4 150", indicó. Aseguró que los obreros estaban afiliados al IESS. "Para las familias de dos de ellos, las indemnizaciones están listas, las tres restantes continúan en trámites", dijo Gallegos. (ET-NJ)
Falta seguridad en ejecución de la obra pública
Los contratistas deben otorgar a sus empleados los equipos de seguridad necesarios.
En los últimos cinco años, la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (Emaap) registra 60 accidentes en la construcción de obras públicas. De ellos, 37 se produjeron en su obras y 23 de los contratistas. Hubo 12 muertos. Según Jorge Morillo, jefe de Seguridad Industrial de la Emaap, el 85% de estos accidentes se produjo por una actitud o acto inseguro del trabajador, al no utilizar su equipo de protección personal u operar máquinas sin el conocimiento suficiente. El 15% restante corresponde a accidentes provocados por la condición insegura del lugar, los equipos o la maquinaria.
En la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EMOP) también se produjeron dos decesos, entre finales de 2004 y el primer semestre de 2005. Uno de los fallecidos fue Abel Cadena, quien se electrocutó mientras realizaba la limpieza de vías y el retiro de rótulos, sin el equipo de protección personal necesario.
Representantes de la Emaap y la EMOP aseguran fiscalizar, a diario, las obras ejecutadas por ellos y sus contratistas. Según Morillo, un fiscalizador controla siete obras diarias. La inspección consiste en verificar que los trabajadores usen equipos adecuados en sus labores, en especial de la construcción (guantes, cascos, zapatos especiales, entre otros), para evitar accidentes y muertes. Sin embargo, en un recorrido que realizó BLANCO Y NEGRO por diversas obras de la ciudad, como en San José de Pomasqui, San Blas, El Trébol, Cumandá, entre otras, se comprobó que muchos trabajadores no cuentan con el equipo necesario. Estos deberían ser reportados al área de Seguridad Industrial para aplicar las sanciones al contratista. Si se lo hubiera hecho, no continuaría a cargo de las obras. A la falta de fiscalización adecuada se suma otro inconveniente. Parte de los trabajadores que ejecutan labores con contratistas son menores de edad. Morillo lo sabe y lo justifica diciendo que es un fenómeno de la sociedad ecuatoriana, donde toda la familia aporta para ganar más dinero. Sin embargo, en el Convenio 182 que el Ecuador firmó con la Organización Internacional del Trabajo, se explica que cada país debe definir los sectores de riesgo, siendo uno de ellos, el de la construcción, donde ellos no deben participar por ningún motivo. (RMH)
Bienes del Estado son comercializados
En el primer semestre de 2005, en el MT, se registra un 15,8% de muertes por accidentes laborales
En la Emaap, se denuncia que varios obreros comercializan equipos de protección personal que la empresa les entrega.
Las sanciones que reciben por ello son un llamado de atención o una multa del 5% del sueldo básico. Tampoco cancelan el valor del equipo sustraído ($25 y $30). Incluso, la Emaap cuenta con un rubro dentro de su presupuesto de $35 mil anuales para reponer objetos desaparecidos. Al no existir sanciones fuertes, los empleados hacen caso omiso del cuidado de los equipos. Esta falta se la toma en cuenta para finalizar su contrato, según el art. 172 del Código de Trabajo. En una inspección, realizada por el Ministerio de Trabajo (MT) al sector privado de la construcción, se constataron varias falencias. (RMH)
Se incumplen normas del código de trabajo
Los familiares de los obreros que fallecieron el 23 de agosto en Pomasqui recibieron $2 000 por indemnización, en lugar de $7 920
La Constitución Política del Ecuador determina la obligación de asegurar a todo trabajador. Dentro de las prestaciones que establece este seguro, se encuentra el de riesgos del trabajador, que le da el derecho a recibir: asistencia médica, cirugías, medicinas, entre otros, de acuerdo al accidente laboral que haya sufrido; e incluso, una indemnización a sus familiares, por muerte o incapacidad permanente. Para ello, los empleadores están en la obligación de afiliar a sus trabajadores al IESS, desde el primer día de labores, ya sea en un trabajo temporal o de prueba.
Rubén Jerves, quien contrató a los tres trabajadores que fallecieron en Pomasqui, no los afilió al IESS. Jerves dice que "no lo hizo porque se trataba de un trabajo temporal y el contrato fue tercerizado, a través del maestro mayor de la obra".
Según el Código de Trabajo, los obreros no afiliados al IESS y que sufrieran un accidente o muerte laboral, deben recibir una indemnización de sus empleadores. Las viudas deben realizar una denuncia ante el Inspector de Trabajo, con firma de un abogado, para que se defina los causales de muerte de sus esposos, establecer la negligencia que hubo dentro de la obra y recibir, cada una, una indemnización cercana a los $7 920, calculados, según el art. 375 del Código, es decir, el sueldo del trabajador ($165) por 12 (meses) y por cuatro (años). Solo se les canceló $2 000.
Además en el art. 41 del Código de Trabajo la Responsabilidad Solidaria del Empleador expresa que: "Cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como condueños, socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador. Igual solidaridad, acumulativa y electiva, se imputará a los intermediarios que contraten personal para que presten servicios en labores habituales, dentro de las instalaciones, bodegas anexas y otros servicios del empleador". Sin embargo, los empleadores o contratantes desconocen o no les importa cumplir con la obligación que se manifiesta en este artículo", expresó Miriam Pozo, del Ministerio de Trabajo. En este caso, la Emaap debe también otorgar una indemnización. Manuel Ushiña, secretario general del Comité de Empresa de la Emaap, indica que los trabajadores que son dependientes de esa empresa cuentan "con todas las garantías" en caso de accidente o muerte laboral. La indemnización se calcula de acuerdo a su sueldo básico y el escalafón. Ese valor se lo multiplica por 30. (RMH-NJ)
PUNTO DE VISTA
Sí se pueden evitar desgracias laborales
La indolencia colectiva y la escasa solidaridad social es, a veces, más patente, cuando muere un joven trabajador, a pesar de que ha perdido su vida realizando una tarea que va en beneficio de la comunidad.
Es más: parecería que una noticia trágica, que anuncia la muerte de uno o más obreros, ya no llama la atención. Que es algo repetitivo e inevitable, propio de las tareas que ellos realizan, aun cuando sea con mínimas o ninguna medida de seguridad, con poca protección, sin el suficiente respaldo en caso de accidente, de mutilación o de muerte.
Los servicios públicos, el embellecimiento de las ciudades, el tendido de puentes y carreteras, los sistemas de comunicación, las obras públicas que inauguran con pompas las autoridades, todo ello es producto del esfuerzo y el sacrificio de seres anónimos que, por lo general, realizan trabajos arduos en jornadas continuas, por salarios mínimos.
Como señala este informe, apenas como una muestra, muchas familias han quedado en la orfandad, por lo general, de los sectores más empobrecidos del país. Y lo que han recibido en retribución no han sido más que magras compensaciones apegadas en extremo al cicaterismo de la ley, de las empresas municipales y de los contratistas.
Este informe toca un asunto pendiente, que, por lo demás, suele ir acompañado de incumplimiento de normas que, en el papel, tienden a la protección del trabajador y que de ninguna forma significan costos elevados para autoridades y contratistas. Se trata de un asunto que debe revisar la conciencia del país y los organismos públicos pertinentes. (Blanco y Negro)
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