Bogotá. 01.09.93. Los escenarios cambian, las modalidades y los
actores son distintos, pero el hecho es el mismo: la vejación del
ser humano.
Es la permisibilidad progresiva de abusos lo que hace que cada
día se amplíe el radio de acción de los atropellos. La
imaginación no ahorra esfuerzos para inventar una nueva forma de
tortura y muerte. Infortunadamente el fenómeno se ve en términos
cuantitativos.
Una población tiene que soportar el maltrato y muerte de cientos
de coterráneos para ser digno de la mirada y presión
internacional. Es esa supervisión la que ha impedido excesos y
controlado violaciones de derechos humanos en el mundo. En las
últimas tres décadas los países latinoamericanos han modificado
sus constituciones dando prioridad a los derechos humanos; sin
embargo no habido consecuencia entre la letra y el acto. De nada
sirve tener hermosas constituciones que tienen fuerza en el
lenguaje, pero que en la práctica se tornan frágiles e irreales.
En todos los países de América Latina se violan los derechos
humanos. La negación de los derechos económicos, sociales y
culturales, el fanatismo político, la presencia de largos
gobiernos militares, de grupos subversivos y en general la
debilidad de los estados han creado durante muchos años un ámbito
propicio para la generalización de la violencia.
Colombia
Según Americans Watch, los asesinos con fines políticos han sido
en este país el más grave problema de derechos humanos. Para 1991
los defensores de los derechos humanos en Colombia registraron
3.760 muertes con un promedio de 3.500 muertes políticas desde
1988.
Ese año, las cifras comienzan a aumentar como consecuencia del
fracaso de las negociaciones de paz que habían sido iniciadas en
el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) en el mismo año, la
presencia de grupos paramilitares apoyados por carteles de la
droga aumentó aún más las masacres.
Según el informe de Americas Watch desde el 90 se puede observar
una disminución en este género de atropellos pero actualmente
continúa. Además de los asesinatos políticos, en Colombia existe
gran variedad de violaciones, provenientes de diversos sectores
como el narcotráfico, la delincuencia común, la guerrilla, las
cuales encuentran un clima propicio para sus fines.
La nueva Constitución promulgada en 1991 deja ver una
preocupación por crear mecanismos efectivos para la defensa de
los derechos humanos, los cuales reflejan un avanzado análisis
jurídico. Un elemento importante en ese sentido es que los
instrumentos internacionales de derechos humanos prevalecen sobre
la legislación y la interpretación de los derechos y garantías de
la nueva Constitución deberá hacerse de conformidad con dichos
instrumentos.
La nueva Constitución colombiana prohíbe la pena de muerte, las
desapariciones, la tortura y otros tratos crueles o degradantes
(arts. 11 y 12). Sin embargo, pese a esta intención hecha de
palabras, la debilidad empieza en lo referente a sanciones por
violación a los derechos humanos. Por ejemplo, el texto de la
nueva Constitución retoma una norma de la del 86 que choca contra
el derecho internacional: En el artículo 91 dice: "En caso de
infracción manifiesta de precepto constitucional en detrimento de
algunas personas, el mandato superior no exime de responsabilidad
a la gente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan
exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la
responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden
Así concluye Americas Watch, se puede eximir a las Fuerzas
Armadas de responsabilidad por violación de derechos humanos,
tales como asesinato, desapariciones, tortura, si el agente alega
haber seguido órdenes superiores. Esta cláusula es contradictoria
con el derecho internacional. La convención de las Naciones
Unidas contra la tortura que entró en vigencia en 1987, contempla
que la obediencia debida no constituye un eximente de
responsabilidad en caso de tortura.
Guatemala
El término "desaparición" se incorporó por primera vez al
vocabulario internacional de derechos humanos como consecuencia
de los acontecimientos de Guatemala, donde surgió como un
problema dramático en los años 60. Amnistía Internacional
comprobó que además de centenares de desapariciones en Guatemala
existen grupos de autodefensa civil organizados por militares
regulares, según los militares estas patrullas las forman los
aldeanos locales para defenderse contra ataques de la guerrilla.
Se asesinaba a niños menores de 12 años sospechosos de tener
vínculos con la guerrilla. En Guatemala la situación es apenas
lógica, después de 20 años de gobierno militar asumió la
presidencia en 1986 Vinicio Cerezo, quien en medio de la euforia
prometió la "exorcización del demonio" que era el pasado lleno de
opresión y la supresión de las libertades fundamentales.
En el 86 la esperanza estaba fundada en la regencia de la nueva
Constitució que le daría prioridad a los derechos humanos. La
emoción del triunfo le hace prometer una comisión reguladora con
la participación de los partidos políticos. Sin embargo en el
período de su mandato se registró un alto índice de violaciones
de derechos humanos. En 1991 llegó ala presidencia el ingeniero
Jorge Serrano Elías, quien planteó una vez más el problema, que
ha sido el talón de Aquiles de los últimos tres gobiernos,
incluyendo el de Ramiro de León Carpio que se posesionó el 6 de
junio pasado después del intento fallido de autogolpe de Serrano
Elías.
Para dar una idea de la permisibilidad de abusos durante el
gobierno militar recordemos que en 1982 el general Ríos Montt en
una visita a Washington aceptó que su política contemplaba
arrasar comunistas. En julio del mismo año promulgó el decreto
4682 para imponer la pena de muerte para delitos políticos y
comunes. La mayoría de muertos fueron indígenas.
Haití
En Haití son los militares los que violan los derechos humanos.
la historia de este país, desde hace más de siglo y medio se ha
desarrollado en un escenario controlado por el poder militar.
Es en los últimos años que se han dado los primeros pasos para
intentar una forma de gobierno democrático.
En diciembre de 1990, ante la mirada sigilosa de organismos
internacionales fue elegido el padre Jean Bertland Aristide; el
hecho sin precedentes en la tierra del budú tocó las fibras
sensibles de los sectores que ostentaban el poder provocando el
incremento de la violencia. Aristide asumió el poder en febrero
de 1991 e inmediatamente se iniciaron procesos contra los
responsables de violaciones de derechos humanos.
Este nuevo estado político se convirtió en un verdadero peligro
para los militares que no ahorraron esfuerzos por recuperar el
poder, lo que provocó uno de los momentos más críticos a la
violación de los derechos fundamentales en el país. La mirada de
organizaciones internacionales estaba puesta allí desde 1986, del
año de la partida de Duvalier.
En septiembre de 1991 cuando habían pasado 7 meses de gobierno
democrático se produjo un golpe militar, y en enero de 1992
Amnistía Internacional publicó el documento "Haití: la tragedia",
en el que se detallaban violaciones cometidas desde el golpe.
En septiembre de 1992 llegó una comisión de la OEA para
supervisar la situación de los derechos humanos. El informe
reveló que: "El ejército, la policía, los jefes de policía rural
que actúan en convivencia con las fuerzas de seguridad,
arrestaron sin orden judicial y al parecer por motivos políticos
a más de personas, la mayoría presos de conciencia, las víctimas
fueron simpatizantes de Aristide".
Perú
A pesar de las promesas hechas contínuamente por Fujimori, Perú
es uno de los países de América Latina en donde más se violan los
derechos humanos. Vale la pena recordar que a los pocos meses de
iniciada su gestión se encontraron "botaderos de cadáveres"
arrojados desde helicópteros y se descubrieron fosas comunes,
incluso una, en una comisaría.
Uno de los elementos que más ha contribuido a tales violaciones
es la manera como se ha manejado la estrategia antisubersiva,
pues cuando el plan es combatir violencia con violencia, lo único
que queda es destrucción y muerte.
Otro punto para tener en cuenta en la historia trágica del Perú
es la creación de las rondas del campo, grupos de autodefensa o
de defensa civil que, según organismos internacionales, en la
actualidad cuentan con más de 100.000 campesinos organizados.
Aunque en un comienzo, analistas del conflicto dijeron que la
presencia de estos grupos "sirvió para contener un tanto la
acción de Sendero Luminoso", a la postre resultó siendo una de
las principales causas de violación.
Se tiene conocimiento de la acción combinada de las fuerzas
armadas con los comités y las rondas del campo. Según el Grupo de
Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de las
Naciones Unidas, Perú volvió a ser por cuarta vez, en 1991, el
país con más casos de desaparecidos en el mundo. Con la presión
de organismos internacionales el gobierno reconoció dichas
violaciones, definidas como "excesos ocasionales". En mayo y
septiembre de 1991 el presidente declaró públicamente la
necesidad de poner fin a las "desapariciones", la tortura y las
ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo en julio del mismo año,
un documento que se filtró en los medios de comunicación,
ordenaba a las tropas "ejecutar eliminaciones sin dejar rastro y
a no hacer prisioneros" .
En ese entonces el ministro de Defensa admitió la existencia del
documento, pero explicó que no había sido aprobado por el comando
conjunto de las Fuerzas Armadas. En julio, el ministro anunció
que durante los 12 meses anteriores los militares habían sido
sancionados por violaciones.
En septiembre del mismo año se publicó el documento "Directiva
presidencial sobre el respeto a los derechos humanos" en el que
se afirmó que "se han reportado 5.000 desaparecidos desde 1981".
Asimismo un informe especial de la comisión del Senado sobre la
violencia, afirmó que Sendero Luminoso había asesinado a 1.314
personas y el MRTA a otras 139 en 1991. Por su parte, Amnistía
Internacional registró 306 desaparecidos el mismo año.
* FUENTE: Texto tomado de LATINOAMERICA INTERNACIONAL,
(p.64-65-66)
actores son distintos, pero el hecho es el mismo: la vejación del
ser humano.
Es la permisibilidad progresiva de abusos lo que hace que cada
día se amplíe el radio de acción de los atropellos. La
imaginación no ahorra esfuerzos para inventar una nueva forma de
tortura y muerte. Infortunadamente el fenómeno se ve en términos
cuantitativos.
Una población tiene que soportar el maltrato y muerte de cientos
de coterráneos para ser digno de la mirada y presión
internacional. Es esa supervisión la que ha impedido excesos y
controlado violaciones de derechos humanos en el mundo. En las
últimas tres décadas los países latinoamericanos han modificado
sus constituciones dando prioridad a los derechos humanos; sin
embargo no habido consecuencia entre la letra y el acto. De nada
sirve tener hermosas constituciones que tienen fuerza en el
lenguaje, pero que en la práctica se tornan frágiles e irreales.
En todos los países de América Latina se violan los derechos
humanos. La negación de los derechos económicos, sociales y
culturales, el fanatismo político, la presencia de largos
gobiernos militares, de grupos subversivos y en general la
debilidad de los estados han creado durante muchos años un ámbito
propicio para la generalización de la violencia.
Colombia
Según Americans Watch, los asesinos con fines políticos han sido
en este país el más grave problema de derechos humanos. Para 1991
los defensores de los derechos humanos en Colombia registraron
3.760 muertes con un promedio de 3.500 muertes políticas desde
1988.
Ese año, las cifras comienzan a aumentar como consecuencia del
fracaso de las negociaciones de paz que habían sido iniciadas en
el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) en el mismo año, la
presencia de grupos paramilitares apoyados por carteles de la
droga aumentó aún más las masacres.
Según el informe de Americas Watch desde el 90 se puede observar
una disminución en este género de atropellos pero actualmente
continúa. Además de los asesinatos políticos, en Colombia existe
gran variedad de violaciones, provenientes de diversos sectores
como el narcotráfico, la delincuencia común, la guerrilla, las
cuales encuentran un clima propicio para sus fines.
La nueva Constitución promulgada en 1991 deja ver una
preocupación por crear mecanismos efectivos para la defensa de
los derechos humanos, los cuales reflejan un avanzado análisis
jurídico. Un elemento importante en ese sentido es que los
instrumentos internacionales de derechos humanos prevalecen sobre
la legislación y la interpretación de los derechos y garantías de
la nueva Constitución deberá hacerse de conformidad con dichos
instrumentos.
La nueva Constitución colombiana prohíbe la pena de muerte, las
desapariciones, la tortura y otros tratos crueles o degradantes
(arts. 11 y 12). Sin embargo, pese a esta intención hecha de
palabras, la debilidad empieza en lo referente a sanciones por
violación a los derechos humanos. Por ejemplo, el texto de la
nueva Constitución retoma una norma de la del 86 que choca contra
el derecho internacional: En el artículo 91 dice: "En caso de
infracción manifiesta de precepto constitucional en detrimento de
algunas personas, el mandato superior no exime de responsabilidad
a la gente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan
exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la
responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden
Así concluye Americas Watch, se puede eximir a las Fuerzas
Armadas de responsabilidad por violación de derechos humanos,
tales como asesinato, desapariciones, tortura, si el agente alega
haber seguido órdenes superiores. Esta cláusula es contradictoria
con el derecho internacional. La convención de las Naciones
Unidas contra la tortura que entró en vigencia en 1987, contempla
que la obediencia debida no constituye un eximente de
responsabilidad en caso de tortura.
Guatemala
El término "desaparición" se incorporó por primera vez al
vocabulario internacional de derechos humanos como consecuencia
de los acontecimientos de Guatemala, donde surgió como un
problema dramático en los años 60. Amnistía Internacional
comprobó que además de centenares de desapariciones en Guatemala
existen grupos de autodefensa civil organizados por militares
regulares, según los militares estas patrullas las forman los
aldeanos locales para defenderse contra ataques de la guerrilla.
Se asesinaba a niños menores de 12 años sospechosos de tener
vínculos con la guerrilla. En Guatemala la situación es apenas
lógica, después de 20 años de gobierno militar asumió la
presidencia en 1986 Vinicio Cerezo, quien en medio de la euforia
prometió la "exorcización del demonio" que era el pasado lleno de
opresión y la supresión de las libertades fundamentales.
En el 86 la esperanza estaba fundada en la regencia de la nueva
Constitució que le daría prioridad a los derechos humanos. La
emoción del triunfo le hace prometer una comisión reguladora con
la participación de los partidos políticos. Sin embargo en el
período de su mandato se registró un alto índice de violaciones
de derechos humanos. En 1991 llegó ala presidencia el ingeniero
Jorge Serrano Elías, quien planteó una vez más el problema, que
ha sido el talón de Aquiles de los últimos tres gobiernos,
incluyendo el de Ramiro de León Carpio que se posesionó el 6 de
junio pasado después del intento fallido de autogolpe de Serrano
Elías.
Para dar una idea de la permisibilidad de abusos durante el
gobierno militar recordemos que en 1982 el general Ríos Montt en
una visita a Washington aceptó que su política contemplaba
arrasar comunistas. En julio del mismo año promulgó el decreto
4682 para imponer la pena de muerte para delitos políticos y
comunes. La mayoría de muertos fueron indígenas.
Haití
En Haití son los militares los que violan los derechos humanos.
la historia de este país, desde hace más de siglo y medio se ha
desarrollado en un escenario controlado por el poder militar.
Es en los últimos años que se han dado los primeros pasos para
intentar una forma de gobierno democrático.
En diciembre de 1990, ante la mirada sigilosa de organismos
internacionales fue elegido el padre Jean Bertland Aristide; el
hecho sin precedentes en la tierra del budú tocó las fibras
sensibles de los sectores que ostentaban el poder provocando el
incremento de la violencia. Aristide asumió el poder en febrero
de 1991 e inmediatamente se iniciaron procesos contra los
responsables de violaciones de derechos humanos.
Este nuevo estado político se convirtió en un verdadero peligro
para los militares que no ahorraron esfuerzos por recuperar el
poder, lo que provocó uno de los momentos más críticos a la
violación de los derechos fundamentales en el país. La mirada de
organizaciones internacionales estaba puesta allí desde 1986, del
año de la partida de Duvalier.
En septiembre de 1991 cuando habían pasado 7 meses de gobierno
democrático se produjo un golpe militar, y en enero de 1992
Amnistía Internacional publicó el documento "Haití: la tragedia",
en el que se detallaban violaciones cometidas desde el golpe.
En septiembre de 1992 llegó una comisión de la OEA para
supervisar la situación de los derechos humanos. El informe
reveló que: "El ejército, la policía, los jefes de policía rural
que actúan en convivencia con las fuerzas de seguridad,
arrestaron sin orden judicial y al parecer por motivos políticos
a más de personas, la mayoría presos de conciencia, las víctimas
fueron simpatizantes de Aristide".
Perú
A pesar de las promesas hechas contínuamente por Fujimori, Perú
es uno de los países de América Latina en donde más se violan los
derechos humanos. Vale la pena recordar que a los pocos meses de
iniciada su gestión se encontraron "botaderos de cadáveres"
arrojados desde helicópteros y se descubrieron fosas comunes,
incluso una, en una comisaría.
Uno de los elementos que más ha contribuido a tales violaciones
es la manera como se ha manejado la estrategia antisubersiva,
pues cuando el plan es combatir violencia con violencia, lo único
que queda es destrucción y muerte.
Otro punto para tener en cuenta en la historia trágica del Perú
es la creación de las rondas del campo, grupos de autodefensa o
de defensa civil que, según organismos internacionales, en la
actualidad cuentan con más de 100.000 campesinos organizados.
Aunque en un comienzo, analistas del conflicto dijeron que la
presencia de estos grupos "sirvió para contener un tanto la
acción de Sendero Luminoso", a la postre resultó siendo una de
las principales causas de violación.
Se tiene conocimiento de la acción combinada de las fuerzas
armadas con los comités y las rondas del campo. Según el Grupo de
Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de las
Naciones Unidas, Perú volvió a ser por cuarta vez, en 1991, el
país con más casos de desaparecidos en el mundo. Con la presión
de organismos internacionales el gobierno reconoció dichas
violaciones, definidas como "excesos ocasionales". En mayo y
septiembre de 1991 el presidente declaró públicamente la
necesidad de poner fin a las "desapariciones", la tortura y las
ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo en julio del mismo año,
un documento que se filtró en los medios de comunicación,
ordenaba a las tropas "ejecutar eliminaciones sin dejar rastro y
a no hacer prisioneros" .
En ese entonces el ministro de Defensa admitió la existencia del
documento, pero explicó que no había sido aprobado por el comando
conjunto de las Fuerzas Armadas. En julio, el ministro anunció
que durante los 12 meses anteriores los militares habían sido
sancionados por violaciones.
En septiembre del mismo año se publicó el documento "Directiva
presidencial sobre el respeto a los derechos humanos" en el que
se afirmó que "se han reportado 5.000 desaparecidos desde 1981".
Asimismo un informe especial de la comisión del Senado sobre la
violencia, afirmó que Sendero Luminoso había asesinado a 1.314
personas y el MRTA a otras 139 en 1991. Por su parte, Amnistía
Internacional registró 306 desaparecidos el mismo año.
* FUENTE: Texto tomado de LATINOAMERICA INTERNACIONAL,
(p.64-65-66)
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