Londres. 08.07.93. La tortura y los malos tratos por parte de la
policía y los militares "continuaron siendo un mal endémico" en
América Latina durante 1992, denuncia Amnistía Internacional (AI)
en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en
todo el mundo.
Según este informe, en muchos países de América Latina, los
agentes gubernamentales siguieron perpetrando graves violaciones
de los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales
y "desapariciones".
Agrega que muchos gobiernos de América Latina no hicieron
intentos para llevar ante los tribunales a los responsables de
estas violaciones y detalla la situación país por país:
En Argentina, se registraron nuevas denuncias de tortura y malos
tratos por parte de la policía. Según informes recibidos por AI,
una persona murió a causa de las torturas y otra "desapareció";
ambas se encontraban bajo custodia policial.
En Bolivia, se recibieron nuevas denuncias de torturas y malos
tratos de la policía a detenidos políticos y según informes que
recibió AI, algunos campesinos y dirigentes indígenas fueron
detenidos arbitrariamente y maltratados por la policía
antinarcóticos.
En Brasil, la policía militar mató a 111 presos durante la
represión de un motín en una prisión de Sao Paulo y al parecer
muchos de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente.
Los llamados "escuadrones de la muerte" y la policía, añade AI,
mataron a centenares de niños de la calle, mientras que se
recibieron nuevos informes de tortura y malos tratos infligidos a
personas bajo custodia policial.
En Chile, AI recibió informes de al menos 50 casos de torturas y
malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad. Dos
periodistas estuvieron detenidos durante un breve período de
tiempo por publicar artículos en los que se acusaba a la policía
de corrupción.
En Colombia, Las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares, que
seguían actuando con su apoyo o aquiescencia, ejecutaron
extrajudicialmente a no menos de un millar de personas y más de
un centenar de personas "desaparecieron" tras haberlas detenido
las fuerzas de seguridad o los grupos paramilitares.
En Costa Rica, tres presos políticos condenados a penas largas
quedaron en libertad bajo fianza en espera de juicio. Dos hombres
fueron ejecutados extrajudicialmente y, según informes recibidos
por AI, la Guardia de Asistencia Rural violó a dos mujeres
indígenas durante una operación antinarcóticos.
En Cuba, AI dice que, al parecer, había entre 300 y 500 presos de
conciencia en 1992. Muchos opositores pacíficos al Gobierno
fueron retenidos por las fuerzas de seguridad para ser
interrogados o fueron acosados por bandas impulsadas por el
Gobierno.
En Ecuador, se recibieron informes de decenas de casos de malos
tratos y torturas infligidos por miembros de las fuerzas de
seguridad y, al parecer, una persona murió como consecuencia de
la tortura.
En El Salvador, continuaron las ejecuciones extrajudiciales y los
homicidios perpetrados al estilo de los llamados "escuadrones de
la muerte", a pesar del fin de la guerra civil.
En Guatemala, AI indica que al parecer, al menos 200 personas
fueron ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad
y por sus agentes civiles. Las amenazas de muerte y los
hostigamientos se incrementaron dramáticamente y varias personas
fueron secuestradas por hombres armados no identificados que
pertenecían, al parecer, a las fuerzas de seguridad.
En Haití, centenares de presos de conciencia estuvieron detenidos
en 1992, la mayoría durante breves períodos de tiempo tras los
cuales quedaron en libertad sin cargos. La casi totalidad de los
detenidos fueron sometidos a torturas o malos tratos y, según
informes recibidos por AI, al menos diez fallecieron a causa de
las torturas.
En Honduras, continuaron las denuncias de tortura y malos tratos
a personas bajo custodia de la policía y al menos una de ellas
resultó muerta en circunstancias que sugerían pudo ser ejecutada
extrajudicialmente por motivos políticos.
En México, la organización defensora de los derechos humanos
señala que siguieron recibiéndose informes sobre el uso
generalizado de la tortura y los malos tratos por parte de los
agentes encargados de hacer cumplir la ley, y al menos una
persona murió a causa de las torturas.
En Nicaragua, AI dice que se recibieron denuncias de que miembros
de la policía y el Ejército mataron extrajudicialmente a unos
cinco ex rebeldes de la "contra", aunque las circunstancias en
que se produjeron los hechos eran controvertidas.
En Panamá, tres dirigentes de una fuerza paramilitar disuelta
continuaban detenidos sin juicio por cargos que parecían de
motivación política y se recibieron informes de malos tratos
infligidos por la policía a personas que participaron en
manifestaciones en contra de Estados Unidos.
En Paraguay, AI siguió recibiendo informes de tortura y malos
tratos a presuntos delincuentes, algunos de ellos menores de
edad, a manos de la policía y de las autoridades penitenciarias.
Un coronel del Ejército fue detenido arbitrariamente tras iniciar
una investigación interna sobre las prácticas corruptas de altos
oficiales del Ejército.
En Perú, la organización indica que al menos 139 personas
"desaparecieron" y otras 65 fueron ejecutadas extrajudicialmente
por las fuerzas de seguridad.
En República Dominicana, AI indica que, según informes, un
detenido sufrió torturas, y dos presos políticos siguieron
privados de libertad a pesar de las órdenes judiciales cursadas
para su excarcelación.
En Uruguay, continuaron recibiéndose informes de golpes y otras
formas de malos tratos a presuntos delincuentes por parte de la
policía. Apenas se produjeron avances en las investigaciones de
la mayoría de las denuncias de violaciones de derechos humanos
cometidas en años anteriores.
Finalmente en Venezuela, la organización señala que decenas de
personas, entre ellas algunas a las que AI consideró presos de
conciencia, fueron arrestadas durante los períodos de suspensión
de las garantías constitucionales que siguieron a los intentos de
golpe de Estado de los meses de febrero y noviembre. (EFE)
Más en el